Desde la década del ’90 mantienen conflictos con privados que pretenden 19 mil hectáreas para agricultura. Enfrentaron desde amenazas y matanza de animales hasta contaminación de pozos de agua e intentos de desalojos. En 2005, el Estado provincial cerró la escuela primaria 31. Los chicos de la comunidad tienen que caminar todos los días catorce kilómetros para asistir a clase en Salta (deben atravesar el río Anta). La comunidad identifica este hecho como otra acción para que las familias abandonen la tierra.

La ley 26.160, sancionada en 2006, insta a realizar el relevamiento catastral de los territorios indígenas y suspende los desalojos. En 2010 comenzó el relevamiento en Riarte y la comunidad sindica ese hecho como el motivo que aceleró el proceso represivo.

En septiembre de 2010, el empresario Freddy Moreno Núñez Vela cerró el único camino vecinal que permitía el ingreso de vehículos. A inicios de junio pasado fue desalojado el comunero Elías Apaza, de 90 años y no vidente. La comunidad exigió explicación al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) y al gobierno provincial, pero no obtuvo respuesta.

El 23 de junio, la policía provincial allanó la comunidad indígena por orden de la jueza Ema de Nucci y a pedido del fiscal Guillermo Herrera. Acusaron a una decena de comuneros por “usurpación” y robo al terrateniente. El 4 de julio –otra vez por pedido del fiscal Herrera y por orden del juez Juan Francisco Pisa– llegaron a la comunidad tres colectivos y 20 camionetas con policías (unos 300 efectivos) para realizar la “restitución provisoria” (según consta en el acta de desalojo) de la tierra al empresario. Luego de las 15 comenzaron la represión y el desalojo. Hubo balas de goma, corridas y palazos policiales.

La cacique María Lilia Delgado acusó a los privados Moreno Núñez Vela (titular de la firma agropecuaria Zanja Honda) y a Jorge Posee (de la empresa Agro Avance). El 25 de julio, el fiscal Guillermo Herrera solicitó la detención de 25 integrantes de la comunidad. El juez Pisa apoyó el pedido del fiscal. La acusación: “Tentativa de homicidio, lesiones, robo, amenazas y otros”. Dos días después detuvieron a Alberto Mercado y Manuel Pastrana. Estuvieron en prisión durante doce días.

La ONG Abogados del Noroeste Argentino en Derechos Humanos denunció la “criminalización de la lucha indígena en Tucumán”. Cuestionó al fiscal Herrera y a los jueces Nucci y Pisa. “La bochornosa actuación de la Justicia tucumana sigue dando muestras de cuán vulnerables pueden ser los principios del debido proceso”, explicó la directora, Josefina Doz Costa.

Amnistía Internacional Argentina acaba de solicitar al gobierno nacional que “respete los derechos humanos” de los pueblos originarios. “El Gobierno debe poner fin a los desalojos que se llevan adelante en distintas provincias y entregar los títulos de propiedad comunitaria de las tierras ancestrales”, reclamó. Citó como casos emblemáticos de expulsión de comunidades y “violenta represión estatal” a las provincias de Formosa, Neuquén, Salta y Tucumán.

La comunidad indígena de Colalao alertó que los pueblos originarios de Tucumán están padeciendo una “cacería que recuerda el genocidio de Julio Argentino Roca en la Campaña del Desierto”. La vocera Cynthia Ovejer adelantó qué hará la comunidad: “Seguiremos peleando por nuestros territorios”.

Página/12 - 14 de agosto de 2012