La presente pandemia generada por la viralización del Covid-19, pone a la economía mundial en una situación sin precedentes en su historia. Se trataría de la primera crisis causada por un elemento pasible de ser considerado exógeno, en el sentido de no originarse producto del despliegue del modo de producción capitalista. Para usar una expresión corriente dentro de la jerga de las finanzas, este sí puede considerarse un cisne negro. No obstante ello, no puede soslayarse que la irrupción de este fenómeno se monta sobre una etapa de la historia del capital caracterizada, desde hace ya algunas décadas, por una desaceleración en su crecimiento y la consecuente aparición de diversas tensiones en la dimensión sociopolítica.

Contexto de ocurrencia de este cisne negro: los procesos de largo aliento

Desde mediados de los '70 en adelante, a trazo grueso, el desenvolvimiento de la economía mundial puede ser caracterizado principalmente por tres aristas de un mismo proceso: la deslocalización de los procesos productivos, la financiarización de la economía y la creciente pérdida del poder adquisitivo de la clase obrera en particular y la pauperización de los sectores medios en general.

La adquisición de esta fisionomía por parte del sistema social dominante debe entenderse, entre otras cuestiones, como el camino que encontró el propio capital para salir del freno a la acumulación ampliada que implicó la caída de la tasa de ganancia desde finales de los años sesenta en los países centrales. Esta nueva orientación conllevó, como uno de sus rasgos más destacables, la relocalización de fases del proceso productivo en zonas con bajos costos absolutos, fundamentalmente en términos de mano de obra (China y Sudeste asiático) de forma tal que el capital pudiera recomenzar el ciclo de acumulación con la explotación de una fuerza de trabajo menos costosa, a la vez que se colocaba un techo a los aumentos salariales en las economías del centro. En este marco, arriesgamos como hipótesis tentativa, puede que dicho proceso esté encontrando sus propios límites (muchas veces explicitado como “la crisis de la globalización”), y que el Covid-19 no haga más que manifestarlos en su máxima expresión. Veamos por qué.

El proceso de deslocalización al que hacíamos referencia trae consigo la pérdida de control, por parte de los núcleos dinámicos de la cadena de valor, del propio desenvolvimiento de esta. En términos más simples: dificulta crecientemente el control total de las redes de proveedores que abastecen a los capitales ubicados en el núcleo de la cadena de valor, cuestión que crisis como la presente, que congela de forma abrupta el flujo de mercancías entre distintos espacios nacionales,  deja en evidencia. Dicho de otro modo, el freno de la producción que suponen los intervalos de cuarentena decretados en cada espacio nacional, pone en vilo la producción en otro polo opuesto dada la férrea articulación e interdependencia entre ellos.

A su vez, como resultado del mismo proceso, vienen consolidándose desde hace dos décadas antiguas franjas de la periferia como nuevos posibles conductores del desarrollo de las fuerzas productivas. Por tal motivo, y como resultado de ambos efectos, dicha "periferia próspera" (utilizando la acepción acuñada por Enrique Arceo), con China como punta de lanza, se encuentra cada vez con mayor capacidad de disputarle la hegemonía al presente centro de la economía mundial, con base hace cinco siglos en las adyacencias del Atlántico Norte y el Mediterráneo. Y lo viene haciendo en un doble sentido: por la propia dinámica de las cadenas de valor y la relativa pérdida de poder de los núcleos dinámicos antes mencionada, y por el debilitamiento de las superestructuras que las alojan: los Estados nacionales de las economías centrales. Estos dos canales en los que discurre la disputa por la hegemonía mundial se ven, por ejemplo, en la guerra comercial que protagonizan EE.UU y China, o en la carrera por el control de tecnología de punta de las telecomunicaciones, como lo es el 5G.

Las elocuentes manifestaciones de la Administración Trump y la disputa abiertamente lanzada a China, no son más que la superficie de los fenómenos que se vienen relatando. Así las cosas, no sería exagerado pensar una reedición de ciertas políticas proteccionistas que contengan como objetivo último recuperar las riendas de la acumulación a través de la relocalización de aquellos procesos productivos anteriormente diseminados, en búsqueda del refortalecimiento de los Estados Nacionales del Centro y en detrimento de la actual “periferia próspera”. Un ejemplo de ello, son las políticas de “America First” que ha tenido el presidente de EE.UU para con grandes trasnacionales como Apple. De esta manera queda claro que, por más inexorable que el proceso inicial de deslocalizacion pueda parecer, es evidente que el mismo no estará exento de pujas entre las distintas fracciones del capital y de los Estados nacionales que las contienen.

