El documento, que había ingresado a la Cámara de Diputados en diciembre de 2021, otorga a los proveedores locales prioridad en las compras públicas y promueve procesos de transferencia tecnológica a favor de las empresas locales, brindando la posibilidad de insertarlos en cadenas globales de valor y favoreciendo su acceso a mercados internacionales.

¿Qué significa esto? Que, dentro de las compras públicas que realiza el Estado o las empresas públicas –que representan el 13% del PBI–, lo que se propone es aumentar el margen de preferencia sobre la producción nacional, hasta 15% en el caso de compras a grandes empresas, y hasta 20% en las compras a pymes. Por otro lado, en materia de género, el proyecto suma tres puntos adicionales para empresas con mayoría de mujeres u otras identidades en la dirección o entre los trabajadores.

Los beneficios de la normativa alcanzarán a los organismos de la administración pública nacional; las empresas y sociedades del Estado, los entes públicos y fondos fiduciarios; licenciatarios, concesionarios, permisionarios y autorizados por el Estado para la realización de obras y servicios públicos del Estado y sus contratistas directos; Poder Legislativo, el Poder Judicial de la Nación y el Ministerio Público de la Nación. A su vez, para contrataciones realizadas en representación del Estado, incluye a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima.

Cabe destacar que, si bien el Gobierno anterior también había establecido un nuevo régimen de compre argentino en 2018, el proyecto actual incluye varias modificaciones como por ejemplo la inclusión del PAMI.

^{elCanciller - 20 de enero de 2022}