Aún hoy, luego de 5 años de kirchnerismo y más allá de los discursos, nuestro país continúa sosteniendo un sistema de recaudación impositiva profundamente regresivo. En ese esquema los más pobres continúan aportando un porción de sus ingresos mucho mayor a la que destinan los sectores más ricos (y principales beneficiarios del actual modelo). De esa manera, en lugar de favorecer una mejor distribución de la riqueza, la estructura de recaudación de impuestos continúa acentuando y sosteniendo la desigualdad.

La recaudación de impuestos sigue teniendo su principal bastión en los impuestos al consumo. En 2007 casi el 42 por ciento de todos los ingresos del Estado (nacional y provinciales) provenían de la imposición a las diversas formas del consumo. En particular, el impuesto al valor agregado (IVA) se lleva las palmas aportando el 26,2 por ciento de la recaudación total.

Es cierto que en 1998, por ejemplo, la participación de los impuestos al consumo llegaba al 53,3 por ciento del total. Sin embargo, ya sabemos que no ha habido una reforma tributaria en serio en Argentina. La mayor parte de las mercancías de consumo (cada vez más) están gravadas fuertemente con el IVA al 21 por ciento y otros impuestos.

Entonces, ¿qué puede explicar ese cambio? Básicamente, la fuerte reducción que el consumo (en particular, el consumo popular) ha tenido en el ingreso total. Efectivamente, en el actual modelo de acumulación el consumo representaba en 2007 sólo el 71,5 por ciento del ingreso total, mientras que en 1998 era equivalente al 81,5 por ciento. Este es el resultado de la fuerte reducción que ha habido en el peso que tienen los ingresos de las trabajadoras y los trabajadores. El estancamiento en la participación de los salarios en el ingreso da cuenta tanto de la caída relativa en el consumo como de la reducción relativa en la recaudación de impuestos sobre el mismo.

Por el contrario, el impuesto a las ganancias representó en 2007, sólo el 18,5 por ciento del total de lo recaudado y algo más que el 15,2 de 1998. De ese total, un porcentaje muy bajo (5,3 en 2007) se explica por el pago a las ganancias personales; en la Unión Europea, por ejemplo, esos impuestos explican el 26 por ciento del total recaudado. Esto significa que los más ricos en Argentina pagan poco y nada de impuestos.

Lo escandaloso de las cifras aumenta si tenemos en cuenta que, a la par de la caída en los salarios, se ha producido un fuerte expansión en la masa de ganancias. Entre 1998 y 2003, en las 500 empresas más grandes, las ganancias pasaron del 24 al 28 por ciento del valor agregado neto, llegando a 35 para 2004, última cifra disponible. La contracara ha sido que las ganancias que en 1998 representaban el 57,6 por ciento de la masa salarial (incluyendo contribuciones a la seguridad social) llegaron a representar en 2004, 150 por ciento de esa masa. En tal contexto, si bien los impuestos a las ganancias empresariales, entre 1998 y 2007, aumentaron un 29 por ciento la participación en la recaudación total, esas ganancias aumentaron un 50 por ciento o más en la etapa.

Estos elementos constituyen la esencia del sistema tributario argentino, representando cerca del 60 por ciento del total de la recaudación. Su estructura global y sus características particulares se mantienen sin modificaciones sustanciales, reforzando la regresividad del sistema de recaudación de impuestos.

Frente a la contundencia de las continuidades, el principal elemento que ha cambiado en la estructura de impuestos ha sido la re-creación del sistema de retenciones a las exportaciones. Su recaudación en 2007 alcanzó los 20. 400 millones de pesos, es decir sólo el 8,5 por ciento de la recaudación. Este es un impuesto que tiene un sesgo progresivo, pero en un contexto de creciente aumento en los precios de los productos de exportación (59 por ciento entre 1998 y comienzos de 2008), apenas si ha moderado el aumento en la desigualdad social. Por eso, a pesar del incremento en las retenciones, los alimentos aumentaron en más de un 55 por ciento desde mayo de 2003.

Por otra parte, el sistema de retenciones se encuentra hoy concentrado solamente en las rentas extraordinarias del agro y parte de la producción petrolera, pero no hacen mella en las rentas de la producción y exportaciones de minerales. Unos 6.000 millones de dólares de exportaciones de la minería y sus manufacturas se encuentran así libres de tributos por las rentas extraordinarias, que provienen de la explotación de las riquezas naturales de nuestro suelo a bajos costos y sin consideración del daño socio-ambiental.

Luego cabe remarcar la creación en 2002 del impuesto al cheque que continúa teniendo un peso significativo en la recaudación. En 2007 representó el 6,5 por ciento de la misma. Si bien este impuesto grava algunas transacciones financieras, todavía hoy se encuentran exentas de tributación las ganancias por intereses (donde el Estado pierde unos 2800 millones de pesos al año), las ganancias de capital producto de la especulación financiera e inmobiliaria, y los ganancias resultantes de los fondos de inversión (de los cuales los pools de siembra son el ejemplo más evidente).

Un último elemento del sistema impositivo marca una severa continuidad estructural. El sistema de impuestos de Argentina se caracteriza por prácticamente no gravar la propiedad inmobiliaria. En efecto, mientras en 1998 la suma del impuesto a los bienes personales y el impuesto inmobiliario equivalía a 4,2 por ciento de la recaudación total, en 2007 ese guarismo se redujo a un ridículo 2,6! Si este hecho lo enmarcamos en el boom de precios de inmuebles y propiedades está claro el sesgo regresivo que supone.

Esta estructura tributaria regresiva se superpone a una esquema de gasto que privilegia los subsidios directos e indirectos al gran capital y el pago de la deuda pública, por sobre las necesidades inmediatas de los que menos tienen. Para ejemplo basta un botón: en 2007 el Estado argentino subsidió indirectamente al gran capital en unos 3800 millones de pesos por regímenes de “promoción económica” y pagó 16.000 millones de pesos en intereses de la deuda pública. Sin embargo, el gasto en los planes Jefes y Jefas de Hogar y Plan Familias, que se supone deben atender a los hogares más necesitados, se mantiene congelado en torno a los 4.000 millones de pesos desde 2002. No parece ser esta una estructura tributaria popular, ni siquiera progresista.

Fuente: [color=336600]Prensa De Frente – 21.07.2008[/color]