El razonamiento es bastante sencillo: los pobres/ignorantes votan a determinados gobiernos porque estos les brindan dádivas o prebendas. De aquí se seguiría que para perpetuarse en el poder habría gobiernos que buscan multiplicar los pobres y los ignorantes.

Ahora bien, de este tipo de razonamientos se siguen algunas cosas más. Por ejemplo, una subvaloración del voto de los pobres. Dicho de otro modo, habría una baja calidad en el voto de menos aventajados, sea porque se trata de masas de ignorantes, sea porque la necesidad los “obliga” a establecer la relación clientelar. En este sentido, habría ciudadanos libres que elegirían a sus representantes tomando en cuenta todas las variables que permiten realizar decisiones racionales y un conjunto mayoritario de la población que votaría con un hilo de baba colgando y/o hambrienta.

El clientelismo político, esto es, la relación asimétrica que se da entre un gobierno/Estado que le brinda beneficios a un individuo o un determinado grupo a cambio de apoyo electoral, es una práctica con larga historia en la Argentina (y en Occidente) pero el sufragio secreto la limita fuertemente. En otras palabras, el funcionario de turno podrá hacer promesas, dar dinero o lo que sea pero en el cuarto oscuro es el individuo el que decide y muchas veces decide votar en contra del que le ofrece la relación clientelar. Pues tener necesidades no significa perder la dignidad y sobre todo, como diríamos en el barrio elípticamente, no significa ser pelotudo.

¿Esto supone que haya que quitarle importancia al clientelismo político? Por supuesto que no pues es una de las prácticas más vergonzantes y abusivas. Pero de lo que se trata, más bien, es de no sobredimensionar su capacidad al momento en que la voluntad popular se expresa a través de las urnas. En apoyo a esta afirmación tómese en cuenta el “clientelismo para ricos”. Sí, porque una de las trampitas que más trasuntan una discriminación propia de la aristocracia es la de suponer que sólo puede haber clientelismo con pobres. Pues no: también hay una relación de patrón/cliente entre funcionarios corruptos y los sectores más aventajados.

Explicaré esto de la siguiente manera: se dice que, por ejemplo, una práctica habitual del clientelismo es otorgar algún tipo de subsidio a cambio del apoyo electoral. Si ese fuese el caso, las clases medias y altas de la ciudad de Buenos Aires son las primeras en aceptar relaciones clientelares en la medida en que, a diferencia de otros distritos, reciben subsidios del gobierno nacional al consumo de luz, gas, agua y transporte. De esta manera se da insólitamente que los pobres de provincias con ingresos más bajos que los de CABA pagan por sus servicios muchísimo más que lo que paga el porteño. Por ello tiene razón la oposición en acusar de clientelista al oficialismo pero debería aclarar dos cosas: que el clientelismo no se da sólo con los pobres y, sobre todo, que el clientelismo no garantiza votos pues el distrito que más subsidios recibe es, después de Córdoba, aquel en el que el FPV menos votos obtiene. Salvo que alguien se anime a afirmar que los votantes de la ciudad de Buenos Aires son más racionales y dignos que los votantes de otras provincias, no resultará fácil sostener coherentemente una postura capaz de enfrentar esta evidencia. Si las razones que se esgrimen son que los subsidios en CABA son, en general, universales, deberán aceptar que, cuando se trata de provincias del Norte, se toma a la AUH como una forma de política clientelar a pesar de ser “universal”. Este punto muestra la pendiente resbaladiza en la que la denuncia de clientelismo ha caído hasta descansar en una suerte de sentido común de liberalismo ramplón por el cual todo tipo de ayuda estatal se ha transformado en relación clientelar independientemente de su carácter universal y de que la informatización ha permitido eludir la acción de los punteros. Es el mismo deslizamiento que hace que cualquier gobierno democrático que decida aplicar políticas redistributivas o de acción directa hacia los sectores menos aventajados sea denominado “populista”. Por último, ¿las exenciones impositivas a grandes empresarios con la excusa de atraer inversiones no son una suerte de clientelismo político también? ¿No hay allí un funcionario/gobierno/Estado que toma dinero de los contribuyentes y lo direcciona a cambio de obtener un apoyo electoral? Yendo a un caso puntual y para no caer sólo en el gobierno nacional, ¿no hay clientelismo político con ricos cuando el Gobierno de la Ciudad establece negocios con el Grupo Clarín? ¿No se está beneficiando económicamente a un grupo pidiendo a cambio apoyo electoral? Se trata de preguntas retóricas pero, sin duda, del mismo modo que el clientelismo político con pobres no garantiza que el “cliente” vote al “patrón”, nada impide que Héctor Magnetto, en la soledad del cuarto oscuro, se incline por una alternativa al macrismo al momento de elegir el “puesto menor” de presidente de la República.

Pero la temática del clientelismo político, aunque usted no lo crea, fue bastante más allá de una discusión de taxi o a los gritos en un canal de TV, para servir de fundamento al fallo de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de Tucumán que declaró nulas las últimas elecciones a gobernador. Sí, será macondiano y surrealista pero basándose en una nota de La Nación y en un informe de Jorge Lanata, la principal razón por la que se anulaban los comicios en los que el vencedor aventajó por 100.000 votos a su principal competidor fue, más que algunos casos de quema de urnas y una falla en las cámaras de seguridad que controlaban el traslado de los votos, el conjunto de prácticas clientelares que habrían existido durante las elecciones y antes de las mismas. Es extraño pues con ese criterio hasta se podría haber exigido que las elecciones nunca se hubieran llevado a cabo puesto que seguramente hay prácticas clientelares (del oficialismo y de la oposición) en Tucumán. Por suerte para la democracia y las instituciones, semejante despropósito fue desautorizado por la Corte Suprema de Tucumán con un fallo del que extraje los siguientes pasajes: “Sin caer en el extremo de negar ni relativizar la gravedad que ese tipo de actos (quema de urnas, violencia y prácticas clientelares) contrarios a la ley, máxime ante la importancia de los valores en juego, no es posible, empero, soslayar, por un lado, la decisión de aquellos votantes que no se prestan ni participan de tal irregularidad ni, por el otro –y lo que es más decisivo todavía– la circunstancia incontrastable de que del clientelismo no se sigue inexorablemente la falta de autonomía de los electores involucrados, quienes al ingresar solos al cuarto oscuro quedan fuera del alcance de toda injerencia extraña (…) Además de carecer de la necesaria universalidad que debería presentar un argumento sobre el que se funda una medida que afecta a todo el electorado, ante la ausencia de elementos demostrativos o cuanto menos indiciarios de que no se ha garantizado el ejercicio pleno de la libertad de elección dentro de los sendos recintos habilitados a ese efecto, el razonamiento de la sentencia [que anulaba los elecciones] importa avanzar indebidamente sobre la conciencia misma de las personas que participaron del comicio. Los motivos que llevan a un elector a votar en tal o cual sentido son de la más variada índole (política, afectiva, económica, religiosa, etc.), y podrá compartírselos o no, pero ello no autoriza a ninguna autoridad estatal a inmiscuirse en el ámbito interno de las personas, juzgando la conciencia de cada ciudadano”.

Los pasajes escogidos son lo suficientemente elocuentes como para agregar algo pero la desesperación de un sector del electorado tras 12 años de perder elecciones lo está llevando al límite de poner en tela de juicio conquistas republicanas y democráticas que mucho nos ha costado conseguir. Se trata de un sector que, de hecho, se arroga la potestad de calificar el voto olvidando que el voto del rico y el del pobre, al menos hoy, valen lo mismo.

Revista XXIII / 24 de septiembre de 2015