En todo momento hemos sostenido que el desarrollo del país y de las Pymes no es posible sin la irrestricta vigencia y profundización de las instituciones democráticas, condición básica para que los objetivos de desarrollo con equidad e inclusión social no sean meros enunciados sino acciones concretas para mejorar la vida de todos los argentinos.

En la última década, junto con la recuperación de un papel activo del Estado en la vida económica, política y social, se impulsó, de acuerdo con la demanda de vastos sectores populares, una consistente política de Memoria, Verdad y Justicia. Este hecho debe valorarse no sólo por el resultado de los juicios y condenas a los represores, que deben continuar, sino porque además se ha puesto en primer plano el accionar de los socios civiles de los militares. Se trata de un fuerte entramado corporativo, judicial y de medios de comunicación que no se limitó a colaborar con la dictadura sino que fue parte esencial del régimen.

Hoy los sectores corporativos siguen operando en desmedro de la democracia y muestran ostensiblemente que sus ideas no han cambiado en absoluto; lejos de eso, ante cada avance y mejora para los sectores populares, los trabajadores, las Pymes y la producción nacional, los grupos concentrados responden con una nueva ofensiva dirigida a resguardar su exclusivo beneficio e imponer un modelo de país inequitativo a expensas del resto de la sociedad.

Además de los consabidos ataques especulativos, estos sectores se valen del aval implícito de fuertes núcleos regresivos del Poder Judicial para llevar adelante una estrategia de impedimentos basada sobre lo la “judicialización de la política”, que no repara en avanzar sobre los respectivos ámbitos de competencia constitucional de los poderes públicos.

Sin ir más lejos, en estos días los integrantes del llamado G6 realizaron una presentación para frenar la aplicación de la ley recientemente sancionada por la Legislatura en resguardo de los consumidores y las Pymes, mostrando de este modo cuáles son sus verdaderos intereses.

Por el contrario, creemos que profundizar la democracia significa ahondar la participación de todos los sectores en la vida pública fortaleciendo y transparentando el funcionamiento de las instituciones y los mecanismos de representación, lo que sin duda se reflejará en mayores avances en la recuperación y ampliación de los derechos humanos, sociales y económicos.

Las asignaturas pendientes de estos 31 años no se resolverán subordinando el país a los intereses de los poderes corporativos, sino ampliando las bases de discusión para avanzar en una estrategia integral del desarrollo nacional y regional, con mayores niveles de inclusión social, democracia y soberanía como pilares esenciales de la dignidad y el bienestar de todos los argentinos.

APYME - 9 de diciembre de 2014