Previo a comenzar, creo imprescindible mostrar las tres diferencias que ponen al modelo de desarrollo productivo del peronismo en las antípodas del modelo neoliberal: la primera, nuestro modelo de desarrollo tiene por finalidad última afianzar la soberanía nacional y no la dependencia de los centros financieros internacionales; la segunda, nuestro modelo es inclusivo y busca beneficiar en modo equilibrado al conjunto de la sociedad y no a unos pocos; finalmente, desde lo metodológico, nuestro modelo se construye desde abajo hacia arriba, en sentido contrario al modelo neoliberal del derrame que, como hemos comprobado, nunca es suficiente para beneficiar a quienes más lo necesitan. Conviene además señalar una característica fundamental de nuestro modelo: a medida que se genera el desarrollo, las grandes empresas y los estratos más altos de la sociedad van recibiendo los beneficios por vía del aumento de los ingresos que se generan a partir del mayor consumo de los sectores populares, en modo automático y sin mediación alguna.

Desde lo social, nuestro modelo de desarrollo debe priorizar a los sectores más necesitados, comenzando por quienes se encuentran sumergidos en la indigencia y la pobreza y quienes no tienen trabajo, siguiendo con quienes tienen trabajos informales, y continuando con el conjunto de trabajadores y trabajadoras formales, al conjunto de la clase media, hasta alcanzar a los más privilegiados. Así, la mayor prioridad está constituida por los desempleados, que comprenden al 7% de nuestra población, y los tres millones de trabajadores y trabajadoras de la economía popular que existen en nuestro país.

También podes leer:

• Marco contextual de las PYMEs  - Realidad Económica Nº 244
• Por el fortalecimiento de las PyMEs en el marco de la
  reindustrialización - Realidad Económica Nº 246

Desde la perspectiva territorial, con auténtico sentido federal, nuestro modelo de desarrollo debe privilegiar a los municipios y a las provincias que cuentan con menor desarrollo de infraestructura y menor densidad poblacional. Una medida de esas prioridades son las provincias en la cuales la cantidad de actores de la economía popular supera la cantidad de empleos formales: Formosa, Santiago del Estero, Chaco, Jujuy, Salta, Misiones, Catamarca, Tucumán y La Rioja. Nuevamente, el desarrollo productivo debería privilegiar a esos territorios, y alcanzar al conjunto del territorio nacional para proyectarse luego al Mercosur, a Latinoamérica y luego al resto del mundo.

Desde la no menos importante perspectiva económica, nuestras prioridades para el modelo de desarrollo productivo deben concentrarse en los actores y los emprendedores de la economía popular, la agricultura y la industria familiar, los microemprendimientos y las PyMEs. La razón de estas prioridades es fácilmente comprensible al considerar los menores requerimientos de inversión, el mayor impacto en el empleo generado y la mejor distribución geográfica que demuestran estos sectores con respecto a otras actividades productivas, tales como la construcción y las grandes inversiones. Este modelo no deja de lado la necesidad del desarrollo de las grandes empresas y de mejorar el potencial exportador de las diversas actividades, cuestión no menor para nuestra economía, que está sujeta a una escasez periódica de las divisas necesarias para un desarrollo económico sustentable en el largo plazo.

Tampoco nuestro modelo deja de lado la necesidad de promover un desarrollo científico y tecnológico en temas de las fronteras del conocimiento: comunicaciones, satélites, nuevas energías y fuentes de motorización, combate al cambio climático, entre muchos otros temas que hacen a nuestra soberanía y que nos posicionan como interlocutores internacionalmente válidos en estas cuestiones.

En definitiva, el objetivo del trabajo que sigue a continuación es el de analizar y proponer algunos aspectos que parece conveniente debatir a la hora de diseñar políticas de desarrollo productivo diferenciadas, no solamente según se trate de micro, pequeñas o medianas empresas, sino que también tomen en cuenta los distintos factores que hacen al desarrollo en cada sector y cada rama de las distintas actividades, así como amortiguar las disparidades existentes entre las distintas localizaciones geográficas.

