Ley de Bosques, cinco años después

Pedro Lipcovich
Más de 1.100.000 hectáreas forestadas se destruyeron desde que se sancionó la Ley de Bosques, en 2007, y “lo más grave es que la mayor parte de la pérdida se produjo en las zonas amarilla y roja, donde está prohibido deforestar”: así lo advierte un documento de las entidades Greenpeace, Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y Fundación Vida Silvestre. En su evaluación, al cumplirse cinco años de vigencia de la norma, las entidades critican, entre otras cosas, los desmontes en zonas prohibidas, donde “retiran todo el sotobosque y dejan unos pocos árboles, como si fuera una plaza”; esto sucedería sobre todo en “Santiago del Estero, Salta, Chaco y Córdoba”. Las provincias más cuestionadas son Santiago del Estero, donde el incumplimiento de la ley se vincula con “conflictos cada vez más violentos entre empresarios y comunidades campesinas” y Salta, donde “a sola solicitud del propietario se autorizan desmontes”. Las entidades critican también “la falta de financiación para hacer cumplir la ley: en 2013 el presupuesto es diez veces menos que el que la ley ordena”. Reconocen como “positivo” el hecho de que, desde la sanción de la ley, los desmontes bajaron un 20 por ciento. La Ley 26.331 fue sancionada en diciembre de 2007. Según el informe, “hasta fines de 2012 se deforestaron 1.145.044 hectáreas, lo cual promedia 229.009 hectáreas por año, 627 hectáreas por día y 26 hectáreas por hora”. Y “lamentablemente, no existe información oficial para discriminar qué proporción de esos desmontes fue realizada con autorizaciones de las administraciones provinciales y cuál fue hecha en forma ilegal”. Según Hernán Giardini, coordinador de la Campaña de Bosques de Greenpeace Argentina, “lo más preocupante es que la mayor parte de la deforestación se produjo en las zonas amarillas y rojas”. La ley distingue entre áreas verdes, donde –informe ambiental y audiencia pública previos– se permite desmontar; amarillas, donde se permite tala controlada y ganadería de bajo impacto; rojo, donde no se permite ningún desmonte. El ambientalista reconoció como “positivo el hecho de que el promedio de deforestación bajó un 20 por ciento desde que se promulgó la ley, aunque sigue siendo alto”. La única provincia que no registra pérdida de bosque en estos años es San Juan. Otro aspecto positivo es que “veinte provincias establecieron por ley el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos”, que define dónde se puede desmontar y dónde no. “A partir de esto, Chaco, Misiones y San Luis disminuyeron en un 50 por ciento la deforestación”, observó Giardini. Pero “los ordenamientos de Corrientes, Córdoba y Formosa están judicializados porque permiten desmontar en zonas que la Ley 26.331 prohíbe”. “Santiago del Estero, Salta, Chaco y Córdoba” autorizaron “desmontes violatorios de la ley nacional: retiran todo el sotobosque y dejan sólo árboles maduros, a menudo sólo 20 o 30 por hectárea, con lo cual lo que resta es más bien parecido a una plaza; allí ponen pasturas altas y meten las vacas. Esto implica la pérdida de gran parte de los servicios ambientales que suministra el bosque, como la regulación climática y la conservación de los suelos”, explicó Giardini. “En Santiago del Estero han aumentado los conflictos de tierras vinculados con la deforestación y se han vuelto cada vez más violentos”: enfrentan a los empresarios de la ganadería y la soja con las comunidades. Y “en Salta se efectuaron desmontes en zonas protegidas e incluso en los cuatro departamentos donde se habían suspendido por un fallo de la Corte Suprema de la Nación”. Además la provincia hizo recategorizaciones en las que, “a sola solicitud del propietario, se autorizan desmontes”, denunció el representante de Greenpeace. “La ley continúa desfinanciada”, advierte el informe, y explica que el Fondo Nacional para el Enriquecimiento y Conservación de los Bosques Nativos, que establece la Ley 26.331, consiste en el 0,3 por ciento del Presupuesto Nacional, a lo cual se suma el 2 por ciento del total de las retenciones a exportaciones de productos procedentes de la agricultura, la ganadería y el sector forestal. En función de esto, “en 2013 los fondos deberían llegar a 2300 millones, pero, de acuerdo con el Presupuesto aprobado en el Congreso nacional, serán sólo de 230 millones, diez veces menos”. Además, “falta información sobre el nivel de ejecución de estos fondos a nivel provincial. La Secretaría de Ambiente de la Nación estima que sólo el 10 por ciento de los fondos fueron rendidos y ejecutados”. Esos fondos hubieran permitido “fortalecer la capacidad de control de las provincias, compensar a los titulares que hagan tareas de conservación y fomentar las actividades productivas de los pequeños productores rurales y comunidades indígenas”. Según Giardini, “la responsabilidad por la desfinanciación del Fondo es tanto de la Nación como de las provincias”.

Página/12 - Sábado 2 de febrero de 2013

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