La disputa en clave de fracciones del capital: las tensiones inmediatas

La crisis actual se produce por un abrupto freno en la valorización del capital (tal como habitualmente sucede) aunque esta vez a causa de un fenómeno sumamente extraño: la cuarentena misma, un freno casi completo, inducido desde los Estados Nacionales, del ciclo global de valorización (producción, circulación y consumo). En este contexto,  para el grueso de las actividades productivas sucederá que lo que no es producido en determinado intervalo de tiempo será imposible de ser reemplazado. Habrá sido tiempo ocioso, tiempo perdido para esos capitales: el trabajo contratado no habrá generado valor en su uso. Esto es ineludible en el actual estado de situación. Lo que, en cambio, no está de ningún modo preestablecido es cómo se asumirán los costos de dicha interrupción. En términos generales, es de esperar un crecimiento en la concentración y centralización del capital como aspectos propios de cada crisis, cuestión que es horizontal a las distintas fracciones del capital. Sin embargo, entre fracciones, el resultado dependerá de la particular relación de fuerzas que impere, tanto en el plano nacional como internacional.

A modo ilustrativo, puede observarse que múltiples Estados Nacionales han convenido ya fortísimos paquetes de estímulos. Por ejemplo, el Congreso de Estados Unidos anunció un paquete de medidas histórico: dos billones de dólares que se invertirán en el intento de poner freno a la debacle de su economía (más del doble de la inyección realizada luego de la crisis del 2008). El paquete incluye pagos directos a trabajadores, transferencias a empresas y ampliación de los beneficios por desempleo. Esto se suma a otros cuatro billones que inyectará la Reserva Federal en un paquete de medidas monetarias, con el agregado del anuncio de compra masiva de Bonos del Tesoro. Por su parte, el Banco Central Europeo movilizará 750 mil millones de euros como plan de emergencia para paliar la crisis. A su vez, los organismos multilaterales de crédito, grandes representantes del capital financiero internacional, ya comenzaron a mover sus fichas: el Banco Mundial otorgó líneas de crédito a diferentes países afectados por la pandemia y el FMI anunció que “podría desembolsar rápidamente $50.000 millones a través de sus servicios financieros de emergencia a países de bajos ingresos y mercados emergentes que se enfrentan al COVID-19”.

Nótese, en relación al tópico que se discute, que en mucho difiere si esos fondos tienen por destino la compra estatal de activos tóxicos del patrimonio de las entidades financieras ante el inminente deterioro de la cadena de pagos, o si esos mismos recursos van a transferencias a sectores particulares de la población en aras de sostener el consumo y valorización de ciertos capitales productivos. En otros términos, estas variantes no se distinguen únicamente por ser políticas de "oferta" o de "demanda", sino que fundamentalmente refieren a qué porciones del capital se ponen en movimiento y cuáles quedarán momentáneamente en Stand by (o directamente en fase de liquidación, coadyuvando a los ya mencionados procesos de concentración y centralización del capital). Es decir, definen qué fracciones del capital serán las ganadoras (o perderán relativamente menos) en este proceso de reacomodamiento de las relaciones sociales.

¿Y por casa cómo andamos?

La Administración de Alberto Fernández optó por privilegiar la respuesta del sistema de salud frente a la pandemia, por lo que las primeras medidas económicas tomadas por el gobierno tuvieron como meta central morigerar la inevitable contracción económica que la cuarentena conlleva. Es así que definir esta serie de acciones como “keynesianas” no sería de lo más apropiado, pues la idea de reactivar el ciclo económico vía expansión de la demanda de consumo y gasto público se encuentra obstaculizada por el propio freno a la producción y circulación impuesta desde el 20 de marzo. En cambio, el objetivo es tratar de contener los efectos perniciosos de esta coyuntura mediante la provisión de ingresos a los sectores populares más corroídos por el párate económico (trabajadores informales, monotributistas de menores ingresos y trabajadoras domésticas) y atenuar la destrucción de los capitales más pequeños (beneficios impositivos y crediticios a las pymes más afectadas), con el anhelo de que, cuando esta crisis sanitaria quede en el olvido, la estructura productiva local no sea tierra arrasada.

