En ese entonces, existía un sector del empresariado nacional y una alianza de hecho con los trabajadores por la cual a ambos les convenía defender el mercado interno, base fundamental del crecimiento y de la distribución del ingreso, de manera tal que crecía el PIB sostenidamente y mejoraba la participación de los trabajadores. En 1974, la Argentina fue el país más integrado del continente, donde menos diferencia había entre los sectores más ricos y los más pobres.

En ese país, unos meses antes y a días de las elecciones nacionales del 11 de marzo de 1973, que le dio el triunfo a la formula Cámpora-Solano Lima, la CGE (Confederación General Económica) que nucleaba a gran parte del empresariado nacional, presentó un Plan de 10 puntos para encausar el proceso económico y garantizar el crecimiento sostenido y la mejora en la distribución del ingreso.

El Plan sucintamente sostenía:  

- Salario mínimo vital y móvil que implique el suficiente poder de compra para la familia del trabajador.

- Fondo especial para la desocupación y actualización periódica de jubilaciones y pensiones.

- Industria estatal fuerte en sectores estratégicos (energía, acero, petroquímica, etc.)  y subsidio de las pymes industriales.

- Implantación del IVA e impuesto especial a patrimonios suntuarios o de altos ingresos.

- Control del BCRA sobre la banca oficial y privada, créditos especiales a empresas nacionales en riesgo de ser absorbidas por multinacionales.

- Prohibición de importaciones de bienes suntuarios prescindibles y de aquellos que la industria nacional produjera.

- Inversiones extranjeras: siempre y cuando no desplace a los capitales nacionales ni anule el control nacional sobre los centros básicos de decisión.

- Agro: acceso a la propiedad de la tierra de los hombres que la trabajan. Erradicación del latifundio. Crédito agrario planificado y supervisado. Ley sobre tierras ociosas en manos privadas.

- Infraestructura social: el Estado debe atender las necesidades de toda la población, pero sobre todo la de ingresos bajos.

- Extensión del comercio exterior a los países socialistas e integración con Latinoamérica.

En la gestión de José Ber Gelbard como ministro el apoyo incluyó la reserva del mercado local, la restricción a la entrada del capital externo en diversas actividades, la oferta de créditos fáciles a tasas muy bajas de interés (todas negativas con respecto a los precios y salarios), las compras estatales dirigidas, etc. Esa burguesía no tuvo la fuerza para enfrentar a los terratenientes y a las grandes empresas trasnacionales pero sí la capacidad para preparar una nueva configuración social en el país que podía haber dado lugar a nuevos cambios, marcando un camino que fue destruido por la dictadura militar y el plan de Martínez de Hoz, bajo la lógica sencilla de ceder al capital privado las industrias básicas, las finanzas y el comercio exterior, que por la ley de concentración y centralización de capitales termina en monopolios: monopolio de la tecnología y del conocimiento; necesidad de importar insumos industriales estratégicos (coeficiente técnico de importación); necesidad de recurrir al endeudamiento condicionando el presente y el futuro del país y, a partir de allí, se escribió otra historia.

Así como Mitre y Roca diezmaron a los gobiernos provinciales poniendo en su lugar a personas de su confianza cuya primera condición era subordinar a las mismas al gobierno central, de igual manera fue diezmada la burguesía local y en cambio se sustituyó por grupos muy concentrados (aunque su origen fuera incluso el de una burguesía local) subordinados y socios menores del capital internacional y sobre todo del capital financiero, el más parasitario y retrogrado.

Así como los gobernadores impuestos por Mitre y Roca eran los verdugos de Ángel Vicente Peñaloza, de Felipe Varela, de López Jordán, la burguesía de los Macri, Bulgheroni, Roggio, Rocca, Fortabat, fueron los verdugos del empresariado nacional usurpando su lugar, fijando precios y tasas de ganancias exorbitantes, configurando un modelo elitista en la que ellos usufructan del mercado local y se subordinan al mercado internacional como hicieron Mitre y Roca con la burguesía inglesa.

