Las víctimas crecientes del modelo neoliberal vigente en nuestro país nos exigen hablar proféticamente sabiendo que su situación puede cambiar ¡y debe cambiar! Creemos que Dios no nos perdonaría callar ante tanta muerte planificada. Queremos decirle a cada argentina y argentino que su “fe lo ha salvado”, pero para ello necesitamos políticas, verdades, iniciativas de verdadera salvación. Lamentablemente vemos todo lo contrario.

 

262 días de detención de Milagro Sala, presa política

 

Cada vez trasciende más ante quienes quieren ver la injusticia de la detención de Milagro Sala y sus compañeros y compañeras. Ahora, el Parlamento europeo rechazó la detención de Milagro; la OIT reclama por la decisión de Morales de violar la libertad de trabajo de las cooperativas de la Tupac; más de 20 rectores y decanos de Universidades Nacionales visitaron a Milagro y a las otras presas políticas de la Tupac Amaru en el Penal de Mujeres de Alto Comedero y dijeron: "nos contaron que el juez les ofreció la domiciliaria a cambio de que denuncien a José López y a Eduardo Fellner". Una vez más queremos reclamar y sacudir la sordera oficial (provincial y nacional) ante esta flagrante injusticia y abuso impune de autoridad. Lamentamos, asimismo, el vandalismo en el local de la Tupac en Libertador General San Martín: allí destruyeron, robaron y quemaron juegos e instalaciones: techos, ventanas, rejas, bancos, paredes, alambrados, piletas, columnas, quinchos, baños, redes eléctricas y otras partes arrasadas lo que demuestra un odio pocas veces visto en la política argentina. Por otra parte resulta sugerente que la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal decida seguir investigando a Milagro Sala, en la causa por amenazas que se inició en 2009 a raíz de una denuncia presentada por el entonces senador y actual gobernador Gerardo Morales siendo esta misma sala la que dictó la falta de mérito para Carlos Pedro Blaquier, dueño del ingenio Ledesma, en la causa en la que se encontraba procesado por delitos de lesa humanidad vinculados a secuestros de trabajadores y pobladores de Libertador General San Martín y otras localidades cercanas a su planta.

 

También la impunidad flagrante continúa en el caso de los Papeles de Panamá y otras revelaciones (las llamadas Bahamas Leaks). Se sabe, ahora, que 8 de las 12 sociedades de las que Macri es parte no presentaron balances y que además 6 de ellas permanecen activas. El desparpajo oficial y la exasperante complicidad en el silencio de quienes debieran levantar la voz (poderes judiciales, legislativo y prensa) ante estos evidentes casos de corrupción nos llevan también en este caso a insistir aunque sea una profética “voz que clama en el desierto”.

 

El (¿momentáneo?) triunfo de la anti-política

 

Los mencionados casos de impunidad llevan, muchas veces, al común de la población al desaliento y la resignación del estilo de “no se puede hacer nada”, “siempre ganan los poderosos” o “unos nacen con estrella y otros nacen estrellados”. Como seguidores de Jesús, el predicador del Reino de Dios, nos parece muy importante valorizar la política como la forma más amplia y profunda del amor, como búsqueda del bien común, como militancia por más y mejor vida para todos y todas. Vemos que muchos, colonizados por la hegemonía comunicacional, se quejaron ayer por la supuesta "herencia recibida", y hoy contra la sistemática mentira macrista con lo cual triunfa la anti política. Obviamente esto es “caldo gordo” para los poderosos, desaliento para los débiles y sirve para justificar la represión a los “loquitos” politizados. La mente embotada de los muchos no da razón, es simplemente manifestación evidente de la complicidad de los medios hegemónicos de comunicación.

 

Por ejemplo, a raíz de los “bolsos” y el dinero no declarado de Gabriela Michetti ella pudo afirmar suelta de cuerpo que “nadie piensa que soy corrupta”. Los medios militantes y cómplices escriben “corrupción” con “K”, y hablan de ésta en pasado (la corrupción fue del gobierno anterior, este está “limpiando la basura”), con lo que logran que todo lo que se decía del vicepresidente ayer se disimule o invisibilice si se trata de la vicepresidenta hoy. Por eso es muy probable que “muchos” no piensen que es corrupta. Sólo quisiéramos pedirle a la Sra. Michetti que no hable en nombre nuestro.