Las medidas sanitarias anunciadas por el gobierno nacional irían en consonancia con las recomendaciones de los organismos internacionales especializados en la materia, lo cual en nada implica que dichas iniciativas sean compartidas por todo el arco político. Es que, como ya fuera expuesto con anterioridad, si bien la crisis será no sólo inevitable sino además posiblemente inédita, esto no significa en absoluto que las pérdidas vayan a ser compartidas. Un ejemplo de ello fue la respuesta de una fracción del capital financiero, representado en las entidades bancarias privadas, que frente a la determinación que tomó el BCRA para que se otorguen créditos a una tasa nominal anual no mayor al 24% para las PyMES, argumentaron “dificultades de instrumentación” para efectivizarlos. O por el lado de los grupos económicos locales, el holding Techint, resolvió despedir a 1450 trabajadores que venían desempeñándose en obras en las provincias de Buenos Aires, Neuquén y Tucumán, como una medida de reducción de “gastos”. Si se entiende al Estado como representante del capital total y garante de la acumulación dentro del espacio nacional, acotadas al máximo las posibilidades de retornos positivos, la actitud de "sálvese quien pueda" no sólo implicará canibalismo entre las propias fracciones del capital (otra expresión de la concentración y centralización), sino sobre todo un claro riesgo para la clase trabajadora y los sectores medios ya pauperizados.

En este nuevo escenario de la economía doméstica bajo la pandemia, a lo ya considerado, se le adicionan desafíos cruciales a la administración nacional. La caída del comercio mundial y la posible aplicación de políticas proteccionistas por parte del resto del mundo serán un golpe duro para nuestras exportaciones, tanto en términos de cantidades como precios. Si bien actualmente y con seguridad en el corto plazo se mantendrá el superávit comercial por la caída de las importaciones, en cuanto se intente reactivar la rueda productiva la alta elasticidad de aquellas obligará a contar con suficientes divisas para afrontar esa tarea (además de los demás canales en los que se utilizan los dólares). El devenir del vecino carioca es otro elemento a contemplar. Brasil ha representado en los últimos 17 años el 20% de las exportaciones de Argentina, por lo que la ralentización de su actividad económica (escenario más que plausible dada la inacción esbozada por Jair Bolsonaro) implicará un condicionante adicional al desempeño externo, a la vez que el deterioro de su mercado interno probablemente implique cierta presión para colocar su producción excedente en nuestro país. Por último, uno de los objetivos planteados por esta gestión es el desarrollo de la producción hidrocarburífera, con Vaca Muerta como protagonista. Indudablemente el fortísimo golpe sufrido por los precios internacionales de estos productos coloca a estos proyectos en un mar de dudas, reduciendo los potenciales ingresos de inversión extranjera y la provisión de divisas que la exportación de este rubro proveería.

No cabe dudas que estos tres retos estarán enmarcados en la batalla madre: la resolución de la deuda externa. Allí, a decir verdad, es poco lo que pueda adelantarse, ya que la dinámica de los encuentros entre el gobierno y los acreedores se ha visto empantanada por la irrupción de la pandemia. La nota confeccionada por el FMI hace algunos días, con un significativo respaldo a la postura argentina, debe enmarcarse en la disputa al interior del propio capital financiero internacional mencionado al inicio de este artículo: este organismo multilateral tiene un enorme capital “hundido” en el país, y sabe que cuanto mayor sea la quita con los privados más probabilidades tendrá de recuperar en el menor tiempo posible sus propios préstamos. La contracara de esto, por supuesto, serán los condicionantes que el FMI quiera imponer sobre la Argentina, y ahí es donde la correlación de fuerzas será la determinante.

Ahora bien, dicho esto, cabe la siguiente cuestión, ¿cómo sería el nuevo escenario de negociación de la deuda cuando comience el masivo cese de pagos de la deuda corporativa mundial y de países emergentes que ya empieza a darse por hecho? Como siempre, la disputa entre las distintas fracciones sociales será la que oriente ese incierto proceso.

* Martín Bermejo, Sociólogo UBA, Maestrando en Economía Política FLACSO / Facundo Piovano, Economista UNRC, Maestrando en Economía Política FLACSO / Esteban Tarditti  Agüed, Historiador UNC, Maestrando en Economía Política FLACSO | 01-04-2020.