[i]Introducción[/i]

América Latina y el Caribe atravesaron un profundo proceso de involución durante el último cuarto del siglo XX. Ambos han experimentado una restauración de formas prenacionales de propiedad y la inversión de las relaciones sociales de producción (capital – mano de obra). Se han reintroducido formas primitivas de acumulación de capital, caracterizadas por la apropiación por la fuerza de tierras urbanas y rurales, por un desplazamiento masivo de la población inducido por el estado y, en algunos casos, por las élites paramilitares.

Los sistemas de información modernos, unos mercados mundiales en expansión, adquisiciones y fusiones a largo plazo que dan lugar a niveles nunca vistos de centralización y concentración de capital se combinan y articulan, y facilitan la restauración de las formas y estructuras políticas prenacionales.

Como consecuencias socioeconómicas y políticas de lo anterior, así como de un desarrollo desigual, se intensifican las desigualdades de clase, aparece una masa creciente de campesinos y trabajadores desarraigados, semiurbanizados, y la nueva burguesía superrica de América Latina y el Caribe se integra en los circuitos de EEUU-UE-Asia. La emergencia de un capitalismo prenacional y controlado desde el exterior en toda América Latina ha dado lugar a un tremendo aumento de los conflictos nacionales y de clase, en una variedad de emplazamientos socioeconómicos, en los que intervienen una amplia gama de estratos sociales, que emplean estrategias poco ortodoxas.

Las luchas sociales reflejan los esfuerzos por contrarrestar los reveses socioeconómicos y las formas prenacionales, primitivas, de explotación, así como las formas modernas de explotación tecnológica. Unas vagas exhortaciones por parte de la derecha y la izquierda en el sentido de resistir o de defender la "globalización" o el "neoliberalismo" pasan por alto la fusión histórica de las formas pasadas, presentes y emergentes de las organizaciones capitalistas. "Repensar el desarrollo" de América Latina y el Caribe para el siglo XX requiere que comprendamos el proceso y las estructuras que configuran la región.

Caracas, Venezuela

En la medida en que los procesos electorales varían la composición del aparato del estado y su orientación, pueden ser útiles. Si lo único que se hace es "injertar" en el estado los funcionarios electos, de ello resulta la continuidad del orden antiguo. Ningún régimen electoral progresista puede llegar al poder a menos que sea el producto de unas luchas intensas de clase y nacionales, que aumenten la concienciación y creen organizaciones de masas extraparlamentarias capaces de apoyar el régimen protegiéndolo de los inevitables golpes postelectorales y del sabotaje. En la mayoría de los casos, la clave del poder político no está en cuestiones electorales, sino en organizar el poder social y político fuera de los canales institucionales establecidos para garantizar un proceso continuo de transformación.

El poder social organizado es necesario, pues incluso la propiedad pública puede ocultar nuevas desigualdades de clase que perpetúen la injusticia y la alienación. Además, las decisiones en materia de inversión pública, asignación de superávit comercial y equilibrio entre consumo de capital y consumo público/privado requiere de la participación de los productores directos y de los consumidores.

Como punto de referencia, Venezuela proporciona algunas lecciones útiles, pero nadie debería construir un modelo copiando mecánicamente el proceso bolivariano. En primer lugar, Venezuela ha sido y sigue siendo una economía rentista a pesar de los esfuerzos del Presidente Chávez por transformarla. En segundo lugar, ninguno de los regímenes autodenominados de "centro-izquierda" (Lula en Brasil, la familia Kirchner en Argentina, Evo Morales en Bolivia y Vázquez-Astori en Uruguay) ha roto con el modelo elitista de exportación agromineral, ni ha revertido los sectores económicos estratégicos privatizados. De hecho, Kirchner ha renovado una de las leyes de minería más regresivas en todo el hemisferio, con pagos de regalía que no superan el 2%, y Evo Morales ha entregado el Complejo Mutun de hierro-magnesio al cártel multinacional indio Jindel, en condiciones desfavorables (antinacionales) para Bolivia.

