El Acuerdo de Escazú dio un paso más para su implementación en su paso por Buenos Aires, sede de la segunda Conferencia de las Partes (COP2). A dos años de su ratificación por parte de Argentina y México, lo que significó la entrada en vigencia, en la COP2 se seleccionó a los siete integrantes del Comité de Apoyo a la Aplicación y Cumplimiento, órgano que estará a cargo de recibir los reclamos y recomendaciones de las organizaciones de la sociedad civil y ofrecer lineamientos a los gobiernos para el cumplimiento de los derechos ambientales consagrados en el pacto regional: acceso a la información, participación pública en los procesos de toma de decisiones y acceso a la justicia. 

Andrés Nápoli, director ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), ocupará durante los próximos cuatro años una de las siete sillas del Comité de seguimiento, en un contexto regional con un amplio consenso sobre las políticas extractivistas, que ponen en tensión los principios del Acuerdo de Escazú, y vaivenes políticos del progresismo a la derecha. En entrevista con Tierra Viva, Nápoli repasa el rol que cumplirá el Comité, los avances y desafíos del acuerdo en el contexto regional. “Es una caja de herramientas muy valiosa para transformar las políticas de los países y, en caso contrario, para que la sociedad civil defienda sus derechos”, valora.

—¿Cuál será la tarea que cumplirán desde el Comité de Apoyo a la Aplicación y el Cumplimiento del Acuerdo de Escazú?

—El Comité es el órgano que tiene a su cargo el día a día del Acuerdo. Observar si los países van cumpliendo, advertir si se detectan problemas y generar recomendaciones. Para eso habrá que trabajar con la sociedad civil para mejorar lo que no esté ajustando a lo pactado y mejorar las prácticas de los países. Es un enorme desafío. Es mucha tarea por hacer, es un mandato de cuatro años, pero la aplicación tendrá para bastante más. 

—¿El Comité tendrá facultades para aplicar sanciones frente a los incumplimientos por parte de  los gobiernos?

—Tal como está planteado, el Comité no es de ninguna manera un tribunal. No va a dirimir casos de incumplimiento, sino que se va a trabajar junto a los países para evitar los conflictos y que cumplan con políticas públicas o frente a casos particulares, como puede ser la participación de la sociedad civil en la realización de un estudio de impacto ambiental y las opiniones que se tomen en cuenta. Tampoco impondrá sanciones, la COP sí puede imponer sanciones, pero la idea es que los países no cumplan por sanciones sino que cambien sus políticas. Las reglas del funcionamiento del Comité fueron definidas en la COP1 y ahora quedan ajustar detalles como las circunstancias particulares en la que algún miembro deba abstenerse de intervenir.

—¿Entonces el comité funcionará como un puente para asegurar la participación de la sociedad civil en el acuerdo?  

—Un puente con la sociedad civil con capacidad de dar recomendaciones. Es un Comité que va a trabajar con la sociedad civil, con una reunión por año presencial, más todas las que sean necesarias de forma virtual. Imagino un Comité recorriendo el territorio y tomando nota de lo que está pasando. Va a hacer un trabajo permanente de estar muy cerca de la sociedad y tratar de hacer un gran convencimiento a los gobiernos para que cambien sus prácticas. 

Foto: Prensa Cepal

Desde 2018, cuando el Acuerdo de Escazú fue firmado en Costa Rica y quedó abierto para su ingreso a los 33 países de Latinoamérica y el Caribe. Son 15 los gobiernos que han ratificado su ingreso. La COP1 se realizó en Chile el año pasado también a fines de abril, coincidiendo con el Día de la Tierra y con la fecha en que el entró en vigencia en 2021. En Buenos Aires se reunieron entre el 19 y el 21 de abril representantes de los 15 países integrantes —Bélice, Granada y Chile los últimos en incorporarse— y un total de 600 acreditados, entre miembros, observadores, representantes del público y de Naciones Unidas.

Entre las tareas que tenía por delante esta COP2 estaba la selección del Comité de Seguimiento y la continuidad de la formulación de planes de acción para los “defensores de derechos humanos en asuntos ambientales” y del Fondo de Contribuciones Voluntarias, o sea: el aporte de los países miembro para que el Acuerdo pueda aplicarse. Respecto del último punto, la “Declaración de Buenos Aires” habló de “obtener apoyo adecuado para la implementación” como también del comité votado, cuyos cargos son ad honorem. 

