De cómo el periódico El País –como si de una crónica dominical de entretenimiento se tratase- nos cuenta que el Ministerio de Defensa de Zapatero tiene listo un acuerdo secreto que nos abre a los ciudadanos –y a personas residentes en España- las portezuelas de los aviones de la CIA y las jaulas del campo de concentración de Guantánamo. El gobierno español va a autorizar –solo falta un intercambio formal de cartas de ratificación- a los espías de la Marina y de la fuerza Aérea de los Estados Unidos para que actúen en nuestro territorio, eso sí, bajo la supervisión de las autoridades locales. Los nombres de los agentes –dice tranquilizador el órgano de Falsimedia- y las “operaciones a realizar” tendrán que ser comunicadas a las autoridades españolas. Ya lo saben ustedes, a partir de ahora -como hacían los secuestrados en la Argentina de Videla cuando tenían una oportunidad para ello- deberán gritar sus nombres cuando sean detenidos por gente extraña.

Las normas reguladoras de las actuaciones de las dos agencias de inteligencia del Pentágono (el NCSI de la Navy, y el OSI de la Fuerza Aérea) estaban pendientes desde que en el 2002 Aznar modificó el convenio bilateral y legalizó la presencia en España de los servicios secretos de los EEUU.

Zapatero, en lugar de anular semejante autorización que convierte nuestro territorio en un escenario de detenciones ilegales, secuestros, desapariciones y torturas, ha esperado un tiempo prudencial para regular esa barbarie irregulable.

Los agentes podrán actuar fuera de las bases de Rota y Morón según un acuerdo que afecta directamente –violándolos- a los derechos fundamentales de los ciudadanos. El convenio tiene carácter secreto como es habitual en todas aquellas normas que por su incidencia grave en los derechos fundamentales deberían ser absolutamente públicos y tener una amplia audiencia social.

Todavía no sabemos cuál ha sido hasta ahora la aplicación de un convenio aprobado en 2002 pero “no regulado” hasta el momento. Cabe preguntarse si los tránsitos de los detenidos de la CIA por los aeropuertos españoles: Palma de Mallorca, Tenerife, Barcelona y Málaga –que han sido criticados con cierta sordina diplomática por el Parlamento Europeo- fueron comunicados en su día a las autoridades del ministerio del Interior y de Defensa, y si estas han registrado los nombres de los agentes y la naturaleza de las operaciones que estaban realizando.

Tampoco sabemos cuál ha sido la colaboración de los servicios secretos españoles en operaciones en las que los servicios secretos de los EEUU “actuarán en conjunción con sus homólogos de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado”.

Según el periódico El País, las “Normas reguladoras” se basan el los siguientes tranquilizadores principios:

-Respeto escrupuloso a la legislación española aplicable en cada caso.
-Acreditación previa de los miembros de la NCSI y la OSI ante las autoridades españolas, de forma que nadie pueda apelar a su condición de agente de dichos servicios si no figura en la relación entregada por los responsables de EE UU a sus homólogos españoles.
-Comunicación previa a las autoridades españolas de cualquier operación que los servicios secretos de la Marina y la Fuerza Aérea quieran emprender en territorio español.
-Las operaciones se harán en conjunción con las Fuerzas de Seguridad del Estado, el Centro Nacional de Inteligencia o los servicios de inteligencia de los ejércitos, según el caso.
-Las actividades de los agentes estadounidenses se ceñirán a las operaciones comunicadas y autorizadas, sin que puedan desviarse de las mismas.

Falta por aclarar –añade El País- si los miembros de los servicios secretos de la Navy y la Fuerza Aérea podrán operar en solitario fuera de las bases militares o deberán ir siempre acompañados por agentes españoles. Según algunas fuentes, los responsables españoles se reservan el derecho de acompañarles, salvo que renuncien voluntariamente a hacerlo una vez informados de las características de la operación.

La jurisdicción concedida a las autoridades estadounidenses sobre los ciudadanos y ciudadanas españoles viola escandalosamente todo nuestro sistema de garantías judiciales y de derechos políticos, y es realmente inconcebible dentro de un sistema de respeto a los derechos humanos elementales.

El concepto de “investigaciones criminales que afecten a personal o bienes de los Estados Unidos de América”, vinculado a las autorizaciones o simples comunicaciones de actuación –no está ni siquiera muy claro si se trata de una petición de permiso para actuar, o una comunicación de que se disponen a hacerlo-, es para que nos echemos a temblar. Según parece, podemos ser detenidos y trasladados a las bases estadounidenses sin autorización ni intervención judicial alguna.

La supuesta voluntad de respeto a la legislación española –que sin duda conocerán los espías norteamericanos-, la notificación de la “operación a realizar” –se supone que en todos sus detalles previstos e imprevistos-, la no extralimitación sobre las operaciones autorizadas, y la probable ausencia de autoridades policiales españolas –que se reservan el derecho a participar-, perfilan la autorización para que la barbarie –tal como ha aparecido en Abu Ghraib, Guantánamo, y los vuelos de la CIA, establezca uno de sus cuarteles generales en nuestro país, y quien sabe si uno de los centros de detención y tortura en las bases de Rota y de Morón.

Dentro de unos meses las alcantarillas de Zapatero pueden ser mucho más oscuras, siniestras, sangrientas y malolientes, que las que hicieron evidente la corrupción moral y política de Felipe González.

La jurisdicción concedida a las autoridades estadounidenses sobre los ciudadanos y ciudadanas españoles viola escandalosamente todo nuestro sistema de garantías judiciales y de derechos políticos, y es realmente inconcebible dentro de un sistema de respeto a los derechos humanos elementales.

Fuente: InSurGente - 21.02.2007