Primer ocultamiento: los procesos políticos en América latina cuestionan el control continental que EE.UU. necesita para garantizar el libre acceso a los recursos naturales de la región. Se trata de una amenaza a la seguridad nacional de EE.UU. que, ante el fracaso inminente de las respuestas “consensuadas” (libre comercio y concesiones para las bases militares), busca tener una respuesta firme y unilateral. Es decir, la guerra global contra el terrorismo llega al continente –llegó con el Plan Colombia pero la incursión en Medio Oriente provocó algún atraso– y asume aquí las mismas características que ha adquirido en otros continentes: utilizar un aliado privilegiado (sea éste Colombia, Israel o Pakistán), a quien a lo largo del tiempo se provee con la ayuda militar e información de espionaje sofisticado que lo pone al abrigo de represalias y le permite acciones dramáticas de bajo costo y un éxito certero; se incita al aliado al aislacionismo regional como precio a pagar por la alianza hegemónica.

La guerra contra el terrorismo incluye acciones muy visibles y otras secretas. Entre las últimas están los actos de espionaje y de desestabilización; Bolivia, Venezuela, la triple frontera (Paraguay, Brasil, Argentina) son los blancos privilegiados. En Bolivia, becarios norteamericanos de la Fundación Fulbright son llamados por la Embajada de EE.UU. para dar información sobre la presencia de cubanos y venezolanos y movimientos indígenas sospechados; mientras, los separatistas extremistas de Santa Cruz son entrenados en la selva colombiana por los paramilitares. Nuevos hechos: en las acciones de desestabilización pueden participar empresas militares y de seguridad privada, contratadas por EE.UU. bajo el paraguas del Plan Colombia que, además, las dota de inmunidad diplomática y por lo tanto impunidad ante la Justicia nacional.

Segundo ocultamiento: la verdadera amenaza no son las FARC. Son las fuerzas progresistas y, en especial, los movimientos indígenas y campesinos. De hecho, la permanencia de las FARC es fundamental para mantener la justificación de la guerra contra el terrorismo y generar un clima de miedo y una lógica bélica que bloquea el ascenso de las fuerzas progresistas, denominadas Polo Democrático de Colombia.

Por la misma razón, la intervención humanitaria a favor de los rehenes tuvo que ser desmantelada para que no obtuviera rédito político Hugo Chávez. Las fuerzas políticas progresistas amenazan la dominación territorial de EE.UU. a través de medidas que buscan fortalecer la soberanía de los países sobre los recursos naturales y alterar las reglas de la distribución de los beneficios de su explotación.

Pero la mayor amenaza proviene de aquellos que invocan derechos ancestrales sobre los territorios donde están esos recursos, o sea, de los pueblos indígenas. En relación con esto es elocuente el informe Tendencias Globales-2020, producido por el Consejo Nacional de Información de EE.UU., sobre los escenarios de amenaza a la seguridad nacional del país. En el informe se afirma que las reivindicaciones territoriales de los movimientos indígenas “representan un riesgo para la seguridad regional” y son uno de los “factores principales que determinarán el futuro latinoamericano”. Tomando como ejemplo las luchas indígenas de Chiapas, Ecuador, Bolivia, Chile y sur de Argentina, se dice que “en el inicio del siglo XXI existen grupos indígenas radicales en la mayoría de los países latinoamericanos que en 2020 podrán crecer exponencialmente, obteniendo la adhesión de la mayoría de los pueblos indígenas... Estos grupos podrán establecer relaciones con grupos terroristas internacionales y grupos antiglobalización... que cuestionarán las políticas económicas de los liderazgos de origen europeo”.

A la luz de esto no sorprende que el presidente del Perú se pregunte “si no habrá una internacional terrorista en América latina”. Tampoco sorprende que actualmente centenares de líderes indígenas de Perú y de Chile hayan sido imputados al abrigo de leyes antiterroristas promulgadas en estos y otros países (por presión de EE.UU.) por defender sus territorios. La estrategia queda entonces delineada: transformar a los movimientos indígenas en la próxima generación de terroristas y, para enfrentarlos, seguir las recetas señaladas en el informe: tolerancia cero, refuerzos para gastos militares, estrechamiento de las relaciones con EE.UU. La responsabilidad de las fuerzas políticas progresistas es lograr que esta estrategia fracase.

*Doctor en Sociología del Derecho, profesor de la Universidad de Coimbra (Portugal).

Fuente: [color=336600] Página 12 - 13.03.2007[/color]