Ahora le toca a los moradores de las villas miseria de Río de Janeiro, que serán cercadas por muros de concreto de tres metros de altura. Anunciado por las autoridades municipales, esa es su política urbana para las favelas: en una primera etapa levantarán unos quince kilómetros de muros para impedir la expansión de trece comunidades. El gobernador del estado de Río, Sergio Cabral, defensor de la política de “enfrentamiento total” contra el crimen –que resultó en la legalización del gatillo fácil de la policía, con docenas de favelados muertos en confrontaciones que jamás ocurrieron, o sea, a sangre fría–, asegura que no serán muros de exclusión social, sino de inclusión. No explica qué inclusión puede nacer del aislamiento de la población de las favelas, pero promete apoyo total. Es un entusiasta de la política de su protegido, el alcalde Eduardo Paes. La medida desató una polémica intensa. De un lado están los que defienden la necesidad de poner un límite a la expansión de esas barriadas de gente pobre y trabajadora, que vive bajo dos tipos de control. Uno es el tacón del narcotráfico. Otro, el de las milicias paramilitares, creadas con el argumento de que defenderían a la población de los abusos y excesos de los traficantes. En esas áreas, la presencia del poder público se da exclusivamente con una policía corrupta y violenta.

Del otro lado de esa polémica están los que entienden la iniciativa como una forma de marginar aún más a los marginados, creando guetos de segregación social, y que hay que buscar alternativas. Asociaciones de moradores de favelas de Río admiten la necesidad de poner un límite a su expansión, pero rechazan la idea del muro. Piden que se encuentre otra forma.

En Río de Janeiro existen mil favelas, que abrigan alrededor de un millón y medio de habitantes. Son construcciones irregulares, sin acceso a servicios básicos de higiene, frecuentemente levantadas sobre zonas de riesgo de derrumbe, ocupando terrenos públicos de forma descontrolada. En muchas de las favelas, principalmente en la zona sur –la parte más rica de la ciudad–, existen edificios de cinco o seis pisos, y hay casos de construcciones que llegan a diez pisos.

Casi todas son dominadas por el narcotráfico o por la milicia. Unos y otros controlan el transporte alternativo, la distribución de gas, la instalación de televisión por cable, la red eléctrica clandestina, la seguridad de los comerciantes locales, la venta y alquiler de los inmuebles. Autorizan reuniones, patrocinan bodas y funerales, distribuyen medicinas y juguetes, celebran fiestas y controlan el tránsito de personas y vehículos. O sea, son el verdadero Estado dentro de áreas abandonadas por el poder público.

En comunidades así serán implantados los muros. Curiosamente, los primeros 15 kilómetros de muros fueron programados para favelas que poco expandieron su área a lo largo de los últimos diez años: su crecimiento más fuerte fue en el sentido vertical, con la construcción de edificios. Inocente coincidencia: de las trece elegidas, doce están en la zona sur, algunas en los barrios más nobles de la ciudad, como Gávea, Leblon e Ipanema. Se calcula que en ellas vivan alrededor de 190 mil personas.

Entre los que defienden la barrera física alrededor de las favelas hay argumentos razonables (impedir que se siga devastando sin frenos las matas y destrozando el medio ambiente). Pero también están los que aseguran que la expansión de los pobres desvaloriza sus inmuebles, que pagan impuestos altísimos justamente por encontrarse en zonas privilegiadas. Los pobres son feos y ruidosos, y se multiplican rápidamente. La belleza y el confort tienen un precio. Para los que defienden ese argumento, nada más incómodo que ver un pobre en su zona de privilegio.

Dicen las autoridades que la expansión desmesurada impide que se planifiquen servicios de salud, de saneamiento básico, de suministro de agua y colección de basura en las favelas. Es verdad, pero los moradores de esas comunidades preguntan por qué esos mismos servicios no son regularizados en las zonas que ya existían antes de la expansión.

No hay respuesta. Y es que el verdadero problema es otro: el poder público olvidó a las favelas. Sus moradores dependen del humor de los narcotraficantes o de la policía. No hay políticas públicas, no hay programas sociales, no hay reglamentación de las construcciones, no hay limites para la ocupación de los terrenos dentro de reglas de protección ambiental y que propicien seguridad y servicios básicos a sus habitantes.

La gente de esas comunidades es rehén de los bandos de narcotraficantes o de una policía corrupta y descontrolada, o sea, el morador de la favela es rehén del abandono del poder público.

Que ahora, en fin, se hace presente para anunciar su plan redentor: muros para marginar a los marginados e impedir que su zona abandonada siga creciendo.

*Escritor y periodista. Desde Río de Janeiro

Fuente: [color=336600]Página/12 - 28.04.2009[/color]