Entiendo que las características de menor requerimiento de inversión, mayor generación de empleo, mejor distribución territorial y mayor potencial exportador, deberían constituir una de las bases fundamentales a la hora de debatir y establecer las políticas para el mejor desarrollo de las MiPyMEs, características que también deberían ser consideradas a la hora de privilegiar a los distintos sectores y ramas de actividad en las políticas promocionales. Dicho esto, pensar políticas para facilitar el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas exige, como condición previa, conocer qué son, cuántas hay, dónde están y qué actividades realizan. En una segunda etapa será necesario identificar cuáles son los factores críticos que impulsan y los que restringen sus posibilidades de crecimiento y desarrollo, y establecer los distintos agrupamientos de MiPyMEs que comparten problemáticas similares. Recién sobre esas bases será posible diseñar políticas de desarrollo específicas para cada uno de esos agrupamientos.

Qué son las MiPyMEs

Conforme a las categorías establecidas por la AFIP, las empresas clasifican en función de su actividad, las ventas promedio de los últimos tres ejercicios excluyendo el IVA, los impuestos internos y el 75% del monto de lo exportado, según la siguiente tabla:

Las actividades incluidas para cada sector de actividad, las excepciones existentes a esta clasificación, así como la existencia de algunos requisitos adicionales para algunas actividades y las exclusiones a esta clasificación, se detallan en la página MiPyME de AFIP.

¿Cuántas MiPyMEs hay, dónde están y qué hacen?

Si bien el Registro administrado por la AFIP no tiene carácter obligatorio, la registración habilita a las MiPyMEs a gozar de beneficios impositivos y al acceso a beneficios promocionales administrados por la actual Secretaría de Desarrollo Productivo. Al 24 de abril de 2022 poseían registro vigente un total de 645.121 MiPyMEs. De ese total, 278.291 (43%) son monotributistas; 178.234 (28%) autónomos; y 188.596 (29%) sociedades. Según información adjudicada al ex Ministerio de Desarrollo Productivo, la cantidad de MiPyMEs sería superior a la cantidad registrada. Con un total de 856.300 MiPyMEs, las empresas registradas significarían un 75% del total. Sobre la base de las definiciones señaladas, la distribución de las MiPyMEs registradas según sus actividades y categorías se refleja en la tabla siguiente.

En el Anexo 1 se muestra la distribución geográfica de las MiPyMEs según su sector de actividad, detallando para cada provincia la cantidad de empresas registradas en cada sector de actividad, las respectivas proporciones respecto del total nacional y la cantidad por cada 100.000 habitantes. Comenzando por los dos sectores más numerosos, el de servicios, que representa al 47% del total nacional de MiPyMEs, y el del comercio, que totaliza al 24% de las empresas dedicadas a esa actividad, se observa que el 78% del sector servicios y el 75% de las empresas dedicadas al comercio se concentran en Buenos Aires, CABA, Santa Fe y Córdoba. A su vez la actividad industrial, que comprende al 14% del total nacional de las MiPyMEs, el 81% de las empresas también se localiza en Buenos Aires, CABA, Santa Fe y Córdoba. Las actividades agropecuarias representan el 10% del total de MiPyMEs: excluyendo la CABA –en la que está radicado el 7% de las empresas, aunque en su territorio no se realizan esas actividades– el 68% de las MiPyMEs agropecuarias se localizan en las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y La Pampa. El sector de la construcción da cuenta del 5% del total nacional de MiPyMEs, siendo que el 78% de las constructoras está nuevamente está radicado en Buenos Aires, CABA, Santa Fe y Córdoba. La única excepción a esta distribución macrocefálica es la del sector minero, que abarca apenas al 0,1% del total nacional de MiPyMEs, toda vez que –exceptuando al 11% de empresas radicadas en la CABA, donde no existe producción alguna– el 67% del total de las empresas mineras se localiza en modo mucho más distribuido en nueve provincias: Neuquén, Córdoba, Buenos Aires, Chubut, Salta, San Juan, Río Negro, Santa Cruz y San Luis.

