Debate a contramano

Leandro Filozof - Pablo Galand
Desde que la cuestión vinculada a la inseguridad pasó a estar al tope de la agenda mediática y política, la asociación de esta problemática con el fenómeno migratorio se dio de manera casi inmediata. El desalojo en el barrio Papa Francisco llevado adelante por la Policía Metropolitana y la Gendarmería Nacional sirvió para estigmatizar a sus habitantes con el narcotráfico y la inmigración ilegal, tanto de parte del secretario de Seguridad Sergio Berni como de su par porteño Guillermo Montenegro. La instalación de este discurso propició la reaparición de personajes que siempre mantuvieron posturas xenófobas y a quienes insólitamente el actual contexto los reubicó en los sets de televisión. Se trata de una escalada que va a contramano de la política migratoria que se puso en marcha en 2004 y que no sólo regularizó la situación de más de un millón de extranjeros residentes en el país, sino que consagró institucionalmente cuestiones como “el derecho humano a migrar, el acceso a la Justicia, la prohibición de expulsiones sin el debido control judicial y la reducción de los supuestos de detención de migrantes que se encuentran en el país”, tal como lo señala un informe de Organización Internacional para las Migraciones (OIM). Para Pablo Ceriani, director del Programa de Migración y Asilo de la Universidad de Lanús, no es casual el momento en que se reinstala este debate. “Recordemos que estamos en un escenario preelectoral particular, en el contexto de una importante desaceleración económica, y el discurso antiinmigratorio puede capitalizarse con fines electorales muy claros: es tanto más cómodo achacarle la responsabilidad de todos los males a una minoría silenciada política y electoralmente”. Al revisar las estadísticas, queda en evidencia que el discurso xenófobo, asociado a la delincuencia, poco tiene que ver con la realidad. Por ejemplo, de acuerdo con un informe elaborado por la Comisión Bicameral de Seguridad Interior, a partir de datos suministrados por el Servicio Penitenciario Federal y la Procuraduría General de la Nación, la proporción de inmigrantes presos es la misma que de extranjeros en la sociedad. El diputado Gastón Harispe integra dicha comisión y señala que “toda esta información nos dice que la campaña de estigmatización es infundada porque delinquen igual los migrantes que los argentinos nativos. Incluso, en el caso de los delitos que tienen mayor impacto público y que atentan contra la persona y la propiedad, la tasa de homicidio es menor por parte de migrantes que de argentinos”, completa el legislador del Frente para la Victoria. A María Inés Pacecca, antropóloga de la UBA e integrante del equipo técnico de la Comisión de Apoyo a Refugiados y Migrantes, no le sorprende este resurgir xenófobo. “Este tipo de ataques contra los inmigrantes es cíclico y lo vi muchas veces. Siempre respondemos con datos objetivos que muestran los errores que hay. De todos modos, es una ingenuidad pensar que los prejuicios se combaten con información. Hay dos ejes de discusión: hay datos objetivos que demuestran los errores en los que se basan los argumentos de algunas personas pero, por otra parte, esos datos no desarman los prejuicios o lo que muchos piensan de los inmigrantes. Ahí hay otro argumento que tiene que ver con la sociedad que queremos ser y la clase de persona que pensamos somos cada uno de nosotros”. El informe de la OIM refuta algunos estereotipos. Por ejemplo, en el caso de la población migratoria peruana, que en las crónicas policiales se la vincula inexorablemente con las bandas de narcotráfico, el 38 por ciento de los varones tiene educación terciaria o universitaria. Una tasa que está muy por encima de la media argentina, que llega al 18 por ciento. La investigación pondera las políticas públicas hacia los migrantes iniciada con el kirchnerismo. Destaca que el programa Patria Grande se creó con el objetivo de que los inmigrantes de países limítrofes regularizaran su situación en forma facilitada. “La importancia que tuvo este programa se pone de manifiesto al tener en cuenta el alto número de personas que iniciaron los trámites en el período 2004-2011: 1.383.855, de las cuales se resolvieron 1.198.280”, asegura la OIM. En mayo de 2010 se