España: Ley de igualdad, bien pero insuficiente
Las pruebas de esto último están a flor de tierra en la propia mecánica de la nueva legislación, básicamente confeccionada por manos masculinas sin participación de las interesadas, al menos institucionalmente.
La primera queja parte de allí, pues aunque las mujeres aplaudieron cuando se alzaron las boletas para aprobar la ley, 192 a favor, y 119 abstenciones -todas del Partido Popular (PP)-, hicieron constar que si hubieran tenido acceso a la redacción del texto, éste hubiese sido diferente.
Sin embargo, lo importante es que la legislación se aprobó y que ya exista un instrumento legal respaldado, en el cual las demandas no queden en un limbo jurídico o político.
La legislación se estructura en un título preliminar, ocho específicos que comprenden la parte normativa de la ley, 27 disposiciones adicionales, nueve transitorias, una derogatoria y siete finales.
Así, por ejemplo, el dispositivo legal define en el título uno los conceptos y categorías jurídicas básicas relativos a la igualdad, la discriminación directa e indirecta y el acoso sexual.
El dos traza las pautas generales a los poderes públicos, el tres expone las medidas para facilitar su ejecución, y el cuarto, que es muy amplio, consagra la igualdad de la mujer en el ámbito laboral, el acceso al empleo y la formación técnica y profesional.
Los demás títulos regulan la igualdad en el empleo público, buscan una presencia equilibrada del hombre y la mujer en órganos de dirección, o en las sociedades mercantiles, y crean hasta comisiones interministeriales para hacer cumplir la ley.
Esta ataca la violencia de género, la discriminación salarial, el mayor desempleo femenino, la todavía escasa presencia de las mujeres en puestos de responsabilidad política, social, cultural y económica, y trata de conciliar la vida personal, laboral y familiar.
Su objetivo proclamado es la prevención de conductas discriminatorias en todos los campos de la vida, en particular el laboral, y hacer efectivo el principio de igualdad de género.
Una de sus principales novedades es la creación de un permiso de paternidad hasta de 15 días para contribuir al reparto más equilibrado de las responsabilidades familiares. Se reconoce a los padres el derecho a un permiso y a una prestación por paternidad.
Según la ley, todas las personas gozarán del principio de igualdad de trato y de la prohibición de discriminación por razón de sexo, y se aplica a las personas físicas o jurídicas en el territorio español, con independencia de nacionalidad, domicilio o residencia.
Uno de los asuntos más polémicos y criticados por el Partido Popular es el relacionado con las cuotas para formar las listas electorales, donde las mujeres tendrán, por ley, una representación de un 40 por ciento como mínimo y nunca mayor del 60.
El secretario de Organización del PP, Sebastián González, anunció incluso que habían analizado si recurrían o no al Constitucional ese aspecto de la norma, aunque ante el aluvión de críticas de los demás partidos y de las mujeres, se retractó.
Marisa Soleto, de Fundación Mujeres, criticó la ausencia del líder popular, Mariano Rajoy, en el Parlamento cuando se discutía la ley, posiblemente sacándole el cuerpo a las consecuencias de no aprobarla y abstenerse.
"Nos parece poco elegante pero, además, ha perdido la oportunidad de ver algo realmente bonito en su historia política", le recriminó la dirigente feminista.
El sindicato de la Unión General de Trabajadores (UGT) valoró muy positivamente la Ley Orgánica porque considera que el texto recoge hasta el 80 por ciento de las reivindicaciones sindicales que durante años las mujeres han estado luchando.
Así lo expresó la secretaria para la Igualdad de la Mujer Trabajadora de UGT-Extremadura, Marisa Alvarez, al proclamar que el sindicato está satisfecho con dicha ley al acoger la mayor parte de las propuestas de esa central y Comisiones Obreras en la mesa de diálogo social.
No obstante, aunque reconocen que con la Ley se da un paso muy importante, los sindicatos consideran que éste no es suficiente mientras la normativa no cree los mecanismos educativos y de disuasión necesarios para lograr un cambio de mentalidad en los más retrógrados.
Fuente: Prensa Latina