Al optar por esta vía en apariencia fácil el oficialismo minimiza el esfuerzo de toda la sociedad y los costos que una mayoría de compatriotas está sobrellevando para que se avance en este sentido; se limita asacarprovecho de los escándalos que son responsabilidad de sus predecesores y adversarios más virulentos. Pero así deja pasar oportunidades –laboriosas pero virtuosas–para terminar con las inaceptables“reglas de juego” que vienen de lejos y hacen posibles esos escándalos.

Así se ha visto en el frente sindical, cuando se busca debilitarlo en lugar de favorecer su mejora, y también en la administración de justicia, como lo requiere la división de poderes y las competencias del Congreso Nacional.

Mientras que en la provincia de Buenos Aires se avanzó contra casos graves de corrupción sindical, situaciones similares en la conducción de gremios nacionales muy bien documentados se siguen manejando con guantes de seda. Desde hace años existen proyectos de ley para limitar la reelección indefinida en esas organizaciones, a los que no se ha dado tratamiento parlamentario.La necesidad claramente democrática de transparentar el manejo de los fondos sindicales, lo cual incluye entre otras medidas presentar declaraciones juradas patrimoniales a sus administradores, parece manejarse exclusivamente como amenaza en función de la docilidad de los dirigentes a las necesidades de la política antinflacionaria.

Lo sucedido recientemente en derredor de la intervención del SOMU, que pretende ser disculpado someramente como una mancha menor en una intervención definida como “ejemplar” sienta un mal precedente respecto al modo como el oficialismo busca aprovechar una eventual mayor injerencia en estas organizaciones, cuando lo que corresponde es control y transparencia. Los funcionarios están obligados a dar el ejemplo para que se asuma en toda la sociedad, como una prioridad exigible, la conducta limpia y el servicio como eje inspirador de la gestión.

Sin duda que los delitos y abusos de la gestión anterior en dicho sindicato fueron muy graves, pero considerar que ello autoriza el nepotismo que practiquen funcionarios del Ejecutivo, manteniendo la práctica de aprovechar el privilegio de cumplir una función pública para nombrar parientes y amigos en las estructuras del Estado o donde él tenga gravitación, supone degradar el proceso de cambio institucional prometido. Por ese camino todo tiende a igualarse hacia abajo, y esa será la conclusión que le quepa extraer a la opinión pública.

Peor todavía será el resultado si el oficialismo insiste en diluir estos problemas polarizando la escena contra lo más desacreditado del campo opositor, para sostener una alternativa maniquea del estilo “ellos son corruptos y violentos” y “nosotros republicanos y honestos”, pese al hecho de que en numerosas ocasiones la vara de la república y la honestidad es sorteada de mala manera u omitida en las iniciativas gubernamentales. O también desestimar la legitimidad de las críticas al respecto diciendo que “le hacen el juego a los corruptos y violentos”, repitiendo así un argumento falaz que con muy pobres resultados pretendió usar en su provecho el gobierno anterior.

La lucha contra la corrupción sindical y política está atada al modo en que el gobierno ha decidido dosificar y dilatar la reforma del Poder Judicial. Aunque no se resume a eso, la demora en encarar el prometido saneamiento de la Justicia Federal en lo penal resulta a esta altura una señal preocupante, vista la manipulación que la mayoría de los jueces de ese fuero practican de las causas a su cargo, simulando avances que no son tales, intercambiando gestos al respecto por decisiones a su favor del Consejo de la Magistratura, y otros manejos inadmisibles en diversos fueros e instancias de la administración de justicia, cuya reforma requiere acciones legislativas específicas.

Una mención aparte merece la Oficina Anticorrupción, donde un equipo profesional ha avanzado en ordenar el desguace practicado por la gestión anterior, pero a dos años de mandato es impostergable que se delegue esa tarea en personas que no estén directamente identificadas con el partido gobernante y es aconsejable que este organismo sea política y administrativamente independiente del Poder Ejecutivo. De otra manera sus investigaciones sobre los funcionarios en ejercicio seguirán careciendo de credibilidad, y la opinión pública se afirmará en la convicción de que sólo cuando termina una gestión es posible revisar sus actos de gobierno.

La campaña electoral ya terminó y la gestión del cambio institucional necesario requiere de un esfuerzo más decidido y consistente por respetar y hacer respetar la ley, diferenciar el Estado del grupo gobernante, garantizar la transparencia y castigar las violaciones a la ética pública sobre todo cuando son cometidas por propios y aliados.

Seguir comportándose como una facción en pugna con otras no va a fortalecer el sentido de lo público en nuestro país, y sin un cambio cultural profundo en ese terreno no saldremos adelante, aún en la hipótesis de que el crecimiento económico consiga mantenerse unos años y se logre consolidar la actual distribución de poder.

Comisión Directiva

Club Político Argentino - 22 de enero de 2018