A partir del golpe de Estado del 24 de marzo 1976 se produjeron profundos cambios en la estructura económica argentina, que terminaron por conformar un nuevo modelo económico basado en la acumulación rentística y financiera, la apertura externa irrestricta, comercial y de capitales, y el disciplinamiento social. La dictadura militar se propuso restablecer la hegemonía del mercado en la asignación de recursos, restringir la participación del Estado y abrir la competencia de los productos nacionales con los extranjeros, aunque ello significara sacrificar la industria local. En una primera etapa, de 1976 a 1978, se implementó un plan de ajuste ortodoxo, con devaluación, liberación de precios, congelamiento de salarios, facilidades para las importaciones, cese de la promoción de exportaciones industriales. En esta cuestión fue de vital importancia la reforma financiera de 1977, que ubicó al sector de las finanzas en una posición hegemónica en términos de absorción y reparto de los recursos. El nuevo Régimen de Entidades Financieras iniciaba un rumbo cuyo norte apuntaba a la liberalización del mercado interno y a una mayor vinculación con los mercados mundiales.

El terrorismo de Estado impidió toda resistencia social a la transformación regresiva de la economía. Las elites agropecuarias, los grandes grupos económicos y financieros locales, y los intermediarios de las finanzas y el comercio internacionales fueron los beneficiarios inmediatos y de largo plazo de estas políticas.

Una segunda etapa comenzó en diciembre de 1978, con la aplicación de la “tablita cambiaria”, que consistía en devaluaciones programadas inferiores a la inflación. Estas apreciaron el peso, agravaron el cierre de las industrias nacionales, imposibilitadas de competir con los productos importados, e impulsaron una gran salida de divisas, a causa de los déficit comerciales y de servicios, como los intereses pagados al capital extranjero y el turismo al exterior. Esos déficit se cubrieron con ingresos de capitales y crearon la enorme deuda externa que ya en 1981 produjo una primera crisis de graves consecuencias por la elevación de las tasas de interés internacionales.

De todas las medidas económicas tomadas en aquella época, el país heredó varias que no han sido hasta ahora modificadas, algunas de las cuales, incluso, se profundizaron en los años ’90. Las dos principales son la Ley de Entidades Financieras Nº 21.526, sancionada en 1977, y la Ley de inversiones extranjeras Nº 21.382, ambas nacidas como decretos de la dictadura militar.

La primera de ellas comenzó a regir desde la aplicación de otra medida que autorizaba al Banco Central a restituir a las entidades financieras la facultad de captar depósitos por cuenta propia y fijar las tasas de interés activas y pasivas, sobre la base de la garantía de los depósitos otorgada a esas entidades. La Ley Nº 21.526 establecía un nuevo régimen según el cual el Banco Central tendría la facultad de superintendencia mientras se valoraba la libre competencia como el medio idóneo para lograr un sistema más eficiente.

Los efectos de estos cambios con la legislación que los profundizó durante el menemismo produjeron localmente el predominio de las finanzas especulativas sobre la producción, en consonancia con la necesidad de los países centrales y las grandes corporaciones de colocar sus superávit de liquidez y obtener mayores rentabilidades aprovechando la diferencias entre las tasas de interés locales y las internacionales.

También, como señala un trabajo reciente del Cefid/ar, dio como resultado una notable extranjerización de los bancos, la concentración de los depósitos en los bancos privados –pero sobre todo en los extranjeros–, un sistema crediticio determinado por el mercado sin ninguna orientación pública, el predominio en la asignación de créditos a corto plazo y la ausencia de préstamos para el desarrollo. Esta ley constituyó sin duda una de las causas principales que provocaron la crisis del 2001 y, aunque los cambios económicos posteriores introdujeron modificaciones regulatorias que morigeraron sus consecuencias, los rasgos estructurales del sistema permanecen incólumes, especialmente la estructura crediticia. Sólo la acción de la banca pública es la que ha permitido suplir en parte estos problemas, pero todavía se hace necesaria una nueva ley que suplante la anterior.

En cuanto a la ley de inversiones extranjeras, produjo una liberalización de la entrada de capitales externos en el país, restringiendo al mínimo las áreas prohibidas para este tipo de inversiones y asegurando un trato igualitario a las inversiones extranjeras y a las nacionales. Esto acentuó el proceso de desindustrialización, porque ese capital no se ubicó en sectores industriales y, además, como la ley no obligaba a la reinversión de utilidades no se tradujo en una radicación local de las ganancias empresariales.

