Otras son, sin embargo, las discusiones fundamentales que -según la convocatoria al actual debate- dispara la llamada cuestión minera: “la generación de empleo, el impacto en las economías provinciales, la contaminación ambiental, la propiedad, la gestión y el control de los recursos mineros, el papel de las empresas multinacionales y, en relación con estos puntos, la cuestión de la soberanía nacional sobre los recursos y el rol del Estado en la actividad. Los problemas ambientales derivados de la minería -entre otros- han impulsado la formación de un movimiento ciudadano de rechazo a la actividad.”

En función de esta variedad temática, sintetizada en la pregunta sobre la minería como condición u obstáculo para el desarrollo social, se expusieron las distintas posturas y argumentos.

Presentando a la nueva minería metalífera como alternativa de desarrollo para la Argentina y América Latina, la analista de la División de Recursos Naturales e Infraestructura de CEPAL, Jeannette Lardé, exhibió un powerpoint con gran cantidad de gráficos tendientes a mostrar a las exportaciones mineras como factor del alto crecimiento económico de la región, “traccionado por la demanda china que elevó los precios de los minerales a niveles históricos”. De esta forma la autora (que en 2006 publicara, junto al director de la DRNI de CEPAL y actual Director Ejecutivo de Barrick Gold en República Dominicana Sánchez Albavera, un análisis sobre la forma en que los beneficios fiscales habrían logrado revalorizar las ventajas naturales de los países propietarios de recursos minerales) planteó que -ahora- el problema radica en los “enormes beneficios o rentas extraordinarias” que los altos precios y los bajos costos generan en América Latina. Los actuales conflictos se generarían -según Lardé- no por los métodos de extracción o la propiedad de los recursos, sino por la pugna distributiva que dicha renta extraordinaria genera entre los “distintos actores”.

En representación del Organismo Latinoamericano de Minería (OLAMI), entidad que nuclea a las empresas mineras interesadas en la región y a “todos los actores vinculados al sector minero” (www.olami.org.ar), Hugo Nielson expuso el marco conceptual tendiente a mostrar la “sustentabilidad” de la mega minería metalífera. De esta forma, según el Secretario de Gestión Institucional de la Universidad Nacional de San Martín (institución pública que brinda asistencia técnica a Minera Alumbrera), la extracción de oro consumiría la misma cantidad de agua que la necesaria para la agricultura y utilizaría la misma cantidad de sustancias tóxicas que cualquier otra actividad industrial. Sustancias que, por otra parte, los métodos correctos volverían inofensivas: “el cianuro puede ser tan peligroso como el agua -argumentó- que nos puede ahogar o hacer patinar el auto en la ruta provocándonos la muerte y no por eso se la prohíbe...”

Sin embargo, y aquí radicó la novedad de esta jornada de debate sobre la mega minería, ambos expositores compartieron la mesa con un variado grupo de intelectuales que, desde diferentes ámbitos académicos y de militancia social, elaboraron una serie de investigaciones críticas sobre la nueva rama extractiva, analizando sus consecuencias sociales ambientales y económicas, actuales y futuras.

En primer lugar Maristella Svampa, investigadora del CONICET e integrante del Colectivo Voces en Alerta, quien fundando su análisis en una abundante producción académica propuso rediscutir el concepto de “desarrollo sustentable” con que se pretende legitimar en la región un nuevo régimen extractivista. Dicho discurso -explica- busca reeditar la promesa de desarrollo local para legitimar, una vez más, la exportación de naturaleza que demandan los lejanos procesos de industrialización.

Por su parte, Miguel Teubal, economista investigador del Instituto Gino Germani, cuestionó el marco teórico de los promotores de la actividad minera por identificar al “desarrollo social” con “rentabilidad empresaria”, recordando que los costos sociales y ambientales de los nuevos métodos extractivos a gran escala no pueden analizarse simplemente desde la problemática impositiva.