La lección que se extrae de los cinco años de experiencia con la economía política de los regímenes de "centro-izquierda" es que no son de "izquierdas" ni de "centro", sino que forman parte inequívocamente de la "tercera ola" de regímenes neoliberales que llegaron al poder tras el colapso y la crisis de la segunda ola (Menem-De la Rua, Sánchez de Lozada-Mesa, etc.) y han sido favorecidos y apoyados por los precios mundiales y la demanda excepcionales. El ejemplo del fracaso de la reforma estructural progresista bajo los nuevos neoliberales nos muestra que las etiquetas ideológicas pasadas, los orígenes sociales populares y la retórica antineoliberal no constituyen un buen indicador de la práctica política económica actual y las alianzas sociales en el poder político. Toda la clase política que se define a sí misma como de "centro-izquierda" está compuesta por profesionales que ascienden de clase social, funcionarios sociales y políticos de clase media baja y líderes de movimientos orientados hacia las elecciones. Usan sus vínculos antiguos con la lucha social para conseguir poder político, riqueza económica y aceptación social por parte de las clases dominantes y homólogos extranjeros. Para evitar el círculo vicioso repetido de comenzar a la izquierda con el pueblo, pasar al "centro-izquierda" con la clase media y abrazar luego la derecha y las grandes empresas, los movimientos de masas deben ejercer un control democrático directo sobre sus líderes, vigilar de cerca sus programas sociales y las tácticas y estrategias de sus líderes.

La transformación estructural (reforma agraria, nacionalización, etc.) debe contar con la mediación de las circunstancias políticas, el grado de apoyo popular político y la capacidad de administrar las finanzas y ejecutarlas. Para conseguir que el pueblo se adhiera al proceso, son importantes los programas que mejoran las vidas directamente; pero delinear claramente las "reglas del juego" para los diferentes aliados estratégicos entre quienes ostentan pequeñas y medianas propiedades en servicios, manufactura y agricultura es esencial para aislar a las élites financieras, inmobiliarias y agromineras. Es fundamental el fomento estatal de los medios de comunicación de masas, la cultura y el entretenimiento popular como alternativa a la propaganda de los medios de comunicación neocoloniales. La seguridad nacional debería excluir a los medios que promueven el derrocamiento violento del régimen democrático popular.

Son obvias las lecciones que se derivan del golpe de estado de Venezuela apoyado por los medios de comunicación. Los paquetes específicos de medidas de transformación y tiempo deberían reflejar las particularidades de cada país. Pero el objetivo inmediato es acelerar la transición de una economía prenacional a una nacional; de un mercado inmobiliario especulativo a un programa de viviendas sociales; de una economía de rentas, intereses, regalías y envíos de beneficios, basada en pagos del extranjero, a un mercado nacional que se autofinancie y que enlace los recursos locales y las regiones. Las ganancias imprevistas del sector de la exportación deberían dar lugar a un fortalecimiento de la producción doméstica y a intercambios que expandan los sectores productivos y el consumo local, basados en normas igualitarias que logren una participación política popular uniforme.

[i]*Durante la década de 60, y antes de licenciarse, James Petras (1937) fue militante de los derechos humanos y líder estudiantil en la Universidad de Berkeley, Estados Unidos. Se doctoró en Filosofía en la Universidad de California. Desde 1960 a 1973 enseñó y dirigió investigaciones en algunos países latinoamericanos, especialmente en Chile, donde colaboró con el gobierno de Salvador Allende. En las décadas del 70 y 80 participó activamente en el movimiento de derechos humano y escribió para renombrados periódicos de izquierda: Le Monde Diplomatique, New Left Review, Monthly Review. Entre 1982 y 1984 fue director del Instituto de Estudios Mediterráneos de Atenas. Petras también enseñó en la Universidad de Pennsylvania y fue director del Proyecto de Estudio del Desarrollo Latinoamericano en el Instituto de Administración Pública de la misma universidad. Actualmente es profesor en la Universidad del Estado de Nueva York en Binghamton.[/i]

Fuente: Rebelion – 21.09.2007