Cuando la política pierde representatividad se vuelve insuficiente para resolver los problemas de las personas. Entonces, es necesario rediseñar sus instituciones, crear nuevas formas de participación y acordar una agenda que recoja las demandas colectivas. “Una movilización siempre es una forma de participación, de ampliación de la democracia. Está pasando en Brasil ahora y pasó en Bolivia en los primeros años de la década del 2000”, afirmó Alvaro García Linera, vicepresidente de Bolivia, quien visitó Argentina en estos días y habló en el Centro Cultural de Cooperación Floreal Gorini sobre los años de Evo Morales en el poder. “La gente asume su autorrepresentación frente al Estado cuando fallan los canales de mediación”, señaló.

La etapa inaugurada por Morales en 2005 es un proyecto revolucionario en constante reinvención. Su gobierno es hijo de la movilización social que tumbó al ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada y a buena parte de la elite que por décadas marginó a los sectores populares de la política. “Se había establecido un régimen de mediación política sustentado en partidos liberales, que había creado una elite que se reciclaba y se turnaba en los puestos públicos. Y el pueblo, la juventud, los campesinos, los obreros eran concebidos sólo como votantes y consumidores”, explicó García Linera. Según su visión, la fuerza del gobierno boliviano radica en su composición heterogénea. “En Bolivia no tenemos un gobierno de un partido, sino de una flexible y elástica confederación negociada de movimientos y organizaciones sociales”, sostuvo.

Para García Linera, la acción colectiva es una muestra de la vitalidad de cualquier proceso revolucionario, por lo que debe ser vista como algo positivo. En este contexto debe enmarcarse el conflicto entre el gobierno y parte de la población indígena de la Amazonia boliviana por la construcción de una ruta que atraviesa el Parque Nacional Tipnis. “La decisión tomada por nosotros fue articular el territorio. El Tipnis es parte de la entrada del altiplano a la Amazonia”, dijo el vicepresidente, quien añadió que la idea es cohesionar un país fragmentado, hermanar a los bolivianos del oriente y del occidente y acorralar a las viejas oligarquías agrupadas en torno de la tierra, que convirtieron la región en una gigantesca hacienda privada y desde donde orquestaron un golpe de estado en 2008. “La carretera atraviesa un parque que fundó el general René Barrientos. El que llevó adelante la contrainsurgencia, el que luchó contra el Che Guevara. Ese general en 1966 declara esta zona parque nacional, porque era una zona conflictiva, que se disputaban dos departamentos (provincias)”, contó. García Linera reconoció que si bien está demostrado que el proyecto fue aprobado por los mismos pobladores, el gobierno decidió dar marcha atrás. El objetivo es ahora explicar mejor a quienes viven allí la importancia de conectar territorialmente el país, teniendo en cuenta la cuestión medioambiental.

En sintonía con la cuestión del Tipnis, el conflicto con la Central Obrera Boliviana (COB) forma también parte de las contradicciones y paradojas que García Linera les atribuye a los procesos de transformación como el que se desarrolla en su país. La disputa con los mineros de la COB tiene su origen en la ley de pensiones promulgada en 2010. La nueva legislación venía a terminar con el régimen neoliberal que aseguraba la jubilación únicamente para quienes habían mantenido una relación salarial. Es decir, la antigua ley dejaba afuera a campesinos e indígenas, la gran mayoría de la población. “Para las personas que ganan más de 1000 dólares, la jubilación la van a obtener de su aporte personal. Las que ganan menos de 800 dólares para abajo, la van a cobrar del aporte individual, patronal, estatal y de las personas que ganan mucho”, remarcó García Linera. La COB pidió al presidente modificar una vez más la ley. “Los que trabajan en las minas, por los altos precios de los minerales, ganan más. Hay un grupo de compañeros mineros que quieren jubilarse. Los que durante veinte años ganaron 3000, 4000 bolivianos, y en los últimos cinco años pasaron a 10.000, 15.000, 20.000 y quieren jubilarse al ciento por ciento del salario del último mes. La idea de reforma de la ley fue impulsada por los trabajadores de la mina estatal Huanuni, que al día de hoy ganan mínimo 10.000, máximo 50.000”, añadió. “Aceptamos cualquier cambio, siempre y cuando no se toquen los beneficios de los que ganan poco, que son la mayoría. Pueden venir a dinamitarnos el Palacio de Gobierno. Pero vamos a defender los derechos de los que ganan poco”, enfatizó.

Con respecto a su vecino Brasil, a pesar de tener más dudas que certezas, García Linera calificó lo que ocurre como el surgimiento de un movimiento de clases medias emergentes. “Hay movilizaciones sociales, en este caso encabezadas por la juventud y una clase media emergente, vinculadas con momentos de un ascenso de la economía. Pareciera ser que los momentos de mayor movilización social no son los momentos de mayor penuria económica. Esto da lugar a luchas redistributivas del excedente.” Para el vicepresidente, algo similar pasa en Bolivia. “En Bolivia bloquean una carretera para pedir una escuela. Antes se cortaba una ruta para pedir la restitución del gas”, ejemplificó. Desde su interpretación, no se trata de reclamos por el orden económico o de luchas que cuestionen el orden económico, sino de una lucha por la redistribución del excedente producido en ese orden económico concreto.

Página/12 - 3 de julio de 2013