No debe extrañar entonces que el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, creado justamente en 1958 con el objetivo de dinamizar la función de las cajas de crédito, encabece una nueva y amplia campaña de difusión con miras a impulsar esos objetivos. «Más crédito, mejores tasas y cobertura universal» son los lemas que se encarnan hoy en una propuesta concreta y viable: el proyecto de ley de Servicios Financieros para el Desarrollo Económico y Social.
La iniciativa presentada en el Congreso Nacional por el dirigente cooperativo y diputado Carlos Heller y el bloque Nuevo Encuentro Popular y Solidario, apunta al corazón de los privilegios y distorsiones de la normativa impuesta por José Alfredo Martínez de Hoz en 1977, durante la última dictadura militar, aún insólitamente en vigor. Por eso el IMFC apuesta a recolectar un millón de firmas y garantizar el mayor número de adhesiones de asociaciones, instituciones de la economía social y personalidades en todo el país, con la convicción de que el proyecto surge como una herramienta insoslayable para desconcentrar la economía y mejorar la distribución de la riqueza y los ingresos.

Tradiciones y deformaciones

La iniciativa de Heller «recoge la tradición del movimiento cooperativo de crédito liderado por el Instituto, que a lo largo de más de medio siglo ha impulsado la construcción de entidades financieras solidarias, bajo la consigna “El dinero de los argentinos en manos argentinas”, y tiene que ver con el modelo de país, más justo y más equitativo, que nos proponemos construir», dice Edgardo Form, gerente general del IMFC.
Frente a esa meta, el sistema financiero se caracteriza hoy «por una fuerte concentración y extranjerización; por el desarrollo de las regiones ricas, en detrimento de las más pobres; por la baja creación de dinero; por la escasa financiación a las pymes; y por la alta rentabilidad de los sectores minoritariamente beneficiados», afirmó el dirigente cooperativista Gustavo Nagel, en una charla que ofreció en Bariloche.
Rubén Masón, presidente de la Federación Argentina de Cooperativas de Consumo Ltda. (FACC, una de las entidades que expresaron públicamente su adhesión al proyecto), coincide a su vez con la calificación de «servicio público» que se busca otorgar a la actividad financiera. Apoya también el propósito de establecer un régimen normativo concebido a partir de las necesidades transaccionales de los usuarios en materia de ahorro y de crédito.
Las entidades financieras, según el proyecto, deberán destinar en forma directa o indirecta a las micro, pequeñas y medianas empresas y al crédito hipotecario para vivienda no menos de 43% del total de su financiamiento al sector privado, y 2% a los microemprendimientos. «Estos son algunos de los puntos que más molestan a las grandes entidades bancarias y fracciones de la oposición política», dice Heller.
«Una nueva ley de Servicios Financieros –sostiene el diputado– es, además de un acto de estricta justicia, el punto de partida para cambiar la historia hacia un país más justo, más equitativo, con más derechos y que proteja a los más débiles».
Según el cooperativista Nagel, «es tiempo de dejar atrás la corriente teórica monetarista de la Escuela de Chicago, que avanzó en la liberalización y desregulación del sistema financiero, concediendo amplia libertad a los bancos». En ese sentido, la iniciativa parlamentaria tiene entre sus objetivos impulsar el financiamiento productivo general, y en particular de las micro, pequeñas y medianas empresas, así como también las necesidades de crédito para la vivienda y el consumo de los ciudadanos.
«Sin dudas, a nivel local y regional, la normativa contribuirá a facilitar el acceso a los servicios financieros. Y de este modo hará un gran aporte a su desarrollo productivo y social. Hay una enorme cantidad de pueblos del país que hoy carecen de esa asistencia», acota el diputado nacional Martín Sabbatella, del partido Encuentro por la Democracia y la Equidad (EDE), quien respaldó con su firma el proyecto de ley.
Precisamente, dos enfoques esenciales que caracterizan al proyecto son: la definición de la actividad financiera como un servicio público y el acento en las necesidades de los usuarios, especialmente en el crédito a las pymes, principales generadoras de puestos laborales.
Pero también los derechos de los usuarios están contemplados en la propuesta, ya que establece la obligación de instrumentar un departamento de atención a usuarios. Para que se aplique esta exigencia se instituye la creación de la Defensoría del Usuario de Servicios Financieros en el ámbito del Banco Central, cuya misión consiste en la defensa y protección de sus intereses frente a los actos de las entidades financieras.
Además, dispone límites precisos a la concentración del sistema, a través del monitoreo de medidas orientadas a defender las condiciones de competencia. Ninguna entidad financiera privada podrá tener una participación en el conjunto del sistema financiero superior al 10%, tanto en el total de los depósitos provenientes del sector privado, como en el total de préstamos otorgados al sector privado.
En cuanto a la diferenciación entre entidades nacionales y extranjeras, se incorporan criterios más restrictivos para la actuación de las entidades de capital externo en el sistema local. Aquel banco que tenga más de 30% de capital de origen extranjero, o cuya decisión prevalezca en las asambleas de accionistas, será considerado como extranjero. Por otro lado, el Poder Ejecutivo sólo autorizaría las nuevas inversiones externas en el sector, contemplando restablecer el criterio de reciprocidad.

