En segundo lugar, hallamos presuntos gobiernos «de izquierda» que llevan a cabo una política neoliberal y apoyan a la burguesía nacional o regional en sus proyectos: Brasil, Uruguay, Chile, Nicaragua y el gobierno de Cristina Fernandez Kirchner, de los peronistas argentinos. Son gobiernos que hacen una política neoliberal, que favorece al gran capital, maquillada con algunas medidas de asistencia social. En efecto, doran un poco la píldora neoliberal aplicando programas sociales. Por ejemplo en Brasil, las familias pobres reciben un poco de ayuda del gobierno, lo que le asegura el apoyo popular en las regiones más pobres del país.

Algunos de estos gobiernos intentan mejorar sus relaciones con Washington, especialmente con el establecimiento de acuerdos de libre comercio con Estados Unidos. Chile firmó uno y Lula, en Brasil, también busca un acuerdo con Washington en torno a una serie de asuntos políticos. Pero al mismo tiempo persisten grandes divergencias de opinión entre el gobierno de Lula y Estados Unidos. Dichas divergencias se refieren a la defensa de los intereses de la burguesía brasileña que conciernen a la agricultura y a una serie de sectores industriales, especialmente los dirigidos a la exportación, que no aceptan el proteccionismo de Estados Unidos.

En la tercera categoría de países se encuentran Venezuela, Bolivia y Ecuador, que se enfrentan con la oposición activa de importantes sectores de la clase capitalista local y de Washington. Cuba es, en sí misma, una cuarta categoría.

La importancia de las movilizaciones populares…

En cuanto a los países que conforman la tercera categoría, Venezuela, Bolivia y Ecuador, hay que señalar que únicamente podremos entender la política de estos países si tenemos en cuenta las potentes movilizaciones populares que jalonan su historia reciente. En Ecuador, cuatro presidentes de la derecha fueron devueltos a sus casas entre 1997 y 2005 gracias a las grandes movilizaciones de la población. En Bolivia surgieron importantes luchas contra la privatización del agua en abril de 2000 y a finales de 2004. Las movilizaciones relacionadas con el gas, en octubre de 2003, derrocaron e hicieron huir (a Estados Unidos) al presidente Gonzalo Sánchez de Lozada. Venezuela, desde 1989, ha conocido las importantes movilizaciones que inauguraron las grandes luchas sociales contra el Fondo Monetario Internacional, que se desarrollaron a escala planetaria en los años noventa. Pero fueron todavía más espectaculares las enormes movilizaciones populares del 12 de abril de 2002, manifestaciones espontáneas de protesta contra el golpe de Estado para derrocar a Hugo Chávez. Estas movilizaciones consiguieron, directamente, el regreso de Hugo Chávez al palacio presidencial de Miraflores el 13 de abril de 2002. Las grandes movilizaciones populares son un factor decisivo en la existencia y supervivencia de los gobiernos de Venezuela, Bolivia y Ecuador.

… y de la adopción democrática de nuevas constituciones

El segundo punto importante es la revisión de la Constitución. En 1999 en Venezuela, durante el primer mandato de Hugo Chávez, se adoptó por referéndum una nueva Constitución democrática (redactada por una Asamblea Constituyente). Dicha Constitución, que sigue actualmente en vigor, ha garantizado más derechos culturales, económicos y sociales a la mayoría de la población venezolana. Además, la propia Constitución, estableció un mecanismo democrático que permite revocar, a media legislatura, a los cargos elegidos a todos los niveles (incluido el presidente de la República). La adopción de una nueva Constitución en Venezuela, posteriormente inspiró a los gobiernos de Bolivia y Ecuador. Bolivia adoptó una nueva Constitución en 2007, y en Ecuador una Asamblea Constituyente, elegida en septiembre de 2007, está redactando un proyecto de nueva Constitución que se someterá a referéndum en septiembre de 2008. ¡Son reformas efectivamente profundas! Esos cambios políticos democráticos que se están llevando a cabo en estos tres países no sólo se han silenciado sistemáticamente en los medios de comunicación de los países más industrializados y otros, sino que además dichos medios han orquestado una campaña constante de injurias con el fin de presentar a los jefes de Estado de los tres países como repulsivos dirigentes populistas y autoritarios.

