Las propuestas de De Narváez advirtiendo que la salida a la crisis era el ajuste de la obra pública son compatibles con la propuesta de Prat Gay de volver al Fondo Monetario, mientras demagógicamente se exigía un subsidio universal por hijo.

La oposición acelera su embestida al rumbo iniciado en mayo del 2003, que privilegió la unidad latinoamericana y la ruptura con la tristemente célebre doctrina de las “relaciones carnales” con los EE.UU. que implementó la política de memoria, verdad y justicia; el mejoramiento de la Corte Suprema; la recomposición de un modelo productivo orientado al mercado interno; el gradual desmantelamiento de la institucionalidad neoliberal (como la aún poco valorada estatización de las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones, o la recuperación de Aerolíneas Argentinas); la restitución de derechos a nuestros jubilados. Está claro que se proponen bloquear los nutrientes de un proyecto de país orientado a la dignidad de todos; a la reforma de la heredada Ley de Radiodifusión; al derecho de percibir rentas extraordinarias como medida de justicia distributiva entre otras cuestiones. Más allá de las insuficiencias y contradicciones del Gobierno, las críticas de la derecha económica y política apuntan contra las medidas orientadas a la justicia social de una gestión que deberá ahora repensar las alianzas sociales y políticas que hagan viable la profundización del rumbo iniciado en el 2003.

Si alguien tiene claro este panorama y lo que está en juego, son las grandes corporaciones económicas y sus voceros políticos.

La Asamblea Restauradora de la Mesa de Enlace que se llevó a cabo en la Sociedad Rural, con la entusiasta participación de Francisco De Narváez, dejó en el aire un rosario de exabruptos que son inadmisibles en un país democrático. La reivindicación apologética del apellido Martínez de Hoz deja planteada negro sobre blanco la posición de una fracción social cuyo programa económico es el mismo que el de la dictadura genocida.

En una dirección convergente se ha expresado la Asociación Empresarial Argentina, cuyos puntos reivindicativos son patéticamente consistentes con el paradigma neoliberal.

Exigen el diálogo “entre la dirigencia política y empresarial”, advirtiendo que las inversiones solo llegarán en la medida en que se respete “el derecho de propiedad de las empresas sobre sus patrimonios y sus ganancias”, defendiendo el principio de rentabilidad como “el motor de todas las inversiones productivas”, mientras se reclama “libertad de precios (...) ya que éstos establecen los incentivos” de la inversión. Complementariamente se plantan frente a la discusión sobre salarios sosteniendo que “la prioridad de los trabajadores, el Estado y los empresarios debe ser preservar los empleos y las fuentes de trabajo”. La rentabilidad empresaria, la libertad de precios y la inconveniencia de discutir salarios se complementa con una “carga razonable y repartida equitativamente”, lo cual no sería contradictorio con “hacer una reducción a las retenciones de los productos agropecuarios”. El paraíso neoliberal de AEA se complementa con un reconocimiento al privilegio de las empresas privatizadas a definir las tarifas de manera de “incentivar las inversiones de las empresas”.

Esta muestra discursiva nos parece suficientemente expresiva de la ofensiva restauradora de los sectores más concentrados de la economía, fuertemente interesados en retrotraer a nuestro país a los años dorados (para ellos) del neoliberal-conservadurismo.

No se trata sólo de una expresión de deseos, sino que hoy esta política se expresa inequívocamente en la Ciudad de Buenos Aires. El futuro que nos propone Mauricio Macri y su coalición política es un retorno al pasado. En ese marco deben entenderse las políticas de destrucción del espacio público –especialmente la salud y la educación– y el refuerzo de las orientaciones represivas del Estado reclutando personajes siniestros involucrados en la violación sistemática de derechos humanos.

Macri redujo en dos puntos el presupuesto educativo con respecto al año pasado, pero incrementó en 200 millones el subsidio del Estado a las escuelas privadas. Vació el presupuesto del Instituto Municipal de la Vivienda y redireccionó fondos para obras de pavimentación. De mil personas en situación de calle en un año se duplicó el número de indigentes sin techo. Para ellos, el destino es la agresión física por parte de la Unidad de Cuidado del Espacio Publico (UCEP) y la expulsión de la Ciudad de Buenos Aires, una ciudad que la derecha neoliberal conservadora piensa para pocos.

Quienes defendemos los valores de la justicia, sostenemos la necesidad de generar políticas de redistribución progresiva del poder, la riqueza y el conocimiento. Impulsamos el reconocimiento de lo diverso. Defendemos modelos de participación ciudadana en la construcción de las políticas públicas, apuntando a una democracia sustantiva. O sea, lo contrario del programa de la Mesa de Enlace, la Asociación Empresarial Argentina y los políticos que hacen de patético partenaire de esos intereses minoritarios. La pregunta que debemos hacernos es, a la vista del análisis histórico y de la actualidad de la Ciudad de Buenos Aires, de qué lado estamos. El progresismo en todas sus variantes tiene una responsabilidad histórica, no puede ser el vagón de cola de un tren que nos conduzca a un modelo de injusticia, privilegio e impunidad que empujan los sectores neoliberal-conservadores. Los próximos dos años dirán si estuvimos a la altura de los desafíos por los que nuestras bocas se llenan de palabras.

*Diputado electo por la Capital.

Fuente: [color=336600]Página/12 - 02.08.2009[/color]