Las movilizaciones empezaron cuando más de medio millón de inmigrantes y sus partidarios tomaron las calles de Chicago el 10 de Marzo. Fue la mayor protesta en la historia de esa ciudad. Siguiendo las acciones de Chicago, las protestas y huelgas se extendieron a otras ciudades, grandes y pequeñas, a lo largo y ancho del país. El 25 de marzo millones salieron en un "día de acción nacional". Entre uno y dos millones de personas se manifestaron en Los Ángeles (la mayor protesta pública en la historia de la ciudad), y millones más siguieron el ejemplo en Chicago, Nueva York, Atlanta, Washington D. C., Phoenix, Dallas, Houston, Tucson, Denver y docenas de otras ciudades. De nuevo el 10 de abril millones hicieron caso a la llamada de otro día de protesta. Además, cientos de miles de estudiantes de secundaria de Los Ángeles y en todo el país han llevado a cabo abandonos de las aulas en apoyo de sus familias y comunidades, desafiando la represión policial y las sanciones legales. El mensaje es claro, como han gritado los manifestantes: "¡Aquí estamos y no nos vamos!" [En español en el original. N. del T.].

Estas protestas no tienen precedentes en la historia de los Estados Unidos. El detonante fue la aprobación, a mediados de marzo, de HR4437 por la Casa de los Representantes, una ley introducida por el representante republicano James Sensenbrenner con un amplio apoyo del lobby antiinmigrante. La ley draconiana criminalizaría a los inmigrantes indocumentados haciendo que estar en los Estados Unidos sin documentación sea un delito. Además estipula la construcción de las primeras 700 millas de un muro militarizado entre México y los Estados Unidos y doblaría el tamaño de la policía fronteriza de EEUU. Y aplicaría sanciones criminales contra cualquiera que proporcionara asistencia a inmigrantes indocumentados, incluyendo iglesias, grupos humanitarios, y agentes de los servicios sociales.

Después de la aprobación de HR4437 por la Casa, la ley se paró en el Senado. El demócrata Ted Kennedy y el republicano John McCain patrocinaron en conjunto una ley "de compromiso" que habría quitado la cláusula criminalizadora de HR4437 y proporcionaría un plan limitado de amnistía para algunos de los indocumentados. Habría permitido a aquéllos que pudieran demostrar que han residido durante al menos 5 años en los EEUU solicitar la residencia y más tarde la ciudadanía. A aquéllos que residan en EEUU desde hace entre dos y cinco años se les habría requerido que volvieran a casa y solicitaran entonces permisos temporales de "trabajador extranjero" a través de las embajadas estadounidenses. Aquéllos que no pudieran demostrar que habían estado en EEUU desde hace dos años serían deportados. Incluso esta ley "de compromiso" hubiera resultado en deportaciones masivas y hubiera acrecentado el control sobre todos los inmigrantes. Aún así acabó siendo tirada por la borda por oposición republicana, de modo que a finales de abril se paralizó todo el proceso legislativo. Parece que cualquier acción legislativa próxima se pospondrá hasta después de las elecciones al congreso, en noviembre de 2006.

Sin embargo, la ola de protestas va más allá de HR4437. Representa la liberación de la ira reprimida y el repudio hacia lo que ha sido una explotación cada vez más profunda y una escalada de represión y racismo antiinmigrante. Los inmigrantes han estado sujetos a todos los abusos imaginables en los últimos años. Se les ha negado en dos ocasiones en el estado de California el derecho de adquirir licencias de conducción. Esto significa que deben depender de transportes públicos inadecuados o inexistentes o arriesgarse a conducir ilegalmente; de forma más significativa, la licencia de conducción es a menudo la única forma de documentación legal para transacciones tan esenciales como cobrar cheques o alquilar un apartamento. Los 3000 kilómetros de la frontera entre México y EEUU se han visto considerablemente militarizados y miles de inmigrantes han muerto cruzando la frontera. Los grupos de odio antiinmigrante están en auge. Un discurso público racista descarado que hace sólo unos cuantos años hubiera sido considerado extremo se ha visto cada vez más emitido y difundido en los medios de comunicación dominantes.

De un modo aún más inquietante, la organización paramilitar Minutemen, una versión de odio a los latinos moderna del Ku Klux Klan, se ha extendido desde su lugar de origen a lo largo de la frontera entre EEUU y México en Arizona y California a otras partes del país. Los Minutemen reivindican que deben "asegurar la frontera" en frente de un control inadecuado por parte del estado. Su discurso, además de racista, es neofascista. Algunos han sido filmados incluso vistiendo camisetas con el emblema "¿Matamos a un mexicano hoy?" y otros han organizado "safaris humanos" en el desierto para conseguir dinero. Los clubs de Minutemen han sido patrocinados por organizadores de derecha, rancheros ricos, hombres de negocios y políticos. Pero su base social ha salido de aquellos sectores antes privilegiados de la clase blanca trabajadora que han sido flexibilizados y desplazados por la reestructuración económica, la desregularización del trabajo y la fuga global del capital. Esos sectores toman ahora a los inmigrantes como cabezas de turco - con el ánimo oficial - y como fuente de su inseguridad y depresión.