El gobierno de Menem liberalizó aún más esta norma al establecer que los inversores pueden colocar sus capitales sin aprobación previa y repatriar sus utilidades en cualquier momento. Una consecuencia posterior fue la aceptación de la intervención de instituciones internacionales como el Ciadi, que obliga a resolver los conflictos derivados de ese tipo de inversiones en juzgados del exterior, transgrediendo principios cardinales de la política exterior argentina, como las doctrinas Calvo y Drago.

Esta ley debe igualmente modificarse. Para ello existe un proyecto de los diputados Basteiro y Rivas en la cual se establecen nuevas normas regulatorias que restringen, por un lado, la radicación de capital extranjero a áreas claves de la actividad productiva, de los servicios y de la seguridad nacional y, por otro, establecen la necesidad de integrar esas inversiones a un plan estratégico de desarrollo industrial diversificado, priorizando el empleo de personal de nacionalidad argentina y determinando condiciones más estrictas para la repatriación de capitales.

Para culminar, la herencia de la dictadura no termina allí; paradójicamente una de las resoluciones que tomó Martínez de Hoz, porque afectaba sus propios intereses, fue la supresión del impuesto a la herencia, una decisión que ahora acaba de revertirse en parte en la provincia de Buenos Aires.

El país ha avanzado enormemente de un modelo rentístico financiero en lo económico y de exclusión en lo social a un modelo productivo e inclusivo, pero eso no se refleja todavía en el cambio de instituciones creadas durante la dictadura militar, una realidad que hay que reparar con urgencia, porque si las políticas son diferentes la persistencia de la instituciones constituye un palenque donde puede aferrarse de nuevo el fantasma del neoliberalismo.

A 38 años del golpe cívico militar de 1976 la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME) reafirma su compromiso con la profundización de la democracia, el proyecto productivo nacional y las políticas por la verdad, la memoria y la justicia.

Es preciso recordar que el régimen dictatorial tuvo el propósito central de terminar con las experiencias populares y las orientaciones industrialistas en nuestro país, mediante el terrorismo de Estado y un plan criminal que incluía centros clandestinos de detención, tortura, secuestros y desapariciones forzadas de personas.

En abierta complicidad con el genocidio, Martínez de Hoz, junto con el Consejo Empresario Argentino, ADEBA y otras entidades de ideología afín, ejecutó un minucioso proceso de destrucción del aparato productivo nacional para dar paso a políticas de desregulación, especulación financiera, concentración y extranjerización de la economía que se plasmaron en la década del 90 y llevaron a la crisis de 2001 y 2002.

En estos días el Ministerio de Defensa ha puesto a disposición pública archivos hallados en dependencias de la Fuerza Aérea en los que consta la relación esencial entre el terror político y la reestructuración económica y social a favor de grandes grupos económicos locales e internacionales.

Esto nos lleva a recordar que aun con modificaciones y atenuantes, en esencia siguen vigentes normativas clave impuestas por la dictadura, como las leyes de entidades financieras y de inversiones extranjeras. Esas leyes permitieron desarticular la capacidad del Estado para regular la economía y dieron paso a un régimen basado sobre la especulación financiera y la libre circulación de capitales, lo que terminó por desmantelar la industria nacional y el vasto entramado Pyme que le daba sustento.

Logros recientes como la Ley de Servicios Audiovisuales, surgida de un amplio debate político, social y cultural con participación de múltiples sectores, así como la recuperación de los fondos de la ANSES, de Aerolíneas e YPF, nos alientan a impulsar mayores avances en la derogación de normativas establecidas a favor de monopolios, oligopolios y unos pocos grupos de privilegio.

Las pugnas contra la democratización de Poder Judicial y las reformas del Código Civil y Comercial y del Código Penal, también deben interpretarse en este sentido.

Esos sectores continúan ejerciendo, con la concurrencia de sus voceros mediáticos y políticos, diversas modalidades de extorsión a las instituciones democráticas y a la ciudadanía en su conjunto, a fin de restaurar las bases del neoliberalismo e imponer sus intereses en desmedro de las mayorías sociales, del trabajo y de la producción.

En contraposición con esos intentos, es preciso articular las acciones de los sectores que integramos las mayorías sociales, Pymes del campo y la ciudad, trabajadores, cooperativistas, estudiantes, profesionales, en pos de afianzar y profundizar un proyecto de desarrollo inclusivo, soberano y democrático, con políticas activas del Estado, en el marco de la integración regional con Latinoamérica y el Caribe.

Por este motivo convocamos a los pequeños y medianos empresarios a participar en los actos y movilizaciones que se realizarán el próximo lunes 24 de marzo en todo el país para decir otra vez Nunca Más a la dictadura y el neoliberalismo y pronunciarse por una Argentina con plena vigencia de los derechos humanos, económicos y sociales para todos sus habitantes.

