En términos generales, esta modificación se traduce en un adelanto de lo estipulado en la reforma tributaria aprobada en 2017. En efecto, la Ley 27.430, fija un Mínimo No Imponible (MNI) a partir del cual los empleadores comenzarían a abonar los aportes patronales de sus empleados. Se estable una suba gradual desde un nivel inicial de 2400 pesos que culminaba en el año 2022 con un MNI de 12.000 pesos actualizados por inflación. Luego de la reciente modificación, el MNI será de 17.509 pesos (12.000 pesos indexados) desde 2019. Es decir, se habilita la aplicación del ciento por ciento del beneficio desde este año para los sectores seleccionados. Tal incentivo está dirigido a un conjunto de actividades sectoriales, pero nada se indica acerca de algún tipo de diferenciación por tamaño de empresa o localización geográfica. Entonces, el universo de posibles beneficiarios va más allá de las pequeñas empresas y en forma difusa hacia las economías regionales.

Más preocupante aún, en la reforma tributaria de 2017 se incorporó un esquema de convergencia gradual de las alícuotas de aportes patronales que abonan las compañías. Hasta ese entonces existían valores diferenciados que fluctuaban entre un 17 por ciento (para las más pequeñas) hasta un máximo de 21 por ciento (en el caso de las más grandes), dependiendo también de la localización geográfica. Desde fines de 2017, se estableció una convergencia gradual de estas alícuotas a una tasa uniforme del 19,5 por ciento. Así las cosas, para 2022 se habrán eliminado las diferencias en las contribuciones dejando a las PyMEs con una mayor carga tributaria que la que tenían antes de la citada ley y alivianando la de las grandes empresas. Además, el impacto de la medida anunciada hace unos días por Macri se habrá diluido, especialmente en el caso de las firmas más pequeñas. Incluso, para algunas de ellas, el efecto será adverso, ya que la suba del MNI será más que compensada por el incremento de la alícuota de las contribuciones patronales.

Resulta evidente que la idea subyacente detrás de estas medidas apunta a la tan veces mencionada por Cambiemos “reducción del costo laboral”. Según el criterio del gobierno, ésta alentaría a los empleadores a incrementar su dotación de trabajadores y los volvería más competitivos. La experiencia indica que estas medidas sólo redundan en un mayor margen de ganancia para los grandes empresarios por la menor carga impositiva, sin resultados significativos en la creación de empleo y en el desarrollo de las empresas más pequeñas.  

Lo que realmente necesitan las PyMEs no son disposiciones transitorias y generalizadas a todas las empresas, sino un cambio de modelo económico que permita recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores y reestablezca un mercado interno que, en la Argentina actual, se encuentra profundamente deprimido. Los números hablan por sí mismos: las pequeñas empresas de la construcción, por ejemplo, están sufriendo la pérdida de 5000 puestos de trabajo por mes, el sector industrial en general también registró una baja de 60.000 asalariados en los últimos meses y el ingreso real de los trabajadores privados se redujo un 12 por ciento. Una situación que seguramente se agravará si no se revierte este esquema económico cada vez más concentrador y excluyente que viene impulsando desde su asunción el gobierno de Macri.

- Carlos Heller, Presidente Partido Solidario.

^{Suplemento CASH de Página/12 - 24 de febrero de 2019}