El gobernador formoseño Gildo Insfrán enarbola la política educativa como su bandera más preciada. Tanto es así que sueña con fundar una universidad agropecuaria en los alrededores de Laguna Blanca, a unos 190 kilómetros al norte de la capital provincial. Tal casa de altos estudios ocuparía parte de un predio de 600 hectáreas cedidas en 2007 –a cambio de 150 mil dólares– por sus presuntos propietarios, la familia Celía. El problema es que aquellas tierras son reclamadas por una comunidad de la etnia qom, asentada en el poblado La Primavera, cuyos integrantes mantienen desde julio un corte sobre la ruta 86. El martes hubo allí una feroz represión policial; su saldo: dos muertos –un aborigen y un uniformado– siete heridos y 25 detenidos. Lo ocurrido –casi una secuela tardía de la Campaña del Desierto– desató una ola de repudios por parte de organizaciones territoriales, políticas, de Derechos Humanos y representantes de pueblos originarios. En resumidas cuentas, semejante situación sumió al Poder Ejecutivo de Formosa en una gravísima crisis institucional, cuyas consecuencias son aún impredecibles.
Los hechos se desencadenaron a las siete de la mañana de ese día, cuando un grupo de civiles armados irrumpió en La Primavera, junto con una partida policial. Entre los primeros estaba el abogado Ariel Celía, su primo Pedro Luis y un cuñado, cuyo nombre de pila sería Orlando. Portaban escopetas y revólveres, al igual que el resto de sus acompañantes.
En aquella etapa del conflicto, los disparos fueron gatillados al aire, ante la mirada impávida de los efectivos. Ello generó corridas y, luego, una batalla campal, en la que los atacantes iniciaron un estudiado repliegue. Estudiado, porque en sus movimientos se advertía el germen de una provocación. Es que, en medio de los incidentes, un suboficial dejó caer su pistola reglamentaria sobre el pasto. No fue, por cierto, una pérdida accidental, sino un señuelo. Y al mismo tiempo, la excusa de lo que sucedería después.
Al caer la tarde de ese mismo 23 de noviembre, La Primavera fue invadida por un centenar de policías antimotines armados hasta los dientes. Habían sido enviados por el ministro de Gobierno, Trabajo y Seguridad, Jorge González, y tenían una orden de desalojo suscripta por el juez Raúl Mauriño. Su misión: recuperar la pistola extraviada, la cual, al parecer, se había convertido en una razón de Estado.
Los originarios enfrentaron a los intrusos con palos y machetes. El estampido seco de los tiros producía un repiqueteo aterrador. Unas 20 casas fueron incendiadas. El primero en caer herido con un balazo en el tórax fue el poblador Sixto Gómez; idéntica suerte corrió Samuel Garacete y otras cinco personas, entre ellas, una anciana de 69 años. Mientras tanto, a la vera de la ruta 86 quedaría el cadáver de Roberto Gómez y, junto a un alambrado, el del suboficial Eber Falcón. Dicen que éste fue atravesado por un proyectil policial; lo que se dice: “fuego amigo”. A partir de ese momento, el máximo referente de la comunidad, Félix Díaz, se convertiría en el hombre más buscado de la provincia.

