La CGT oficialista no se sumará a la protesta, pero cada uno de sus principales dirigentes se queja de lo mismo y algunos hasta se atreven a planteárselo personalmente a Cristina.

Hugo Yasky, el secretario general de la CTA kirchnerista, exigió públicamente que el piso a partir del cual los trabajadores en relación de dependencia pagan ese impuesto se eleve en un 30 por ciento.

Ese mismo porcentaje y un mecanismo de ajuste automático es el que propone el Frente Renovador, que con su triunfo en las primarias legislativas del año pasado forzó a que el Gobierno subiera el umbral a 15.000 pesos.

El Frente Amplio Unen no se queda al margen de la movida. Firmaron una convocatoria a una sesión especial en Diputados para tratar una serie de proyectos de ley entre los que se destaca una modificación en Ganancias muy similar a la del massismo.

Hasta el Pro presentó un escrito señalando que en función de los aumentos salariales que se están acordando en paritarias el mínimo no imponible debería ser de 19.500 pesos.

La izquierda no se queda atrás sino que va mucho más allá. El frente que conforman el Partido Obrero y el de los Trabajadores Socialistas agita la bandera de la eliminación lisa y llana del impuesto bajo la consigna de que el salario no es ganancia, un falaz argumento semántico que omite a sabiendas que en el caso de los individuos se trata de un gravamen al ingreso como el que existe en la mayoría de los países del mundo.

Notable coincidencia de todo el arco político opositor, y no sería nada extraño que el Gobierno tome alguna medida en el mismo sentido. Jorge Capitanich lo sugirió en más de una oportunidad.

El reclamo tiene sólidas razones. La falta de actualización del mínimo no imponible provoca, por ejemplo, que personas que no están gravadas pasen a estarlo por el simple hecho de que su salario se incrementó aproximadamente al ritmo de la inflación (que es lo que viene ocurriendo en la mayoría de esos casos), con lo cual su ingreso real no se mantiene sino que disminuye por el efecto del impuesto. A eso se agrega la falta de actualización en las escalas, lo que ocasiona que cada vez más trabajadores queden gravados con las alícuotas correspondientes a los tramos más altos.

Sobre esto último, un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf) que fue muy difundido esta semana muestra cómo el nivel salarial a partir del cual en la Argentina se paga la tasa máxima es inferior a la mitad que en Perú, un cuarto que en Chile y menos del 20 por ciento que en Uruguay. Por ejemplo, mientras que cruzando el Río de la Plata se empieza a pagar la tasa máxima con un salario mensual equivalente a 14.000 dólares, en la Argentina eso sucede a partir de un ingreso mensual equivalente a 2.650 dólares. Además, la tasa máxima aquí (35 por ciento) es mayor a la de Uruguay (30 por ciento). Sin embargo…

Más allá de la razonabilidad del reclamo, es notable la desproporción entre el trato y la preocupación que genera este problema, y la desatención de la clase política frente a otro problema del impuesto a las Ganancias que es más relevante y genera mucha más inequidad que las cuestiones del mínimo no imponible. El principal problema del impuesto a las Ganancias no es el de los asalariados y monotributistas que tienen ingresos del orden de los 15.000 pesos mensuales, sino lo poco que pagan las personas con ingresos que son treinta o cien veces mayores.

Según datos de la AFIP que publiqué en septiembre pasado en El Cronista Comercial, en la Argentina hay 283 personas que declararon ingresos correspondientes a 2012 por más de 10 millones de pesos cada una, acumulando entre todos 4.799 millones. Ese conjunto pagó de Ganancias un total de 849 millones, es decir que la tasa efectiva fue del 17,7 por ciento; la mitad que el 35 por ciento de alícuota máxima.

Bajando apenas un poquito desde la punta de la pirámide social, se tiene que hay 90.245 contribuyentes que declararon ingresos anuales por más de medio millón de pesos y que en conjunto suman 99.500 millones; ese grupo pagó un total de 17.900 millones, de lo que se desprende que la tasa efectiva tampoco fue del 35 por ciento sino del 18. Si hubieran pagado la alícuota máxima el fisco hubiera obtenido una recaudación adicional de 16.800 millones de pesos. Es más de lo que ese año se destinó a la Asignación Universal por Hijo, y a valores de hoy equivale al costo de las dos megarrepresas que se van a construir en Santa Cruz.

La explicación de por qué los que más ganan pagan la mitad de la alícuota máxima radica en las exenciones y desgravaciones que estaban vigentes y que muy tibiamente fueron eliminadas mediante una ley votada a fines del año pasado. Aún sigue exenta la renta financiera obtenida mediante títulos públicos, depósitos a plazo fijo y ganancias por compra-venta de acciones que cotizan en Bolsa.

En otras palabras, una modificación progresista al impuesto a las Ganancias debería tener como objetivo prioritario el incremento de la carga sobre las franjas sociales más altas, que están bien por encima de los afiliados mejor pagos de Camioneros, Smata y la UOM afectados por el mínimo no imponible y desactualización de escalas.

Y tal como queda demostrado con los datos presentados, esa modificación requiere antes que nada eliminar las exenciones, desgravaciones y vías de escape diversas que confluyen para que los ricos de la sociedad argentina paguen la mitad del 35 por ciento que Iaraf considera para realizar la comparación antes citada, y que por lo tanto resulta engañosa.

Un cambio progresivo en Ganancias podría además contemplar una suba de la alícuota máxima del 35 por ciento, como varios están proponiendo en países del Primer Mundo donde la preocupación por la creciente desigualdad está en el foco del debate político.

No es lo que sucede aquí.

Revista 23 - 7 de mayo de 2014