La política fiscal es la herramienta por excelencia para garantizar el acceso a los derechos humanos en condiciones de igualdad, reducir los elevados niveles de pobreza e indigencia e impulsar un proyecto productivo inclusivo, sostenible y sustentable. Mediante la política fiscal, el Estado sostiene la calidad y gratuidad de las escuelas y las universidades públicas, el sistema de justicia, las fuerzas de seguridad, las vacunas, el personal de salud y los hospitales públicos, el sistema previsional y de protección social, incentiva algunas actividades económicas y productivas sobre otras, entre otras políticas, actividades y servicios.

Caracterizar al sistema fiscal argentino exige un ejercicio de reflexión que debe ir más allá de concebirlo como mera herramienta de recaudación y distribución de recursos. El sistema fiscal argentino es una arena de disputa política que expresa, de diferentes maneras, relaciones de poder dentro de nuestra sociedad. En ese sentido, su estructura, su orientación y su progresividad guarda un vínculo estrecho con el proyecto político y económico del país.

Nuestro país desaprovecha el rol igualador que debe tener la política fiscal. El gasto público destinado a los sectores que más requieren de la intervención estatal no logra garantizar condiciones de vida dignas y la forma en que se gestiona la deuda pública restringe severamente la posibilidad de dar prioridad a políticas esenciales para ello. La recaudación impositiva es ineficiente, insuficiente e inequitativa, y se pierden muchos recursos a causa de privilegios y mecanismos fiscales abusivos, que se sostienen gracias a la falta de transparencia y de mecanismos adecuados de control.

Para que el sistema fiscal sea acorde a los compromisos de derechos humanos asumidos por la Argentina, debe ser socialmente justo, lo que implica que sea equitativo. Al mismo tiempo, debe permitir la generación de recursos suficientes para garantizar los derechos de toda la población. Esto implica recaudar de forma progresiva –de acuerdo a la capacidad de pago de personas y empresas–, contar con mecanismos eficientes para controlar la evasión y la fuga de capitales, y financiar los bienes y servicios públicos necesarios, que sean suficientes, accesibles y de calidad.

En marzo de 2022, un grupo de especialistas, investigadores/as y organizaciones de la sociedad civil conformamos el Espacio de Trabajo Fiscal para la Equidad (ETFE)¹, una red que busca aportar análisis técnicos, políticos y culturales para impulsar políticas fiscales justas, con enfoque de derechos humanos y perspectiva de género. En este documento presentamos nuestras propuestas orientadas a sostener debates amplios, plurales y participativos para construir un nuevo “pacto fiscal” en Argentina, que nos permita avanzar hacia una sociedad más justa y democrática, donde todas las personas tengamos vidas que merezcan ser vividas.

Las propuestas se agrupan en cuatro ejes: impuestos progresivos, transparencia y control de los abusos fiscales, deuda pública con enfoque de derechos y gasto público equitativo; cada una de ellas incluye un diagnóstico y una serie de ideas para concretar en políticas.

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^{1. El ETFE surgió como iniciativa conjunta de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y la Fundación Friedrich Ebert en Argentina (FES).}