- Los grandes medios de comunicación son actores políticos que juegan a proteger sus intereses corporativos. ¿Cómo entonces podemos hablar de democracia comunicacional y equilibrio formativo en nuestra actual sociedad global?
- Yo creo que tenemos en la agenda de las democracias mediáticas de nuestros países, especialmente en la región iberoamericana, una tarea pendiente, y es justamente regular un campo que es reconocido constitucionalmente, que es un derecho humano fundamental, pero que está en manos privadas corporativas que obedecen a intereses ajenos a la ciudadanía. Por tanto, avances democráticos como el que se ha dado en Ecuador por la Ley Orgánica o la propia experiencia de la Ley de Medios de Servicios de Comunicación Audiovisual en el caso de Argentina es un primer paso en un doble sentido, primero de abrir en la agenda pública de deliberación ciudadana sobre qué tipo de comunicación, qué modelo o sistema de organización de medios y de información pública se requiere; y en segundo lugar, establecer una estructura equilibrada en la que además de los actores privados de las grandes compañías nacionales y multinacionales de comunicación exista también un sector público fuerte garante de los derechos democráticos del ciudadano, por supuesto además de servicio público del Estado, una red amplia, potente, organizada en red de medios ciudadanos, de medios comunitarios. Estas dos condiciones creo que son básicas: la de abrir al debate público la regulación y organización de sistemas de comunicación pública y la de definir una estructura más equilibrada que la que históricamente ha marcado en nuestros países la conformación de la esfera pública en los medios de comunicación.

- Si como usted ha se señalado, una de las premisas de la libertad de prensa es no hacer de la actividad periodística una industria, ¿podríamos colegir que en las actuales circunstancias socioeconómicas, no es dable hablar de libertad de prensa sino mas bien de libertad de empresa?
- Es un axioma, un principio que es universalizable, cuando el señor Rupert Murdoch habla de libertad de prensa y se opone a cualquier tipo de regulación en realidad está hablando de su derecho privativo a concentrar y expandir sus intereses privados corporativos en el merado de la comunicación global. Por tanto, está idea liberal de la libertad de expresión como libertad de empresa informativa caza muy mal con los derechos universales a la comunicación reconocidos por la Declaración de Derechos Humanos. Es decir, los depositarios somos los ciudadanos que por tanto debemos tener derecho a tener medios comunitarios, derecho a un sistema público de radio y televisión y a un sistema o esfera publica estatal que defienda los intereses colectivos mucho antes que la libertad de expresión de un empresario, que fue por ejemplo el debate que ha habido en Ecuador a propósito de la Ley Orgánica de Comunicaciones. Por este derecho a los intereses creados, como en el caso de Argentina, grupos mediáticos como Clarín no pueden ser los depositarios de la libertad de expresión. Antes bien, ese ejercicio compete a profesionales siempre y cuando se respete en equilibrios y ponderados y que sea posible el acceso de otras voces. Desde el Informe MacBride hasta nuestros días este principio liberal de libre empresa informativa responde a lo que ha sucedido por ejemplo con el grupo Murdoch en Inglaterra de vulneración de derechos fundamentales como el derecho a la privacidad, de transgresión de las leyes de espectacularización y mercantilización extrema que, desde luego, no está respetando los derechos humanos fundamentales en la mayoría de países porque lo que prima es la lógica del valor de la mercancía y la potestad, el principio básico constitucional de la mayoría de nuestros países de la libertad de expresión que supone un derecho político, un derecho social y una libertad pública que exige trascender mucho más de su realización mercantil o industrial que debe ser reconocida como tal, también como un principio incluido dentro de los derechos a la comunicación, el de la libertad de prensa informativa pero ésta no se ve vulnerada porque se regule en países como Argentina y Ecuador la estructura para limitar los niveles de concentración de propiedad. Antes bien, es una garantía para proteger al ciudadano de abusos de poder como la historia de la comunicación moderna que conocemos desde el Ciudadano Kane hasta nuestros días.

