Ante esta situación, se han instalado distintos mitos: que hay que consumir menos, ser precavidos, que hay que convencerse de que vendrán tiempos difíciles y renunciar a derechos adquiridos, porque en una crisis lo que menos se puede hacer es continuar con el ritmo de vida que se llevaba, etcétera.
La crisis se gestó en los países centrales, y no en los periféricos, aunque sin duda éstos sufrirán los efectos del menor poder de compra de esas economías centrales. Sin embargo, se instaló la percepción de que la economía argentina y la personal de cada ciudadano pasaron de la cima al abismo, de un día para el otro.
Hay variados ejemplos de esta situación, pero el más claro es el de la industria automotriz, que de festejar hasta septiembre del 2008 los incesantes cumplimientos de récords históricos de ventas de automotores, ya declaraba el colapso de la producción automotriz un mes después.
Sin minimizar los verdaderos problemas que a futuro enfrenta esta industria, puede pensarse que el cambio de expectativas resultó extremadamente abrupto.
Una de las primeras respuestas de las empresas frente esta dificultad fue ajustar por el lado de los trabajadores. En muchos casos se morigeró este efecto perverso, pero ello se logró con beneficios o exenciones impositivas o previsionales para las grandes terminales.
Ante esta actitud cabe preguntarse qué sucedió con las ganancias generadas en este período récord. Resulta altamente improbable que se desvanecieran en el aire; la respuesta más aceptable es que continúa en pie la máxima neoliberal de determina que las utilidades no se discuten.
Y esta concepción de ganancias intocables pretende instalar otro de los mitos que, a mi entender, es uno de los más preocupantes, pues establece que para defender el trabajo hay que aceptar reducciones, congelamientos salariales o, en el mejor de los casos, el diferimiento de las paritarias, apremiando a los trabajadores a ser muy cautos en sus reclamos.
Desde el punto de vista ideológico, este mito logra poner en discusión los niveles salariales para no afectar las ganancias. Desde el punto de vista económico, la proposición se niega a sí misma.
Porque la mejor forma de defender el trabajo es fomentar la demanda, para que ésta sostenga la producción, y las empresas puedan mantener salarios y empleo.
Si el mito se convierte en realidad y los salarios caen, tanto en términos nominales como en términos reales, se produce una disminución de la demanda, y de esa forma se genera una situación procíclica, que suma un efecto negativo a los que ya se evidencian por la crisis mundial.
De lo que se trata es, precisamente, de generar conductas anticíclicas, que defiendan la producción y por lo tanto el empleo.
La necesidad de aplicación de políticas anticíclicas lleva al análisis de las medidas implementadas por el Gobierno nacional en un paquete que se denominó “mantenimiento del empleo y fomento del trabajo”, el cual irá evolucionando en el tiempo de acuerdo con las necesidades de la economía, según las declaraciones de la Presidenta de la Nación.
Respecto de este plan, que está conformado por una serie de medidas anunciadas en distintos momentos, me parece altamente interesante analizar las ideas de políticas económicas que lo surcan, más allá del impacto que pueda tener en la economía, que aparenta ser promisorio.
La primera cuestión general a evaluar es que este plan muestra un cambio significativo en el manejo de la economía, comienza a aparecer el Gobierno interviniendo en forma decidida, aplicando políticas activas y de acuerdo con un plan de fomento.
Todavía falta avanzar mucho en el diseño de una verdadera política de fomento productivo, que permita establecer los lineamientos a largo plazo, genere condiciones de previsibilidad y fomente la inversión en las empresas privadas (aun en momentos tan cambiantes como el actual, la previsibilidad puede estar en la posibilidad cierta de recibir ayuda estatal en los momentos de dificultades).
El plan en marcha se orienta en esta dirección.
Tres son las herramientas de política económica que me interesa analizar. La primera de ellas es la condición de mantenimiento del empleo que es impuesta a las empresas para recibir los distintos subsidios y beneficios de los programas. Esta decisión indica atar una promoción otorgada por el Estado a un compromiso de la empresa que excede el objeto del subsidio, pero que genera una ganancia para toda la sociedad. Si bien esta cuestión parece obvia, no existió en los pocos instrumentos de promoción de gobiernos anteriores, y por ello es un paso adelante.
La segunda herramienta que se está utilizando en este plan es la segmentación de políticas, favoreciendo a determinados sectores y actividades, en general intensivos en mano de obra, y enfocadas hacia las pymes.
Varios son los ejemplos que merecen ser mencionados: uno de ellos es el régimen especial de regularización del empleo no registrado, que se orienta prioritariamente a las pymes dado que otorga beneficios al empleador que regulariza hasta diez trabajadores.
Otro ejemplo es el programa de obras locales de acción inmediata, en especial viviendas, que forma parte del Plan Estratégico de Infraestructuras; este programa posee un impacto económico en el corto plazo y potencia el fuerte efecto multiplicador de la construcción, dado que estas obras serán ejecutadas exclusivamente por pymes y cooperativas, con una gestión descentralizada del Gobierno nacional y un impacto específico a nivel local.
Otro ejemplo es la prórroga del régimen de inversión y promoción a la industria nacional de bienes de capital y maquinaria agrícola, que si bien no posee normas específicas de segmentación, está orientada a un sector integrado fundamentalmente por pymes, pues más del 90% de las empresas que han sido beneficiadas en años anteriores poseen esta característica.
Sin embargo, esta segmentación se encuentra ausente en la definición de la moratoria impositiva; en el caso de las pymes la moratoria puede quitar una mochila de deudas fiscales que aún muchas de ellas arrastran como herencia de la crisis del 2001, bajo un sistema impositivo que no es amigable para este tipo de empresas.
Por el contrario, resulta discutible el beneficio de otorgar el perdón impositivo a los grandes empresarios y conglomerados que no han cumplido con sus obligaciones, situación que no fue resultante de una estrategia de subsistencia como lo fue para muchas pequeñas empresas.
La tercera herramienta de política económica que deseo resaltar es la intervención del Estado en la orientación del crédito otorgado por los bancos hacia actividades y sectores específicos, utilizando el fondo de garantía de la Anses.
Es el caso de las licitaciones de plazos fijos de la Anses que se dedican a financiaciones orientadas a fomentar el consumo, la inversión y prefinanciar exportaciones. Esta modalidad implicó un fuerte cambio en el mercado de capitales, que estaba sustentado principalmente por las AFJP, que disponían sus operaciones según los rendimientos.
Ahora opera el Estado con un concepto diametralmente opuesto: se invierte para generar crédito a tasas accesibles, regulando las tasas de interés de operaciones específicas, y redireccionando el crédito hacia los bancos que ofrezcan aplicarlo según el plan del Gobierno y a las tasas más bajas.
Además, esta participación estatal brinda una señal valiosa para que el mercado financiero comience a bajar las altas tasas de interés por préstamos que existen en la actualidad.
Como se expresó, el diseño conceptual de las políticas es muy favorable, aunque adolece de una característica que debería orientar la elaboración de estas medidas, que es la suficiente discusión con los distintos sectores de la sociedad, en un diálogo que debe incorporar nuevos actores sociales y políticos con un claro sentido de la amplitud.
Hay que enfrentar esta situación con un mayor protagonismo popular, condición indispensable para que los problemas macroeconómicos se resuelvan a favor de las grandes mayorías, priorizando a los sectores más vulnerables y afectados.

*Presidente del Banco Credicoop

Fuente: [color=336600]El Argentino - 19.01.2009[/color]