La polémica desatada por las retenciones pone de manifiesto la inexistencia de un plan nacional de desarrollo que alcance a todos los sectores productivos del país, sobre la base de que toda política del gobierno debe tener como objetivo fundamental combatir la miseria y el hambre.

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Este debate remite también a la dicotomía agro-industria; es decir si se opta por un modelo de país agroexportador de productos primarios apoyado sobre los sectores concentrados financieros y terratenientes o bien se tiende a generar una producción diversificada tanto agropecuaria como industrial, contemplando la particular situación de las economías regionales.

En los últimos años los productores de granos tuvieron una alta rentabilidad que impulsó significativos incrementos de la producción. Ésta se originó en el tipo de cambio posdevaluación y el creciente aumento de los precios internacionales de los granos y no en mayores esfuerzos productivos ni de inversión.

Por ello, las controvertidas retenciones fijadas para gravar las superrrentas deben ser parte de una política global de redistribución de ingresos.

Así, el Estado puede aceptar que en algunos sectores se genere una rentabilidad mayor que la normal, pero una de sus funciones consiste en apropiarse de las rentas excesivas motivadas por la continuada alza de los precios de las exportaciones, que pueden derivar, a su vez, en un gran aumento de los precios internos y elevadísimo costo de vida. En la Argentina esos productos exportables constituyen la base de la alimentación de la población.

Los productores tienen que resignar buena parte de esa ganancia excesiva, en consonancia con sus invocaciones a la moderación en los reclamos salariales de los trabajadores.

Es necesario tener en cuenta que el campo no es un todo homogéneo. Entre otras cosas, existen notables disparidades entre las grandes explotaciones y las pequeñas y medianas. A igualdad de precios, las primeras tendrán más rentabilidad; por lo tanto se imponen políticas diversificadas como las de establecer que el gobierno compre a los pequeños y medianos productores a precios que contemplen una retención diferencial y venda luego la producción para exportar.

Los problemas que se presentan alrededor de estas cuestiones exigen la intervención del Estado y ponen de manifiesto la necesidad de reconstituir las Juntas Nacionales de Granos y de Carnes, y otros organismos similares, desmantelados durante la última ofensiva neoliberal.

En cuanto a la aplicación de esas políticas, es conveniente que el gobierno consulte a las entidades gremiales, pero eso no significa que pierda su capacidad de decisión. Un gobierno democrático representa los intereses generales de la población, mientras que las entidades gremiales interpretan intereses sectoriales. Por otra parte el problema de las retenciones interesa tanto a los productores como a los consumidores. En consecuencia el gobierno debería consultar también a las entidades que nuclean a consumidores y trabajadores.

Las denominadas cuatro grandes entidades nacionales son respetables, pero distan de representar a la masa de productores agropecuarios. El Censo Nacional Agropecuario de 2002 muestra una bajísima tasa de agremiación, que en el total del país alcanzaba al 8% mientras que los asociados a cooperativas sumaban 13%. En la provincia de Buenos Aires el 8% de los productores pertenecía a entidades gremiales y 15% a cooperativas. Las demás provincias pampeanas presentan cifras muy inferiores respecto de entidades gremiales y sólo Santa Fe superaba a Buenos Aires en cuanto a cooperativas, con el 37%. Conviene aclarar que es posible que las cifras mencionadas incluyan cierta superposición de afiliaciones, porque es frecuente, por ejemplo, que un productor esté asociado a una o más cooperativas y también a una entidad gremial.

El derecho de huelga está reconocido por la Constitución, pero en rigor se refiere a los trabajadores y no a los empresarios. De cualquier modo una huelga no debe atentar contra intereses nacionales. El largo cierre (lock-out) llevado a cabo por las cuatro entidades -que no consistió en parar la producción sino en impedir su circulación- puso en peligro el normal abastecimiento de alimentos esenciales para la población y, además, perjudicó seriamente otras ramas como frutas, hortalizas, aves, etc.

Esta medida tiene un innegable trasfondo político. Aunque la relación de fuerzas no admite hoy intentos golpistas, la extrema derecha procura debilitar en lo posible al gobierno y alcanzar así una posición dominante en un país como la Argentina, en el que muchas veces sus integrantes actúan como socios o representantes de los procesos de transnacionalización y extranjerización de la economía.

Ninguna medida que afecte intereses de cierta magnitud podrá ser aplicada en forma efectiva sin adecuado apoyo de la mayoría de la población, a la cual el gobierno debe informar acabadamente acerca de los problemas que la afectan y estimular su participación. Los partidos políticos, por su parte, tendrían que ofrecer apoyo crítico al gobierno cuando éste procura resolver problemas de crucial importancia para la nación.

Marzo de 2008