Las experiencias de estos tres países andinos, en relación con la adopción de nuevas Constituciones, son muy ricas. Deberían inspirar a los pueblos y las fuerzas políticas de los demás países. Sólo hay que comparar la situación de Europa, con la ausencia de un procedimiento democrático para la aprobación del Tratado constitucional. Por supuesto, las experiencias en curso en Venezuela, Bolivia y Ecuador también tienen contradicciones y límites importantes que hay que analizar. En Ecuador, el proceso de reforma en curso moviliza amplios sectores sociales. Se eligió al actual presidente, Rafael Correa, a finales de 2006, por una gran mayoría, sin que tuviera un partido político o parlamentarios detrás de él. A pesar de la fuerte oposición de la derecha y de todos los medios de comunicación -en Ecuador no hay ningún canal público estatal de televisión y radio-, Correa ganó el referéndum para convocar una Asamblea Constituyente con el 82% de los votos. El movimiento político que Correa ha construido sobre la marcha en el transcurso de 2007 consiguió más de un 70% de los votos en las elecciones para la Asamblea Constituyente. Si añadimos a sus aliados, se beneficia de una mayoría de más del 80%.

En la actualidad, en Ecuador, hay una Asamblea Constituyente a la que los movimientos sociales están invitados de forma permanente, con el fin de tener mejor en cuenta sus propuestas. De esta forma, la nueva Constitución puede ser elaborada por una amplia mayoría de la población. Por lo tanto es un proceso muy abierto y muy interesante. Conoceremos el resultado definitivo a finales de julio, cuando la Asamblea Constituyente haya adoptado el proyecto de la nueva Constitución para someterlo a continuación a referéndum, a finales de septiembre. Es probable que el texto que se presente al sufragio sea criticable en diversos aspectos (la ausencia del derecho al aborto o la ausencia de la prohibición de los OGM).

En Bolivia, el proceso de revisión se lleva a cabo en un medio mucho más conflictivo. El partido de Evo Morales, el MAS, ganó claramente la mayoría simple en el parlamento (55%), pero no tiene la mayoría absoluta de los dos tercios. Eso complica la situación. Finalmente, la nueva Constitución se adoptó en diciembre de 2007 a pesar de las obstrucciones, a veces violentas, de la derecha y las clases dominantes. En consecuencia, la situación está polarizada en extremo debido a una movilización muy agresiva del sector reaccionario. La derecha entró en acción con una campaña racista y la amenaza de una separación territorial de la parte occidental del país, donde domina la situación. Esta revuelta reaccionaria ha conseguido frenar, hasta ahora, la celebración del referéndum sobre la nueva Constitución.

Vuelta al control público de las riquezas naturales

Un tercer punto importante: los gobiernos de Venezuela, Bolivia y Ecuador tomaron medidas para reforzar el sector público y obtener el control de los recursos naturales. En Venezuela, el Estado tomó el control de la gran compañía petrolera PDVSA que, aunque era pública, favorecía los intereses privados y declaraba la mayoría de sus rentas en Estados Unidos. Fue una batalla muy dura. La clase capitalista organizó un golpe de Estado en abril de 2002 seguido de un cierre que paralizó la empresa en diciembre de 2002 y enero de 2003. El producto interior bruto de Venezuela se hundió en los primeros meses de 2003, pero finalmente el gobierno recuperó el control de la situación con el apoyo de la mayoría del pueblo. El año pasado, el Estado venezolano también ha conseguido el control de un importante campo de petróleo, la falla del Orinoco. En Venezuela, el Estado produce dos tercios del petróleo, y un tercio las grandes compañías petroleras. Pero actualmente el petróleo se explota en el marco de nuevos contratos negociados en los que el Estado recauda más rentas que antes. Hay que añadir otras nacionalizaciones: la producción y distribución eléctrica, las telecomunicaciones (CANTV), la siderurgia (SIDOR, que cuenta con 15.000 trabajadores), el sector del cemento y algunas empresas de producción alimentaria. Sin olvidar la reforma agraria, dirigida a entregar la tierra a quienes la trabajan.

Bolivia nacionalizó el petróleo y la producción de gas en 2006. Evo Morales envió al ejército para controlar los campos petroleros, pero las multinacionales siguen estando activas ya que son ellas las que extraen el petróleo y el gas. Claramente, el Estado es el propietario de las riquezas naturales, pero son las grandes multinacionales quienes explotan el petróleo y el gas. De ahí la importancia estratégica de los acuerdos entre Venezuela y Bolivia, que permitirán a Bolivia reforzar una compañía petrolera pública para extraer y refinar el petróleo y el gas. Bolivia no tiene refinería; las que tiene Ecuador son insuficientes. Bolivia y Ecuador exportan petróleo e importan combustible y otros productos refinados. De ahí, también en esto, la importancia de acuerdos estratégicos entre Venezuela, Ecuador y Bolivia para reforzar la autonomía de los dos últimos.