Los inmigrantes y quienes les apoyan se han organizado a través de redes en expansión de iglesias, clubs de inmigrantes y grupos de derechos humanos, asociaciones de comunidades, medios progresistas y en español, sindicatos y organizaciones por la justicia social. Las movilizaciones de los inmigrantes sin duda alguna han aterrorizado a los grupos en el poder. En abril, se supo que KBR, una subsidiaria de Halliburton (la antigua compañía del vicepresidente Dick Cheney, con fuertes lazos con el Pentágono y una contratista mayoritaria en la guerra de Irak) ganó un contrato por valor de 385 millones de dólares para construir centros de detención de inmigrantes a gran escala en caso de una "afluencia de emergencia" de inmigrantes.

El asunto de los inmigrantes presenta una contradicción para los grupos dominantes. El capital necesita el trabajo barato y sumiso de los inmigrantes latinos (y otros). Los latinos han inundado masivamente los escalones más bajos de la clase trabajadora de EEUU. Proporcionan casi toda la mano de obra agraria y la mayoría de la mano de obra en hoteles, restaurantes, construcción, porterías y limpieza de hogares, cuidado de niños, jardinería, reparto, empaquetado de carne y aves, venta al por menor y así sucesivamente. Aun así los grupos dominantes temen que una oleada de inmigrantes latinos conducirá a la pérdida del control político y cultural, convirtiéndose en una fuente de contrahegemonía e inestabilidad, tal y como los trabajadores inmigrantes de París mostraron ser en las revueltas contra el racismo y la marginalidad de esa capital europea el año pasado.

Los empleadores no quieren eliminar la inmigración latina. Al contrario, quieren mantener un gran fondo de reserva de trabajo explotable que existe bajo condiciones precarias, que no disfruta de los derechos civiles, políticos y laborales de los ciudadanos y que es desechable a través de la deportación. Es la condición de deportable la que quieren mantener puesto que esa condición asegura la capacidad para superexplotar con impunidad y para desechar sin consecuencias en el caso de que esta mano de obra se vuelva rebelde o innecesaria.

La administración Bush se opone a HR4437, no porque esté a favor de los derechos de los inmigrantes sino porque debe buscar un equilibrio encontrando una fórmula para un suministro estable de mano de obra barata para los empleadores y, al mismo tiempo, para un mayor control estatal sobre los inmigrantes. La propuesta de Bush consiste en un programa de "trabajadores inmigrantes" que descartaría la legalización para los inmigrantes indocumentados, los forzaría a volver a sus países de origen y solicitar permisos temporales de trabajo, y aplicaría nuevas y fuertes medidas de seguridad fronteriza. Hay una larga historia de tales proyectos de "trabajadores extranjeros" volviendo atrás al programa de braceros, que trajo a EEUU a millones de trabajadores mexicanos durante la falta de mano de obra de la Segunda Guerra Mundial, sólo para después deportarlos una vez que los trabajadores nativos estuvieron de nuevo disponibles.

El movimiento por los derechos de los inmigrantes está pidiendo derechos completos para todos los inmigrantes, incluyendo amnistía, protección a los trabajadores, medidas de reunificación de familias, una vía hacia la ciudadanía o la residencia permanente en lugar de un programa temporal de "trabajadores extranjeros", el fin de los ataques contra todos los inmigrantes y de la criminalización de sus comunidades.

Las relaciones entre las comunidades latina y negra son un reto de envergadura al que se enfrenta el movimiento. Históricamente, los afroamericanos han rellenado los escalones más bajos del sistema de castas de EEUU. Pero según los afroamericanos empezaron a luchar por sus derechos civiles y humanos en los 60 y 70 se organizaron, politizaron y radicalizaron. Los trabajadores negros lideraron la militancia sindical. Todo esto les convirtió en una mano de obra indeseable para el capital: "indisciplinados" e "insumisos".

A partir de los 80 los empleadores empezaron a desplazar a los trabajadores negros y a reclutar masivamente a inmigrantes latinos, coincidiendo con la desindustrialización y la reestructuración. Los negros pasaron de superexplotados a marginados (sujetos al desempleo, a recortes en los servicios sociales, a ser encarcelados en masa y bajo una mayor represión estatal) mientras que la mano de obra inmigrante latina se ha convertido en el nuevo sector superexplotado. Mientras que hace 15 años no se veía ninguna cara latina en lugares como Iowa o Tenesse, ahora se puede ver a trabajadores mexicanos, centroamericanos y de otros lugares de Latinoamérica en todas partes. Si algunos afroamericanos han dirigido por error su rabia por la marginalidad hacia los inmigrantes latinos, la comunidad negra tiene el legítimo derecho a quejarse del racismo antinegro de muchos de los propios latinos, que a menudo carecen de sensibilidad hacia la grave situación histórica y la experiencia contemporánea de los negros con el racismo, y una reticencia a verlos como aliados naturales.