Lo único que hacen es generar negocios para ellos y el capital extranjero que opera en nuestro país, nada lo demuestra tanto como lo que está sucediendo con las empresas energética en esta nueva vuelta de liberalismo y coloniaje (y como en su momento lo demostró el endeudamiento externo en la dictadura militar o las privatizaciones en el menemismo).

En efecto, de la lectura del Resultado Fiscal del primer trimestre de 2018 del Ministerio de Hacienda de la Nación, se observa que la administración nacional redujo los subsidios a las tarifas energéticas y de transporte que, incluso, es menor en moneda corriente en $ 7.305 millones (descenso del 20,3%) con respecto al primer trimestre de 2017, que fue de $ 35.911 millones y pasó a ser de $ 28.606 millones en el primer trimestre de 2018.  Pero el pago de los Intereses de la deuda del primer trimestre 2018 contra 2017 se incrementa en un 106,6%, pasando de pagar $ 29.293 millones en el primer trimestre de 2017, a la suma de $ 60.522 millones en el primer trimestre de 2018 (se acrecienta en $ 31.299 millones), con lo que se reduce el subsidio pero se acrecienta en más de cuatro veces lo que se paga de intereses de la deuda pública.

Es más, la situación de deuda es de tal magnitud que el mismo FMI (Fondo Monetario Internacional) en el informe del mes de abril de 2018 sostiene que el déficit financiero total de la Administración Nacional Argentina seguirá creciendo hasta 2023. Y Roberto Cardarelli, el jefe de las misiones del Fondo para Argentina, en sus proyecciones para nuestro país, afirma “que este año 2018 el déficit fiscal total es de 5,5% del PBI y todavía se mantendrá en 4,8% del PBI en 2023. Después de Brasil es y será el déficit más alto de la región por muchos años. Con una diferencia significativa: Brasil financia la mayor parte de su déficit con deuda en reales emitida en el mercado local”.

Tanto en el año 2016, como en el año 2017 el gobierno de Cambiemos se endeudó por U$s 35.000 millones por año para financiar el déficit fiscal, y lo mismo tenía planeado este año 2018, que ya en el primer trimestre se endeudó por U$s 15.000 millones de dólares a una tasa del 6,5% anual en dólares y a 7 años, pero no se sabe a ciencia cierta si esto va a seguir así y por cuanto tiempo,  lo que obviamente repercute en el mercado local y hace que el BCRA deba vender reservas internacionales. En los últimos dos meses las ventas del BCRA en el mercado mayorista fueron de U$s 7.752,2 millones, sin contemplar que en el segundo semestre tiene menores ingresos porque la venta de cosecha gruesa y sí mayores pagos de intereses de la deuda externa.

En ese marco de inestabilidad cambiaria, Macri y su gente insisten en asegurarle la masa de ganancia a las grandes empresas energéticas. Con solo observar los balances de las principales empresas del sector, vemos que, PAMPA ENERGÍA SA[1] (controladora de Edenor, de Transener -la mayor transportadora eléctrica del país- y de TGS Transportadora Gas del Sur -la segunda transportadora de gas-), obtuvo una ganancia neta (después de impuestos) de $ 3.382 millones en el año 2017. Que PAN AMERICAN ENERGY GROUP[2] (Combustible Axion) obtuvo ganancia por $ 24.324 millones en el mismo período. Que SHELL[3] en su Balance al 30/09/2017 obtuvo ganancia por 4.100 millones de dólares, que GAS NATURAL BAN (del grupo español FENOSA) al 31/12/2017 tuvo una ganancia neta por $ 543 millones. Que CAMUZZI GAS PAMPEANA SA (de la italiana Camuzzi) obtuvo ganancia por $ 902,8 millones. Que TRANSPORTADORA GAS DEL NORTE (de los grupos Techint y Eurnelkian) reportó utilidades netas por $ 604,2 millones. Que CENTRAL PUERTO SA (asociada al Banco Galicia por los Escasany y los Miguens) registró una ganancia operativa de $ 2.788,7 millones el año pasado, y sigue la lista, obtienen semejante ganancia, corroborando el modelo de Hood Robín del gobierno de Cambiemos.