- El mundo adolece de lo que se denominan centralidad de la comunicación. En ese sentido siguen vigentes las premisas del Informe MacBride auspiciado por la Unesco en los años ochenta del siglo pasado y el cual propugnó porque se escucharan las múltiples voces del planeta, especialmente las del Sur. ¿Lo considera así?
- Algunos expertos que venimos luchando desde colectivos como la Unión Latina de Economía Política de la Información (ULEPICC), de movimientos sociales, desde la teoría crítica por los derechos de la comunicación, debemos referirnos a ese intento de democratizar el sistema mundial de comunicación. Por primera vez en la historia Naciones Unidas específicamente la Unesco con la mayoría de los países del Sur planteó el tema, sobre el cual nosotros preferimos hablar del espíritu MacBride, en tres conceptos básicos que están presentes y que siguen siendo válidos para las propuestas democráticas y que de algún modo inspiran procesos regulatorios como el de Argentina, como el de Ecuador, como el de Venezuela, o Bolivia. La primera premisa es justamente concebir la información, no como una actividad mercantil, no como una mercancía sino fundamentalmente como un bien social, como un bien común y de suyo un objeto de regulación que afecta el derecho universal, que afecta al sujeto de derechos de la comunicación que es el ciudadano y por tanto hay que pensar la información como un bien público. La segunda premisa que es básica y creo que además necesaria, lo estamos viendo en Unasur, es la necesidad de cooperación entre países y entre sectores, lamento que grandes grupos multimedia sean globales o angloamericanos como los de Murdoch, o a escala nacional como el grupo el Clarín en Argentina que no entienden que el derecho universal exige su activo de cooperación con los medios comunitarios, de cooperación con el sector público y no como estamos observando en América Latina como arietes de golpes de Estado, de golpes militares, golpes mediáticos que afectan no solo el derecho de información. En la centralidad de la comunicación en realidad está en juego el poder de luchar por otros derechos sociales y por otros derechos humanos en nuestros países. Y por tanto esta cultura de cooperación que está registrada como uno de los principios y aportes del Informe MacBride creo que se está recuperando en el caso de Unasur porque es estratégico la cooperación entre sectores, agentes culturales, poderes públicos y por supuesto entre países para desarrollar democráticamente una sociedad de la información para todos, un sistema de comunicación público y abierto. Y la tercera premisa, creo que es una lección también básica, fundamental. Los que defienden la doctrina totalitaria liberal de libertad de expresión entendida como libertad de prensa informativa no quieren oír hablar de participación ciudadana, no quieren hablar de políticas públicas de comunicación, el Informe MacBride fue una lección de que no hay desarrollo, no hay democracia, no hay progreso, no hay identidad cultural sin participación ciudadana y sin políticas públicas. Lo que estamos viviendo en los últimos años en América Latina son políticas activas en regulación. Todavía nos queda un amplio camino, pero en ese sentido el Informe MacBride sigue siendo valido. Una comunicación debe de ser participativa para el desarrollo nacional, para la igualdad y acceso de todos los ciudadanos a los bienes simbólicos, a la información y la cultura y sin políticas públicas no es posible esta participación. Afortunadamente hay procesos regulatorios que son ejemplos hoy en día, por ejemplo, para la Unión Europea que va en sentido contrario, evitando la participación ciudadana en temas de comunicación publica, en proyectos sociales de información, propiciando la privatización de los medios públicos y negando la posibilidad de una política activa de los poderes públicos para regular y garantizar los derechos sociales a la comunicación.

- En la Cumbre por un Periodismo Responsable que se realizó en Guayaquil, Ecuador, el pasado mes de junio, usted abogó por un periodismo para una ecología social. ¿A qué quiso eludir con ese término?
- En América Latina, especialmente en Ecuador, tenemos por delante la necesidad de concebir, como ya se dio en aquella critica de los años setenta, alternativas democráticas a la comunicación, pensar una tradición que es latinoamericana de comunicación participativa para el cambio social, de comunicación participativa para el desarrollo concebida hoy como ecología de la comunicación. Es decir, pensar el periodismo, los medios, como una comunicación para el Buen Vivir, este concepto, creo que clarifica los elementos de desarrollo de qué tipo de ecologías de vida, qué tipo de ecosistemas culturales, qué tipo de sistemas de comunicación necesitamos para el Buen Vivir, para el desarrollo nacional de acuerdo a ciertos criterios cualitativos, a ciertos enfoques mas respetuosos con la naturaleza, con la cultura local, con nuestras identidades, con las necesidades radicales de la población y debemos explorar esa realidad. En ese sentido el periodismo ciudadano y debates como la comunicación participativa que se dieron en décadas atrás pueden ser caminos a explorar para otra practica de la comunicación en los medios, mudando narrativas, modos de contar, agendas temáticas de los medios de comunicación, pero también modos de producir contenidos culturales a través de los nuevos ecosistemas o redes digitales, en fin, tenemos por delante una agenda en la que debemos ir pensando, y este es uno de los retos en la que algunos investigadores participamos para repensar las practicas de comunicación desde el Sur, para el Sur, con el Sur , desde abajo, desde la ciudadanía, desde las necesidades locales y radicales de la población.