 

El Papa Francisco acaba de anunciar que no vendrá tampoco en el 2017 a la Argentina. Convencido de que la política es un valioso instrumento (contra los abanderados de la anti-política) invitó a “ponerse la Argentina al hombro”. Es sabido el desconcierto o – directamente – el rechazo que las actitudes y palabras del Papa provocan en la prensa hegemónica. Así, es curiosa la interpretación que hizo sobre el tema el periodista clarinista Sergio Rubin. No esperábamos otra lectura de un pobre escriba al servicio de los poderosos, sólo queremos señalar que a su lamentable interpretación muchos oponemos otras lecturas, aunque mañana sus amanuenses escriban “curas cercanos al Papa Francisco”.

 

En nuestra carta anterior repudiamos las declaraciones del Presidente Macri en las Naciones Unidas. Eso queda suavizado en la campaña sistemática para levantar la imagen presidencial de la prensa cómplice mostrando un paseo en bicicleta por Nueva York, el beso del presidente con Juliana Awada (esa escena ya la vimos en el debate presidencial) y ahora también mostrando a la hijita Antonia tocando timbres en casas amigables. Si quieren mostrar un gobierno de familia y hasta a su perro Balcarce, nos gustaría verlos viviendo y comiendo en las barriadas pobres y con el poder adquisitivo del salario de las víctimas de este gobierno que hundió a miles de familias debajo de los índices de la pobreza.

 

La “cara de bueno” del presidente Macri (Hebe de Bonafini utilizó otras palabras) anunciando la inversión de General Electric por 10.000 millones de dólares rematada con la acotación “lo leí en un diario” no hace sino confirmar la sensación de que con todas estas actitudes el presidente no hace sino burlarse en nuestra cara de los 42 millones de argentinos.

 

El poder judicial parece no hacer sino cosas que confirman la sistemática victoria de los poderosos y el desinterés por los pobres. El cada vez más impune y vergonzoso “juez” Claudio Bonadío insistió en la quema de todos los implementos del plan Qunita y ahora delega responsabilidad en el ministro de salud (éste ministro parece que para el dizque juez sí es confiable). La llamada “causa Nisman” pasó – como lo solicitaban los poderosos para garantizar la manipulación – al fuero federal por decisión de la vergonzosa Corte Suprema de Justicia (sic). Y ante la decisión de la Cámara de no reabrir la causa por la denuncia del ex fiscal Alberto Nisman, confirmando el fallo del digno juez Daniel Rafecas, el impresentable fiscal Germán Moldes, con la complicidad de La Nación y Clarín habla de “desratizar” el poder judicial, de una “peste” lo cual no solo nos permite dudar sobre su ecuanimidad e independencia, sino también sobre su equilibrio.

 

Las Madres de Plaza de Mayo entraron al juzgado de Julián Ercolini para pedirle explicaciones como ciudadanas por la demora de la causa Papel Prensa. Su accionar pretende alertar a la sociedad a la vez que interpelar al juez y pretender respuesta acerca de por qué no se cita a declarar a Héctor Magnetto. Algunos cajones judiciales parecen demasiado profundos y oscuros en ciertos casos.

 

Políticas de Derechos Humanos en peligro

 

En coherencia con lo vertido oralmente y viendo cómo el concepto de terrorismo de estado es trastocado por el de “guerra sucia” o puesta en duda la extensión del terror y del exterminio con declaraciones negacionistas sobre el número de 30.000 desaparecidos, el Poder Ejecutivo sigue adelante con su política de obstaculizar el avance de la investigación y juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad creando situaciones de impunidad para el juzgamiento de los participantes civiles del último proceso militar. La reducción de un 12% en el presupuesto 2017 en esta área es un simple ejemplo de esto.

