Vista la intensidad de la respuesta diplomática del gobierno español ante el boliviano tras cada uno de los contenciosos que la empresa transnacional Repsol-YPF viene manteniendo con la justicia de aquel país, a uno rápidamente le asalta una duda básica: ¿es Repsol-YPF una empresa española?
Y es que si el gobierno español está convirtiendo reiteradamente la defensa de los intereses de Repsol-YPF en Bolivia en una cuestión de estado es porque asume, en principio, dos postulados básicos.

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En primer lugar, que los intereses de una empresa privada en la que no posee ningún tipo de participación y de la que, por lo tanto, no espera obtener mayor beneficio que el derivado de los impuestos que pueda recaudar de la misma –siempre, claro está, que ésta no los evada hacia paraísos fiscales- merecen ser antepuestos a los de un pueblo que vive mayoritariamente en la miseria gracias, en parte, al expolio que viene sufriendo por ese tipo de empresas. Y así, lo único que demuestra un gobierno que se vanagloria de su presunta condición progresista, que se postula como abanderado de la paz y para la construcción de un nuevo orden mundial más justo, que trata de ocupar un papel relevante en la escena internacional o al que se le llena la boca de términos como justicia, solidaridad o igualdad -pero que es incapaz de aplicarlos más allá de donde pueda obtener rédito electoral- es que le preocupan más los intereses de los accionistas de Repsol-YPF que la pobreza que afecta a más del 60% de la población boliviana.

Y, en segundo lugar, el gobierno español encontraría una mejor justificación para su defensa de los intereses de Repsol-YPF si esta compañía transnacional fuera de capital mayoritariamente español. En ese caso, y asumido el primer postulado, el gobierno podría al menos alegar a su favor que está defendiendo los intereses de una compañía española en el mundo, por muy cuestionable moralmente que esto pudiera resultar dadas las implicaciones del primer postulado.

Pues bien, con lo que uno no puede dejar de sorprenderse es que un gobierno que, reitero, se califica a sí mismo de progresista no sólo asuma como propio el primer postulado –lo que ya en sí mismo es una profunda inconsistencia-, sino que lo haga incluso tras haber constatado cuál es el accionariado de la referida empresa transnacional.

Porque lo primero que alguien tendría que haberle comunicado al presidente del gobierno español es que Repsol-YPF es una empresa de capital mayoritariamente extranjero y que, por lo tanto, cuando estaba enviando sucesivamente a Bolivia a su ministro de Asuntos Exteriores, al secretario de Estado de dicho Ministerio o a la propia Vicepresidenta Primera lo estaba haciendo en defensa de los intereses de unos accionistas que ni siquiera iban a poder votarle y que, en en su mayoría, tampoco pagan sus impuestos en España.

¿De quién es Repsol-YPF?

Por si pudiera servir para que el gobierno español dejara de provocar vergüenza ajena a todos aquellos que no entendemos cómo pueden confundirse los intereses de una empresa transnacional con los intereses de España en el mundo (y advierto que no me estoy refiriendo con esto último a intereses económicos sino a aquellos que realmente promoverían una visión de nuestro país como un estado realmente comprometido con la solidaridad) paso a sintetizarles la composición del accionariado de la empresa en cuestión.

Así, según la información proporcionada por la propia compañía, la composición de su accionariado a junio de 2006 era la siguiente.

Por un lado, hay que destacar el grupo de inversores estables que tienen un volumen de participaciones significativas en el capital social de la empresa, es decir, más de un 4% del total de las acciones.

Ese grupo de inversores estables está integrado, en primer lugar, por el grupo financiero La Caixa que posee un 9,1% del capital social de la empresa. Le sigue Repinves, una sociedad de gestión de cartera de valores mobiliarios del sector energético, de telecomunicaciones y de infraestructura viaria, que es participada, a su vez, por La Caixa y que posee el 5,02% del capital de Repsol-YPF.

Hasta aquí, el conjunto del accionariado estable que podríamos identificar, con matices, como español y que, como fácilmente puede constatarse, suman apenas el 14% del capital de la empresa.

Junto a los dos anteriores se encuentra Pemex Repcon Lux, una empresa filial con sede en Luxemburgo de Petróleos Mexicanos (PEMEX), el grupo estatal petrolero de ese país, que posee el 4,8% de Repsol-YPF.

Al margen de ese grupo de inversores estables, la mayor parte del capital social de Repsol-YPF (un 81,07%) está sometido a libre cotización en los mercados de valores –cotiza en los de Madrid, Nueva York y Buenos Aires- y es aquí donde nos encontramos con algunos datos que no estaría de más que el gobierno español tomara en cuenta a la hora de decidir su política exterior en este tema.

Así, por un lado, hay que destacar que, de ese 81%, tan sólo el 29,87% se supone que es de titularidad española. De ese porcentaje, el 14,36% se encontraría en posesión de los inversores minoristas, es decir, de pequeños inversores nacionales; mientras que el 15,5% restante estaría en manos de inversores institucionales. Estos últimos son empresas dedicadas a la compra y venta de activos financieros con fines especulativos y que, como puede suponerse, su único objetivo es obtener la máxima rentabilidad de sus inversiones con independencia de cuáles sean los métodos que las empresas en las que invierten utilicen para lograr los máximos beneficios.

