Si en un contexto en donde la economía crece al 9% anual y en el que se cuenta con un holgado superávit fiscal y con un elevado volumen de reservas, no se encara una Política de Distribución del Ingreso ¿por qué razón habría de encararse en un futuro, cuando algunas de estas condiciones dejen de ser favorables?

1) La recuperación social no acompaña la recuperación económica

La primera constatación que puede hacerse de la actual etapa económica es que, luego de 3 años de crecimiento ininterrumpido a un tasa del 9% anual, el PBI del 2005 ha superado en un 5,8% al del año 1998. Así a la economía argentina le ha costado 7 años alcanzar los niveles de actividad del mejor año de la Convertibilidad. Sin embargo el cuadro social que emerge de esta recuperación es más agravado que el de aquel entonces. Por un lado el PBI por habitante es un 2,8% inferior porque la población creció por arriba del PBI (8,8% vs 5,8%). Por su parte la tasa de desocupación (sin tener en cuenta los que perciben un plan) creció un 2,4% (lo que equivale a prácticamente 400 mil desocupados más), la tasa de pobreza se expandió en un 33,5% (es decir que tenemos casi 4.300.000 pobres más), la tasa de indigencia explotó en un 114% (arrojando al hambre a más de 2.700.000 compatriotas); el ingreso medio de los ocupados descendió en términos reales un 25,4%. Este ingreso medio que superaba en un 34,1% al valor de la canasta de pobreza para la familia tipo en 1998 actualmente está por debajo en 6,7% al valor de dicha canasta (lo que implica un deterioro de la relación equivalente a casi un 120%). Por último la brecha de ingresos entre el 10% más pobre y el 10% más rico de la población pasó de 22,8 veces a 31 veces, lo que implica un crecimiento del 36% de la brecha. En resumen la recuperación del nivel de actividad se sustenta sobre una pauta de mayor explotación laboral, mayor pauperización social y mayor desigualdad distributiva.

2) En este contexto la desigualdad distributiva se amplió

Como consecuencia de esta lógica se acentuó el carácter regresivo de la distribución del ingreso. Así la masa de ingresos del conjunto de los ocupados representaba en el 2001el 25,4% del PBI mientras en el 2005 representa el 22,3%. Lo mismo ocurre con la totalidad de ingresos de los sectores populares: representaba el 32,5% del PBI del 2001 y actualmente representa el 26,7%. Es decir que se perdió 5,8 puntos en la participación, lo que implica un caída del orden del -21,7%. En términos de tendencia puede decirse que la caída de la participación se debe a la profunda debacle del año 2002. Iniciado el actual proceso de crecimiento económico que por 3 años consecutivos ha evidenciado una tasa del orden del 9% anual, la apropiación de los sectores populares de la riqueza generada se recompuso en el año 2003 y a partir de ahí se mantuvo en torno a esta participación alcanzada. Es decir no hubo modificación sustantiva en la distribución ni el 2004 ni en el 2005. Casualmente, los años de mayor crecimiento económico

3) La negociación colectiva no es el instrumento que permite revertir la regresividad en la distribución

El año 2005 fue record en la cantidad de negociaciones colectivas homologadas por el Ministerio de Trabajo. Por otro lado, el año en que la participación de los sectores populares en la riqueza generada alcanza su máxima recomposición (a pesar de lo cual siguen por debajo del 2001) es en el 2003 y no en el 2005. Este dato muestra claramente los límites del actual proceso de negociación colectiva para incidir favorablemente en la distribución del ingreso.

Las razones que explican este hecho estriban en que el actual funcionamiento del mercado laboral acota severamente los alcances de la negociación colectiva puesto que los asalariados formales, sobre los que en teoría inciden los convenios, representan sólo el 34,6% de la fuerza laboral del país. También la ausencia de libertad y democracia sindical para la organización de los trabajadores restringe aún más el alcance de la negociación colectiva. En la Argentina existen 1986 organizaciones sindicales proscriptas (entre las que tienen solo simple inscripción gremial y aquellas que todavía tienen el trámite pendiente) de participar en las negociaciones colectivas. Representan el 71% de las entidades sindicales existentes.

Este último hecho conspira contra la activación de los propios trabajadores formales en la discusión y disputa de sus intereses. Así, en el 2004 la ronda negociaciones abarcó a 1.222.000 asalariados, los que representan apenas el 22,7% de los 5.393.164 asalariados formales de ese año. Para el año 2005 en el marco del crecimiento notable de las negociaciones colectivas, el universo de los trabajadores abarcados en la misma ascendió a 2.402.088. Es decir que creció prácticamente al doble de lo ocurrido en el 2004. Sin embargo este universo de trabajadores representa a una parte minoritaria del conjunto de asalariados registrados (el 40,6%), porcentaje que desciende al 21,9% si consideramos el total de asalariados y que es apenas el 14,7% del conjunto de la fuerza laboral argentina (es decir, incluyendo a los trabajadores cuentapropistas y a los desocupados). Ver cuadro N º 1.