El veterinario prodigioso. En su idioma, la etnia en cuestión se autodenomina qom (hombre), en tanto que el vocablo “toba” es en realidad un mote despectivo de origen guaraní, y significa “frente”, debido a que los qom solían afeitarse la parte delantera del cuero cabelludo. Por el mismo motivo, los españoles los llamaban “frentones”. A la llegada de éstos, en el siglo XVI, los qom habitaban principalmente el Chaco, y desde allí se extendían a lo largo del río Bermejo y Pilcomayo. Hacía el siglo XIX eran un pueblo predominantemente cazador y recolector, de costumbres seminómadas que marchaba en pos de sus recursos alimenticios. En la actualidad –según el censo del Indec de 2001– hay unos 60 mil argentinos que se consideran integrantes de dicha etnia, la mayoría con residencia en el Chaco y en el oeste de Formosa. Los qom que aún se mantienen en sus territorios ancestrales –como lo es La Primavera– se agrupan en comunidades rurales regidas por comisiones vecinales y con líderes elegidos democráticamente por sus habitantes.
En 1940, el Estado Nacional reconoció que la comunidad qom era la legítima propietaria de las tierras ahora en litigio, y les otorgó un título de reserva sobre unas 5 mil hectáreas de superficie. Sin embargo, la familia Celía había adquirido meses antes una parte del territorio a un hacendado cuyo apellido era Villalba. La coexistencia fue pacífica hasta 1985, cuando se titularon las tierras para escriturarlas a nombre de los originarios. En aquel trámite se otorgaron unas 100 hectáreas más por un vericueto administrativo surgido dos años antes cuando se realizaron los trabajos de mensura. En 2007, los Celía denunciaron usurpaciones por parte de la comunidad encabezada por Félix Díaz. Sería el puntapié inicial de las hostilidades. A principios de este año, la familia que se atribuye la propiedad de esas tierras realizó nuevas denuncias por usurpaciones que cayeron en manos del juez Mauriño, quien ordenó el desalojo. Ya se sabe que el gobierno formoseño –en razón a su proyecto de instalar una universidad en la zona irregularmente adquirida a los Celía– no es una parte desinteresada en el asunto.
Aún así llama la atención el ahínco con el cual, en los albores del siglo XXI, un Estado provincial se involucra en un conflicto anacrónico, propio de un western ambientado hace 200 años. Tal vez en ello haya influido la naturaleza del hombre que desde 1995 rige el destino de los formoseños.
Nacido en Laguna Blanca hace 51 años, el veterinario justicialista Gildo Insfrán ingresó a la política en 1983, al ser elegido legislador provincial. A partir de ese momento comenzaría a construir la maquinaria que años después lo catapultó en el poder. Primero como ladero del mandatario Vicente Joga, de quien fue vicegobernador entre 1987 y 1995. En las elecciones de ese año, luego de darle la espalda a su padrino político, accedió al sitial que todavía conserva, en base a una eficaz fórmula que combina pobreza, clientelismo y votos. Esto último, mediante un sistema electoral basado en la reelección indefinida y la Ley de Lemas. Lo cierto es que la Formosa de Insfrán es una suerte de feudo en plena democracia, en el que la división de poderes es una pura formalidad; tanto es así que, por caso, del total de los legisladores provinciales sólo hay un diputado opositor. Dueño de un estilo oportunista, lábil y ubicuo, Insfrán también depositó sus ambiciones políticas en el alineamiento incondicional y automático hacia quienes detentaran las riendas del poder a nivel nacional. Tanto es así que supo ser menemista ortodoxo, ferviente duhaldista e, incluso, adolfista de la primera hora, durante el fugaz paso de Rodríguez Saá por el sillón de Rivadavia. Ahora, claro, viaja en el trén del Frente para la Victoria. Tal reacomodamiento, sin embargo, no afectó su impronta autocrática en el ejercicio de la primera magistratura provincial. Prueba de ello fue, durante la tarde del 19 de noviembre, la virulenta ocupación del Colegio Nacional de Formosa por parte de la Guardia de Infantería, con el sólo propósito de restablecer la disciplina entre los adolescentes que allí cursan sus estudios. Sin embargo, el ataque del martes a la comunidad qom de La Primavera podría significar para su futuro un palmario punto de inflexión. Ello se desprende del vendaval de reacciones adversas que generó semejante violación a los derechos humanos en los sectores afines al Gobierno Nacional.

El día de la Raza. Lo cierto es que diversas voces son las que acusan al gobernador formoseño de lo sucedido para desalojar la zona adyacente a la ruta 86.
Tal fue el caso del líder piquetero Luis D’Elía, quien señaló a Insfrán como el “autor ideológico indiscutible de la masacre aborigen”, además de pedir la intervención federal a Formosa; en ese sentido, apeló a la “sensibilidad” de la Presidenta para que el episodio signifique el “final político” del gobernador. A su vez, la titular de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, denunció a Insfrán como “responsable de los asesinatos y del brutal desalojo”. Y exigió “juicio y castigo por estos cobardes crímenes”. En términos similares se pronunció la diputada Silvia Vázquez, una ex radical aliada al kirchnerismo, quien no dudó en calificar a Insfrán de “genocida”.
Mientras tanto, organizaciones sociales, sindicales y políticas, entre ellas la CTA, ATE y el Partido Obrero, marcharon en Buenos Aires hacia la Casa de Formosa para repudiar la represión. También expresaron su rechazo Amnistía Internacional, el Consejo de Participación Indígena y el Servicio de Paz y Justicia. A su vez, el Consejo Originario de Comunidades, que agrupa a los aborígenes de todo el país, convocó para el fin de semana una cumbre a efectuarse en las tierras del litigio para solidarizarse con las víctimas del ataque.
Por su parte, el jueves viajó a Formosa el defensor adjunto del Pueblo de la Nación, Juan Mínguez. Estuvo con los qom y se interiorizó sobre el caso, pero sin lograr que Insfrán ni ninguno de los integrantes de su gabinete lo recibiera.
Prueba del clima que flota en las altas esferas del poder provincial fue la expresión desencajada con la cual el ministro de Gobierno, Jorge González, acudió a una reunión parlamentaria para dar las explicaciones del caso. En esa ocasión, el funcionario farfulló una débil defensa del accionar policial, antes de sincerarse con las siguientes palabras: “No sabemos cómo seguir manejando este conflicto”. A su lado, el jefe de la Policía de Mendoza, Bernabé Escobar, lucía un rictus apesadumbrado.
En el aspecto estrictamente fáctico de lo ocurrido tomó intervención el juez Gabriel Garzón, quien no dudó el liberar a todos los detenidos, además de dictar la eximisión de prisión al líder de la comunidad qom, Félix Díaz. Éste, tras reaparecer en La Primavera, agradeció las muestras de apoyo recibidas, aunque sin dejar de destacar la inseguridad jurídica en la que oscila la existencia de su gente. “No tenemos abogados ni herramientas para defendernos”, fueron sus exactas palabras.
Lo cierto es que, mientras el gobierno de Insfrán se sacude al compás de su peor crisis, las dos víctimas fatales de la represión –el aborigen Roberto Gómez y el policía Eber Falcón– merecen, desde luego, justicia por igual.

Fuente:">http://sur.elargentino.com/notas/la-violenta-resurreccion-en-formosa-del... Miradas al Sur - 28.11.2010