Uribe y las guerras preventivas
Hay una extensa literatura sobre el tema y sobre la manera en que fueron educados estos "grupos de tareas" por la CIA y la Escuela de las Américas.
Todos esos "protocolos", la práctica de los cuales consiste en violaciones aberrantes de los derechos humanos y en crímenes de lesa humanidad, fueron actualizados con el uso de modernas tecnologías por la actual administración norteamericana, tras el 11 de septiembre de 2001. Bush acaba de vetar una ley que prohibía la aplicación de tormentos a prisioneros (supuestos terroristas), una iniciativa legislativa que votaron demócratas y republicanos y hasta tuvo el apoyo de algunos funcionarios de la CIA.
En el caso de América Latina la justificación de estas acciones de "guerra infinita" o "guerra preventiva" viene de lejos, mucho más lejos que los tiempos de la amenaza "comunista" de la Guerra Fría. José Luis Fiori, nos ha recordado, desde estas columnas, el origen y el curso que fueron tomando las relaciones de Estados Unidos con la región desde la formulación de la Doctrina Monroe, los cimientos de la posterior estrategia geopolítica de Washington.
Las acciones de Álvaro Uribe constituyen una puesta al día de esos métodos y hasta de la retórica del Departamento de Estado.
Según fuentes ecuatorianas oficiales, para detectar y eliminar a Raúl Reyes, se usó un misil que sigue por señal satelital la frecuencia del teléfono celular. Una tecnología norteamericana que se traspasó a Israel para ejecutar sin juicio previo a quien les venga en gana calificar como "terrorista" o "indeseable". Al mismo tiempo, aviones colombianos y helicópteros artillados bombardean, de noche, en el territorio de otro país, a un supuesto campamento de terroristas, a los que se mata cuando dormían. Entre quienes se encontraba Reyes, pero también estudiantes de otros países, de los que no hay pruebas que revistaran en las FARC; y así numerosos ejemplos. Todos corroborados por las únicas autoridades legítimas, las ecuatorianas, en la jurisdicción donde ocurrieron los hechos, y que se pueden rotular como acciones ilegales, violatorias del derecho internacional y de los derechos humanos.
¿Cuál es el argumento de Uribe? Actuamos "en legítima defensa". Las mismas palabras, "actuamos en legítima defensa", que usaba Ronald Reagan para justificar la financiación y cobertura dada por Estados Unidos a la formación de un ejército clandestino para atacar a Nicaragua en los años 80. Reagan llamaba a los "contras" –que fueron financiados a costa de violar las propias leyes norteamericanas traficando con armas y drogas— "luchadores por la libertad".
"Los Estados Unidos tienen el derecho de operar clandestinamente en cualquier parte del mundo y de espiar en países amigos", afirmó William Colby, director del la CIA, en 1976, ante parlamentarios de la oposición y organismos de Derechos Humanos que investigaban el golpe militar en Chile.
Es decir, la lucha contra el "imperio del mal" no es una frase de Bush; es una vieja consigna de la "Nueva derecha" norteamericana, es parte de su historia. Basta repasar por un momento los documentos públicos de la Heritage Fundation o del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales de la Universidad de Georgetown en Washington, entre otras instituciones promotoras de los conservadores norteamericanos.
Colombia, desde luego, viene como anillo al dedo para el diseño de estas políticas. Un territorio que vive desde hace más de medio siglo en un clima de violencia que se retroalimenta, a la vez que, para la geopolítica del Departamento de Estado, forma parte de su mar interior, junto a Venezuela y los países del Caribe.
Al seguir en detalle todas las tentativas de paz durante todos esos años, se observa sin demasiado esfuerzo que la clase dirigente colombiana está consustanciada con la guerra. Vive con y de la guerra. Pasó todas las crisis y recesiones, que hicieron temblar al continente, sin grandes sobresaltos. El narcotráfico y la "asistencia" militar constituyen buenos flotadores o alimentadores de burbujas financieras y especulativas.
La Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF) en su informe anual auguraba un buen año económico para 2001. Admitía, sin embargo, que se habían registrado, en el año anterior, 26.540 homicidios y 3.306 secuestros, la mayor tasa de muertos por violencia del mundo. No fue un problema para que haya sido Colombia uno de los mayores receptores de inversiones directas norteamericanas, entonces y todos los años siguientes.
Ciertamente, nadie puede acostumbrarse a vivir eternamente entre estos escombros, y de allí el hartazgo de la sociedad colombiana frente a la violencia. Aunque, curiosamente, algunos sondeos muestran que el belicismo ayuda a la imagen de Uribe, al mismo tiempo pierde en las elecciones municipales frente a la izquierda.
Desde el comienzo de las negociaciones para la liberación de los rehenes, a fin del año pasado, Uribe y la clase dirigente colombiana advirtieron que ese no era un buen camino para ellos. Tampoco al gobierno de los Estados Unidos le gusta el protagonismo de Hugo Chávez y del resto de los mandatarios "populistas" en un futuro proceso de pacificación de Colombia.
Las acusaciones de los familiares de los rehenes y de la diplomacia francesa a Uribe son contundentes. Aseguran que Uribe boicotea las acciones humanitarias. Pesan más los 600 millones (declarados) de asistencia militar norteamericana, los intereses corporativos del ejército mejor pertrechado de América Latina, los diversos grupos parapoliciales y paramilitares, los narcotraficantes y las FARC, todos actores de una lógica de guerra.
La historia de Colombia de las últimas décadas está atravesada por numerosas pantomimas de alto el fuego y de proyectos de pacificación que terminaron en verdaderas masacres. No sólo para quienes habían dejado las armas, sino para miles y miles de dirigentes y luchadores sociales. Hay millones de "desplazados", todos víctimas de esta guerra civil latente.
Ahora bien; más allá de las disculpas de Uribe al Grupo de Río, todo indica que persistirá en la resolución "militar", bien respaldado por políticos y empresarios colombianos, la mayoría prebendarios del narcotráfico o del narcolavado, que a veces son diferentes operadores. Los segundos se consideran los más limpitos del negocio.
Por el contrario, el camino de la paz tendría que ser el objetivo fundamental de los gobiernos progresistas de América Latina, en causa común con el pueblo colombiano.
A los halcones de todos los tiempos vale lo que recordaba Alejandro Nadal a propósito de los 40 años de la ofensiva del Tet. Y no sólo en Vietnam, también en Argelia creían en una solución militar, y cuando en los gabinetes militares daban la guerra por ganada para el ejército colonial francés, todo se les derrumbó. Señores: es la política, mejor dicho, es la economía política, en el sentido clásico.
Bismarck tuvo una brillante ocurrencia a propósito de "una guerra preventiva". Dijo que era como el suicidio, que se comente con el único fin de prevenir la muerte.
Esas palabras iban dirigidas a la clase dominante alemana de la época, que como más tarde lo demostraría Guillermo II, el emperador de Alemania, se había entusiasmado en los albores del siglo XX con la idea de una "guerra preventiva". Una clase dirigente que no escuchó el buen consejo y se fue al basurero de la historia.
Una lección oportuna también para Uribe y para sus amigos de Washington y Londres, que van ganando la guerra preventiva en Irak y en Afganistán.
* Carlos Abel Suárez es miembro del Consejo de Redacción de SINPERMISO.
Fuente: [color=336600] Revista Sin Premiso – 10.03.2008 [/color]
Detalle de ilustración de Boris Artzybasheff