Para quien se interese en la historia, podrá darse cuenta que la de Bolivia, es la de las masacres indígenas, campesinas y obreras desde la colonia hasta hoy. La República se sostuvo sobre la explotación de la fuerza de trabajo indígena y la base de recursos naturales, hasta hoy. El expolio y explotación consolidó una estructura social e institucional vinculada a la producción y exportación de materias primas, consolidando en el largo plazo, una condición de dependencia que lo convirtió en uno de los países más pobres del hemisferio occidental.

Con una organización social extremadamente estratificada y un horizonte estatal frágil el transcurrir de su historia estuvo marcado por la exclusión y masacre. Los pueblos originarios nunca dejaron de manifestar sus anhelos de libertad, como lo prueban las innumerables sublevaciones, tanto las que culminaron con el gran alzamiento de 1780, como también las que se realizaron contra las haciendas, durante la República. Algunas de estas sublevaciones indígenas y campesinas tuvieron una magnitud enorme no sólo por el esfuerzo de la movilización y la tragedia que representó la masacre sino por la memoria y la herencia emancipatoria transmitida de generación en generación. Las de 1874 y 1899, tanto en las tierras altas como en las tierras bajas del país, ya en el siglo XX no dejarían de ser movilizaciones que terminarían en nuevas masacres como la rebelión de Jesús de Machaca en 1921 o la de Chayanta en 1928.

Las masacres obreras también tenían su marca de dramatismo como la matanza de mineros en Uncía en 1923, Catavi en 1942, la guerra del Chaco (1932-1935), la revolución de 1946, la de 1952, la de 1964, la matanza de San Juan en 1967, el golpe militar de Bánzer en 1971, la masacre de trabajadores fabriles y universitarios de noviembre de 1979, la marcha por la vida en 1986, la marcha por tierra y territorio de 1990, la masacre de Amayapampa y Capasirca de 1997, las guerras del agua (2000), la guerra del gas y la masacre de El Alto de 2003; ahora la masacre de Pando (2008).

Con el tiempo, se consolidó en la estructura mental de los pueblos indígenas y los movimientos populares, tanto de las tierras altas como de las tierras bajas, una cultura política insurreccional y de resistencia anticolonial que fue y es una guerra larga e intermitente contra los invasores y sus descendientes que cruza de forma transversal toda la historia boliviana.

Ahora, los movimientos populares e indígenas a la cabeza de Evo Morales, se han convertido en una real opción de poder y construcción de una nueva hegemonía política que cuestiona el entramado oligárquico-clientelar y antinacional que gobernó el país hasta hace dos años atrás. Los movimientos indígenas ya no son sujetos de postal folcklórica, ahora son una real opción de poder político. Esa es la dimensión de este nuevo paradigma. Incluso a la izquierda tradicional anclada en paradigmas que ya no se sostienen, como el hecho de asumir la “inevitable” vanguardia obrera en todos los procesos revolucionarios, le cuesta asumir la potencia de este nuevo y a la vez antiguo actor social cuya estrategia de poder se sustenta en la recuperación del Estado para las mayorías nacionales y que éste sirva no solo para asegurar la propiedad de los recursos naturales para todos los bolivianos, sino para redistribuir las rentas que se puedan obtener de su explotación.

El conservadurismo de la oligarquía boliviana, idéntica a la de toda la región, se vio obligada a aceptar que les gobierne un “indio”, que según sus cálculos, caería por su propio peso y su condición de tal. Pero cuando se cuestiona la estructura de propiedad de la tierra están dispuestos a todo con tal de no abandonar el escenario de la historia.

La abierta sedición de la derecha responde a una estrategia planificada y coordinada de violencia, bloqueos de caminos, ocupación de entidades estatales; control y saqueo de las instituciones públicas, plan de hostigamiento y amenazas; ocupación de cuarteles, voladura de válvulas de gas, desabastecimiento de productos básicos, desestabilización económica, creación de un clima de inseguridad y desgobierno. Un plan golpista en toda regla que coincide casi como una calca con lo que había pasado en Chile en el gobierno de Salvador Allende. Sin embargo, aún queda la sensación de pasividad por parte del gobierno boliviano.

Los movimientos sociales han tomado la iniciativa para detener la escalada golpista con la movilización de las bases, cuya decisión es frenar a la derecha con la autoridad moral que les da la sangre derramada, su conciencia política, su capacidad combativa y el horizonte de visibilidad de un modelo de país distinto, porque han sido ellos quienes han cargado sobre sus hombros los vejámenes y la marginación a la que los sometió la colonia y el estado republicano oligárquico.

El gobierno popular tiene la obligación de hacer respetar el Estado de Derecho en todo el país y llevar ante la justicia a los criminales, sediciosos y paramilitares fascistas que se han apuntado una nueva masacre. Lo que se pensaba tenía que ser el elemento que encendiera los sentimientos regionalistas autonomistas de la derecha fascista, ha generado una reacción contraria. El crimen y la barbarie de su accionar los deja en evidencia.

Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, históricamente han respondido a los intereses de la oligarquía de la que sus principales oficiales provienen. Eso explica en parte su posición de "brazos caídos" e inoperancia frente al accionar amenazante de la clase social con la que ellos mismos se identifican. En la historia de las masacres, los militares fueron siempre los actores inconfundibles de la represión y la muerte. En todos los casos actuaron como sicarios al servicio de las oligarquías. Excepto en la última masacre campesina de Pando. Esto no es señal de nada, sólo deben cumplir la ley que les asigna la responsabilidad de ser "garantes de la unidad de la patria", y obedecer a su Capitán General, el Presidente Evo Morales. Pero no hay que caer en la ingenuidad de pensar que están de acuerdo con el nuevo proyecto de país que se construye en Bolivia.

