El gobierno colombiano aprieta el acelerador de la generación de biocombustibles, mezcla inestable de auge de energías limpias, avance de monocultivos y despojo de tierras de minorías protegidas, práctica habitual en el conflicto armado. La producción de combustibles a partir de cultivos, alternativa de energía limpia que atrae cada día más interés mundial, y que en Colombia está teñida por la guerra y por denuncias de violaciones a los derechos humanos y al ambiente.

Autor: Helda Martínez
Fuente: Rebelión

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El gobierno colombiano aprieta el acelerador de la generación de biocombustibles, en una mezcla inestable de auge de energías limpias, avance de monocultivos y despojo de tierras de minorías protegidas, práctica habitual en el conflicto armado de este país.

La producción de combustibles a partir de ciertos cultivos, una alternativa de energía limpia que atrae cada día más interés mundial, en Colombia está teñida por la guerra de más de cuatro décadas y por denuncias de violaciones a los derechos humanos y al ambiente.

En 2008, este país producirá 645.000 toneladas anuales de biodiésel extraído de la palma aceitera, como resultado de ocho megaproyectos, cuatro de ellos ya en ejecución y el resto en carpeta, según la Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite (Fedepalma).

La producción de biodiésel se sumará a la de etanol, alcohol carburante extraído de la caña de azúcar, que en Colombia se utiliza desde 2005, con cinco plantas en funcionamiento y una producción mensual de 25 millones de litros que surten al suroccidente del país y a Bogotá, confirmó a IPS el ingeniero Johan Martínez, de la Asociación de Cultivadores de Caña de Azúcar.

El etanol, cuya combustión emite menos gases nocivos que los derivados del petróleo, ya se utiliza mezclado con la gasolina en una proporción de 10 por ciento, con una perspectiva de llegar a 25 por ciento en un plazo de 20 años.

De manera simultánea, se adelantan proyectos para extraer etanol de otros vegetales, yuca, papa y remolacha, cuyo cultivo masivo se realizará en zonas alejadas de selvas y bosques, y por tanto no los pondrán en riesgo, afirma el Ministerio de Agricultura.

Mientras, la extensión de plantaciones de palma aceitera es acompañada de críticas crecientes dentro y fuera del país.

En Colombia hay 285.000 hectáreas de cultivos de palma africana, principal cultivo destinado a producción de biocombustibles, afirma Fedepalma.

Al iniciar su segundo mandato consecutivo, en agosto de este año, el presidente Álvaro Uribe anunció su propósito de alcanzar en los próximos cuatro años un millón de hectáreas de palma, cuya expansión se ha sostenido desde mediados de los años 60.

En 2003 había 118.000 hectáreas del monocultivo. Tres años después, la superficie es más del doble.

La palma se concentra especialmente en inmediaciones de la costa norte y Caribe del país, en los departamentos del Magdalena y Sucre, en la costa del océano Pacífico, departamento del Chocó --el de mayor biodiversidad del país, según el Ministerio de Medio Ambiente-- y en los Llanos del centro-oriente.

"La región de los Llanos es la que más nos preocupa en este momento, pues no tenemos información clara y precisa ", dijo a IPS el investigador Darío Mejía, de la Organización Nacional de Indígenas de Colombia (ONIC).

"En silencio se ha iniciado la compra de grandes extensiones de tierra, han llegado hasta comunidades indígenas, distantes entre ellas, sin posibilidades de comunicación e información, a las que las compañías extranjeras visitan, cuentan maravillas y les hacen firmar documentos sin que ellos conozcan la realidad de los hechos", aseveró.

"Las historias de las plantaciones son dolorosas. Están manchadas de sangre y lágrimas de las comunidades negras y campesinas", afirma en el sitio web de la organización no gubernamental Censat - Agua Viva, su directora, Tatiana Roa.

"Es la historia de los bosques desaparecidos para transformarse en plantación. Es la historia de las culturas ancestrales transformadas en proletariados palmícolas. Son esas voces las que reclaman detener la destrucción que proponen los defensores del biodiésel", agrega.

En opinión de Mejía, las consecuencias de los monocultivos en general, y de la palma aceitera en particular, son de orden político y cultural.

"Este tipo de megaproyectos aumenta la concentración de la tierra en pocas manos y favorece la continuidad de despojo territorial que han sufrido las comunidades indígenas durante todas las épocas a partir de la llamada conquista española", estimó.

Además, "modifican las costumbres de variedad de cultivos que aportan y aseguran producción de alimentos y que favorecen la riqueza natural de la tierra, contrario a las consecuencias de los monocultivos", sostuvo.

"Si bien la situación de Chocó es triste e indignante, por lo menos (sus habitantes) ya conocen lo que está pasando, e incluso se han formulado denuncias públicas por parte del Ministerio de Agricultura y el Ministerio Público", sostuvo Mejía.

La gravedad de esas denuncias llevó al Ministerio de Agricultura a crear en abril una unidad de investigación, según la cual "por lo menos 25.000 hectáreas aptas para el cultivo de palma de aceite, (que habían sido) adjudicadas por el Estado a comunidades negras, fueron adquiridas por particulares a través de títulos ilegítimos".

Esa unidad detectó adquisiciones ilegales en localidades con inmensas riquezas naturales, marcadas en las últimas dos décadas por desplazamiento y muerte, como Jiguamiandó y Curvaradó, en los municipios de Carmen del Darién y Belén de Bajirá, en el noroccidental Chocó.

Según la Ley Segunda de 1959, la Cuenca del Pacífico es una reserva forestal. Además, la Constitución de 1991 ordenó expedir una norma de reconocimiento de derechos de las comunidades negras sobre tierras ancestrales, y la legislación 70 de 1993 estableció las "tierras comunales de los grupos étnicos" de esa zona.

En 2000, las resoluciones gubernamentales 2801 y 2809 adjudicaron a las comunidades negras terrenos baldíos en Curvaradó y Jiguamiandó, en los que hoy operan empresas dedicadas a cultivos agroindustriales.

La situación originó una solicitud a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para la protección de esos derechos de las comunidades.

En marzo de 2003, la CIDH accedió a la petición, y en febrero de este año instó al Estado colombiano a proteger a las comunidades desplazadas del Urabá chocoano.

La zona está conformada por 105.000 hectáreas, y sobre 33.000 de ellas se dirime el conflicto entre las comunidades negras, empresas privadas, el Estado y milicias paramilitares ilegales, según el informe del Ministerio de Agricultura.

Pese a las constataciones de esa cartera, la ampliación de cultivos de palma aceitera es fomentada por el proyecto de Ley de Desarrollo Rural o Ley de Tierras, presentado por el Poder Ejecutivo y aprobado en octubre por la Comisión Quinta del Senado. La Cámara de Representantes podría tratarlo en el primer trimestre de 2007.

Acerca de las adquisiciones ilegítimas de tierras, el procurador general Edgardo Maya dijo al semanario El Espectador que son prácticas "ajenas a los derechos de los pueblos indígenas y afrocolombianos y, por el contrario, pueden contribuir a legalizar y legitimar conductas contrarias a sus derechos territoriales, en varios casos con participación activa de grupos armados al margen de la ley".

IPS procuró con insistencia conocer la opinión de los cultivadores e industriales agrupados en Fedepalma acerca de las denuncias, pero la única respuesta que obtuvo fue el envío de información sobre los beneficios sociales y económicos de la producción de biodiésel que, por otra parte, pueden ser consultados en el sitio web de la entidad.