Lo que Venezuela, Bolivia y Ecuador tienen en común con la segunda categoría de países (Brasil, Uruguay, Chile, Argentina), es una política determinada de programas de asistencia pública. No se trata de rechazar pura y simplemente estas medidas, pero es totalmente necesario promover la creación de puestos de trabajo, subir fuertemente los salarios y garantizar más derechos sociales y económicos para los asalariados, campesinos, artesanos, comerciantes, pensionistas y otros subsidiados sociales. Venezuela y Bolivia han avanzado en esta dirección pero todavía queda mucho que hacer.

Ecuador: ¿Suspenderá Correa el pago de una parte de la deuda?

Ecuador emprendió una importante iniciativa relacionada con la deuda pública. Rafael Correa creó, en julio de 2007, la Comisión de auditoría integral de la deuda pública interna y externa (CAIC). Es una comisión compuesta por doce miembros de los movimientos sociales y ONG de Ecuador, seis miembros de campañas internacionales para la anulación de la deuda del Tercer Mundo (formo parte de la Comisión como representante del CADTM) y cuatro representantes del Estado (el ministerio de Hacienda, el Tribunal de Cuentas, la Comisión anticorrupción y la fiscalía general). Lo que es interesante, es que aquí no se habla de representantes de la sociedad civil (que incluye a las asociaciones patronales, por ejemplo), sino de delegados de los movimientos sociales como el movimiento indígena (CONAIE) y otros movimientos sociales radicales de Ecuador. La idea de Correa y un sector de su gobierno es evitar el reembolso de una gran parte de la deuda pública.

Si Correa consigue su propósito, eso significaría un enfrentamiento directo con su propia burguesía nacional, porque es la burguesía ecuatoriana quien saca el mayor provecho del reembolso del lastre de la deuda pública. Significaría también un enfrentamiento con los mercados financieros internacionales y con el Banco Mundial. La derecha del gobierno y los grandes grupos financieros, sin contar el Banco Mundial y las capitales de los países más industrializados, ejercen una fuerte presión para convencer al gobierno de Correa de que no haga nada. Éste deberá tomar una decisión a mediados de julio de 2008, cuando la CAIC entregue su informe. No hay nada seguro y cabe la posibilidad de que Correa decida evitar el enfrentamiento.

La estrategia de Estados Unidos y los capitalistas locales: enfrentamiento y separación

La estrategia de Estados Unidos y de la clase capitalista local se orienta claramente hacia el enfrentamiento: el golpe de Estado contra Chávez en 2002, el cierre patronal de diciembre de 2002 y enero de 2003 o las campañas de los medios de comunicación en Bolivia, Ecuador y Venezuela contra el gobierno.

Pero el asunto fundamental es una nueva estrategia de división del país. La clase capitalista de Bolivia organiza la escisión de la parte occidental del país. La que los medios de comunicación denominan «la media luna», con Santa Cruz como principal centro económico. Los grandes latifundistas y los dueños de las empresas de exportación (en particular de soja transgénica) incitan a la población a declarar la independencia frente al Estado nacional. Habitualmente recurren a actuaciones racistas. Hay que afirmar sin ambages que la población de esta rica región no constituye una nación que tendría derecho a la autodeterminación. El gobierno responde a la derecha que está dispuesto a conceder más autonomía a las regiones pero no la separación, y en este caso tiene razón.

En Ecuador, el centro económico se encuentra en Guayaquil, en la costa del Pacífico, mientras que Quito -que también es muy importante económicamente- es la capital política, situada a 2.800 metros de altitud en la cordillera de los Andes. La clase capitalista de Guayaquil quiere declarar su independencia bajo la dirección de su alcalde derechista.

En Venezuela, el gobernador del Estado occidental de Zulia (que tiene una frontera con Colombia) blande la amenaza de una separación. Todo esto constituye, sin ninguna duda, una premeditada estrategia continental de Washington, que intenta apoyar a la burguesía capitalista local en un proceso de escisión de los países que viven experiencias de izquierda.

Esto nos recuerda la política de Bélgica, Estados Unidos y otras potencias con respecto a la provincia de Katanga, en la República Democrática del Congo. Recordemos que las capitales occidentales apoyaron el separatismo de Katanga contra el Primer Ministro Patrice Lumumba. Cuando el dictador pro occidental Mobutu tomó el poder (después del asesinato de Lumumba a quien llevaron por la fuerza a Katanga y lo entregaron a sus peores enemigos), las grandes potencias dejaron de apoyar a los separatistas… Me parece un asunto importante, porque algunos en la izquierda consideran estas divisiones de los países como una expresión irrefutable del derecho de los pueblos a la autodeterminación. En el caso de Bolivia, es claramente la reacción de la burguesía capitalista local contra los derechos de la mayoría india de la nación. Por si fuera poco, generalmente utilizan un lenguaje racista y reaccionario. El alcalde de Santa Cruz, Percy Fernández, declaró el 9 de diciembre de 2007 comentando la adopción del proyecto de la nueva Constitución por la Asamblea Constituyente que: «¡En este país, pronto será necesario pintarse y ponerse las plumas para existir!». Desde entonces, sus partidarios organizaron agresiones contra los indios quienes constituyen, hay que recordarlo, la mayoría de la población del país y son víctimas, desde hace más de cinco siglos, de la dominación de Europa y sus descendientes.