Poner límites

La iniciativa de Nuevo Encuentro Popular y Solidario, cuyo tratamiento ya comenzó en el Parlamento, a través de distintas audiencias, tiene plena coincidencia con la Propuesta del IMFC para construir un país con más democracia y equidad distributiva, lanzada originalmente en febrero de 2002 y actualizada en mayo de 2008.
«Debe sancionarse una nueva ley de Entidades Financieras, ya que gran parte de los problemas estructurales que afronta nuestro sistema financiero se origina en la filosofía que lo regula y cuyo pilar central es la actual ley 21.526 de la última dictadura», dice ese documento. Esa norma, añade el texto, «deja las operaciones del sistema al arbitrio de los bancos, según su respectiva política comercial. A partir de allí, las características institucionales de cada entidad son las que determinan si es la obtención de la máxima ganancia la que orienta las operaciones del sistema, como sucede en el caso de los bancos privados comerciales. O bien, si las decisiones están determinadas por el objetivo del equilibrio presupuestario, teniendo en cuenta la problemática social, como es el caso de los bancos públicos y cooperativos».
«Esta iniciativa, fundamentalmente, le pone límite a la voracidad del sector financiero y democratiza el acceso a los servicios financieros», resume Sabbatella, quien integra el bloque Nuevo Encuentro Popular y Solidario. El legislador alentó, en este plano, los esfuerzos del IMFC, dada la «importancia del acompañamiento al proyecto por parte de los pequeños y medianos empresarios, de los actores de las economías regionales y de la propia ciudadanía».
El director del Centro de Economía y Finanzas para el Desarrollo de la Argentina (Cefid-Ar), Guillermo Wierzba, destaca a su vez que el rediseño del sistema financiero nacional se propone en el proyecto a partir de dos pautas centrales:
• En primer lugar, se busca definir si el sistema financiero es un servicio público o una actividad lucrativa. Y por lo tanto, en función de qué parámetros se edificará el dispositivo legal y la regulación.
• Luego, se plantea la crucial opción entre un sistema sustentado en la autoregulación de los agentes, con mercados funcionando en el paradigma de la desregulación; u otro organizado sobre la base de la regulación de los mercados, con criterios selectivos respecto de la innovación financiera y el diseño de controles que se completan con la supervisión de los agentes.
«El proyecto de Heller opta por el servicio público y la regulación de los mercados, frente a la matriz neoliberal del dispositivo vigente», afirma el economista.
Pero la propuesta mencionada no es la única que se analiza en el Congreso ya que, tan pronto como fue formulada, aparecieron otras dos, de los diputados Gerardo Milman, del GEN, y Federico Pinedo, de PRO, respectivamente. A juicio de Wierzba, esas iniciativas «se ubican en la otra vereda», pues «no rompen con el corazón de la vigente ley 21.526, particularmente el segundo, que se encamina a extremar la actual orientación normativa».
Ante esos intentos, el titular de Cefid-Ar considera como uno de los aspectos más valiosos del proyecto del bloque Nuevo Encuentro Popular y Solidario «el abandono de la idea de que las entidades puedan efectuar toda operación que no esté prohibida, y su reemplazo por un modelo en el cual está definido taxativamente lo que las entidades pueden realizar. Cada tipo de entidad, entonces, tiene definido el marco de las actividades posibles».
Además, «el proyecto hace muy bien en fijar los límites cuantitativos de las regulaciones significativas, sin delegarlos en la autoridad de aplicación. De esta manera se garantiza la definición ciudadana acerca de la orientación del sistema financiero y se evitan las distorsiones posibles por los eventuales cambios circunstanciales de funcionarios», sostiene Wierzba.
La relevancia de los cambios propuestos en materia territorial se hace patente considerando que el crédito por habitante (según datos de 2008) es de apenas 510 pesos en Formosa y 684 en Corrientes, mientras en la Ciudad de Buenos Aires ronda los 24.400 pesos. La actividad financiera, en tanto, está fuertemente desequilibrada: los bancos extranjeros, por ejemplo, concentran casi tres de cada cuatro filiales en la Capital Federal y la provincia de Buenos Aires, contra sólo 0,12% en Formosa y 0,24% en Catamarca. Mientras, el 70% de las localidades del país no cuentan ni siquiera con una sola representación bancaria.
Wierzba interpreta que «son indicadores contundentes del desquicio que la legislación de la liberalización financiera dejó en nuestro país respecto de la distribución regional del crédito. El Fondo Compensador dispuesto por el proyecto de Heller para atender servicios esenciales apunta a modificar esta situación».
En igual sentido, «el régimen de delegación de operaciones básicas, previsto para ampliar la cobertura geográfica del sistema, promoverá la actividad financiera en zonas hoy desatendidas. A la vez, el establecimiento de capitales mínimos diferenciales por región completa la canasta de reglamentaciones de discriminación positiva hacia el interior del país, cuyos pueblos tendrán mejor atención y servicios», agrega el economista.
Otros aciertos del proyecto, según el análisis del economista, consisten en:
• Obligar al Banco Central a establecer regulaciones y exigencias diferenciadas, que ponderen clase, naturaleza jurídica, origen del capital de las entidades, ubicación regional, particularidades operativas, características de los sectores y las regiones atendidas. «Esto supone un piso alto para asegurar un adecuado sesgo pro desarrollo del sistema financiero».
• Disponer el aumento del crédito, la mejora de su estructura y el incremento de la inversión, por mayor disposición de fondos para las pequeñas y medianas empresas.
• Propender a un mejor equilibrio del balance de los préstamos entre individuos y empresas, hoy muy sesgados hacia los primeros, por la ausencia de control en las tasas de interés.
• Limitar la captación de mercado por cada banco, con lo cual «la ciudadanía estará más confiada y dispuesta a acceder a los productos bancarios, protegida por un dispositivo de defensa del consumidor, urgente de ser implementado pues hoy las prácticas abusivas son conductas más normales que de excepción».
Que la ley 21.526, de Entidades Financieras (en rigor, un decreto ley), se haya originado en la dictadura militar, no es sólo un dato histórico. «Fue parte de un modelo económico de concentración del ingreso, desarticulación industrial, de desmovilización social y caída del empleo», dice Wierzba.

