Existen conflictos que expanden los bordes de la institucionalidad democrática y otros que ponen en peligro los escasos avances del proceso de democratización iniciado en 1983. El conflicto que protagonizan el Gobierno y los sectores capitalistas del campo se ubica en la segunda categoría. Los cortes de esta tercera etapa del conflicto son más complejos que los primeros. Es lógico que así sea pues pasó tiempo, se suman frustraciones, se polarizan las posiciones y circulan agravios por todos lados. Las diferencias se registran en muchos niveles, los sentidos de las acciones difieren entre un corte y otro. Entre aquel donde predominan pequeños productores que suman tierras en arriendo a unas pocas hectáreas propias y los otros que se encuentran alrededor de las grandes empresas sojeras, los grandes tambos o los terratenientes ganaderos de Buenos Aires.

En las zonas mixtas (agrícola-ganadera) se reconoce la legitimidad del reclamo ganadero aunque, según con quién se hable, muy diferentes son las porciones de la ganancia que se llevan los distintos sectores en los eslabones de la producción. Pero todos reconocen que el sector rural trabaja mucho más para ganar lo mismo o menos que los sectores comercializadores. Otro tanto pasa con los tambos y se podría sumar cada una de las problemáticas de los cultivos agroindustriales. Cada vez, la diferenciación social interna de los distintos tipos de productores de una misma actividad es mayor y, por otro lado, se acentúan las asimetrías con los otros agentes económicos de los eslabonamientos agroindustriales.

Ya no existe un solo y fuerte elemento que aglutine los reclamos como en los primeros días del paro. Cada vez salen más reivindicaciones particulares. El interrogante es si esas diferencias de situaciones económicas, posicionamientos sociales, tienen correlato en los discursos políticos o si tienden a la homogeneización a partir del eufemismo “gente de campo” o por la profundización del conflicto.

Los discursos de los dirigentes de las cuatro entidades se esfuerzan por mostrar problemas comunes y por guardar un mismo tono bastante mesurado en relación con la democracia y legitimidad del Gobierno (aunque éste lo ponga en duda). Es decir, no se les oyó decir a los ruralistas que el conflicto intenta desconocer el plazo de mandato gubernamental. Por el contrario, las narrativas de los productores son muy diferentes entre sí. Se puede escuchar desde el respeto incondicional a la institucionalidad y a la figura de una mujer en el Gobierno, hasta deslizamientos claramente antidemocráticos de algunos grupos de grandes productores de las regiones más ricas. Es de marcar que la “masculinidad” del campo pampeano se siente irritada frente a una mujer en la máxima autoridad y se expresa mediante un “supuesto humor” de carteles y pancartas.

En las zonas donde prevalecen la gran propiedad o grandes pools de siembra, la duda que circula es si los productores están solos o están acompañados en las rutas por los grandes ganadores del modelo sojero y del agronegocio, que comenzaron a preocuparse por esta inesperada situación generada en los últimos 80 días y que ponen en suspenso sus fabulosas ganancias. Estas diferencias en las rutas cortadas son invisibilizadas por el discurso oficial de un “solo campo”, al que pretende enfrentar y disciplinar con dispositivos en los que también se ponen en riesgo muchos logros de estos años de democracia. Se arriesga el respeto a la oposición política, a la libertad de expresión de las ideas, a disentir. La judicialización de esta o cualquier protesta significa jugar peligrosamente con el derecho a peticionar. Incluir en esta acción a políticos de oposición es correr los límites del juego político partidario. Que el Gobierno hable por un partido y un sector económico por “la sociedad”, tampoco es demasiado republicano.

Este grave conflicto, que atrapa al conjunto de la sociedad, está muy lejos de representar un dispositivo de oportunidades que conduzca a expandir derechos, democratizar la concentrada economía o lograr la soberanía alimentaria. Al contrario, emergen viejos rasgos sobre los que hemos reflexionado críticamente desde las ciencias sociales, el arte y el periodismo para poder comprender la responsabilidad que le cupo a la sociedad civil en los períodos ominosos de nuestra historia reciente. Para llegar a buen puerto existe una variedad de soluciones técnicas y una masa de conocimiento –desperdiciado– que pueden contribuir a la cuestión impositiva y a políticas agrarias, pero debemos recordar que hay una sola salida política: el respeto por la democracia, salir con más democracia.

En una recorrida de campo hallamos productores que no apoyan al paro, así como suponemos que existe mucha gente en las ciudades que no apoya las medidas del Gobierno, ni su actitud de cortar el diálogo. Ese gran sector –“los tibios”, según el ministro De Vido– creo que es mayoritario. Estos y muchos otros ciudadanos tienen sentimientos encontrados, están mortificados y con temor por nuestros rasgos como sociedad. Estos sentimientos, además, se suman a los profundos sufrimientos de millones de argentinos que experimentaron la cara oscura y violenta de la expansión del agronegocio en el campo, o una inclusión marginal y empobrecida que el modelo con sus divisas millonarias le ofreció vía programas sociales, o trabajos informales de muy bajos ingresos en los mundos urbanos. ¿Tanta riqueza para esto?

* Profesora de Sociología Rural.

Coordinadora del Grupo de Estudios Rurales (IIGG-UBA).

Fuente: [color=336600]Página 12 – 04.06.2008[/color]