"Con estos documentos va quedando claro el análisis de todo el período dictatorial: la ley de entidades financieras y la ley de inversiones extranjeras son las estructuras que habilitan el cambio del patrón de acumulación que pasó de un mercado internista y protegido, a un modelo neoliberal, aperturista, con mayor inversión extranjera privilegiada, que constituyó un nuevo modelo de producción basado en la valorización financiera: no importan tanto los bienes sino la circulación del dinero, que habilitará nuevas inversiones", explicó a este diario Walter Bosisio, investigador de la oficina de coordinación de Políticas de Derechos Humanos, Verdad y Justicia de la CNV que trabajó en el análisis de los documentos encontrados por el Ministerio de Defensa.
El 13 de agosto de 1976, el dictador Jorge Rafael Videla decretó la ley 21382 por la cual estableció que "los inversores extranjeros que inviertan capitales en el país (…) tendrán los mismos derechos y obligaciones que la Constitución y las leyes, acuerdan a los inversores nacionales".

La norma, conocida como Ley de Inversiones Extranjeras, fue escrita e impulsada por el ministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz y su secretario de Programación y Coordinación Económica, Guillermo Walter Klein, con el objetivo de habilitar la llegada de grandes capitales extranjeros al país, que contaron con las mismas condiciones que las empresas nacionales para el acceso a créditos públicos y otros beneficios, como la posibilidad de repatriar con bajos impuestos las utilidades obtenidas en la Argentina.
La reglamentación de esta ley se produjo en los primeros meses de 1977 y debió pasar por la Comisión de Asesoramiento Legislativo (CAL), un órgano de la dictadura creado para remplazar al Congreso. La versión taquigráfica de esos debates internos y las posturas encontradas entre el sector civil encabezado por Martínez de Hoz y los militares quedaron retratados en los documentos hallados en el edifico de la Fuerza Aérea.

Allí se revela la exposición de Klein en la CAL, en la que el funcionario hace una defensa cerrada de la ley ante los integrantes de la Comisión, presidida por el vicealmirante retirado de la Armada Antonio Vañek (condenado por el plan sistemático de robo de bebés), el contraalmirante Leopoldo Suárez del Cerro y el coronel Ernesto José Tacchi, del Ejército, entre otros.
Ante las consultas, Klein destacó en varias oportunidades la necesidad de trasmitir "seguridad jurídica" a las empresas extranjeras: "La autoridad de aplicación no va a hacer discriminación, no se va a aliar con el capital nacional para disminuir la proporción que tengan los accionistas extranjeros en sociedades locales. Hace al principio de seguridad jurídica a la que tienen derecho los inversores extranjeros para mantener sus posiciones relativas en los capitales de las empresas", sostuvo.

Las diferencias políticas en torno a la aplicación de la ley entre el sector civil encabezado por Martínez de Hoz y algunos sectores militares quedó explicitada en otro de los documentos hallados por el Ministerio de Defensa: una propuesta nacionalista de la Fuerza Aérea que no fue tenida en cuenta en la que condiciona la llegada de capitales extranjeros a que "produzcan beneficios económicos al país".
La ley de Inversiones extranjeras terminó con la ley de residencia de capital extranjero del año 1973, con una orientación a la protección de la producción nacional y del mercado interno. "La ley borró esa herencia peronista y produjo una profunda transformación: gran parte de los sectores Pymes se desarmaron, hubo una profunda redistribución de la riqueza. La torta, que estaba casi 50% y 50%, pasó a manos del capital nacional y extranjero. Cambiar una normativa de ese estilo también dio una señala internacional para legitimar el proceso·, explicó Bosisio.

LEY ACINDAR, OTRA MEDIDA PARADIGMÁTICA DE LA DICTADURA. En agosto de 1981, luego de dos bruscas devaluaciones, la Junta Militar comenzó a trabajar un proyecto de ley para saciar las demandas de las grandes empresas que cotizaban en Bolsa, estaban endeudadas en dólares y corrían riesgo de quiebra formal. Según se desprende de la carpeta PEN 126, encontrada en la sede de la Fuerza Aérea, entre las firmas que se beneficiarían con el salvataje se encontraban: Acindar, Pérez Companc, Astra, Ledesma, Dálmine, Alpargatas, Molinos Río de la Plata, San Pablo, Techint y Bunge y Born, entre otros.

"La propuesta principal implicaba alterar las bases contables, dibujar los números, en criollo", explicó Bosisio. Básicamente, la idea primordial constaba en distribuir el pasivo en tres ejercicios, es decir, otorgarle "a las empresas tres años de gracia", según el documento.
"Lo que se busca es evitar que ciertas empresas que no habían previsto devaluaciones (…) pierdan todo su patrimonio al contabilizar la pérdida que les ocasiona el devaluar todas sus deudas", explicaba entonces Carlos Manuel García, asesor del ministro de Economía a la CAL. Mientras esto sucedía, los asalariados perdían un equivalente a 13 puntos porcentuales del PBI.

La elección de la medida adecuada para salvar a unas 200 firmas endeudadas en dólares motivó un acalorado debate que acredita la injerencia de los actores civiles y empresarios en las decisiones dictatoriales. El teniente coronel Alberto Sampietro, conocedor del poder que ostentaban las grandes empresas, interrogó de manera directa en la CAL a los funcionarios del Ministerio de Economía: "¿El proyecto (de salvataje) obedece a una iniciativa del área de que ustedes forman parte o a propuestas de sectores empresarios?" "A una iniciativa conjunta del Ministerio de Justicia y de la Subsecretaría de Hacienda, surgida de manifestaciones que distintos sectores nos han hecho llegar, tal como una nota de la Bolsa de Comercio en la que se nos decía que el 50% de las empresas en actividad entrarían en liquidación si no se tomaba algún tipo de medida", respondió el asesor García.

El 20 de agosto de 1981, en una reunión en la CAL, el presidente de la CNV, Alfredo Etchebarne, sintetizó en una frase el poder de los sectores empresarios durante el terrorismo de Estado: "En realidad, yo creo que esta ley tiene nombre y apellido: Acindar." «

Apertura al público de los archivos

Como parte de las actividades por los 38 años del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, el ministro de Defensa, Agustín Rossi, encabezará hoy a las 9:30 la apertura al público de los archivos de la Junta Militar encontrados en noviembre del año pasado en el edificio Cóndor, sede de la Fuerza Aérea.
El acto será en la Biblioteca Nacional de Aeronáutica –Paraguay 742/48, piso 3–, donde serán preservados y estarán a disposición del público para su consulta. Allí también se nombrará la sala de conferencia como Adriel Mannuval Vedania, un piloto que falleció en la prueba del avión Pulqui II.
Mañana, Rossi lanzará el sitio archivosabiertos.com, una plataforma virtual que contendrá todos los archivos encontrados en el subsuelo del edificio de la Fuerza Aérea para que se pueda acceder desde cualquier lugar. La presentación del sitio web será mañana a las 10:15 en el Edificio Libertador, sede del Ministerio de Defensa.
Además, Rossi difundirá la Edición Impresa de la Colección "Actas de la dictadura" que, junto a la página de internet "permitirá que los archivos prohibidos de la dictadura cívico-militar se conviertan en públicos para ser consultados por todos/as los/as argentinos/as", anunció Defensa en un comunicado.