 

En cuanto al Poder Judicial, señalamos con preocupación que siga con un ritmo cansino para la realización de los juicios, la lentitud para el desarrollo de los debates orales y públicos en curso, la demora para conformar tribunales y obtener espacios propicios para la realización de las audiencias. También en las causas en las que se investiga la responsabilidad empresarial nos preocupan los obstáculos que se advierten para llevarlas a cabo. En nuestra carta anterior ya alertábamos lo inminente en la Megacausa III de Santiago del Estero ahora suspendida.

 

En tanto, el Poder Legislativo tiene pendiente la constitución y puesta en funcionamiento de la Comisión Bicameral de Identificación de las Complicidades Económicas durante la última dictadura militar para la Búsqueda de la Verdad, la Memoria y la Justicia. La misma debía haberse puesto en funcionamiento en marzo de este año. Exigimos a las autoridades correspondientes que pongan en funcionamiento dicha Comisión.

 

Por su parte, el Poder Ejecutivo retiró la co-querella en la causa contra el civil Alejandro Reynal, quien fue vicepresidente del BCRA entre 1979 y 1981, acusado por delitos de lesa humanidad; derogó la Resolución del Ministerio de Defensa de la Nación que impedía que los presos por delitos de lesa humanidad fueran atendidos en hospitales militares; el Programa Verdad y Justicia sufrió una reducción de sus funciones con su traspaso de la órbita del Ministerio de Justicia a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación; fueron despedidos trabajadores del Centro de Asistencia a Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos Dr. Fernando Ulloa, dependiente de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.

 

Reclamamos también que el gobierno de María Eugenia Vidal saque del abandono en que se encuentran los Espacios para la Memoria y la Promoción de los Derechos Humanos en la Provincia de Buenos Aires.

 

Abuso de autoridad entre las fuerzas de seguridad e impunidad de los poderosos

 

Es muy grave la sistemática presencia de intimidaciones a grupos diversos (sean colectivos sociales [Tupac Amaru], políticos [la Cámpora], judiciales [Justicia Legítima], prensa barrial [La Garganta Poderosa], religiosos [incluso a nosotros mismos; y estos son sólo algunos ejemplos] o la proliferación de “campañas de descrédito”. No satisfechos con la invasión de trolls en las redes sociales vemos nuevos modos de presencia de “infiltradas/os” que intentan desacreditar, ensuciar, provocar. Nada más lejano a “contribuir al diálogo y al encuentro de todos” como falsamente se pregona.

 

Ya lo hemos señalado: este modelo “genocida por goteo” no funciona sin sindicalistas cómplices y sin represión. Así, repudiamos la propuesta ley de flagrancia; una tremenda herramienta contra la protesta social, con juicios exprés y condena rápida. Cualquier protesta se convierte en delito. Creemos que es preparación para continuar con los despidos y reducir la protesta.

 

En los próximos días comenzará en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires la discusión sobre un nuevo marco normativo para la seguridad pública local. Se traspasarán efectivos de la policía Federal a una nueva Policía dependiente del GCBA por crear. También alertamos sobre la implementación de esta normativa.

 

El 21 de septiembre a las 18 hs la Policía Federal detuvo a 10 militantes de entre 18 y 22 años en la comuna 3 (CABA), mientras realizaban un mural en la Plaza Velasco Ibarra. Todos ellos participan de la Mesa de Juventud de la Comuna y desde ese ámbito estaban realizando una Jornada Deportiva con el fin de concientizar sobre el consumo y abuso de drogas promoviendo la práctica de deportes y la vida sana.