El aumento de la inmigración latina hacia los Estados Unidos forma parte de un aumento vertiginoso en todo el mundo de la inmigración transnacional generada por las fuerzas de la globalización capitalista. El corolario al auge de una economía global integrada es el auge de un mercado laboral realmente global (aunque altamente segmentado). La mano de obra sobrante en cualquier parte del mundo se recluta y redistribuye ahora a través de numerosos mecanismos hacia donde la necesita el capital transnacional. Se estima que la mano de obra inmigrante en todo el mundo supera los 200 millones de personas, de acuerdo con los datos de la ONU. Unos 30 millones están en los Estados Unidos, y de entre ellos al menos 20 millones son latinoamericanos. De esos 20 millones, unos 11 millones están indocumentados.

El lobby antiinmigración argumenta que esos inmigrantes "son un sumidero para la economía de EEUU". Aun así, la Red Nacional para la Solidaridad con los Inmigrantes apunta que esos inmigrantes contribuyen con siete mil millones de dólares al año a la seguridad social. Ganan 240.000 millones de dólares, declaran 90.000, y sólo se les reembolsa 5.000 millones en concepto de devolución de impuestos. Además contribuyen con 25.000 millones de dólares más a la economía de EEUU que lo que reciben en sanidad y servicios sociales. Pero ésta es una línea de argumentación limitada, puesto que el mayor asunto son los incalculables miles de millones de dólares que la mano de obra inmigrante genera en concepto de beneficios y rentas para el capital, sólo una diminuta parte de lo cual vuelve a los inmigrantes en forma de salario.

Si la necesidad de mano de obra barata, maleable y deportable del capital en los centros de la economía global es el "factor que tira", que induce a la inmigración latina hacia los Estados Unidos, el "factor que empuja" es la devastación que han dejado dos décadas de neoliberalismo en Latinoamérica. La globalización capitalista (ajustes estructurales, acuerdos de libre comercio, privatizaciones, la contracción del empleo público y los créditos, la disolución de tierras comunales, y así sucesivamente, junto con las crisis políticas generadas por estas medidas) han hecho implosionar a miles de comunidades en Latinoamérica y han desatado una ola de inmigración, desde áreas rurales hacia áreas urbanas y hacia otros países, que sólo puede ser análoga al desarraigo masivo y las migraciones que tienen lugar generalmente tras las guerras.

La migración latina transnacional ha provocado un enorme incremento de envíos de dinero por parte de trabajadores latinos hacia el exterior, hacia extensas redes familiares. Los trabajadores latinoamericanos en el extranjero han enviado a sus casas unos 57.000 millones de dólares en 2005, de acuerdo con el Banco de Desarrollo Interamericano. Estos envíos de dinero han sido la fuente número uno de intercambio monetario con el exterior para la República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Guayana, Haití, Honduras, Jamaica y Nicaragua, y la segunda más importante para Belice, Bolivia, Colombia, Ecuador, Paraguay y Surinam, de acuerdo con el Banco. Los 20.000 millones enviados en 2005 por unos 10 millones de mejicanos en los Estados Unidos constituyó más que lo ingresado por el país por el turismo, y fue sobrepasado sólo por las exportaciones de petróleo y de las maquiladoras.

Estos envíos permiten a millones de familias latinoamericanas sobrevivir adquiriendo bienes o importados del mercado mundial o producidos localmente o por el capital transnacional. Permiten la supervivencia familiar en una época de crisis y reajuste, especialmente para los sectores más pobres (las redes de seguridad que reemplazan gobiernos y empleo fijo proporcionando seguridad económica). La emigración y los envíos de dinero están también al servicio del objetivo político de la pacificación. Según se extendió espectacularmente la emigración de Latinoamérica hacia los Estados Unidos desde los 80 en adelante, ayudó a disipar las tensiones sociales y a socavar la oposición laboral y política a los regímenes e instituciones predominantes. Los envíos de dinero ayudan a mitigar los desequilibrios macroeconómicos y, en algunos casos, a evitar el colapso económico, apuntalando así las condiciones políticas para un entorno agradable al capital transnacional.

Por tanto, ligado al debate sobre los inmigrantes en los Estados Unidos está toda la política económica del capitalismo global en el hemisferio oeste (la misma política económica que está siendo ahora marcadamente combatida en toda Latinoamérica con la oleada de luchas populares masivas y el giro a la izquierda. La lucha por los derechos de los inmigrantes en los Estados Unidos está, por tanto, íntimamente conectada con la más amplia lucha que se libra en Latinoamérica (y en todo el mundo) por la justicia social.

William Robinson es Profesor de Sociología, Estudios Globales e Internacionales y Estudios Latinoamericanos e Ibéricos, en la Universidad de California en Santa Bárbara.