Paralelamente, fijaron todos los precios energéticos en dólares de manera tal que el precio de la electricidad se pautó en diciembre de 2017 en 74,8 dólares por megavatio/hora, a un tipo de cambio de $19,3.-. El GAS: Se fijó el precio en 2,47 dólares por millón de BTU y se plantea alcanzar los 6,38 dólares por millón de BTU a partir de octubre de 2019 (lo que desmiente lo que dicen los funcionarios y legisladores oficialista que no va haber otro tarifazo).  En el combustible se fijó el precio de referencia en dólares para los distintos tipos de nafta y de gas oil, con lo cual, si el precio del dólar sigue subiendo tenemos otra cuota de aumentos de tarifas.

Incremento injustificado de las tarifas: El precio de la energía eléctrica en el mercado mayorista desde que asumió Mauricio Macri pasó de $ 93,25 en diciembre de 2015 a $ 1.036,90 por MWh. en marzo 2018, se suma el gasto en el transporte, adicionales, el precio que pagan las administraciones provinciales de Energía y luego, en los casos que suceda, el componente que agregan las cooperativas por llevarlo al usuario, pero el principal costo es la tarifa de las energéticas. Igual pasa con el gas, con el agua, con los combustibles y no se soluciona reduciendo o hasta eliminándolos gravámenes, dado que en el caso de la Provincia de Buenos Aires la quita por eliminar los impuestos provinciales sobre la luz es del orden del 15,5% del valor final, cuando el aumento en dos años fue del 1.000 por ciento.

La promesa de la gobernadora María Eugenia Vidal apunta a eliminar una contribución provincial del 0,6424 por ciento sobre los conceptos eléctricos y dos impuestos adicionales creados mediante los decretos-ley 7290 del año 1967 y 9038 del año 1978 que suman 10,0 y 5,0 por ciento, respectivamente, a los cargos generados por el consumo  y que debe eliminar por ley del Congreso de la Provincia. Para dar un ejemplo claro si un hogar debe pagar una factura de $ 1.000.- (cuando en diciembre de 2015 pagaba en torno a los $ 100.-), el descuento de los gravámenes sobre la factura es de solamente $ 156,42, con lo que debe abonar $ 843,58.

Los aumentos se impulsaron desde el Ministerio de Energía, ministerio que no pudo responder en la cámara de Diputados sobre los costos de producción y/o generación de energía, petróleo y gas natural. Ni siquiera fueron expuestos en las audiencias públicas obligatorias para justificar los aumentos impulsados ya que las concesionarias no expusieron sus costos, como lo obliga la ley, y tampoco plantearon quejas ni reclamaron aumentos en dichas audiencias a las que asistieron sus representantes oficiales.

También son negocios cuando el gobierno no  hace nada para frenar las importaciones de calzado a precio vil por parte de la firma Grimoldi, o la importación de tomates enteros de Brasil y de Italia (por 10 toneladas de tomates enteros, fraccionados en 26.000 latas, que es la cuarta parte de lo que se produce en el país), o la importación de vehículos y sus autopartes sin límite alguno y sin respetar los cupos del Mercosur y del comercio bilateral  (del que ahora Brasil y la Argentina se fueron), por supuesto lo que menos les importa es a quienes perjudica,  ellos hacen negocios, si los tomates se pudren en Mendoza, San Juan o La Rioja, no es su problema, si los trabajadores de calzados, textiles, imprenta, alimentación, autopartes, etc., se quedan sin trabajo menos, si se cierran fábricas es porque no son competitivos, etc.

También es negocio la compra de dólares a $ 20,20 como compró el JP Morgan el miércoles 25 de abril 2018, que es uno de los bancos colocadores de títulos de deuda externa argentino en la gestión de Macri y donde fue jefe de la mesa de dinero el ministro de Finanzas Luis “Toto” Caputo.