 

Repudiamos el nuevo ataque, el sábado 24 a las 9 de la mañana, de las bandas armadas del dueño de Manaos contra la Comunidad Yacu Cachi: un compañero herido de bala, quema de ranchos y vehículos, envenenados los pozos de agua, dando muerte a animales y disparos a las familias. Tres camionetas de la empresa Manaos de Orlando Canido, cargadas con 15 personas armadas con pistolas y rifles, entraron nuevamente a los tiros a la comunidad de Bajo Hondo (Santiago del Estero). El conflicto viene de hace muchos años, pero se recrudecido desde hace 4 años cuando Canido, dueño de Manaos, apareció afirmando que era dueño y contrató bandas armadas para desalojar campesinos indígenas de la comunidad guaycurú que viven ancestralmente allí. “No vine a delinquir, pero no admito que tres delincuentes comunes me roben”, afirmó el dueño de Manaos. Cabe aclarar que Canido utiliza los mismos métodos en otras cuatro comunidades del MOCASE donde acumula más de 70 mil hectáreas. En el caso del Bajo Hondo son dos mil hectáreas en conflicto y nunca mostró los papeles de su supuesta propiedad ni aceptó dirimir el conflicto en sede civil. Hay dos camionetas de bandas armadas apostadas en la zona, una de las cuales está registrada a nombre de Orlando Canido.

 

Nos solidarizamos con la denuncia por las torturas que sufrieron Ezequiel Villanueva Moya e Iván Navarro, dos jóvenes de La Garganta Poderosa, por parte de Prefectura en la Villa 21-24. Iván Navarro afirmó que, al regresar al barrio, luego de haber detallado en televisión la denuncia contra prefectos que lo torturaron a él y otro chico la semana pasada, fue amenazado por otro efectivo. Responsabilizamos a la Prefectura y a la ministra Patricia Bullrich, que los ha empoderado, de cualquier cosa que les sucediera a estos jóvenes, o a sus amigos o familiares.

 

La misma ministra Bullrich explicó a la prensa que decidieron realizar un "rediseño estratégico de las fuerzas federales" en la Provincia de Buenos Aires, con "especial énfasis" en el Conurbano y en la ciudad de Mar del Plata. Se trataría de unos 6.200 efectivos. El temor a lo que puede ocurrir en diciembre sólo tiene respuesta, para el actual gobierno, con más y más represión.

 

Repudiamos el brutal desalojo en Barrio El Vivero de La Matanza. Se desalojó el Barrio por orden de la Jueza Mari Castillo del Juzgado N° 1. Personal policial, patrulleros y topadoras identificadas con logo municipal, destruyeron viviendas del Barrio ubicado en calle Besares al 1600 donde habitan más de 30 familias, con menores de edad; estos últimos fueron golpeados por las fuerzas policiales.

 

En la Provincia de Corrientes se reprimió a militantes de las FOB (Federación de Organizaciones de Base), cuando se encontraban realizando una manifestación para reclamar un transporte para poder viajar al 31º Encuentro Nacional de Mujeres. Se detuvo a 10 militantes en la comisaría 2ª. Se realizaron en la fiscalía las denuncias por la represión y la tortura en la comisaria: “nos golpearon, desnudaron, humillaron, violentaron física y psicológicamente” afirmaron.

 

También fue grave las torturas de policías a jóvenes como Iván Franco y Emiliano Mendoza en la localidad de Rincón, Santa Fe

 

Todo esto ocurre “ante el silencio de los grandes medios y “comunicadores” y también de las autoridades, lo que hace presumible que alguien, algún miserable poder oculto, les está dando letra a las bestias de “seguridad” de toda la república” afirmó el escritor Mempo Giardinelli.

 

Repudiamos, como lo hemos dicho otras veces, la mal llamada justicia por mano propia. En este caso, por ejemplo, mientras Clarín dedica tapas y minutos para defender al carnicero que mató a su asaltante, y acusa “por todo” a la ex presidenta, el gobierno lanza a la venta las acciones del ANSES y Clarín es el primer comprador propuesto, según se afirma.

 

Mariano Obarrio, periodista de La Nación (que parece ser el órgano que decide la política nacional), pide el regreso del “servicio militar”: "La colimba nos igualaba ante la ley, nos daba disciplina, espíritu de cuerpo y nos forjaba ciudadanos para el trabajo" afirmó desconociendo que no son las Fuerzas Armadas las grandes educadoras de la Nación, y olvidando (o avalando) los abusos e impunidad de las Fuerzas Armadas en nuestra historia, de la cual la muerte de Omar Carrasco fue sólo el episodio final

 

Pobreza en aumento, relato oficial y economía en recesión.