reglamentó la Ley de Migraciones 25.871, para cuya elaboración participaron organizaciones de derechos humanos, órganos de Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Según la OIM, esta nueva norma invirtió el criterio relacionado con la radicación de extranjeros, ya que en la anterior ley, sancionada durante la dictadura, “el énfasis estaba colocado en el control policial de los inmigrantes”, y en la actual “se propende explícitamente su regularización”. Esta ampliación de derechos vino acompañada por mejores condiciones de vida. Señala la investigación que “se produjo una notable expansión del empleo asalariado registrado entre los migrantes”, fundamentalmente impulsada por una mayor inserción en actividades productivas no tradicionales para esta población. Es así que en rubros como la construcción, el trabajo doméstico o indumentaria, el crecimiento del indicador varió entre 1 y 4 puntos porcentuales, “en las actividades con poca incidencia de migrantes, el porcentaje de empleo registrado creció 12 puntos porcentuales, representando un 62% del total de los ocupados extranjeros en dichas actividades”. Desde las asociaciones de migrantes destacan los avances normativos y advierten los riesgos que traen aparejados los nuevos discursos. Natividad Obeso, presidenta de la Asociación Civil de Mujeres Unidas Migrantes y Refugiadas en Argentina, señala que “la ley migratoria argentina nos otorga derechos y deberes como a sus nacionales; sin embargo, la xenofobia es un tema que va más allá de lo jurídico y legal, pues se arraiga en el aspecto cultural de la sociedad que lamentablemente todavía no ha asimilado en su totalidad estos derechos y deberes que su Estado nos otorga, y que con base en prejuicios sigue discriminando y maltratando al migrante en su diario vivir”. Las olas xenófobas aparecen cíclicamente. Catorce años atrás, bajo el título “La invasión silenciosa”, la desaparecida revista La Primera, dirigida por Daniel Hadad, acusaba a los migrantes provenientes de la “América oscura” como los culpables de la crisis económica que en realidad había generado una década de neoliberalismo. Con argumentos casi calcados, indicaba que los “extranjeros ilegales cometen más delitos que el promedio de la población” y “algunos delinquen para no ser deportados”. Entre los consultados en la nota aparece Patricia Bullrich, que en aquellos años se desempeñaba como secretaria de Política Criminal y Asuntos Penitenciarios del gobierno de la Alianza. Señalaba que “el 20 por ciento de los presos en la Argentina es de origen extranjero”. Coincidentemente, el lunes pasado el diario La Nación señalaba que “el 22,4% de los internos de las cárceles federales son de origen extranjero”. Con lo cual, el argumento de que cada vez son más los extranjeros que delinquen se cae por los propios datos que difunden los que promueven la estigmatización. Diego Morales, abogado del CELS, recuerda que “aquella publicación, junto a otras que aparecieron simultáneamente, generó la creación de la mesa de organizaciones sociales para la reforma de la ley de inmigraciones”. En sus incursiones mediáticas, Berni planteó que los jueces agilicen los trámites para que puedan ser expulsados de manera inmediata a su país de origen los extranjeros que cometen un delito. Sin embargo, Morales sostiene que la ley no contempla con tanta facilidad que se hagan realidad los deseos del secretario de Seguridad. “En el inciso C del artículo 29 hay un segmento bastante cualificado acerca de por qué razones se puede determinar la expulsión por antecedentes penales. No es cualquier antecedente. Define los delitos de manera muy precisa. El inicio de una causa o que le hayan tomado indagatoria no son causas suficientes para permitir la deportación de un migrante. La ley habla claramente de procesamiento firme”, completa Morales. En el año 2011, la Argentina fue evaluada por el Comité de Trabajadores Migratorios de Naciones Unidas. Morales señala que dicho organismo recomendó se controle “que los funcionarios públicos no tuviesen frases que construyeran estereotipos que vincularan a la migración con la violencia o la pobreza”. Una sugerencia que hoy aparece como muy oportuna.

Revista XXIII - 4 de septiembre de 2014

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