La pos dictadura

«El dominio financiero –añade– fue una de las claves de la acumulación de poder económico en pocas manos. No es una casualidad que la AEA, virtual continuadora del Consejo Empresario Argentino (la institución que fue el sustento corporativo de Martínez de Hoz) se oponga al proyecto».
El caso es que con la ley de Servicios Financieros, los bancos, actualmente grandes receptores de ganancias ilimitadas, se verán obligados a renunciar a una parte de las mismas, mientras las entidades extranjeras serán exigidas de reciprocidad: no podrán establecerse en el país sin condiciones.
Wierzba remarca que «el espíritu del proyecto se distancia del paradigma mercantil, que ha sido idealizado como asignador de recursos. Por eso protege a usuarios, que reaparecen como sujetos sociales de derecho y no como meros consumidores. Además, beneficiará a los sectores más humildes, que podrán bancarizarse y gozar del crédito al ponerse límites a la actividad especulativa y facilitar la defensa ante el abuso de las grandes entidades, que fijan los precios de servicios sin control efectivo».
En síntesis, «el proyecto de Heller reubica a la ciudadanía como actor y destinatario principal, en su carácter de usuario y convoca a reconstruir una adecuada vinculación entre política y economía, pues importan más los derechos de la ciudadanía que las ganancias de los empresarios».