Pero como si todo lo que hicieron fuera poco, el gobierno de los CEOs avanza en generar condiciones para continuar sus “buenos negocios” sin importarle el resto del país y, para ello, están adoptando medidas que son estratégicas

a) Los Fondos Comunes Cerrados que existen, por lo menos 10 de ellos en la Comisión Nacional de Valores listos para su aprobación, que está pendiente de la sanción de la ley de Mercado de Capitales, proyecto que ya cuenta con la media sanción del Senado. Se trata tanto de grupos locales como del exterior que apuntan a canalizar inversiones en energía, infraestructura, real estate y préstamos personales y a PYMES. 

b) En ese mismo proyecto de ley de Mercados de Capitales, plantean la “securitización” de los créditos hipotecarios. Es decir que los bancos podrán vender las deudas hipotecarias por UVA, con lo que prevén que esto amplíe el fondeo de las entidades que otorgan ese tipo de préstamos.  Y están pensando en el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSeS para que sea el comprador de esos créditos securitizados.

c) Las licitaciones de corredores viales en todo el país (autopistas y rutas) en el marco de la Ley 27.328 y su decreto reglamentario 118/2017 de los PPP (Programas Público Privados), donde participan las grandes empresas constructora, nacionales y extranjeras  que operan en la Argentina. Cada mes, el Gobierno de Macri emitirá un Acta de Reconocimiento de Avance de Inversión (ARAI), a fin de calcular la inversión aún no amortizada, al cabo de cada trimestre, la constructora habrá acumulado tres ARAI que le permitirán hacerse de un título de pago por inversión (TPI), nominado en dólares, para los gastos en moneda extranjera, en tanto para las erogaciones en pesos se emitirán TPD, que ajustarán por inflación.

El TPI no se contabiliza como deuda pública y será emitido por el fideicomiso PPP, el cual está respaldado en primer término por el Sisvial (fondo fiduciario que se nutre del impuesto al gasoil y que, a partir de 2020, sólo podrá destinarse a obras construidas mediante los contratos público-privados). La garantía secundaria es del Presupuesto Nacional.

La real situación

Engendrados por la dictadura militar, impulsada por sus mayores, los hijos y sus empleados de confianza solo ven “business phrase are business”, sin entender la macro y menos que en el país existe gente que vive, trabaja y sueña en una sociedad que nos contenga a todos, ellos persisten con ganar plata y fugarla como sea.

Tomando solo y exclusivamente los datos oficiales, reconocen en el Balance Cambiario del BCRA que en la gestión de Macri, hasta el 31 de marzo de 2018, se fugaron (esto es, compran dólares y lo sacan del circuito económico argentino) U$s 39.000 millones, que ahora se acrecientan con los U$s 4.800 millones que el BCRA vendió solamente en abril y que van a seguir vendiendo porque el gobierno tiene los principales precios dolarizados y si sube el valor del dólar (devaluación), impacta de lleno en el costo de vida de la población y de las empresas productivas de verdad, y allí la vaca se vuelve toro, la pasividad demostrada hasta ahora (un silencio bastante parecido a la estupidez[4]) se convierte en grito y acción.

En síntesis, el gobierno de Macri solamente puede superar la restricción externa y las inconsecuencias del modelo que aplica, endeudándose y ofreciendo pingues negocios al capital más concentrado. En ese marco no puede existir proyectos de inversión productiva, se prioriza lo financiero, a costa de un mercado interno que se achica, se concentra y se extranjeriza, con lo que condena a amplias franjas de la población a la desocupación y a la pobreza, con un efecto anestésico por el ingreso de dólares por deuda y para un sector de la población, pero insustentable en el tiempo.

Está en el grueso de la población en tomar conciencia de la real situación y en que aparezcan cuadros, organizaciones y dirigentes del campo nacional y popular para revertir la coyuntura y generar un marco de crecimiento y distribución  de ingresos, como en su momento lo hizo la CGE.