 

El relato oficial de la situación económica afirma que en los 12 años pasados no hubo mejoras en las condiciones sociales, que todo fue una mentira y que ahora por fin conocemos la verdad gracias al índice de pobreza reeditado por el INDEC después de 10 meses de apagón estadístico. Es cierto que en diciembre había pobres, pero resulta evidente también que había una política para mejorar las condiciones de vida de la población, y una red de contención estatal en el territorio tanto en el campo de la seguridad alimentaria como sanitaria, educativa y laboral. En cambio, ahora sólo hay “marketing” y cambiantes slogans electorales en torno a la pobreza cero (que ahora es “un camino”), aumento de la marginación social por la devaluación y el shock inflacionario, un aumento del desempleo y una casi inexistente política efectiva y de fondo para mejorar la situación de los pobres.

 

Es a nuestro juicio inobjetable, más allá de las razonables diferencias que pueda haber, que en los pasados 12 años se redujo radicalmente la pobreza y la indigencia, en particular durante los primeros ocho años. Se crearon millones de puestos de trabajo, cayó el índice de desempleo y la proporción de trabajadores informales; se amplió la cobertura jubilatoria a millones de personas y se mantuvo en alza el poder adquisitivo del salario.

 

Sin entrar en discusiones técnicas y metodológicas sobre la medición de la pobreza, (el INDEC ha cambiado el mecanismo de medición razón por la cual no se puede encadenar directamente con las series de mediciones de pobreza de 2015 para atrás) no hay ninguna duda que hay muchos más pobres que en diciembre y que a este gobierno no le interesa generar una distribución equitativa de la riqueza que impulse una transferencia de ingresos hacia las clases postergadas sino más bien lo contrario. La principal transferencia de ingresos es hacia los grupos concentrados, las corporaciones y el agronegocio, los organismos de crédito y la formidable fuga de capitales que se duplicó en lo que va del 2016 y ya suma u$s 9.000 millones.

 

En un estudio reciente del CESO (Centro de Estudios Scalabrini Ortiz) se señala que la pobreza no se mantiene igual en la era macrista. Se incrementó en 5 puntos porcentuales entre el segundo semestre de 2015 y el segundo trimestre de 2016: aproximadamente 2.157.531 habitantes pasaron a ser pobres. En el mismo período la población bajo línea de indigencia se incrementó en 1,5 puntos porcentuales, es decir, aproximadamente 670.594 habitantes pasaron a ser indigentes.

Según datos de Artemio López citados por Alfredo Zaiat, la AUH aumentó apenas el 30 %, ingreso que en su totalidad se destina al gasto en alimentos. Indicó a la vez que este rubro subió en promedio 55 %. Con esta pérdida de poder de ingresos de la AUH, con los aumentos de precios en los alimentos, la caída de la actividad económica y la pérdida creciente del empleo, el resultado no puede ser otro que el incremento de la pobreza durante los primeros diez meses del gobierno de Macri.

Según Motor Económico, hubo una pérdida de puestos de trabajo en construcción en los últimos doce meses, 62.376 empleos. Es decir, el 13,4 % menos de los que había un año atrás. En las Industrias manufactureras, 34.489 empleos privados registrados perdidos en un año. Es decir, el 2,8 %. Y ni siquiera las beneficiadas por la devaluación y quita de retenciones “derraman”: en el Agro se perdieron 6.941 empleos y en Minería 5.633.

 

El objetivo de los medios concentrados, la prensa hegemónica y el marketing de los discursos de los funcionarios consiste en instalar la idea de que el libre mercado y la baja inflación son suficientes para la contención social de estos tiempos. Nada más lejos de la verdad que esto.