La estrategia de Washington y ciertas capitales europeas incluye todavía otro aspecto. El conflicto entre la multinacional ExxonMobil y la compañía petrolera estatal de Venezuela PDVSA, el desacuerdo entre Occidental Petroleum de Estados Unidos y PetroEcuador, una empresa pública de Ecuador, el desacuerdo entre Telecom Italia y Bolivia, etcétera. Las grandes multinacionales (sin olvidar Petrobras, de Brasil) se oponen a las decisiones de los tres gobiernos de izquierda de restaurar el control público sobre las riquezas naturales. Dichas multinacionales utilizan el tribunal del Banco Mundial (CIADI) para resolver los desacuerdos que conciernen a las inversiones. También recurren a los tribunales de comercio, como el de Londres, Amsterdam o Nueva York. Existe el riesgo de que en los próximos meses estalle un conflicto relativo a un contrato entre dos gobiernos latinoamericanos: el presidente electo de Paraguay, Fernando Lugo, que asumirá sus funciones en agosto de 2008, declaró que revisará el contrato leonino impuesto por Brasil a su país en la época en que ambos vivían bajo dictaduras militares (el contrato de Itaipú, que se remonta a 1973). Efectivamente, mientras que el precio de la energía sube fuertemente, Brasil paga un precio ridículo por la electricidad que se produce en Paraguay. Paraguay y Brasil tienen pesos económicos totalmente diferentes y Paraguay tiene toda la razón para exigir la revisión del contrato o su derogación. Este tipo de situaciones conflictivas demuestra la necesidad de los países de América Latina de salir del CIADI, como hizo Bolivia, y crear un organismo latinoamericano para resolver los litigios que surgen entre los Estados y las multinacionales (del norte o del sur) o que enfrentan a los Estados latinoamericanos entre ellos. Por supuesto, en este último caso, hay que buscar primero un acuerdo bilateral antes de recurrir a un organismo multilateral.

Los tratados de comercio entre los pueblos

En oposición a los tratados de libre comercio que firman algunos países de América Latina con Estados Unidos o la Unión Europea, merecen destacarse los nuevos acuerdos que se firmaron entre los gobiernos de Venezuela, Bolivia y Cuba. Hay que citar, por ejemplo, los 20.000 médicos cubanos que van a trabajar voluntariamente en Venezuela para proporcionar medicina gratuita, prioritariamente en los barrios pobres, o las 40.000 operaciones de cataratas u otros problemas oftalmológicos, de las que se beneficiaron gratuitamente los ciudadanos venezolanos en hospitales cubanos. A cambio, principalmente en forma de trueque, Venezuela proporciona petróleo a Cuba. El mismo tipo de acuerdos se aplica entre Venezuela y Bolivia.

En conclusión, las experiencias que se llevan a cabo en estos países son muy diferentes de la imagen caricaturesca y negativa que presentan la mayoría de los medios de comunicación. Los procesos en curso son complejos y a veces contradictorios, los retrocesos son posibles, incluso probables; quizás los gobiernos no puedan llegar lo suficientemente lejos en las transformaciones políticas y sociales a favor del pueblo. La desestabilización orquestada por las clases dominantes locales y Washington puede ralentizar el proceso en curso. Con la agresión de Colombia a Ecuador en marzo de 2002, está claro que Bogotá y Washington están dispuestas a utilizar el arma de la guerra contra los regímenes de Quito y Caracas.

Uno de los aspectos destacados que no hemos podido analizar en este artículo es la debilidad del control de los productores sobre el conjunto del proceso de producción (lo que se llama, en la tradición del movimiento de los trabajadores, el control obrero y la autogestión).

*Eric Toussaint, doctor en Ciencias Política por las Universidades de Lieja y París-VIII, presidente del CADTM (Comité para la Anulación de la Deuda del Tercer Mundo) Bélgica, autor de La bolsa o la vida. Las finanzas contra los pueblos. CLACSO, Buenos Aires, 2004. cadtm@skynet.be

Fuente: CADTM – 28.07.2008