Y, por otro lado, el 51,2% del capital social de Repsol es propiedad de inversores extranjeros. La titularidad de ese capital se divide en un 17,33% que es propiedad de inversores estadounidenses, entre los que destacan las participaciones de tres grandes corporaciones financieras (Chase Nominee Ltd., Capital Group International Inc. y State Street Bank and Trust) que, en su conjunto, según el Informe Anual de Gobierno Corporativo de la compañía para el año 2005, llegaron a poseer ese año un poco más del 21% del capital social de Repsol-YPF. Y el 33,88% del capital restante estaría en manos de titulares del resto del mundo sin identificar.

Las conclusiones de Perogrullo

No hay que ser un experto economista para extraer varias conclusiones más que evidentes de los datos que la empresa transnacional pone a disposición de quien se quiera molestar en leerlos y analizarlos.

En primer lugar, y sólo teniendo en cuenta el capital de libre flotación de la empresa, ya nos encontramos con que más del 50% del mismo está en manos de inversores extranjeros. O lo que es igual, que a pesar de que su casa matriz esté ubicada en España, la empresa es de capital mayoritariamente extranjero.

En segundo lugar, hay que destacar la presencia de capital estadounidense en la compañía a través de las participaciones de las tres grandes corporaciones financieras citadas. De hecho, una de ellas, el Chase Nominee Ltd., poseía en 2005 una participación del 10,175% del capital social de Repsol-YPF, mayor, por ejemplo, que la participación directa de La Caixa.

Y, sin embargo, ¿sabe alguien que el gobierno de Estados Unidos se haya inmiscuido concretamente en el problema de Repsol-YPF en Bolivia? Aunque, bien pensado, dado que su injerencia en el país ha sido constante y generalizada a todos los ámbitos de la política y de la economía del país -y, en este sentido, no debe olvidarse que la Embajada de Estados Unidos en Bolivia es la segunda de América Latina, tras la de Colombia, en número de funcionarios estadounidenses-, tampoco necesitaban centrarse específicamente en los problemas de dicha empresa para continuar con su presión global.

En tercer lugar, si a al 51,2% del capital social en manos de titulares extranjeros le sumamos la participación estable de Pemex Repcon Lux, que era del 4,8%, tenemos ya que el 55% del capital de la empresa está fuera de control nacional.

La participación de esta última empresa en Repsol-YPF no deja de ser paradójica si se considera que, mientras México, a través de su empresa estatal del sector de hidrocarburos, tiene intereses directos en Repsol-YPF, el Estado español carece de participación directa en la misma. Con lo cual, ¿no tendría más sentido que quienes mandaran a las mayores instancias de su cuerpo diplomático a defender los intereses de Repsol-YPF en Bolivia fueran los mexicanos? Ellos sí que participan de forma directa en esa empresa, mientras que el Estado español no.

Y, por otro lado, también resulta cuando menos singular que la participación de PEMEX en Repsol-YPF se haya vehiculizado a través de una empresa filial localizada en Luxemburgo, es decir, en un paraíso fiscal cuando existe una filial de la misma con sede España, Pemex Internacional España, que, sorprendentemente, sólo posee una acción de Repsol-YPF. ¿Dónde paga Pemex Repcon Lux los impuestos derivados de las ganancias que le reporten las acciones de Repsol-YPF? ¿En Luxemburgo o en España?

Y, en cuarto lugar, sólo queda señalar que, en el mejor de los casos, el capital español o de ascendente presuntamente español en Repsol-YPF es de apenas el 44% del total. Un porcentaje en el que, por ejemplo, algo más del 15% se encuentra en manos de inversores institucionales dedicados a la especulación con sus títulos. ¿Son los intereses de estos últimos los que dice proteger el gobierno español en sus misiones diplomáticas a Bolivia? ¿O son los intereses del grupo financiero La Caixa? Porque de lo que sí tengo serias dudas es de que sean los de los tenedores minoristas españoles, pequeños ahorradores que cuentan con poco más del 14% del capital de la empresa, de forma muy desperdigada y sin capacidad de presión sobre el gobierno.

La conclusión final de lo hasta aquí expuesto es más que evidente: ni Repsol-YPF es una empresa mayoritariamente española ni sus intereses en Bolivia son coincidentes y/o convergentes con los que deberían ser los del gobierno español.

Ya va siendo hora de que alguien se dé cuenta de que cuando se privatiza una empresa, todo lo relacionado con ella deja de ser un asunto público y se convierte en un asunto de índole exclusivamente privada, como lo son sus beneficios cuando llega la hora de repartirlos.

Es más, este gobierno debería ser consciente de que el Estado no puede convertirse en un vehículo de presión sobre otros gobiernos o sobre la justicia de otros Estados. O, lo que es más grave, dado que la diplomacia española representa a este país y a sus ciudadanos ante el mundo, flaco favor les hace cuando, sumisa y servil, acude a la llamada de Repsol-YPF para que presione en su favor sobre quienes, durante décadas, han vivido oprimidos y ahora, tímidamente, sólo reclaman lo que les pertenece. Negárselo es vergonzoso e inmoral y, por favor, que no lo hagan en nuestro nombre.

Alberto Montero Soler (amontero@uma.es) es profesor de Economía Aplicada de la Universidad de Málaga y colaborador habitual de Rebelión.

Fuente: Rebelión