Hace un mes, el movimiento universitario resolvió convocar a la quinta Marcha Federal Universitaria para el jueves 15 de octubre en la Plaza de Mayo, frente a la sede del Poder Ejecutivo.

La convocatoria respondió a la negativa del Gobierno nacional a cumplir la resolución dictada por el juez de primera instancia Martín Cormick, que ordena al Poder Ejecutivo aplicar la Ley de Financiamiento Universitario, a casi un año de su aprobación. Según el Gobierno, la ley no está siendo incumplida, sino que se encuentra “suspendida”. Sin embargo, el Poder Ejecutivo desoye el fallo judicial, que dispone la actualización de los salarios docentes y Nodocentes y de las becas estudiantiles conforme a lo establecido por la ley.

Mientras tanto, el proyecto de Presupuesto 2027 contempla partidas aproximadamente un 33% inferiores a las solicitadas por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN): mientras el Gobierno prevé unos 7,3 billones de pesos para las universidades nacionales, el CIN reclama 11 billones.

El miércoles 14 de octubre, el juez Cormick hizo efectivo el apercibimiento que había dispuesto previamente y fijó astreintes —multas compulsivas— de 100.000 pesos diarios para Diego Santilli, titular de la Jefatura de Gabinete, mientras persista el incumplimiento de la resolución judicial. La sanción recae inicialmente sobre Santilli y podría extenderse a otros funcionarios o incrementarse si el Gobierno no acata la decisión. Sin embargo, el mismo día de la movilización, la Cámara de Apelaciones puso en suspenso la multa.

Todo cambió con la resolución de la Corte Suprema de habilitar el artículo 154 del DNU 70/23, permitiendo la extranjerización sin límites de tierras rurales en Argentina. Si bien, frente al repudio popular, la Corte dio marcha atrás, el clima político ya se había enrarecido.

Estas circunstancias aceleraron la convocatoria de la oposición en la Cámara de Diputados para avanzar en el rechazo definitivo del DNU 70/23. En esa misma sesión se proponía discutir también la prórroga de la Ley de Emergencia en Discapacidad y una ley destinada a aliviar la situación de las familias sobreendeudadas y en mora.

Recordemos que el Senado de la Nación ya había votado la derogación del DNU 70/23 a comienzos de 2024. Ese decreto continúa en el centro de la escena por sus efectos sobre el precio de los alquileres, las tasas de interés de los créditos y las cuotas de la medicina prepaga, entre otros aspectos. En la Cámara de Diputados, la oposición nunca consiguió los votos necesarios para avanzar en ese sentido. Lamentablemente, hoy tampoco se alcanzó el quórum para habilitar la sesión. Varios gobernadores aliados del gobierno libertariano blindaron el DNU 70/23, ya que diputados de Tucumán, Jujuy y Santa Fe vaciaron sus bancas, al igual que los gobernadores de Unión por la Patria, Melella y Zamora.

Con ese contexto, la comunidad universitaria decidió que la movilización sería frente al Congreso. De esa manera, en pocas semanas, una marcha inicialmente convocada por el movimiento universitario se transformó en una movilización multisectorial de alcance nacional, con concentraciones frente al Congreso y en las principales plazas de todo el país.

La movilización sumó más de 100 mil personas en CABA (y decenas de miles más en el resto del país), y se sostuvo a pesar de un clima inhóspito e incluso un chaparrón intenso al cierre. A la misma se sumaron organizaciones de personas con discapacidad, de familias endeudadas, sindicatos combativos —como los integrantes del FreSU, bancarios, aceiteros, camioneros y otros—, e incluso la CGT.

Como tantas veces, ante el reclamo legítimo para exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, la única respuesta de un gobierno abiertamente autoritario es la represión. Antes del cierre del acto iniciado alrededor de las 15:30 horas, las fuerzas de seguridad salieron a “despejar” la Plaza de los dos Congresos con gases lacrimógenos y carros hidrantes.

Una marcha multisectorial con una prenda de unidad: defender la vida en común.

A pesar de que el Congreso no sesionó, podríamos decir que la marcha logró un objetivo superior. Si decimos que articuló múltiples demandas sectoriales, no estaríamos equivocados, pero esa mirada sería insuficiente si no lográramos ver lo que las vincula.

En los hechos, a casi tres años del inicio del gobierno de Milei, la movilización convocada unifica a las comunidades agredidas por el programa de austeridad y crueldad del gobierno libertariano. La agenda de las organizaciones pone en el centro a quienes se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad y a quienes sostienen su defensa: jubilades, personas con discapacidad, estudiantes y trabajadores universitaries, personal sanitario y familias endeudadas.

Lo que se puso en juego este jueves es la utopía de construir una sociedad que priorice la reproducción de la vida en todos sus momentos y etapas, en sus formas simbólicas y materiales. Lo que esta movilización pone en el centro es el conjunto de los bienes comunes: la tierra y el territorio, el conocimiento como bien colectivo y no mercancía, y el cuidado de la vida de las personas.

Las luchas van tejiendo un entramado político y delineando un camino de superación radical del plan libertariano de Milei. La pregunta que se abre es si el sistema político, tan fracturado y degradado como el actual, podrá nutrirse de esas energías colectivas para abrir una etapa capaz de sepultar el programa de guerra de las clases dominantes contra los sectores populares.

Será una batalla decisiva, aunque no la última ni la definitiva.

^{Fuente: Huellas del Sur - Octubre 2026}