- Con los tratados de libre comercio y las políticas neoliberales usted ha denunciado que se genera expropiación de la información a través de las leoninas cláusulas de propiedad intelectual ¿Cuál es el alcance de esa expropiación?

- El alcance es vital, porque afecta a las tecnologías, a las telecomunicaciones, y por eso América Latina debe tener en la agenda, porque no puede ser a nivel nacional, una política publica que cuestione todas las estrategias de expropiación de los sistemas de propiedad intelectual porque esto afecta por ejemplo a la industria del conocimiento, a todos los procesos de investigación y desarrollo, en áreas sensibles como la biomedicina o la farmacéutica, es evidente que afecta el desarrollo nacional pero también la industria agropecuaria de grandes multinacionales como Monsanto. En el campo de la comunicación es decisivo porque los sistemas de propiedad intelectual que nos imponen los acuerdos comerciales terminan generando un sistema de tecnologías dependientes por parte de los países del Sur, de dependencia cultural, de pérdida de soberanía informativa y de imposibilidad de construir un programa, una política, acorde a las necesidades nacionales. Por tanto tenemos que enfrentar como punto clave del conflicto en la sociedad global de la información, un derecho de propiedad intelectual, eso pasa por limitar en el tiempo y en el espacio esos derechos corporativos de las grandes corporaciones. En segundo lugar, asumir una defensa de los derechos colectivos y comunes, por ejemplo, los derechos patrimoniales que están siendo objeto de vulneraciones en las comunidades tradicionales, rurales y de los pueblos indígenas, defendiendo los derechos comunes y propugnando por una regulación de la propiedad patrimonial, del conocimiento y material acorde a las necesidades locales frente al modelo de cercamiento y privación que es muy evidente en el caso de la ciencia y tecnología pero que afecta también a las culturas tradicionales de los pueblos originarios. En ese ámbito es estratégico para otra sociedad del conocimiento y para otro modelo de desarrollo que América Latina, especialmente Unasur, haga un frente común y se module otro modelo de regulación plural y abierto que defienda los derechos comunes y colectivos de los pueblos originarios frente a los intereses de las grandes corporaciones del norte.

- También ha señalado usted que las políticas de la sociedad de la información se inspiran en el principio de la falsa transparencia. ¿Por qué?
- El concepto de falsa transparencia tiene que ver con la tradición de la ciencia moderna, del pensamiento ilustrado, de esa visión de ver igual al poder, y está inspirado en todas las políticas públicas de transferencia de tecnología, de capital de conocimiento y de la modernidad. Lo que estamos cuestionando con el conocimiento para el Buen Vivir es una práctica de la comunicación centrada en los imaginarios, en los relatos, en las formas de ser, pensar y conocer de las culturas locales, y la paradoja más evidente de esa falsa transparencia es la que tenemos en el periodismo que previsiblemente nos informan de lo que está sucediendo en Siria, pero como demostraron los cables de WikiLeaks, como se está demostrando en las formas de espionaje de video control y televigilancia en las redes sociales y en el sistema global de medios, lo que tenemos es un sistema de control para la guerra, por lo tanto esa supuesta visibilidad que nos permite tener acceso a la realidad lo que está ocultando son los dispositivos de control de vigilancia de video política del orden global en la que extiende su maquinaria de terror sea en el conflicto de Siria, antes en Irak, Afganistán, en los conflictos globales por las luchas del petróleo o de recursos estratégicos como el agua. En consecuencia, la falsa transparencia es esa concepción moderna, positiva, ilustrada de la razón, de la razón terrorista, de la razón totalitaria que no piensa que todo relato, que todo discurso, que toda práctica de observación y conocimiento tiende a ocultar los dispositivos de poder y de control como sucede en la red global como lo reveló de algún modo WikiLeaks en los conflictos por la lucha del código que hoy se puede observar en el caso de la red de Internet. Por eso hoy uno de los debates es el de la propiedad intelectual y de la gobernanza de Internet frente a esos sistemas de video vigilancia. Decía justamente uno de los pioneros de la sociedad del espectáculo, Guy Debord, que en la era de la máxima transparencia, de la visibilidad total, de la iluminación, de la información, de la mediación hipertotalitaria, justamente el secreto es la norma y no la excepción, y eso es lo que estamos observando, el secreto y la ocultación de los papeles del Pentágono de la información sensible y real que afectan los intereses estratégicos, el develamiento de cómo Estados Unidos sistemáticamente ha espiado no solo a los países de América Latina sino también a la propia Unión Europea y a los dirigentes de Alemania, de Francia, de Inglaterra para sus propios intereses estratégicos, incluyendo entre ellos el propio espionaje económico. Esa ilusión de transparencia, la falsa idea de que Internet nos hace libres, que la información nos libera de la realidad, es este dispositivo positivista, moderno de control y vigilancia que oculta las formas de poder y control que se dan en la aldea global del capitalismo.