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Cuadro N º 1: Asalariados incluidos en la negociación colectiva, total de asalariados formales, asalariados totales y fuerza laboral. Porcentaje de asalariados incluidos en las negociaciones. Período 2004 y tercer trimestre acumulado del 2005.

El empeoramiento distributivo que tenemos, en un contexto que combina fuerte crecimiento del nivel de actividad con incremento en la cantidad de ocupados y aumentos de los ingresos, debe dejar en claro un principio: para que exista distribución del ingreso es necesario que el ingreso que perciban los ocupados crezca por encima de la productividad global de la economía, lo que implica necesariamente que lo mismo debe ocurrir a nivel de ramas y firmas. Materializar este criterio requiere de políticas públicas tributarias y promocionales que permitan capturar las ganancias extraordinarias, que hoy se concentran en pocos sectores y pocas empresas, para poder derramarlas en apoyo al desarrollo de nuevos sectores y en el tratamiento integral de las regiones más atrasadas y de los pequeños y medianos establecimientos. Supone también políticas públicas de alcance universal que construyan un piso de ingresos superior en el mercado laboral (por vía de la mejora de los ingresos de los hogares) y la garantía legal para la organización de los trabajadores.

4) La cúpula empresaria es incapaz de generar un proceso de reindustrialización

La contracara del incremento de la regresividad distributiva se observa en las siderales utilidades que presentan el conjunto de las 200 empresas de mayor facturación del país. Aún con una elevada subdeclaración de utilidades por las limitaciones de la fuente utilizada (el ranking de ventas de la Revista Mercado), las ganancias de $104 millones por año para cada una de las empresas implica que por día ganaron $284 mil, por hora $11.872 y por minuto $198. Es decir que ganaron por minuto nada menos que U$S 67. Sin lugar a dudas, estamos en presencia de una elevada rentabilidad. Pero en el caso de las primeras 10 empresas de la cúpula la situación es prácticamente inmoral. Las mismas ganaron en promedio cada una casi U$S 500 por minuto. Para graficar esta inmoralidad, la cifra representa más del doble de lo que en promedio a los ocupados (sin contar a los patrones) les cuesta conseguir en un mes (el ingreso promedio al 4to trimestre del 2005 es de $722).

La información de las ventas muestra que en lo relativo a las productoras de bienes, 5 sectores concentran prácticamente el 90% de las ventas. Son Alimentos y Bebidas (31,6%), Petróleo y derivados (30,6%), Química (11,4%), Automotriz (9,8%) y Siderurgia (6,1%). En lo que respecta a las empresas de servicios, sólo 4 sectores explican el 82,7% de las ventas. Son las empresas del rubro Comercio (40,4%), la de Telecomunicaciones (25,1%) y las de Energía, gas y agua (17,2%).

Las elevadas rentabilidades, así como la concentración de las ventas, de las firmas de la cúpula en pocos sectores de actividad constituye un límite objetivo para que este actor pueda convertirse en el motor de un proceso de reindustrialización del aparato productivo. No hay razón económica que justifique que estos actores inviertan en otros sectores de actividad con menores niveles de rentabilidad mientras pueden realizar ganancias extraordinarias en los sectores en los que están posicionados.

Por otro lado, el 77,2% de las ventas de la cúpula son realizadas por empresas extranjeras (sean o no grupos). Este hecho indica lo ocioso que significa tratar de buscar dentro de la cúpula a una supuesta burguesía nacional. Las empresas de origen local de la cúpula representan apenas el 19,6% de las ventas globales, y además se trata de empresas que a su vez se encuentran absolutamente trasnacionalizadas.

5) La lógica regresiva de la intervención fiscal: estancamiento de ingresos + ajuste del gasto = superávit primario = pagos de deuda + subsidios a grandes empresas y bancos

Los datos fiscales indican que el Ajuste del gasto total (-8,4%) y del gasto primario (-7,7%) fue ampliamente superior al leve aumento de los recursos totales (3,4%). Por otro lado el ajuste del gasto corriente fue del 12,1% mientras que la expansión del gasto de capital fue del 32,1%. En este contexto, el superávit primario se expandió en un 330% mientras que la caída del gasto primario (del 7,7%) es aún mayor si se considera el crecimiento del 8,8% de la población en el período. Así la reducción del gasto primario por persona fue del 18%. En síntesis, en un contexto de mayor recaudación se observa una contracción de las prestaciones que el Estado otorga a la comunidad. Sobre este menor volumen del gasto, se prioriza el gasto de capital y se ajusta al máximo posible el gasto corriente.

