La contracara ha sido el masivo endeudamiento del sector público por los aportes cedidos a las AFJP y un sistema que no garantizan jubilaciones dignas. Está claro que la decisión fue tomada en el contexto de la crisis que ha comenzado a profundizarse y una de las principales preocupaciones del Gobierno es el financiamiento de los pagos de la deuda pública. Sin embargo, ese debate no debe bloquear una discusión más importante en este momento: ¿qué tipo de sistema de previsión social es posible y conveniente en la actualidad? Algunas claves:

1. Tal cual está el sistema estatal “a la vieja usanza” es completamente insuficiente. La propia Anses muestra que las jubilaciones que paga son bajísimas.

2. La discusión sobre la “intangibilidad” de los activos y los fondos que pasarían al Estado sigue asumiendo que los ingresos del sistema previsional son propiedad individual de los aportantes. En realidad, los fondos del sistema son otros tantos recursos que el Estado recibe a través de impuestos para financiar un gasto particular, en este caso las jubilaciones y pensiones.

3. Los aportes adicionales que recibirá el Estado deberían destinarse en lo inmediato, junto con el superávit de la Anses, a aumentar ya las jubilaciones y pensiones.

4. Por lo demás, ¿por qué “guardar”, “administrar” e “invertir” esos recursos convirtiendo la Anses en una suerte de AFJP estatal? Siendo un monto infinitamente superior a lo que se quería recaudar con las retenciones móviles y que supuestamente se iban a utilizar para resolver acuciantes necesidades sociales, ¿por qué atesorar cual reservas del Banco Central esos recursos, cuando esas necesidades urgentes evidentemente no han sido resueltas?

La propuesta de administración estatal de los fondos de la Anses como agente financiero evidencia que la economía política detrás de la reforma previsional en curso se mantiene dentro de los cánones de la ortodoxia económica. Se sigue pensando la previsión social como si los aportes de hoy sirvieran para financiar sus propias jubilaciones en el futuro. Como si el dinero “guardado” en las cajas previsionales pudiera transferir valor real al futuro. El error analítico clave es que el valor no puede ser trasladado al futuro. Los recursos que se utilizan en el presente para financiar el pago a los jubilados tienen su contrapartida en la producción real de mercancías en el presente. No tienen (no pueden tener) ninguna correlación real con los aportes del pasado o con los fondos acumulados, pues el dinero (acumulado) no puede crear riqueza o valor. Ese dinero sólo es una expresión del valor, no es valor por sí mismo ni lo crea. Si hoy no se produce el valor necesario para ser transferido a los actuales jubilados, no importa cuánto se haya aportado en el pasado o cuánto se haya “acumulado” en un fondo, no habrá nada para redistribuir (el fondo acumulado se desvalorizará). Por ello, lo que debe hacer la legislación previsional es establecer el monto justo de las jubilaciones en cada momento del tiempo y arbitrar los mecanismos (impositivos) para garantizar la redistribución –del valor creado por el trabajo en el presente– a los jubilados.

Avanzar es superar el pasado, no sólo volver a él: por un sistema integral de previsión social que asuma la necesidad de la socialización de la riqueza y los ingresos. La reestatización completa del sistema de jubilaciones y pensiones es una medida positiva, más allá de los motivos que impulsan al Gobierno a tomarla. Pero volver a 1993 no significa hacer lo que es justo, posible y necesario. Es necesario avanzar, hacer que la proclamada redistribución de la riqueza pase de las palabras a los hechos.

1. El sistema de previsión social debería garantizar un nivel de ingresos igual a la canasta familiar para trabajadores jubilados. Hoy la jubilación mínima es casi 50 por ciento inferior a la línea de pobreza y está muy lejos –es cinco veces menos– del valor de la canasta familiar. Esto a pesar de que el sistema de previsión social tiene superávit. Es momento de reconocer la necesidad de crear un sistema que garantice niveles dignos de ingreso iguales a la canasta familiar para todos los mayores, más allá de su historia laboral y partiendo de la apropiación y redistribución del excedente social. La jubilación mínima debería alcanzar a no menos de 1500 pesos (el doble de la mínima actual).

2. Es injusto que familias trabajadoras que no alcanzan la canasta familiar deban aportar a sostener la previsión social cuando ya aportan en exceso en concepto de IVA y otros impuestos regresivos.

3. Es imprescindible la eliminación del trabajo “en negro” que hoy involucra a más del 40 por ciento de los asalariados. El sistema estatal no puede sostenerse con un mercado laboral hiperprecarizado.

4. Es hora de construir un sistema que, a partir de las retenciones a las exportaciones, un impuesto general a las rentas financieras y el aumento de la imposición a las ganancias de las empresas y la riqueza suntuaria, socialice el valor que es producido por el esfuerzo laboral del conjunto del pueblo trabajador y que hoy es apropiado por las clases dominantes. Hoy se gasta cerca de 5 por ciento del PBI en el pago de jubilaciones. Con la creación y/o ampliación de los mencionados impuestos, se podría duplicar fácilmente esa proporción para alcanzar los valores mínimos mencionados.

5. Hay que avanzar hacia un sistema que sea punto de partida de un régimen de garantía de ingresos para todos los habitantes del país, más allá de su condición de ocupado, desocupado, jubilado, joven o viejo, que permita alcanzar niveles de vida dignos para todos y todas.

*Economista. Investigador del Conicet, profesor de la UNLP. Miembro del Centro de Estudios para el Cambio Social.

Fuente: [color=336600]Página/12 – 05.11.2008[/color]