La Ley de Inversiones Extranjeras y la denominada Ley Acindar fueron impulsadas por Martínez de Hoz y Klein, pese al desacuerdo de un sector de las FF AA. Repatriación de utilidades e igual trato que empresas nacionales.

A 38 años del golpe de Estado de 1976, los archivos hallados en noviembre en el edificio Cóndor a los que tuvo acceso Tiempo Argentino detallan de manera novedosa el rol de las grandes empresas y de los sectores civiles en la confección de las políticas económicas de la dictadura. Dos documentos paradigmáticos que reflejan esta relación, cual viejos fotogramas de una película de terror, son el debate en torno a la Ley de Inversiones Extranjeras –aún vigente– y el salvataje de grandes compañías que estaban al borde de la quiebra, conocido como Ley Acindar. En la víspera de un nuevo aniversario de la asonada militar, el análisis de este material que se hará público hoy junto al resto de los archivos en un acto en la Biblioteca Nacional de Aeronáutica, se vuelve imprescindible.

El ministro de Defensa, Agustín Rossi, lanzó la página web archivosabiertos.com">http://archivosabiertos.com/]archivosabiertos.com[/url], plataforma virtual que contiene todos los archivos encontrados en noviembre pasado en el Edificio Cóndor, sede de la Fuerza Aérea. También, presentó una edición especial impresa de seis tomos que recopilan las 280 actas de la Junta Militar entre 1976-1983.

“Es uno de los hallazgos más importantes que se han recuperado en democracia”, aseguró Rossi en el acto desarrollado en el Hall central del Edificio Libertador. En ese marco, recordó que en el día de ayer se inauguró en la Biblioteca Nacional de Aeronáutica un espacio de acceso público a los archivos hallados. “A esta iniciativa se suman la página web, a fin de que el material pueda estar disponible para todos los argentinos, y la impresión de seis tomos destinados a bibliotecas militares y civiles para su consulta”, explicó.

"El sitio es de carácter dinámico, y en principio contiene las 280 actas halladas, listas negras, el documento de ADEBA que en su momento entregó a la Junta Militar, además de recortes periodísticos e informes sobre los 7000 legajos encontrados en enero pasado en el ex Instituto Penal de la Fuerzas Armadas de Magdalena”. Y continuó: “Iremos agregando la mayor cantidad de documentación posible”.

“Estamos conformes con todo lo que hemos hecho en estos últimos meses a partir de la documentación encontrada, cuyo objetivo es el mismo que propuso el Gobierno Nacional el 25 de mayo de 2003: trabajar bajo el paradigma de Memoria, Verdad y Justicia”, aseguró el ministro, y resaltó: “Es un paradigma que nos pertenece a todos como pueblo argentino”.

Durante su discurso, el titular de Defensa destacó “la colaboración y compromiso de los jefes de las Fuerzas Armadas”, y consideró que “estamos ante Fuerzas que piensan en la construcción hacia el futuro”.

Se realizó la entrega formal de los seis tomos que recopilan las 280 actas de la Junta Militar a representantes de las siguientes bibliotecas: Biblioteca Central del Ejército “Gral. Dr. Benjamín Victorica”; Biblioteca del Ministerio de Defensa “Generala Juana Azurduy”; Archivo y Biblioteca del Departamento de Estudios Históricos Navales de la Armada Argentina; Biblioteca Nacional de Aeronáutica; Biblioteca de la Escuela de Guerra Conjunta dependiente del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas; Escuela de Defensa Nacional; Centro Cultural de la Cooperación “Floreal Gorini”; Biblioteca Popular “Por Caminos de libros y Solidaridad”; Comisión Provincial de la Memoria; Comisión Nacional de Valores; Archivo Nacional de la Memoria y Archivo General de la Nación.

Acompañaron al ministro los secretarios de Estrategia y Asuntos Militares, Jorge Fernández; de Ciencia, Tecnología y Producción para la Defensa, Santiago Rodríguez; los subsecretarios de Asuntos internacionales para la Defensa, Roberto De Luise; de Formación, Javier Araujo; de Coordinación Administrativa, Germán Martínez; de Planeamiento Estratégico y Política Militar, María Fernanda Llobet; y el jefe de Gabinete del Ministerio, Sergio Rossi.

Asistieron también, el jefe del Estado Mayor Conjunto de las FFAA, general de División Luis María Carena; los titulares del Ejército, teniente general César Milani; de la Armada, vicealmirante Gastón Erice; y el subjefe de la Fuerza Aérea, brigadier mayor Rodolfo Centurión.