Argentina: La renta agraria, otra vez en el centro de la política
El conflicto superó rápidamente las razones que le dieron origen, las retenciones móviles y un esquema de cálculo que pone un techo a las ganancias extraordinarias derivadas de la creciente demanda de los mercados mundiales. Lo que comenzara como una cuestión económica merodea ahora los bordes de la crisis política.
Desde la perspectiva económico-técnica el problema esta resuelto desde hace días. El gobierno concederá más de lo que reconozca pero en su lógica de poder no puede hacerlo sin antes recuperar autoridad política. El “campo” está en general de acuerdo con las soluciones pero no puede aceptarlas sino haciendo la parodia de una negociación, porque quiere hacer valer a futuro la fuerza social acumulada.
Así el conflicto semeja cada vez más una suerte de juego de espejos, donde las conducciones enfrentadas sólo se superan a sí mismas, en un marco donde la sociedad da muestras de cansancio de tantas idas y vueltas
Una convicción comienza a instalarse, habrá un antes y un después de este conflicto. El gobierno no podrá eludir el fuerte costo político, menos aún en un marco inflacionario que ya corroe tanto los ingresos de los trabajadores y sectores populares, como los de las capas medias acomodadas, que el gobierno se muestra impotente de controlarlo. Mientras la derecha –aun carente de liderazgo y organización- ha encontrado una base social de importancia.
Los tiempos por venir serán sin duda testigos de nuevas confrontaciones
Nada es lo que parece o se dice
Las diferentes organizaciones representativas del campo (1), unificadas como nunca antes, cuestionaron las retenciones móviles no solo en defensa de sus ganancias sino como instrumento válido para desacoplar los precios internacionales de los locales y disminuir así el impacto inflacionario por suba de los precios de los llamados “bienes salarios”.
Pero esto no puede ocultar que detrás de la objeción a las retenciones móviles –y su intento de minimizarlas- están planteando un programa que erradique las restricciones al mercado exportador de carnes, granos y aceites. La eliminación de las retenciones vendrá después… No se explicita como tal pero hay también una impugnación a la intervención estatal en la economía. Se rechazan medidas reguladoras implementadas por el gobierno, por moderadas que estas sean, y la posibilidad de distribución de la renta que llevan implícitas.
A este accionar corporativo se sumó la derecha política, que vio en el lock-out agrario la posibilidad de establecer una plataforma que intenta retrotraer la situación al período anterior al 2001.
El gobierno nacional se topó con una reacción que no esperaba y buscó en todo momento defender la acción legitima del Estado por apropiarse de renta extraordinaria –como es la que surge de la excepcional demanda internacional- argumentando que esta es esencial para una política de distribución de la riqueza y lucha contra la inflación. Claro que esto es parcial, el principal cultivo sujeto a retenciones es la soja que no incide demasiado en el mercado interno en la coyuntura, aunque sí desplaza a otros cultivos y por lo tanto reduce su oferta.
Es claro además que el incremento de las retenciones tiene su costado fiscalista, una necesidad para seguir manteniendo los subsidios –si no fuera por ellos las tarifas de los servicios públicos estallarían con su impacto sobre la inflación- y hacer caja para afrontar los pagos de la deuda que, como ya se adelantó varias veces desde esta columna, crece automáticamente y sus pagos o refinanciaciones son cada vez más pesados.
Incapacidad e impericia, errores de cálculo político y de implementación técnica unificaron el frente opositor y resquebrajaron el tejido de alianzas construido en el primer período kichnerista, esto se ha reflejado también al interior del partido justicialista.
En este contexto el gobierno volcó sus esfuerzos tratando de recuperar presencia política, la reciente convocatoria al Partido Justicialista no es más que un intento de disciplinar a la tropa que da muestras de disgregación. Sin embargo cualquiera sea el resultado no sale bien parado de el, y es notorio que la figura de la presidenta se ha desdibujado. (2)
Una disyuntiva irreal
Desde el primer momento se intentó instalar en la sociedad que se trataba de una disputa entre la tradicional oligarquía agrícola-ganadera y un gobierno nacional-popular-reformista. Sin embargo no todo es como parece.
Si una virtud tiene este conflicto es que ha echado luz sobre la estructura social del campo. Los datos que surgen del Censo del 2002 muestran que su actualidad poco o nada tiene que ver con la antigua y casi feudal estructura agraria.
Los ruralistas que pueden referenciarse en la vieja oligarquía hoy forman parte de la nueva burguesía terrateniente, son accionistas de grandes sociedades anónimas o miembros de fondos de inversión. Su contrapartida, aquellos descendientes de los arrendatarioa y aparceros que dieron origen al “Grito de Alcorta” en 1912, son hoy dueños de sus tierras, explotan mano de obra -por lo general en negro-, cuando no se han convertido en rentistas alquilando sus tierras a los “pool” de siembra. Tal vez aquí este la razón oculta de esta alianza, impensada poco tiempo atrás, entre la FAA y la SR.
Es que el gran capital, sobre todo financiero, ha ingresado a la actividad agrícola-ganadera. Con los desmontes, el desplazamiento de poblaciones originarias de sus tierras ancestrales y el daño ambiental que esto supone se incorporaron millones de hectáreas de tierras fértiles y se expandió la frontera agropecuaria. La superficie cultivable creció más de un 35% y en los últimos 10 años la producción de granos pasó de 45 a 95 millones de toneladas.