 

El 25 de septiembre se movilizó el pueblo de Jáchal a la ciudad de San Juan bajo el lema “Fuera Barrick de Jáchal”. Reclamando el "Cierre de Barrick Gold y remediación del daño hecho y por la complicidad de los políticos (…) marcha por la vida, por el agua, por nuestros derechos”... Pero por rápida decisión judicial, la Barrick Gold puede volver a operar en la mina Veladero de Jáchal a pesar de haber tenido cinco derrames de cianuro desde 2011. La causa pasó del juez Pablo Oritja, que se tomó vacaciones, a la magistrada Silvia Rodríguez, que pidió licencia por enfermedad, y cayó finalmente en manos del juez Hugo Quiroga, que en unas horas dispuso que la mina vuelva a funcionar. La Asamblea Jachal decidió tomar el municipio en una ocupación pacífica pidiendo que se rectifique la cautelar a la mina ya que ayer empezaron a trabajar y no se tuvieron en cuenta los análisis que complican a varias comunidades.

A raíz de los proyectos inmobiliarios en Tigre, que gozan del apoyo del municipio, “ambientalistas, técnicos, profesionales, militantes políticos e instituciones intermedias, han decidido demostrar su descontento y oposición a estos eventos en los que la presión ejercida por agentes del mercado inmobiliario, agudiza el fenómeno de fragmentación: física, cultural, ambiental y social, fenómeno éste que se incrementa por la falta de una planificación urbano territorial adecuada, de un Estado, que no ejerce su misión de promover la integración social y el bienestar general de la población”.

Se anunció el próximo cierre de los Patios Abiertos, espacios de cultura y contención para niños y adolescentes, en algunas escuelas públicas de zonas periféricas de Bahía Blanca que con casi nada de presupuesto pero al menos teniendo abiertas las instalaciones y disposición de parte de la infraestructura escolar, vienen funcionando los sábados.

 

Repudiamos la apertura del sábado 1 de octubre en el predio de Tecnópolis. Durante dos horas, los funcionarios del Ministerio de Educación hicieron abrir las puertas de 10 a 12 para uso exclusivo de hijas e hijos de quienes tienen cargos políticos en esa cartera. Para que ellos pudieran divertirse y pasar una mañana agradable se hizo trabajar dos horas de más a los empleados de la feria; durante el jueves y viernes mantuvieron cerradas algunas zonas para que estuvieran preparadas especialmente para ellos y armaron espacios que luego de ser usados fueron desarmados. Esto es repudiable éticamente y nos preguntamos si a eso, en el código penal ¿no se lo llama “peculado”?, según palabras de la periodista y docente de UBA Mariana Moyano. Los hijos de los funcionarios, ¿no podían participar junto a toda la demás gente que acude al predio ¿o se hizo un espacio especial para que no se junten con “la grasa militante” en “Negrópolis”?

 

A esta altura de los acontecimientos resulta vergonzosa la actitud y el silencio de la CGT que parece moverse al ritmo y con la música que el poder ejecutivo decide conducirlos. En el lenguaje popular eso tiene otros nombres. Nos preguntamos seriamente cuál es el motivo por el cual frente al ostensible deterioro del salario y el empleo los responsables de la central obrera llevan meses evitando hablar de un paro nacional y ningunean la presión de las bases trabajadoras y desocupadas. Esta demora sin argumentos nos lleva a pensar que han negociado con el gobierno en contra de los trabajadores.

 

