El reciente anuncio del Gobierno, que pretende extender las asignaciones familiares a trabajadores en negro y desocupados, ha vuelto a poner en primer plano el no tan viejo debate sobre la política social. Decimos no tan viejo porque esta discusión tiene un origen muy claro en el tiempo: la consolidación del modelo neoliberal. El aumento de la pobreza no fue una consecuencia indeseada del neoliberalismo sino una condición necesaria de su reproducción. Aquí entra en escena, entonces, el debate por la política social.

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El reciente anuncio del Gobierno, que pretende extender las asignaciones familiares a trabajadores en negro y desocupados, ha vuelto a poner en primer plano el no tan viejo debate sobre la política social. Decimos no tan viejo porque esta discusión tiene un origen muy claro en el tiempo: la consolidación del modelo neoliberal. La discusión sobre la política social estuvo ausente de la agenda hasta el golpe militar de 1976. Esto se debe a que existía en nuestro país –y en gran parte del mundo– un modelo económico que incorporaba a la vasta mayoría de la población, sobre la base de la preeminencia de la industria y el mercado interno. Por supuesto que había pobres, pero no se trataba de patrones estructurales. La irrupción del modelo neoliberal, que comenzó con la dictadura y se profundizó durante los noventa, desarticuló la estructura productiva, desguazó la industria y orientó a la Argentina hacia la valorización financiera y la preeminencia del sector de servicios. De esta manera, la necesidad de salarios altos para consumir el producto industrial y garantizar la rentabilidad del sistema productivo fue reemplazada por la necesidad sistémica de salarios bajos que aseguraran la competitividad internacional y la remisión de utilidades al exterior. El aumento de la pobreza no fue una consecuencia indeseada del neoliberalismo sino una condición necesaria de su reproducción. Aquí entra en escena, entonces, el debate por la política social.

Aunque el Gobierno plantee públicamente que la política de extensión de asignaciones familiares no es un plan social sino una igualación de derechos, esto es sólo un mote discursivo. Esto se sustenta en la comparación del programa con planes sociales de ejecución similar en otros países de América latina, como el Bolsa Familia de Brasil o el Plan Oportunidades de México. Estos programas, con evidente éxito, han consistido en la entrega de dinero a familias en situación de pobreza extrema a condición de que los niños vayan a la escuela y cumplan con las normas de vacunación. Una simple muestra de datos nos permite ver que esta medida que toma Argentina es el proyecto de este tipo más ambicioso del continente. En primer lugar, es el que más porcentaje del PBI destina al programa (0,83 por ciento contra 0,37 por ciento de Brasil y 0,31 por ciento de México). Pero, sobre todo, es el que más dinero destina a cada familia (166 dólares ajustados por paridad de poder adquisitivo por familia tipo contra 78 de Brasil y 101 de México). En síntesis, pensar en el proyecto como una extensión de lo que ya realizan exitosamente otros países, pero con mayores recursos, reporta un mensaje alentador. No es poca cosa estar hablando del plan social más importante de América latina.

¿Qué efectos tiene este programa sobre la economía nacional? Pues bien, suponiendo que se repitieran los resultados obtenidos en Brasil y México ciertamente habría una fuerte mejora en la calidad de vida de los más pobres. Además, habría un impulso a la demanda agregada que daría un empujón a una economía cuyo crecimiento se está desacelerando. Las estimaciones del programa en Brasil arrojan que un 95 por ciento de los recursos empleados han sido efectivamente gastados en alimentos. Si Argentina pudiera repetir este porcentaje habría un fuerte impulso a la producción de alimentos en el mercado interno y una baja en la pobreza. Pensando en las proyecciones del crecimiento, esta medida podría conducir a un aumento adicional del PBI de más del 1,5 por ciento vía efecto multiplicador.

Sin embargo, subsisten problemas estructurales. El reemplazo de las estructuras de integración social de antaño por políticas de entrega de dinero no repone los daños del neoliberalismo. Todo programa que transfiera dinero a las familias sin duda paliará la pobreza, mas no puede ser ni suficiente ni permanente. En primer lugar, porque la integración social genuina se da con trabajo, y este plan no fomenta ni aumenta el empleo ni reduce la precarización laboral. Pero, sobre todo, porque para que una transferencia de dinero tenga éxito debe pasar por el mercado, y ya sabemos que los mercados no son neutrales. Es decir, aumentar la demanda sobre mercados concentrados puede repercutir en un aumento de rentabilidades extraordinarias, y éste es el resultado evidente de aplicar medidas como el llamado “ingreso universal”. Para que el éxito de la política sea duradero, es necesario complementarla con medidas de corte estructural, como por ejemplo la producción estatal subsidiada de alimentos en Venezuela o las guarderías gratuitas de Suecia y Dinamarca. En todo caso, para combatir la pobreza más urgente ningún costo es demasiado alto.

*Licenciado en Economía (UBA), docente FCE-UBA y FCS-UBA, investigador Sephila-UBA.

[color=336600]Fuente: Página 12 - 23.11.2009[/color]