En el marco de un prolongado conflicto gremial, el 4 de abril de 2007, docentes nucleados en la Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén (ATEN) se movilizaron hasta el paraje Arroyito, a 45 Km de la capital provincial, con el propósito de realizar un corte en la intersección de las rutas nacionales 22 y 237.

El gobierno provincial, que en los días previos había anunciado que no permitiría el corte, montó un fuerte operativo de seguridad en la zona con grupos de combate y camiones hidrantes. Al llegar al lugar y percatarse de la magnitud del operativo policial los docentes optaron por retirarse sin efectuar el corte programado. Sin embargo, esto no evitó que fueran reprimidos con balas de goma, gases lacrimógenos y agua.

Ante el desmesurado accionar policial, los manifestantes se replegaron en una estación de servicios cercana en donde también fueron atacados por efectivos de la policía provincial, quienes incluso persiguieron a algunos docentes que intentaban guarecerse en chacras aledañas.

Luego de un breve intervalo, los docentes lograron reagruparse y marchar juntos por la ruta 22 en dirección a la localidad de Senillosa, algunos caminando y otros en automóviles, para emprender desde allí el regreso a Neuquén. En ese momento se produjo una nueva e injustificada represión policial.

El profesor de química Carlos Alberto Fuentealba se encontraba huyendo del lugar en el asiento trasero de un automóvil cuando recibió el impacto de un cartucho de gas lacrimógeno lanzado a corta distancia. El proyectil rompió la luneta trasera del automóvil e impactó en la cabeza del profesor, produciéndole fractura y hundimiento de cráneo. Carlos Fuentealba, de 41 años de edad y padre de dos hijos, falleció al día siguiente.

El juez interviniente Cristian Piana resolvió dividir la investigación en dos causas. En una de ellas se investiga la responsabilidad material por la muerte de Fuentealba, y en la otra la responsabilidad penal de funcionarios jerárquicos y políticos, y del resto de los efectivos que participaron, por la brutal represión en Arroyito.

El sargento Poblete, integrante del Grupo de Operaciones Especiales de la policía de Neuquén (GEOP), fue detenido dos días después del hecho al haber sido señalado por testigos, algunos de ellos compañeros de la fuerza, como el autor del disparo mortal. Un estudio pericial determinó que el cartucho de gas lacrimógeno que hirió de muerte a Fuentealba había sido disparado por la escopeta que utilizó Poblete el día de los hechos. Asimismo, otro peritaje concluyó en que el docente recibió el impacto a menos de 7 metros de distancia, cuando esas armas deben usarse a 70 metros del objetivo.

El sargento Poblete fue designado para participar del operativo policial pese a tener dos condenas judiciales anteriores por malos tratos contra personas privadas de su libertad. En 1997 recibió la primera condena de un año de prisión en suspenso y dos años de inhabilitación por apremios ilegales contra un detenido. En aquel momento Poblete fue separado preventivamente de la institución policial, pero regresó un año después. El 23 de diciembre de 2006 la Cámara Penal de Zapala lo condenó a dos años de prisión de cumplimiento efectivo y a cuatro años de inhabilitación por haberlo encontrado culpable del delito de vejaciones contra un detenido en la alcaldía de esa ciudad. La defensa del policía apeló la sentencia condenatoria al Tribunal Superior de Justicia y Poblete siguió en actividad.

En el mes de noviembre el juez Piana resolvió elevar a juicio oral la primera causa por el homicidio de Fuentealba. En el juicio, que se estima tendrá lugar durante el primer semestre de 2008, el sargento Poblete será juzgado acusado de homicidio doblemente calificado por su condición de policía y por haber actuado con alevosía en su ejecución.

Con respecto a la causa en la que se investigan las responsabilidades penales de funcionarios jerárquicos y políticos, el 6 de julio los fiscales Richard Trincheri, Mauricio Zabala y Horacio Alberto Maitini formularon requerimiento de instrucción contra el ex subsecretario de seguridad Raúl Pascuarelli, el ex jefe de la policía provincial Carlos David Zalazar y otros 20 policías, entre los que se encuentran los más altos mandos de la fuerza al momento de los hechos.

*Este artículo es una síntesis del apartado correspondiente al homicidio de Carlos Fuentealba, incluido en el Capítulo V -elaborado por Marcela Perelman y Gerardo Fernández- del Informe Anual 2008 del CELS. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) es una organización no gubernamental que trabaja desde 1979 en la promoción y protección de los derechos humanos y el fortalecimiento del sistema democrático en Argentina.

Fuente: [color=336600]CELS – 01.04.2008[/color]