Puede enriquecerse el análisis desglosando los principales rubros que componen las cuentas de Ingresos y Gasto del Estado.

- Estancamiento de ingresos

El leve crecimiento real del total de recursos del 3,4% se explica dominantemente por la evolución de los ingresos corrientes (los mismos se expandieron en apenas el 2,8%). Dentro de éstos, el dinamismo lo concentró la evolución de los ingresos tributarios (los mismos crecieron un 27,2%). Por otra parte es de destacar la caída del 35,8% de las contribuciones patronales que refleja la pérdida del poder adquisitivo de los salarios y el achicamiento del mercado interno de demanda popular.

Si se descuentan al sistema tributario actual los impuestos que no estaban presentes en 1998 (las retenciones a las exportaciones, el impuesto al cheque y otros), la recaudación es menor. La caída de la recaudación midiendo los mismos tributos es del 4,6%. Es decir en el contexto de crecimiento económico los denominados impuestos tradicionales han sido ineficaces para mantener el porcentaje de recaudación que captaban en 1998.

No puede dejar de mencionarse el efecto positivo sobre la recaudación de los derechos de exportación por efecto de la instauración de las retenciones. Este impuesto fue el que más creció tanto en términos de volumen como de porcentaje (salvo de aquellos cuya recaudación era 0 en el 98 y por ende tuvieron un crecimiento infinito). Sin embargo el aumento en la recaudación de las retenciones debe mirarse a la luz de la megadevaluación del 300% en el tipo de cambio y el aumento en los precios internacionales de los productos exportados. En este contexto, incorporando a los impuestos tradicionales la recaudación por retenciones, los recursos tributarios al 2005 estarían apenas un 10% por arriba de lo que se recaudaba en 1998. Esta claro entonces que, ante la imposibilidad de los impuestos tradicionales de expandir su recaudación (principalmente por el achicamiento del mercado interno y consecuentemente la caída en la recaudación del IVA y las contribuciones a la seguridad social), las retenciones son el instrumento fiscal que permitió recomponer la capacidad de pago de la economía sobre la base de capturar un parte, minoritaria por cierto, de las exorbitantes rentas que generó la devaluación y los precios internacionales sobre las empresas exportadoras.

- Ajuste del gasto

Mientras el gasto total se ajustó en un 3,2%, las remuneraciones lo hicieron en un 33,1%, las prestaciones a la seguridad social en un 32,4%, las transferencias a las universidades nacionales en un 18,7%. A pesar de que se observan incrementos de las transferencias corrientes, el total del gasto corriente es menor, lo que indica una redistribución de partidas. En esta misma redistribución de partidas (a costa de menos salarios, menos prestaciones previsionales) es que el gasto de capital presenta una variación positiva del orden del 32,1%y dentro de estos crecen más la inversión real directa (60,8%) y la inversión financiera (419%).

Cuando se compara la evolución real del gasto por finalidad y función queda claro que el esquema de orientación del gasto actual obedece a un lógica de corte desarrollista. Así sobre un gasto menor todas las finalidades excepto la de servicios económicos presentan un nivel de gasto menor. Así mientras los servicios económicos se expanden al 37%, la administración gubernamental se contrae en un 36%, los servicios de defensa y seguridad caen un 13,8% y los servicios sociales un 12,5%.

Dentro de los servicios sociales se ajustan aquellas partidas que tienen ó deberían tener un elevado nivel de universalidad como la salud (que se ajusta en un 53,5%), la seguridad social (caída del 21%), la educación y cultura (-4,4% de ajuste) y la finalidad de ciencia y técnica (caída del 13,8%). Estas son partidas esenciales para garantizar derechos universales y a su vez gestar las condiciones para desarrollar una fuerza laboral con calificación creciente. Por otra parte, las finalidades que se expanden son las siguientes: por un lado, las de contención social que se expresan en el crecimiento de la finalidad trabajo (creció más del 370%) y de la finalidad de promoción y asistencia social (que creció un 34,4%). En estas el grueso del crecimiento lo explica el Programa Jefas y Jefes de Hogar implementado por la gestión de Duhalde. Por otro lado, el otro rasgo de las orientación del gasto en el marco de una lógica desarrollista lo explican el crecimiento, durante la gestión de Kirchner, de las inversiones en infraestructura social como son las finalidades de agua potable y el alcantarillado (creció un 62,6%), y vivienda y urbanismo (crecimiento del 5%). Es decir que puede observarse dos momentos en la asignación del gasto en la etapa post convertibilidad. La primera implementada por Duhalde donde la asignación del gasto busco proveer mecanismos de contención social y la segunda etapa, durante la actual gestión, donde lo que se busca es ampliar las partidas con destino a la inversión de la infraestructura básica y social. Lo que queda por fuera de este esquema es todo programa de carácter universal que intente recomponer ingresos de la población por fuera del mercado laboral.