Por otro lado, el investigador del CEPES y actual asesor técnico de la Oficina del Agua de Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Lic. Roberto Adaro, desarrolló el papel que la minería tuvo a lo largo de la historia argentina y los distintos marcos normativos vigentes en cada período, en función de las principales características del aparato productivo y, por lo tanto, del tipo de Estado predominante. En este sentido, del marco legal vigente en 1973 (“puesto al servicio de la industria local, e incluso promoviendo el sistema de cooperativas”) se pasó a la Ley de Inversiones Mineras de 1993 (Nº 24.196) y al ordenamiento de un Código de Minería que subordinó el control medioambiental a la misma autoridad de aplicación que promueve el desarrollo del sector. El impacto de dichas medidas fue, según datos oficiales, incompatible con un modelo económico de desarrollo autónomo: aumentó la extracción, que por primera vez generó un enorme saldo exportable, pero generando poca participación en el PBI y una muy baja significación en cuanto a la generación de empleo (en la actualidad llegaría al 3,26% del total registrado). A su vez, los escasos aportes de las regalías mineras a las arcas de las provincias (en Catamarca sólo aportan el 3% de los ingresos totales, mientras que el 80% proviene de la Nación), nos lleva -según el autor- a considerar el actual modelo extractivo como incompatible con los cambios sociales y políticos que se manifiestan en la Argentina desde 2001-2003.

El geógrafo y docente de la Universidad Nacional de Cuyo Marcelo Giraud, propuso redefinir el término “desarrollo sustentable”, sin subordinar las necesidades sociales a las necesidades del mercado. Para ello, y a partir de una crítica revisión de los informes de impacto ambiental que las empresas mineras presentan a las autoridades provinciales para la aprobación de sus proyectos de extracción de minerales, el integrante de la Asamblea Popular por el Agua se propuso ilustrar la dimensión del impacto material que una sola explotación de oro generaría según las mismas empresas. A modo de ejemplo, para extraer 447 toneladas de oro, la Barrick Gold pretende remover en Pascua Lama 1.800 toneladas de roca, utilizar 170 millones de m3 de agua y arrojar casi 500.000 toneladas de explosivos y 379.000 toneladas de cianuro de sodio (4 camiones diarios transportados a más de 4.500 m de altura). Finalmente, alertó sobre las falsas promesas de generación de empleo: la creación de 380 mil puestos directos de trabajo, que según el Secretario de Minería Jorge Mayoral generaría la minería en los próximos años, resulta bastante improbable considerando que en Chile la minería genera 174 mil puestos de trabajo y en Canadá ronda los 50 mil.

Analizando el desarrollo del nuevo sector minero en el marco del modo de producción capitalista, el economista Alejandro Rofman repasó las condiciones de explotación de dicha actividad económica, en función del tipo de recurso (no renovable), la relación entre el lugar de producción y el de consumo, los criterios de reinversión y, por lo tanto, el proyecto socio-político hegemónico. “La nueva minería -concluyó- es una organización espacial que enfrenta los criterios del tiempo de explotación de un recurso natural no renovable (que se extraen hasta agotarlos) con las necesidades de la sociedad que posee dichos recursos”.

Finalmente, en la mesa dedicada a analizar a las industrias extractivas en función de las alternativas de desarrollo en la región, el politólogo y economista Nicolás Gutman centró su análisis en lo que considera un rasgo particularmente agravante de la Argentina: la llamada “federalización” de los recursos naturales consagrada en la reforma constitucional de 1994, que en su artículo 124 cedió a los gobiernos provinciales su “dominio originario “. Se consolida así -según el autor- una relación política de tipo feudal que, disfrazada de federalismo, autoriza a los poderes provinciales de turno a negociar la concesión de los bienes comunes argentinos frente a empresas transnacionales cuya cotización puede duplicar el producto bruto anual de dichas provincias. Desde este punto de vista, ningún país que pretenda encarar un verdadero proceso nacional de desarrollo autónomo puede dejar librado sus recursos para que cada región las disponga en función de las necesidades políticas más inmediatas. La sociedad en su conjunto -argumenta- deberá decidir, a partir de un profundo debate democrático, qué minerales se deben extraer, en qué escala y con qué destino y cuales deben conservarse.

En segundo lugar, el economista de la Universidad Nacional Autónoma de México Gian Carlos Delgado Ramos, desarrolló un extenso y documentado repaso por la política norteamericana sobre los recursos metalíferos de América Latina, mostrando no sólo el comportamiento neocolonial de las grandes empresas transnacionales (principalmente canadienses y estadounidenses) sino también la magnitud -en términos históricos- de los recursos que desde tiempos de la colonia occidente viene extrayendo para su propio “desarrollo”.

Por último, Ana María Fernández Esquiza, docente de geografía en la UNICEN, propuso concluir la jornada de debate con una serie de reflexiones conceptuales alrededor de la noción de ecología, economía y la llamada ética del desarrollo sustentable.

Marcha - 21 de diciembre de 2011