Otro aspecto que creo de relevancia es la cantidad de MiPyMEs existentes en cada provincia por cada 100.000 habitantes, en tanto esa cantidad da una idea del desarrollo local de estas empresas. Como se observa en el Anexo 1, frente a un total nacional de 1.362 MiPyMEs por cada 100.000 habitantes, la CABA exhibe la mayor cantidad, con 3.792; con 2.919 y 2.120 la siguen Sante Fe y La Pampa, respectivamente; con entre 1.738 y 1.556 se ubican en sentido decreciente Entre Ríos, Córdoba y Río Negro; entre 1.458 y 1.105 se ubican Neuquén, Tierra del Fuego, Buenos Aires, Chubut, Mendoza y San Luis; entre 857 y 541 continúan Santa Cruz, Misiones, San Juan, Chaco, Salta y Catamarca; finalmente, en el rango de 495 a 368 MiPyMEs por cada 100.000 habitantes, en sentido decreciente están Tucumán, Jujuy, Formosa, Corrientes, Santiago del Estero y La Rioja.

En los Anexos 2, 3 y 4 se muestran los desagregados de cantidades de empresas correspondientes a las empresas micro, pequeñas y medianas del tramo 1, según la provincia en que se encuentran radicadas y su sector de actividad. No se incluyeron los desagregados de las medianas del tramo 2, toda vez que su cantidad es de apenas de 484 empresas, equivalente a un 0,1% del total.

Algunas conclusiones preliminares

Llegado a este punto, cabe interrogarnos hasta qué punto es válida una política universal de promoción MiPyME, o si será mucho más conveniente diferenciar esas políticas y los mecanismos de promoción según los respectivos regímenes tributarios, las categorías, los sectores y ramas de actividad y las localizaciones en que cada empresa realiza sus actividades productivas. Respecto a las diferentes problemáticas que existen entre monotributistas, micro, pequeñas y medianas empresas, parecen evidentes las diferencias referidas al grado de especialización de la estructura organizativa, los costos de administración y de personal, y los mecanismos de liquidación de impuestos, entre otros. Al respecto, y con la finalidad de mejorar la competitividad por efecto de escala, parece conveniente promover los mecanismos de asociatividad, en especial para monotributistas y las micro y pequeñas empresas.

A su vez, entre las cuestiones más relevantes para los sectores de actividad, también parecen evidentes las enormes diferencias respecto de la productividad y el valor de la tierra en que se realizan las actividades, así como respecto de la duración de los diferentes ciclos productivos, la diferente importancia del grado de capacitación que se requiere de la mano de obra, el acceso al know how y los avances científicos y tecnológicos, entre otras. Estas diferencias son inclusive muy importantes entre distintas ramas de una misma actividad y, aunque se verifican en todos los sectores, posiblemente adquieren su máxima relevancia en el caso de las diferentes ramas industriales y de servicios. Las distintas opciones de localización geográfica también plantean necesidades diferenciadas a la hora de promover el desarrollo productivo en cada una de ellas: las diferentes disponibilidades de recursos naturales, infraestructura, energía, transporte, comunicaciones, disponibilidad de mano de obra y acceso a los canales de exportación, entre otros.

Confirmando el objetivo propuesto en la introducción de este trabajo, todo parece indicar la conveniencia de debatir y consensuar bases para el diseño de políticas diferenciadas, no solamente según se trate de micro, pequeñas o medianas empresas, sino que también tomen en cuenta el distinto peso de los factores que hacen al desarrollo en cada sector y cada rama de las distintas actividades, así como políticas para el desarrollo productivo que permitan amortiguar las limitaciones existentes en algunas localizaciones geográficas. En línea con lo expuesto, estoy convencido de la conveniencia de establecer políticas de desarrollo productivo que favorezcan en mayor medida a los municipios de menor densidad poblacional, a las actividades más intensivas en mano de obra y a las cooperativas y mutuales.