- La expedición de leyes regulatorias de comunicación en países como Ecuador, Argentina, Bolivia, Venezuela, Uruguay, ¿en qué medida contribuye a democratizar tanto el acceso a los medios como a su democratización?
- Yo creo que tanto en el caso de Ecuador como de Argentina esas leyes tienen como aporte principal y fundamental en términos de economía política el que conforman un sistema de comunicación, una estructura de información de medios nacionales mas equilibrada, inaugura de algún modo un modelo de regulación que para Argentina es emblemático, establece una ley de tres tercios en la que halla un sistema comercial privado, un sistema publico estatal y un sistema comunitario de la sociedad civil. Esa estructura desde luego es equilibrada en términos de voces de acceso al ejercicio del derecho de la información, es un primer paso importante de democratización, el ejercicio del derecho no puede ser simplemente una abstracción, una forma no concreta de mediación en términos de acceso a los canales de información y de difusión pública, y esa primera mudanza en los casos argentino y ecuatoriano creo que es importante para establecer redes democráticas y de deliberación publica. La segunda dimensión tiene que ver con el modo de articular esa política pública, creo que una de las novedades del caso argentino especialmente y también en Ecuador es que se ha situado en la agenda publica, en la agenda de deliberación de nuestras democracias, el tema del papel de los medios y de los derechos públicos, y en ese sentido no solo regularon los legisladores, los representantes, la soberanía popular en el Congreso de ambos países, sino también hubo un debate de agentes culturales, de artistas, de profesionales de la información, de organizaciones ciudadanas, de medios comunitarios. Es decir, de diferentes actores y eso es también un ejercicio, una lección de democracia, que el debate sobre las políticas públicas, sobre el modelo del sistema de comunicación debe contar con el máximo de actores públicos, por ejemplo las comunidades indígenas, siempre olvidadas y que no tenían posibilidad de tener medios en su propia voz como sucedía hasta la llegada del gobierno de Evo Morales en el caso de Bolivia y que hoy, por fin, tienen medios comunitarios de su propiedad vinculados a las comunidades, en su lengua, en aimara, y desde luego construyendo agendas de información y comunicación desde su visión. Esto ya es un aporte y un avance democrático bastante sustantivo que no se está dando por ejemplo, en Europa, ni mucho menos se ha podido dar en Estados Unidos pese a que realmente se presente por parte de los radicales liberales como modelo de referencia. El ejemplo de Argentina es de equilibrio de estructuras de acceso y participación en la política pública como en el caso de Ecuador o Venezuela en su momento.

- Finalmente, hablemos del 15M habida cuenta que por su nacionalidad española conoce muy bien el proceso y desencadenamiento de este movimiento social que ha conllevado un gran contenido comunicacional. Sin embargo el sociólogo polaco Zygmunt Bauman dice que al 15M le faltó pensamiento porque es más emotividad, mientras que el especialista en comunicación Manuel Castells habla en cambio, de que hoy la sociabilidad esta en Internet y agrega que en buena medida hoy los movimientos sociales se suscitan en él por toda la capacidad de conformar redes. ¿Cuál es su opinión al respecto?
- No comparto el juicio del ilustre profesor Zygmunt Bauman por dos razones: se está dando por ejemplo movimientos de acción colectiva que algunos autores como Raúl Zibechi están analizando en el caso de América Latina y que demuestran que en buena medida todos los procesos de movilización a través de las redes sociales tienen un componente afectivo, siempre, históricamente el movimiento obrero se movilizó a través de la propaganda y el uso del periodismo como un agitador de conciencias, el propio Marx era un gran propagandista y polemista en la prensa de la época, y esto ha sido un condicionante, la diferencia con las redes sociales es que permiten autonomía. El 15M es un ejemplo en el sentido de nuevas retóricas, nuevas narrativas, nuevas estéticas de la protesta, pero sobre todo nuevos modelos de organización en red. Y esto ofrece en el sentido que señala Castells modalidades de acción colectiva impensables. .

Cronicon - El observatorio latinoamericano - Setiembre 2013