La mayor debilidad del campo popular es su extrema diversidad y las luchas sectoriales. La mayor ventaja, la capacidad y tradición de lucha revolucionaria. Se ha llegado al punto de bifurcación, al punto de inflexión y quiebre. La salida "democrática" ya ha sido agotada con los resultados del Referéndum Revocatorio. La violencia la han provocado los facciosos, deben atenerse a las consecuencias de la respuesta popular. La guerra civil que muchos temen, en realidad ya había comenzado hace mucho tiempo, solo que ahora adquiere una dinámica diferente, un liderazgo distinto. El proyecto emancipatorio que debemos apoyar es la “Revolución democrática y cultural”.

Evo toma con una fortaleza abrumadora el mando de esta nueva etapa. Definiendo que su posición está al lado de ese pueblo que hoy decide asumir el reto que le impone la historia. La principal tarea de los movimientos sociales e indígenas es llevar la iniciativa y pasar de la resistencia a la ofensiva. El siguiente paso es aprobar la Nueva Constitución Política del Estado.

*Ramiro Lizondo Díaz es economista boliviano. Universidad Autónoma de Barcelona.

Fuente: [color=336600]América Latina en Movimiento (ALAI) – 16.09.2008[/color]

Documental: [b][i]“Bolivia para todos” [/b]
Fuente: Rebelion

Grabada durante 15 meses en distintas locaciones de aquel país, cuenta con el análisis de reconocidos intelectuales latinoamericanos, además de testimonios de los principales protagonistas de la actualidad boliviana. Una descripción excelente, con imágenes deslumbrantes y música encantadora, de la lucha entre las clases medias y altas “blancas” de la media luna, el Beni y Santa Cruz de la Sierra y los pueblos originarios. [/i]

[i]Declaración de las Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno de la UNASUR, reunidos en el Palacio de La Moneda, en Santiago de Chile el 15 de septiembre de 2008. UNASUR esta compuesto por Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Suriname, Uruguay, Venezuela

Las Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno de la UNASUR, reunidos en el Palacio de La Moneda, en Santiago de Chile el 15 de septiembre de 2008, con el propósito de considerar la situación en la República de Bolivia y recordando los trágicos episodios que hace 35 años en este mismo sitio conmocionaron a toda la humanidad.

Considerando que el tratado Constitutivo de UNASUR, firmado en Brasilia el 23 de mayo de 2008, consagra los principios del irrestricto respeto a la soberanía, a la no injerencia en asuntos internos, a la integridad e inviolabilidad territorial, a la democracia y a sus instituciones y al irrestricto respeto a los derechos humanos.

Ante los graves hechos que se registran en la hermana República de Bolivia y en pos del fortalecimiento del diálogo político y la cooperación para el fortalecimiento de la seguridad ciudadana los países integrantes de la UNASUR:

1.-Expresan su más pleno y decidido respaldo al Gobierno Constitucional del Presidente de la República de Bolivia Evo Morales, cuyo mandato fue ratificado por una amplia mayoría en el reciente Referéndum.

2.-Advierten que sus respectivos Gobiernos rechazan enérgicamente y no reconocerán cualquier situación que implique un intento de golpe civil, la ruptura del orden institucional o que comprometan la integridad territorial de la República de Bolivia.

3.-Consecuente con lo anterior, y en consideración ala grave situación que afecta a la hermana República de Bolivia, condenan el ataque a instalaciones gubernamentales y a la fuerza pública por parte de grupos que buscan la desestabilización de la democracia boliviana, exigiendo la pronta devolución de esas instalaciones como condición para el inicio de un proceso de diálogo.

4.-A la vez, hacen un llamado a todos los actores políticos y sociales involucrados a que tomen las medidas necesarias para que cesen inmediatamente las acciones de violencia, intimidación y desacato a la institucionalidad democrática y al orden jurídico establecido.

5.-En este contexto, expresan su más firme condena a la masacre que se vivió en el Departamento de Pando y respaldan el llamado realizado por el Gobierno boliviano para que una Comisión de Unasur pueda constituirse en ese hermano país para realizar una investigación imparcial que permita esclarecer, a la brevedad, este lamentable suceso y formular recomendaciones de tal manera de garantizar que el mismo no quede en la impunidad.

6.-Instan a todos los miembros de la sociedad boliviana a preservar la unidad nacional y la integridad territorial de ese país, fundamentos básicos de todo Estado y a rechazar cualquier intento de socavar estos principios.

7.-Hacen un llamado al diálogo para establecer las condiciones que permitan superar la actual situación y concertar la búsqueda de una solución sustentable en el marco del pleno respeto al estado de derecho y al orden legal vigente.

8.-En ese sentido, los presidentes de Unasur acuerdan crear una Comisión abierta a todos sus miembros, coordinada por la Presidencia Pro-Tempore, para acompañar los trabajos de una mesa de diálogo conducida por el legítimo Gobierno de Bolivia.

9.-Crean una Comisión de apoyo y asistencia al Gobierno de Bolivia en función de sus requerimientos, incluyendo recursos humanos especializados. [/i]

Fuente: [color=336600]Comunidad Andina[/color]