*Realizado por Daniel Víctor Sosa - Informe: Silvia Porritelli

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[b]Escuchando a la sociedad[/b]

El proyecto de ley de Servicios Financieros para el Desarrollo Económico y Social recoge las posturas históricas del IMFC, y lo plasma en un texto que expone a la discusión, no sólo legislativa, sino en toda la sociedad. Al ser una ley pensada desde las necesidades de los usuarios, resulta esencial conocer su opinión, así como también la de los distintos actores que participan del sistema.
La recepción de esos pareceres se realiza mediante dos vías: una es la discusión parlamentaria; la otra el debate con las organizaciones del movimiento cooperativo, sus vinculados y el público en general, en las numerosas reuniones que se están llevando a cabo para evaluar la iniciativa.
Todas estas discusiones aportaron insumos para incorporar a nuestro proyecto sin alterar su espíritu de cambio, que se refleja en: definir a la actividad financiera como un servicio público; reducir la liberalización de las operaciones; determinar normas claras para la orientación del crédito; acotar las tasas cobradas a los sectores más desprotegidos; disponer regulaciones más estrictas para los bancos de capital extranjero; y limitar la cuota de mercado que puede tener una entidad financiera privada.
A partir del análisis participativo se han realizado varias modificaciones al proyecto. Así, se decidió ampliar el cupo obligatorio de orientación del crédito al 43% del total otorgado por cada entidad, para ser aplicado a préstamos a las pymes y a créditos hipotecarios para vivienda. Se limitó además el cumplimiento de la norma sólo a aquellas entidades cuya cuota de mercado (medida por los activos totales) sea superior al 0,5%.
De esta forma se evita regular a compañías especializadas sin afectar la orientación macroeconómica, ya que quedan fuera de la obligación de orientar el crédito unas 56 entidades que hoy otorgan menos de 10% de la financiación total al Sector Privado No Financiero (SPNF).
Se estableció asimismo que la tasa máxima que las entidades pueden cobrar a las micro y pequeñas empresas y a los préstamos personales inferiores a 100.000 pesos será 20% mayor a la tasa promedio del sistema para cada línea, lo cual le otorga una mayor flexibilidad a la normativa.
A modo de ejemplo, si la tasa promedio es de 15% anual, se podrá cobrar hasta 18%. Cabe mencionar que en Chile no se permite a los bancos cobrar más de 50% de la tasa promedio del sistema; y en Francia, una tasa de interés superior a 33% del promedio es considerada usura.

Debilidades y soluciones

Por otra parte, a fin de evitar problemas sistémicos se fijó la cuota máxima que puede tener una entidad financiera en 10% del total de préstamos y depósitos del SPNF. Esta cifra puede compararse con la participación en el mercado que tienen en Estados Unidos los cuatro bancos considerados demasiado grandes, y que algunos estudiosos sugieren achicar. El JP Morgan posee 15% de los activos totales; el Bank of America, 13%; el Citi, 10%, y el Wells Fargo, 9%. El quinto banco posee 2,4%, y luego le siguen más de 1.700 bancos con participaciones menores.
La principal debilidad del sistema financiero argentino se funda en el bajo nivel de monetización del país y en la baja proporción de créditos en relación con los depósitos. El total de préstamos al Sector Privado No Financiero se mantiene en 12% del PIB, una cifra exigua si la comparamos con los datos de nuestros vecinos: en Chile es de 72,2%; en Brasil, 40,5%; en Paraguay, 22,8%, y en Uruguay, 20,1%.
De ese pequeño monto de préstamos, el 68% se concentra en la Capital Federal y la provincia de Buenos Aires, lo cual agudiza aún más la reducida financiación en el resto de las provincias.
Los servicios tampoco llegan en la medida necesaria: el 70% de las 3.451 localidades que hay en todo el país no tienen cobertura de sucursales o agencias de entidades financieras. La banca extranjera sólo se ubica en áreas densamente pobladas.
El proyecto elabora varias disposiciones para reducir los problemas de la baja bancarización en el interior, fomenta la radicación de sucursales y delegaciones y exige productos sencillos, de bajo o nulo costo, que alcancen a la gran mayoría de la población.
Esta democratización de los servicios financieros sólo será posible si el objetivo del sistema se fija en satisfacer las necesidades de los usuarios, en vez de incrementar la tasa de ganancia de las entidades, como sucede hoy en día. Este giro copernicano sólo podrá producirse con la sanción de normas con el espíritu de la ley de Servicios Financieros que se propone, y con una activa participación del Banco Central, en coordinación con las políticas de fomento que diseñe el Gobierno.

Alfredo T. García
Economista Jefe Banco Credicoop

Fuente:">www.acciondigital.com.ar]Fuente: Acción Digital - 15.11.2010