Tax Justice Network advierte de que la OCDE cae en favoritismos cuando elabora sus listas de países que incumplen con los estándares requeridos en transparencia tributaria. Por eso lamenta que la organización solo haya puesto en la lista de países en revisión porque presentan “muchos elementos fuera de lugar” a dos de sus miembros, Bélgica y Suiza, mientras que la mayoría no lo son, como Panamá y Uruguay. De todos modos, la OCDE destaca a estos dos países latinoamericanos como ejemplos de progresos en la materia.

TJN recuerda que Uruguay ha actuado durante décadas como un paraíso fiscal, sobre todo para los argentinos ricos. Durante mucho tiempo Uruguay se ha rehusado a firmar un tratado de intercambio de información impositiva con Argentina, pero la presión del foro global de la OCDE ha llevado a que el Gobierno de José Mujica aceptara recientemente el inicio de negociaciones con el de Cristina Fernández de Kirchner para rubricar un convenio para evitar la doble imposición tributaria. TJN opina que este pacto tendrá importantes costos y riesgos fiscales para Argentina. En tanto, Panamá firmó un acuerdo de intercambio de información tributaria con EE UU, en lugar de un acuerdo para evitar la doble
imposición impositiva, por lo que TJN descarta que la superpotencia vaya a perder recaudación de gravámenes.

Otra noticia que destaca TJN es la decisión de Argentina de cancelar en forma unilateral el acuerdo para la evitar la doble imposición tributaria con Suiza, según informa la auditora Ernst & Young. En cambio, el Gobierno de Fernández propuso al país europeo que se firmara un tratado de intercambio de información tributaria. Suiza prefería agregar una cláusula sobre el intercambio al convenio que estaba vigente, pero reclamaba que se la compensara con mayores reducciones del impuesto a la renta a sus empresas y ciudadanos que hacen negocios allí. TJN considera que los acuerdos para evitar la doble imposición tributaria entre países desarrollados y emergentes implican para estos últimos una menor recaudación impositiva que no siempre se compensa con la anhelada mayor inversión extranjera. Por eso, la ONG elogia a Argentina en cuanto a que busque un tratado de intercambio de información liso y llano, sin beneficios tributarios para Suiza.

En la última edición latinoamericana del newsletter (informativo) de TJN sobre Latinoamérica se publica una entrevista al economista argentino especializado en asuntos tributarios Jorge Gaggero, profesor de la Universidad de Buenos Aires. Pese a que Argentina se encuentra, junto con Brasil, entre los países con mayor recaudación impositiva en relación al PIB, Gaggero propone una reforma tributaria para seguir reduciendo la desigualdad, darle sustentabilidad a la estructura tributaria en caso de crisis y elevar la competitividad, dado que el fraude alcanza al 40% de lo que debería recolectarse y eso supone una carga injusta sobre las empresas cumplidoras. “Hemos logrado muchísimo, achicando el grueso de la diferencia histórica que teníamos con Brasil en términos del Estado y presión tributaria, pero no hay una adecuada estructura de gasto”, criticó el economista. También se refirió a la dificultad de emprender una reforma impositiva: “Por ejemplo, Chile, cuando encaró la suya en las últimas dos décadas, planteó horizontes largos, decenales, dos módulos quinquenales y planes bianuales, que se controlaban al final de cada período. Eso supone un problema porque el período de gobierno son cuatro años y los costes de la reforma se pagan desde el momento cero, porque es allí cuando los perdedores saben que están perdiendo, y los ganadores no ven los beneficios porque maduran a largo plazo”.

Otro texto del newsletter se refiere a la reforma tributaria que el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, emprendió a comienzos de año. La autora del artículo, María José Romero, de la Red Latinoamericanaa sobre Deuda, Desarrollo y Derechos Latindadd, advierte de que "el núcleo fundamental de la reforma reside en la disminución del pago del impuesto sobre la renta por parte las grandes corporaciones que dominan desde una posición oligopólica el acopio, el procesamiento agroindustrial y la parte del león de la comercialización interna y externa del arroz y la leche”.

A finales del mes pasado, Costa Rica logró que Francia, que presidió el G20 en 2011, la excluyera de la lista de paraísos fiscales, según otro reporte de TJN. Francia había elaborado esa relación a principios de 2010. El ministro de Finanzas de Costa Rica, Fernando Herrero, esta decisión atraerá más inversiones para su país, mejorará la seguridad jurídica y confirmará la adecuación a las reglas internacionales de gravámenes. El país centroamericano ha firmado 12 acuerdos de intercambio de información tributaria con países como Argentina, Francia, Holanda, México y Australia.

El informativo latinoamericano de TJN también menciona la reforma tributaria que quiere emprender el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos. De momento no se conocen los detalles de su contenido. Santos solo ha dicho que quiere que los ricos paguen más impuestos que los pobres porque si no, su país acabará como Haití.

La red de investigadores y activistas a favor de la justicia tributaria también difundió la campaña de la organización End Tax Haven Secrecy (fin al secreto de los paraísos fiscales) para pedirle al G20 que tome medidas contra esos refugios para los defraudadores de impuestos. En concreto, End Tax Haven Secrecy está juntando firmas para pedirle a Felipe Calderón, presidente de México, país que lidera el G20 este año, que avance en ese sentido.

Otro reporte de TJN se hace eco de un comentario de OpenOil, una consultora alemana que aboga por que las políticas energéticas de mercado favorezcan a los pueblos de las naciones productoras. “Hay un nivel creciente del interés por el debate sobre la transparencia en los contratos de las industrias extractivas en el mundo, y una creciente minoría de países que han acordado hacerlos públicos”, observa Lucy Wallwork, de OpenOil. Entre ellos figuran Colombia y Perú, pero en ambos casos la autora señala que los contratos son difíciles de encontrar en Internet, se presentan en formatos complicados para bajar y además están redactados en un lenguaje incomprensible para el ciudadano común que quiere participar de la discusión sobre los recursos naturales de su país.

Por último, otra reporte que recoge TJN sobre México. “El crimen, la corrupción y la evasión fiscal han costado a la economía mexicana más de 872.000 millones de dólares entre 1970 y 2010, de acuerdo con un nuevo informe de Global Financial Integrity (GFI), una institución de investigación sin fines de lucro con sede en Washington”, reproduce TJN. “Se descubrió que los flujos ilícitos fueron los propulsores de la economía sumergida, la cual incluye, entre otros, el contrabando de drogas, el tráfico de armas y el tráfico de personas. De este modo, la fuga de capital contribuyó al desajuste en los gobiernos”, reseña Tax Justice Network el documento de GFI. También advierte de que el lavado de dinero se incrementó a partir del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (1994), pues es un delito vinculado al tráfico con EE UU.

Hasta aquí, algunas de las noticias más sobresalientes de los últimos dos meses sobre la realidad tributaria de Latinoamérica, un tema clave en la región más desigual del planeta. TJN es una de las ONG que escrutan las políticas públicas de la región. En los próximos días analizaremos informes de otras organizaciones que se ocupan de monitorear la actividad de los organismos multilaterales y la protección del medio ambiente.

El País España - 21 de marzo de 2012