El presidente de la Comisión Episcopal de Comunicaciones, Mons. Santiago Olivera – responsable de un lamentable video sobre los Medios de Comunicación y la Misericordia – participa en nombre de la CEA en la elaboración de la “nueva ley de medios”. Por nuestra parte quisiéramos decirle que hubo una Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, (Ley 26.522) sancionada en octubre de 2009, que fue la culminación de un proceso surgido en 1983, con la recuperación de la democracia, y que buscó cambiar el decreto-ley 22.285, sancionado por la última dictadura. Los 59 proyectos de ley presentados en el Congreso en el lapso de esos 26 años dan cuenta de la necesidad compartida por organizaciones sociales y partidos políticos de diverso signo de legislar el espacio de las comunicaciones audiovisuales, intentos que una y otra vez chocaron contra las presiones ejercidas por parte de los sectores a los que favorecía la ausencia de legislación. Participaron cerca de 10.000 personas y se recibieron más de 1300 propuestas para incorporar o modificar aspectos del ante-proyecto, que significaron la modificación de unos 120 artículos del texto original, por lo que el proyecto que llegó al Congreso fue uno de los más discutidos de la historia del país. Esa Ley construida con el aporte federal de numerosas personas e instituciones de la política y la comunicación social fue borrada ilegítimamente por el gobierno de Cambiemos a través de un decreto de necesidad y urgencia. La Ley 26.522 estaba en vigencia y se borró del mapa para favorecer al Grupo Clarín y a otros poderosos multimedios. No podemos creer que la jerarquía eclesiástica argentina ¡una vez más! “quede pegada” del lado de los poderosos y enfrentada a la democracia. Que le presten colaboración a la elaboración de una nueva ley como si nada hubiera pasado antes, nos confunde; y su falta de sentido común democrático nos alarma.

 

Lamentamos la muerte del cura Juan Heraldo Viroche quien era párroco de la Parroquia de Nuestra Señora del Valle de La Florida, en la provincia de Tucumán. Esperamos clarificación acerca de su muerte, y celeridad en la determinación de los responsables si los hubiera.

 

En nuestra Patria Grande latinoamericana

 

Colombia decidió en un plebiscito el apoyo o no a los Acuerdos de Paz entre el Gobierno y la guerrilla de las FARC. Lamentamos profundamente el triunfo del “No”. Los Acuerdos de Paz eran un gigantesco paso adelante para la convivencia y la tolerancia, pero triunfó la insensatez, el belicismo, triunfaron los que se oponían para poder conservar sus privilegios, triunfó la desinformación, en muchos casos incentivada por un importante número de curas y obispos más cercanos a los poderes económicos que a la paz, signo del reino de Dios. América Latina dejó - ¡una vez más! – pasar una histórica oportunidad por la paz y la justicia.

 

Nos resulta lamentable que mientras el gobierno de Ecuador condecora a la ex presidenta Cristina Fernández, el embajador argentino en ese país, Luis Juez se refiriera despectivamente a la ex mandataria. Quizás desconozca, el teatral embajador, que es representante de un país, no de un gobierno; y mucho menos representante de sus pálidas luces políticas.

 

Repudiamos la visita del golpista presidente de facto del Brasil Michel Temer; algo que – como era de esperar – ocurrió en un lugar alejado de la gente y por supuesto sin fotos (ya no se pueden sacar fotos al presidente sino las que brinda el mismo Gobierno, debidamente censuradas). Lamentamos en esta reunión la censura al gobierno de Venezuela (ciertamente más legítimo que el del Brasil) y la cercanía a la alianza del Pacífico y apoyos a los Tratados de libre comercio.

 

Y celebramos que no haya sigo elegida como secretaria de las Naciones Unidas la Canciller Susana Malcorra; no nos hubiéramos visto representados, además de que esperamos en algún momento respuesta a las denuncias de su complicidad y silencio frente a casos de abusos de menores perpetrados por Cascos Azules en el África.

 

Celebramos la aparición del “Nieto 121”, que en este caso nos toca más de cerca. Además de darle “la bienvenida a la verdad” al nuevo nieto, nos solidarizamos con la alegría de Ramiro, Délfor, Álba y tantos y tantas conocidos y amigos que pudieron manifestar la alegría de que una vez más la vida triunfa sobre la muerte a pesar de tantos silencios y complicidades que, especialmente en estos tiempos, pretenden callar la verdad, poner freno a la justicia y disimular la memoria.

 

Las palabras y las actitudes de Jesús nos desafían. No podemos permanecer indiferentes ante tantos gritos de dolor que reclaman “compasión”. Ante el silencio o la burla de quienes debieran dar respuestas nos vemos ante el desafío de hablar y hacer lo que está a nuestro alcance para que cambien las causas del sufrimiento de nuestros hermanos y hermanas. Y seguir denunciando ante la mentira organizada y la sordera oficial.

 

Curasopp - 7 de octubre de 2016