En el campo argentino se verifican hoy las tendencias que adelantara el economista belga Ernest Mandel (3) en el inicio de los ’70 y que caracterizara como “industrialización agraria”. Junto con las innovaciones tecnológicas en la siembra, riego, cosecha y almacenaje se han impuesto criterios de eficiencia, productividad, competitividad y rentabilidad propios de las grandes empresas. Argentina es hoy el principal exportador de oleaginosas del mundo y junto con Brasil el mayor núcleo productivo mundial en materia de granos y aceites.
Este gobierno, que no es lo mismo que los anteriores entre otras cosas porque es resultado directo de la revuelta popular de diciembre 2001 y expresa los cambios operados al interior del bloque de clases dominantes, está montado y a su vez es impulsor de un ciclo expansivo de la economía que refleja tendencias mundiales
Hay elementos de ruptura con el pasado pero también muchos de continuidad. Por otra es evidente que el modelo “neodesarrollista” que encarna la administración kirchnerista emerge del propio seno del “neoliberalismo”, y encuentra allí parte de sus limitaciones.
Prueba de ello es la contradictoria situación de un gobierno que en la defensa de las retenciones móviles embistió contra “… la sojisización del país”, cuando si se revisan los años pasados se verá que se apoyó en el modelo sojero y lo potenció, desde la primera fase de su administración. Mas aún, en medio de las negociaciones propuso crear una suerte de junta reguladora privada controlada por… los pulpos cerealeros
Si alguna otra evidencia faltara para confirmar la existencia de vasos comunicantes: ni gobierno ni ruralistas, pusieron en el banquillo a esas cerealeras exportadoras que se llevan la parte del león del negocio granífero. Tardíamente se ha reconocido que la legislación tiene grietas que les permiten a las multinacionales eludir los aumentos en las retenciones, y la FAA se ha visto obligada a salir al cruce de las exportadoras y los “pool” de siembra.
Hay que ser muy benevolente para pensar que se trata de un gobierno de reformas: si las hay no se notan demasiado. Sólo pensar que cinco años son más que suficientes para modificar la regresiva política tributaria vigente, que es la principal traba para una redistribución eficaz de la riqueza.
El punto en cuestión
A poco que se mire por debajo de la superficie se verá que hay una confrontación que va más allá de la coyuntura y se desenvuelve sordamente al interior del bloque de las clases dominantes. Este bloque tiene la misma composición que en los ’90, entre otras cosas porque no hay como en épocas pasadas otra fracción burguesa que pugne por ingresar. No quiere esto decir que no haya burgueses nacionales, los hay pero los grandes se han transnacionalizado y los restantes no tienen entidad social ni política como para disputar la orientación del proceso de acumulación de capitales.
Sin embargo hay un elemento de ruptura, es que el comando del bloque ya no lo componen el capital financiero y las empresas de servicios públicos privatizadas, sino que ahora lo es el capital productivo: agrario e industrial. Son estos los grandes beneficiarios de la macrodevaluación del 2002 y quienes han liderado el ciclo expansivo de la economía desde el segundo trimestre de ese año.
Tras seis años de crecimiento el ciclo económico comienza a encontrar limitaciones y condicionamientos –internos y externos- producto de que no se ha hecho nada para resolver los desequilibrios estructurales históricos del capitalismo argentino. La resultante no es novedosa: reaparece la debilidad congénita del capital industrial –que no puede desenvolverse si no es al amparo de subsidios estatales- y retorna la renta agraria, con peso social y político.
En este marco lo que se está discutiendo es si la orientación futura de la acumulación y reproducción de capitales estará a cargo de una alianza industrial/agraria –sostenida en el mercado interno- o bien una alianza agroindustrial/financiera –que prioriza el modelo exportador-. La reciente solicitada de industriales, banqueros y comerciantes llamando al “diálogo”, así como la convocatoria de la dirigencia rural al acto de Rosario –que tuvo un marco multitudinario-, son muestras de como las diversas fracciones del capital, aún cuando están muchos más interpenetradas que en el pasado, comienzan a marcar la cancha.
Se trata de una disputa intercapitalista, pero cuando se la analiza en detalle se comprende que no da lo mismo quien se imponga, no vale aquí neutralidad alguna escudada es que se trata de “una lucha interburguesa”; claro que esto no habilita su contrapartida: el seguidismo a la dirigencia rural detrás del “apoyo a los pequeños productores” que defienden sus intereses pero juegan como masa de maniobra de la SR y CRA.
La forma en que se resuelva esta disputa, o que fracción/es del capital finalmente prime sobre las otras, no alterará sustancialmente el modelo en curso, pero es necesario comprender que las clases populares, particularmente los trabajadores, no pueden permanecer indiferentes en la defensa de las retenciones y la intervención estatal en la economía.
Los tiempos por venir serán sin duda testigos de nuevas confrontaciones. La crisis interburguesa abre así un resquicio para el debate y la intervención política. Una intervención que no puede quedarse en el marco reivindicativo inmediato de los trabajadores y las clases subalternas, por el contrario se trata de elaborar una propuesta que partiendo de esas reivindicaciones y una defensa irrestricta de las libertades democráticas contenga transformaciones profundas que abran una perspectiva decididamente anticapitalista.
*Integrante del colectivo EDI-Economistas de Izquierda
Fuente: [color=336600]La Haine - 30.05.08[/color]