La declaración de la COP2 destacó el primer aporte hecho al fondo voluntario por parte de México y una promesa por parte de Chile. Hasta el momento, funciona con el impulso de la Cepal (Comisión Económica para América Latina y el Caribe), impulsora del convenio, y aportes del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) y el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF). 

Respecto del avance en el plan de acción para la protección de los “defensores ambientales” —categoría siempre destacada por ser la primera vez que se incorpora en un acuerdo a nivel global—, la COP2 de Buenos Aires sirvió para convalidar el índice del plan de acción, que comenzó a ser construido en Ecuador en octubre pasado. El contenido de esa declaración continuará tratándose a lo largo del año y se iniciará una ronda de consultas para llegar a la COP3, que volvería a celebrarse en Santiago de Chile entre el 22 y 24 de abril del 2024. La de Buenos Aires fue anunciada como una COP extraordinaria, pero terminó siendo una COP formal a la que le seguirá un encuentro en Panamá en septiembre de este año. 

“El plan de acción disparará una serie de mandatos que los países del Acuerdo deberán cumplir: normativas, mecanismos de protección y seguimiento de políticas que deberán llevar adelante y donde el Comité tendrá una tarea en la observación del cumplimiento”, expresó Nápoli respecto de uno de los puntos más relevantes para una región que es la más peligrosa para quienes se oponen al avance de las industrias extractivas sobre el ambiente.  

De esta forma, el dato más relevante de la COP2 resultó ser la elección del Comité de Apoyo que integrará Nápoli junto a otros expertos y expertas de la región: Guillermo Acuña (Chile), Mariana Blengio Valdés (Uruguay), Rita Joseph Olivetti (Granada), Patricia Madrigal (Costa Rica), Carole Stephens (Jamaica) y Félix Wing Solís (Panamá).

Andrés Nápoli, director ejecutivo de FARN e integrante electo del Comité de Apoyo y Aplicación del Acuerdo de Escazú.
Foto: Prensa FARN

—En 2021, cuando se firmó el Acuerdo de Escazú, en el que usted fue representante electo del público en la negociación, señalaba que era esperanzador para establecer estrategias conjuntas a nivel regional. ¿El Comité de Apoyo irá estableciendo esas estrategias a partir de los casos que vaya relevando y las recomendaciones que haga a los países?

—Hay una doble dimensión. El comité tiene que hacer cumplirlo y ayudar a los países que lo hagan. Después puede participar de otras acciones como lo hacen los distintos comités de otros tratados a nivel global, fundamentalmente, los que están relacionados a los derechos humanos. Respecto de la coordinación de carácter internacional en la región, el encuentro en sí mismo es un espacio para trabajarla. En Buenos Aires confluyeron 23 países y organizaciones de muchos otros que llegaron al país para trabajar en conjunto. Hay un camino recorrido respecto de la estrategia para la defensa de los defensores ambientales que marca ese camino de trabajo conjunto. A Escazú lo veo como un acuerdo, pero también como un proceso de integración entre políticas de ambiente y derechos humanos, que es algo que hacía falta. 

—En este proceso hay una mirada de muchos de los gobiernos de la región respecto de la política extractiva que choca contra muchos principios del Acuerdo. Sin ir más lejos, el presidente Alberto Fernández volvió a insistir este lunes en que Chubut debe revisar su legislación minera para habilitar la explotación del Proyecto Navidad en la Meseta, cuando el pronunciamiento de la sociedad civil en la provincia se manifestó en contra de manera contundente… 

—Sin duda. Lo logrado con Escazú lo entendemos como algo muy importante, porque los países que lo ratificaron se han manifestado en la dirección de cumplir con el acceso a la información, la participación ciudadana y la defensa de los defensores ambientales. Pero eso hay que convalidarlo en el día a día. Hoy pueden aparecer las declaraciones de un presidente que se manifieste a favor de la explotación minera, cuando existió un proceso saldado en la provincia, pero también las perspectivas de que haya candidatos presidenciales que directamente nieguen la problemática ambiental y el cambio climático es algo que está a la vuelta de la esquina. Por eso creo que es un tema del día a día. Es muy importante contar con un instrumento como el Acuerdo de Escazú, porque es una caja de herramientas muy valiosa para transformar las políticas de los países y, en caso contrario, para defender que la sociedad civil defienda sus derechos. Esta es la multiplicidad y la plasticidad que tiene y la que hay que ver en el horizonte. No porque un gobierno se pronuncie a favor o en contra significa que va a barrer con todo lo demás. Si se pronuncia a favor del extractivismo, la sociedad tiene herramientas para defenderse.   

