En el último año, 3,6 millones de personas ingresaron a la condición de pobreza y 2,78 millones a la condición de pobreza extrema en Colombia. En 2020, 42,5% de la población vivió en condiciones de pobreza, lo que indica un aumento de 6,8 puntos porcentuales frente a la cifra del 2019 (35,7%). Hoy, en total, son más de 21 millones de personas las que subsisten con menos de 331.688 pesos mensuales (aproximadamente 88 dólares)  y 7,47 millones de colombianos viven con menos de 145.004 pesos (aproximadamente 39 dólares). Las estimaciones sugieren que se ha retrocedido al menos una década de lucha contra la pobreza en el país.

Fueron las grandes ciudades las que más sufrieron los efectos de la pandemia y de las políticas de confinamiento. En Bogotá, por ejemplo, el número de personas que viven en condición de pobreza es de 3,3 millones; le sigue Antioquia (cuya capital es la segunda ciudad más importante del país, Medellín) con un total de 2,32 millones, Valle del Cauca (su capital es la tercera más importante del país, Cali) con 1,67 millones, Bolívar (1,71 millones), Córdoba (1,092 millones) y Atlántico (1,04 millones).

Dos de los sectores más afectados por la crisis en Colombia son las mujeres y los jóvenes. 46,7% de las mujeres en Colombia hoy vive en situación de pobreza, mientras que en el caso de los hombres el porcentaje es de 40,1. Según el director del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), «la brecha de género aumentó durante la pandemia y esto necesariamente golpea la incidencia de pobreza en aquellos hogares donde la mujer es cabeza de hogar». La situación de los jóvenes también se precarizó: la tasa de ocupación para el total de personas entre 14 y 28 años fue de 42%, con una disminución del 1,6% comparado con el trimestre enero-marzo de 2020 (43,6%). El desempleo joven fue 23,9%, con un un aumento de 3,4% frente al trimestre enero-marzo de 2020 (20,5%). 

Esto último explica por qué los jóvenes han sido los protagonistas de la movilización social en Colombia, que se reactivó contra la reforma tributaria en abril pasado y prosiguió con otras reivindicaciones como el rechazo a la reforma sanitaria del gobierno. En las protestas del 2019 se habían organizado para llamar la atención sobre una situación que la pandemia solo contribuyó a empeorar. No solo estaban viendo sus expectativas de trabajo reducidas, sino que adicionalmente, sus posibilidades de obtener educación superior estaban decreciendo. Las universidades públicas no contaban con suficiente inversión estatal para ampliar sus cupos y el ingreso a universidades privadas los estaba dejando altamente endeudados. Para colmo, la pandemia no solo contribuyó a expulsar a los jóvenes del mercado laboral sino también del sistema educativo: en el 2020 un total de 243.801 estudiantes desertaron del sistema escolar oficial y no oficial, lo que corresponde al 2,7 %.

Si se ponen todos estos datos juntos es fácil entender por qué los barrios más pobres de las grandes ciudades han sido aquellos donde la movilización se ha tornado más multitudinaria. Se trata de una situación mala que ha empeorado ostensiblemente gracias a la pandemia. En muchos casos, además, estos son lugares en los que operan grupos ilegales (ya sean disidencias de la guerrilla, grupos dedicados al microtráfico o a otras formas de criminalidad) y que ven en estos jóvenes posibilidades de reclutamiento. Estos barrios recibieron y siguen recibiendo familias víctimas del desplazamiento forzado que lo abandonan todo para buscar protección en el anonimato que les brindan las ciudades grandes. Los jóvenes pertenecientes a estas familias sufren de un desarraigo que solo termina de acentuarse gracias a la falta de oportunidades laborales y de educación. 

Por si todo lo anterior fuera poco, su relación diaria con la policía puede ser definida como una de tensión constante en la que el asedio, la detención ilegal y los abusos son el pan de todos los días. Lo que ya era un problema endémico solo empeoró durante la pandemia en virtud de los poderes adicionales que se le entregaron a la fuerza pública para hacer que el confinamiento y las medidas de bioseguridad se cumplieran. Mientras estos jóvenes y sus familias no hacían sino empobrecerse encerrados y sin posibilidad alguna de que esta difícil situación cambiara en el futuro más inmediato, en la calle la policía era cada vez más poderosa y más dueña del espacio público. Así las cosas, cuando la desesperada situación económica no se pudo contener más, el choque entre la frustración de estos jóvenes y la fuerza policial fue de una brutalidad sin precedentes en el pasado reciente colombiano.

