La economía será uno de los principales desafíos para la próxima presidenta, Cristina Fernández de Kirchner. El crecimiento acelerado de los últimos años generó una fuerte puja distributiva por la apropiación de esos beneficios que se expresa en presiones salariales y suba de precios. Además, el incremento del consumo puso en jaque la infraestructura de un país que pareciera no estar preparado para afrontar una reducción de la exclusión social. También aparecen en el horizonte la reconstrucción del Indec y la negociación con los organismos internacionales de crédito para recuperar el financiamiento externo, sin que eso implique condicionalidades a la política económica. Lo que sigue es un punteo de los temas pendientes.

Inflación. La suba de precios se convirtió en el mayor dolor de cabeza del Gobierno durante el último año. Para controlar las tensiones que provoca el crecimiento, Fernández de Kirchner ha propuesto la conformación de un pacto social entre Estado, sindicatos y empresas. El objetivo es negociar una suba salarial única para todo el año y la aplicación de incrementos de precios paulatinos, con un saldo positivo para los trabajadores, quienes deberían lograr una recomposición de su ingreso real. Los empresarios dicen estar dispuestos a aumentar entre 10 y 15 por ciento, mientras que los sindicatos reclaman una suba de entre 20 y 40 por ciento. Al mismo tiempo que se negocia con las partes, se intentará descomprimir las presiones inflacionarias con una receta heterodoxa tendiente a incrementar la inversión para ampliar la oferta y no tener que enfriar la demanda.

Indec. También se estudian reformas en los métodos de medición de precios para que el Indec recupere credibilidad y pueda ser tomado como una referencia por las partes que integren el pacto social. El Gobierno dejó trascender que evalúa dos alternativas: aplicar un índice que toma como referencia una canasta de consumos populares, reduciendo la ponderación o eliminando la medición de otros bienes y servicios, o un indicador que en lugar de registrar las variaciones sobre una canasta fija tome en cuenta la sustitución de productos. Cualquier alternativa generará polémica, pues pareciera que el objetivo oficial no es mejorar la medición de la inflación sino lograr la menor cifra posible.

Dólar. En los últimos días, en la city porteña se instaló el rumor de que, luego de las elecciones, el Gobierno llevaría el tipo de cambio a una banda de entre 3,30 y 3,35 pesos para mejorar la competitividad de la economía y aumentar la recaudación. Esa creencia hizo que empresas y particulares salieran a comprar divisas elevando la cotización a 3,20 pesos. “Los que están apostando a una fuerte suba del billete verde se van a terminar preguntando ‘para qué habré comprado’”, señaló a Página/12 el jueves una alta fuente del Gobierno. Más allá de las especulaciones, hay datos objetivos que juegan a favor de un dólar estable durante los próximos meses: 1) fuerte superávit comercial, 2) devaluación del dólar a nivel internacional, lo que vuelve más competitivo al peso aunque se mantenga su cotización nominal actual y 3) precio record de los principales commodities, lo que deja margen para subir las retenciones a las exportaciones y así ampliar la recaudación sin necesidad de aplicar una nueva devaluación.

Energía. Es uno de los problemas estructurales más complejos de resolver. Hace ocho años que la producción petrolera está cayendo y cuatro que la oferta de gas permanece estancada, en un contexto de fuerte crecimiento de la demanda. El Gobierno dijo que en el invierno hubo inconvenientes porque hizo demasiado frío y posiblemente en el verano responsabilice al calor, pero lo cierto es que el sistema energético trabaja al máximo de sus posibilidades y no se logró generar incentivos suficientes para que los privados inviertan. La mayoría de las empresas del sector declaran millonarias ganancias en sus balances, pero las inversiones no pasan de promesas difundidas a través de los medios de comunicación. Desde julio el país importa más electricidad y combustible de lo que exporta, un hecho inédito en la historia reciente que compromete el superávit comercial sectorial.

Tarifas. A partir de 2004 a los grandes industriales se los obligó a comprar gas en boca de pozo a precios desregulados y las pequeñas industrias y grandes comercios recorrieron un camino similar aunque de manera gradual. Los usuarios residenciales también debieron afrontar aumentos de 15 por ciento con aplicación retroactiva. En el caso de la electricidad se aplicaron incrementos similares y algunas empresas ya tienen acordadas futuras subas. Sin embargo, algunos analistas todavía hablan de “tarifas congeladas” y las empresas presionan para una revisión tarifaria integral. El futuro gobierno deberá resolver hasta dónde cede frente al lobby del sector.

Campo. Los productores atraviesan uno de los mejores momentos de su historia debido a las cotizaciones record de la soja, el maíz y el trigo. Los precios son tan extraordinarios que aplacaron las quejas sobre las retenciones a las exportaciones e incluso algunos dirigentes del sector ya aparecen resignados frente a las versiones de un nuevo incremento de ese impuesto. Las mayores quejas provienen de la actividad de cría de ganado. El gobierno actual diseñó un plan ganadero para incentivar la producción, pero su implementación avanza en cámara lenta y si no se hace algo la ganadería seguirá perdiendo terreno. También presentan inconvenientes algunos cultivos industriales de baja rentabilidad relativa porque hasta ahora el principal asignador de recursos ha sido el mercado y en ese escenario la única opción pareciera ser pasarse a los cultivos estrella.

Créditos y banca de desarrollo. Fernández de Kirchner ya adelantó que uno de sus objetivos será forzar una expansión del crédito a tasas más bajas. En la actualidad, los préstamos al sector privado representan apenas el 11,4 por ciento del PIB, mientras que en Chile superan el 50 por ciento, en Brasil el 30 y en los países desarrollados el 80 por ciento. Además, la financiación es cara y de corto plazo. Más allá de las medidas anunciadas en los últimos días, el Gobierno trabaja en un proyecto de banca de desarrollo que contempla un esquema de integración entre el sector público y el privado. El objetivo es financiar la inversión productiva a plazos más largos y tasas más bajas para aumentar la oferta y descomprimir las presiones inflacionarias.

Relación con los organismos internacionales de crédito. El desafío más urgente es renegociar la deuda con el Club de París para que las empresas europeas puedan incrementar sus inversiones. Ahora no consiguen financiamiento para grandes proyectos porque las entidades bancarias de sus países de origen no otorgan créditos para invertir en naciones que se encuentran en default. También se buscará recomponer la relación con el FMI, pero eso dependerá del alcance que tengan las reformas prometidas por el flamante titular del organismo, Dominique Strauss-Kahn. Más allá de la democratización interna de la entidad, lo que le interesa al futuro gobierno de Cristina Kirchner es que el Fondo comience a ofrecer una línea de crédito que, al momento de evaluar el otorgamiento de los préstamos, tome en cuenta la situación del país pero no incluya condicionalidades que limiten la política económica. Además, el Gobierno apoyará la creación del Banco del Sur, para que financie proyectos de infraestructura en la región.

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