—Brasil y Colombia aún no lo integran y son dos países en los que los defensores ambientales atraviesan situaciones críticas y en los que los gobiernos, recientemente electos, están marcando otro debate a nivel regional. Ya sea un discurso de protección del Amazonas en Brasil como la prohibición del fracking en Colombia y el debate sobre el “decrecimiento” que plantea el propio presidente Gustavo Petro. ¿Cómo ve la influencia del Acuerdo de Escazú en estos casos? 

—Colombia ya cuenta con la ratificación del en el Congreso y está en lo que se denomina el proceso de validación, que debe pasar por la Corte Suprema, se integrará en poco tiempo. En el caso de Brasil, hay manifestaciones políticas, pero aún no se ha iniciado el proceso de ratificación parlamentario. Son las contradicciones que surgen en los países. La ministra de Ambiente de Brasil, Marina Silva, vino a participar de la COP en Buenos Aires, pero en su país aún no se debate el ingreso al Acuerdo. También ocurren estas contradicciones en nuestro país, donde existe un consenso de los commodities en el que todos los partidos políticos se pronuncian a favor de actividades extractivas como el litio y el fracking. En esa contradicción hay que convivir. 

—¿Cree que el acuerdo influencia los debates que se dan en los países?

—Creo que Escazú no determina sino que acompaña los debates ambientales que se están dando a nivel regional y global, pero sí vino a poner en palabras cosas que antes no existían como la participación ciudadana, que antes dependía de cada país o cada región o provincia. El Acuerdo pone un estándar internacional que se debe cumplir tengas o no tengas ley local. Por eso hay muchos países que no quieren ratificarlo, por ejemplo en Perú el consenso político es no participar y lo mismo pasa en Costa Rica. Escazú es un estándar alto de cumplimiento y muchos no quieren cumplirlo porque quieren facilitar las inversiones de los países externos, pero es algo que puede cambiar como pasó con Colombia y Chile. 

—Menciona el caso de Chile, que el año pasado fue sede de la COP1 y con la llegada de Gabriel Boric a la presidencia firmó el ingreso a Escazú, pero la semana pasada lanzó la Empresa Nacional de Litio, que traerá conflictividad a nivel social en las regiones donde se implementa la actividad extractiva… 

—Por supuesto, son las discusiones que tenemos. También se trata de modelos, Chile está anunciando que lo hará a través de empresas públicas, mientras que la Argentina lo tiene liberado al mercado. La pregunta es qué es mejor o qué es peor; bueno, el modelo argentino definitivamente no es favorable. Habrá que explorar los demás y ver cómo lo hacen, porque la aspiración es que una empresa pública pueda cuidar los derechos de la gente. El proceso en la Argentina es muy complejo, ya que no existe el respeto por los derechos indígenas ni el de las comunidades que viven allí ni por los territorios. Eso me preocupa. 

—En otras entrevistas mencionó que en la Argentina ya existe una demora en la aplicación de los principios de Escazú, en los más de 80 organismos del Estado con competencias ambientales, y que el Congreso debería avanzar en la sanción de una ley de impacto ambiental y ordenamiento territorial de alcance nacional. ¿Cómo ve estos cambios en un horizonte electoral con un giro a la derecha?  

—No puedo saber qué va a pasar en las elecciones, pero Argentina no tiene mucho más margen para no sancionar una ley nacional de impacto ambiental. Si el país avanza en un plan de implementación de Escazú sin contar con una legislación federal, no quiero adelantar mi pronunciamiento pero habrá algún problema para el cumplimiento. Se verá qué sucede en las elecciones. Una cosa podrá ser el presidente y otra el Congreso, siempre más variopinto y equilibrado. Si Argentina avanza en un plan de implementación, no puede escapar de tener una normativa de impacto ambiental nacional moderna. No va a poder ser un refrito de 30 años atrás, va a tener que estar alineada al Acuerdo Escazú. Cuando aparece una norma nacional se produce un alineamiento generalizado para su aplicación del Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Esa es una esperanza. El Acuerdo es una esperanza y una gran responsabilidad, no solo desde la sociedad civil que lo impulsa sino también de los gobiernos.

Fuente: Agencia Tierra Viva - Abril 2023