Hay un problema adicional que dificulta aún más la situación y sus posibilidades de solución. La ciudadanía colombiana ha venido desarrollando una creciente desconfianza ante las instituciones estatales y ante los partidos políticos. En 2004, según el Observatorio de la Democracia, la satisfacción con la operación de las instituciones era de un 57,7% y hoy es de solo 18,2%. La falta de credibilidad de las instituciones estatales está acompañada, además, por una caída en la confianza frente a los medios de comunicación e incluso frente a las mismas organizaciones sociales.

Así las cosas, la única forma en la que muchos creen que se puede tratar de obtener respuestas frente a sus demandas es a través de la protesta. Han perdido la fe en que una respuesta adecuada se pueda lograr a través de la democracia representativa. La consecuencia inmediata es que los canales de comunicación entre el gobierno y la gente que protesta en las calles están taponados y truncados. Todos insisten en que la única salida a la actual situación, después de un mes de paro, es la negociación. Pero no es una tarea fácil identificar a los interlocutores. Si bien hay un Comité del Paro con quien el gobierno está intentado dialogar, la queja constante de quienes protestan es que los miembros del comité no los representan. Y no es un capricho. Para dar solo un ejemplo: la única persona joven allí representada es una activista del movimiento estudiantil universitario y ello contrasta con el hecho de que muchos de los jóvenes que protestan están saliendo del sistema escolar y tienen remotas posibilidades de ingresar a la universidad.

El gobierno, mientras tanto, ha preferido apostar con más vehemencia a una estrategia de orden público para tratar de contener la movilización. Constantemente criminaliza la protesta, hace un énfasis desproporcionado en el daño material que produce el paro, se presenta como víctima de intereses electorales y, haciendo uso de todas estas estratagemas, solo contribuye a restarle agencia y voz a quienes protestan. Si a eso se le suma su complicidad y nula actitud crítica frente al abuso policial, es fácil deducir que es el gobierno mismo quien ha contribuido a que el paro se prolongue y la protesta se haga cada vez más masiva.

La inmensa debilidad de la administración Duque, a quien ni siquiera su propio partido acompañó a sacar adelante la propuesta de reforma tributaria que desencadenó las manifestaciones, es el principal obstáculo para salir del atolladero. No tiene capacidad de convocatoria para liderar un diálogo de concertación alrededor de las medidas que es necesario adoptar y, por tanto, su única salida es muy poca zanahoria y grandes dosis de garrote en las calles. El garrote produce más escenarios de posibilidad para la violencia policial y la reacción de la comunidad internacional ante las violaciones a los derechos humanos lo hacen ver acorralado. Al punto que en una decisión sin precedentes, el gobierno nacional ha rechazado el pedido de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para hacer una visita in loco que les permita evaluar la situación de derechos humanos en el país después de un mes de paro. Y luego señaló que sí, pero «no por ahora».

Lo más dramático es que cada día que pasa es un día que se pierde en el proceso de adoptar e implementar medidas de emergencia para ayudar a paliar la desesperación económica de tantas familias empobrecidas. Cada día que pasa, la estrategia del gobierno contribuye a minar más la confianza de la gente en las maltrechas instituciones colombianas. Los organismos de control que deberían velar por el respeto a los derechos de los ciudadanos han sido cooptados por el gobierno y perdido toda su capacidad de constituirse en entes de vigilancia del comportamiento del gobierno y de la fuerza pública.

La clase política, por su parte, parece sumida en un sueño profundo provocado por los intereses electorales ya activados con miras a las votaciones del año entrante. La izquierda partidista, siempre protagonista de las reivindicaciones sociales, ahora es cautelosa porque quiere evitar que la acusen del caos y los desmanes de la protesta. La derecha hábilmente espera al acecho porque sabe que una protesta degradada y desgastada es su mejor oportunidad para re-encauchar el discurso anti-«castrochavista» y el poder de la mano dura. Y, finalmente, el centro político ha tomado la decisión de iniciar su desvertebramiento justo en esta coyuntura. Las posibles salidas lucen remotas y el liderazgo político colombiano parece a la baja, ya con pocas dosis de imaginación. 

^{Revista Nueva Sociedad (NUSO) - mayo de 2021}