Es evidente que el debate propuesto exige un conocimiento detallado del peso relativo de cada factor de desarrollo para cada categoría de empresa, cada actividad y cada localización.

Propuestas

Con la finalidad de conocer lo más acabadamente posible cuáles son los principales condicionantes que afectan a las MiPyMEs según cada régimen tributario y cada actividad en cada localización, propongo implementar una encuesta lo más amplia y representativa posible. Los contenidos mínimos a incluir en ese relevamiento deberían incluir:

• el ID con que la empresa está registrada en el Registro MiPyME –ese ID mantiene la confidencialidad del nombre de la empresa y a su vez permite evitar la duplicidad de las respuestas–;
• provincias y departamentos en que se realiza la producción de la empresa;
• descripción de las actividades productivas que se realizan en cada localización, según la clasificación del CLANAE-97;
• cuáles son los principales factores que limitan el desarrollo de las actividades productivas de la empresa;
• comentarios adicionales.

Respecto a quién sería el organismo encargado de la recolección y procesamiento de datos, parece conveniente que esa responsabilidad recaiga sobre la Subsecretaría de Desarrollo PyME del Ministerio de Economía, o alternativamente sobre la Comisión Permanente de Economías Regionales, Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana Empresa del Senado, en tanto esa comisión reúne a senadores y senadoras que representan a las provincias argentinas y tiene las incumbencias adecuadas a la cuestión.[1] En cualquier caso, estimo conveniente que quien se encargue de convocar la encuesta recurra a la colaboración de las distintas entidades MiPyME para lograr su mejor difusión en todo el territorio nacional.

Por último, creo fundamental destacar que la finalidad y el método que se utilice para analizar los resultados debe ser consistente con el objetivo de diseñar políticas específicas para cada actividad y cada localización de las empresas MiPyMEs. A ese efecto, los resultados de la encuesta deberían permitir la definición de clusters o agrupamientos de empresas de similares actividades y localizaciones con denominadores comunes en sus problemáticas de desarrollo. Esa definición, junto al análisis a realizar conjuntamente con las universidades y las autoridades locales y la imprescindible participación de las entidades representativas del empresariado nacional y de las MiPyMEs, debería enfocar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de cada cluster para establecer una base para la definición de las políticas específicas que estamos propugnando. Todo parece muy complejo, pero no es imposible y, según creo, el esfuerzo vale la pena.

Previo a finalizar, quiero agradecer muy especialmente los aportes y los comentarios recibidos de la senadora nacional Nora del Valle Giménez y su equipo; del presidente de la Confederación General Empresaria de la República Argentina, Marcelo Fernández; del presidente y la vicepresidenta industria de la Confederación Federal PyME Argentina, Mauro González y Sandra Nicolás, respectivamente; así como de Mónica Hobert, Juan Luis Vendrell Alda, Manuel Pedreira, Rubén Lamas, Turi Muñoz, Miguel Ángel López, Juan Francisco Numa Soto, integrantes de la Comisión de Desarrollo Productivo del Instituto Patria. Todos estos aportes y sugerencias fueron incorporados al texto según mi propio criterio, razón por la cual el contenido de este documento no compromete la opinión de quienes me los hicieron llegar, y mucho menos la de sus respectivas instituciones.

ANEXO 1: Localización geográfica de las MiPyMEs según actividad

Anexo 2: Localización geográfica de las micro MiPyMEs según actividad

  Anexo 3: Localización geográfica de las pequeñas MiPyMEs según actividad

 Anexo 4: Localización geográfica de las medianas MiPyMEs tramo 1 según actividad

[1] Corresponde a la comisión dictaminar sobre la promoción económica financiera de las economías regionales, así como de sus producciones, características, estudio y ejecución de planes de desarrollo regional y todo otro asunto relativo a las economías regionales. También entiende y dictamina en todas las cuestiones que directa o indirectamente incidan sobre el sector de la economía social, fundamentalmente en lo referido a las cooperativas, y todo lo relativo al fomento, afianzamiento y desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas.

^{Revista Movimiento Nº 41 - septiembre de 2022}