- Superávit primario para pagar deuda

A partir de la lógica regresiva que describen las cuentas públicas, estancamiento de los ingresos y ajuste del gasto, se construyó un superávit primario que tuvo como destino exclusivo el pago de deuda (tanto de intereses como de capital).

En conjunto para el período 2002 - 2005 los pagos netos de deuda ascendieron a $57.338,6 millones; mientras el superávit primario fue de $45.659,1 millones. Es decir los pagos por deuda fueron superiores al superávit primario. Es decir la totalidad del superávit primario alcanzado en el período, a costa del ajuste real del gasto primario, se destinó al pago de deuda.

Cierto es que la lógica regresiva de las cuentas públicas es previa y condicionante de la actual gestión de gobierno. Sin embargo la gestión Kirchner mantuvo el mismo esquema fiscal con un agravante peor: maximizó los pagos por deuda. Al cuadro anterior resta agregarle los U$S 10.000 millones que el gobierno actual destinó al pago anticipado de la totalidad de la deuda con el FMI. Los $57.338,6 millones que se destinaron a pagar intereses y capital durante el período 2002 - 2005 equivalen a U$S 19.112,9 millones. Es decir que en el plazo de 4 años, atravesando una de las peores crisis económica de la Argentina contemporánea y en el marco del default, el país transfirió prácticamente U$S 30.000 millones para pagar deuda. Esta cifra equivale a prácticamente el 17% del PBI del 2005 y al 86% del Presupuesto de la Administración Nacional para el 2006.

- Subsidios fiscales a grandes empresas y bancos

Las tendencias hasta aquí expuestas en materia fiscal suponen el mantenimiento y la ampliación de una importante masa de recursos públicos con destino a la cúpula empresarial y a los principales bancos del país. Nos referimos a los $7.088 millones en subsidios y desgravaciones claramente identificables cuya mayor parte ($4.330 millones para el 2005) responden al nuevo régimen promocional puesto en vigencia por el ex Ministro Lavagna a través de la Ley 25.924. Régimen en el cual sólo 10 proyectos concentraron el 96% de los recursos públicos involucrados y uno sólo de ellos (correspondiente a la firma Aluar) se llevó el 62% de los mismos.

A su vez, deben consignarse también los $7.730 millones que se pierden por contribuciones patronales que, pese a la megadevaluación, no han retornado a los niveles que tenían (33%) en 1993. En aquel momento, el Ministro Cavallo argumentó que el dólar fijo obligaba a reducir las contribuciones. No se entiende porque, en el nuevo contexto, esto no ha sido subsanado. Si se incrementaran las contribuciones a los niveles de 1993 excluyendo a la pymes, se incrementaría la recaudación en la magnitud señalada.

Por último debemos agregar los $6.445 millones de aportes de los trabajadores activos que hoy se destinan al Régimen Privado de Fondos de Pensión y que desfinancian el Sistema Público que debe afrontar con recursos impositivos el financiamiento de la casi totalidad de las jubilaciones. Se trata de un "subsidio" asumido por el Estado (y no revertido hasta el momento) dirigido a conformar el "mercado de fondos de pensión" controlados por los principales bancos del país.

Podrá observarse entonces las tendencias regresivas expuestas en materia fiscal se inscriben en un marco donde $21.263 millones se pierden en subsidios y desgravaciones claramente cuestionables. La cifra expuesta representa el 25% del gasto primario de la Administración Nacional.

6) En el 2006 habrá excedentes fiscales disponibles por $22.500 millones

Tal como ocurriera desde el 2003 en adelante en el 2006 volveremos a tener recursos fiscales que no están asignados por la Ley de Presupuesto. Esto es así porque el Presupuesto fue confeccionado sobre bases por demás conservadoras. Se estimó que el crecimiento del PBI sería del 4% cuando en realidad sólo el arrastre estadístico del año 2005 permite cubrir esta pauta. Queda claro que el Presupuesto subestima la recaudación en $12.362,6 millones. Por otro lado la asignación del gasto supera en $4.053,6 millones al que resulta de anualizar los compromisos asumidos en el 2005. Así por subestimación de recursos y por abultamiento del gasto se cuenta con $16.416,2 millones de recursos que no tienen ningún tipo de asignación presupuestaria vigente.

No son estos los únicos recursos fiscales que están disponibles para el 2006. La decisión oficial de cancelar anticipadamente la totalidad de la deuda con el FMI implica desafectar las partidas presupuestarias que tenía por destino cancelar los intereses y el capital que se tenía previsto afrontar con el citado organismo internacional. En el 2006 se preveía pagar $1.196 millones en concepto de intereses y $4.829 millones en concepto de amortización de capital. Estos compromisos estaban financiados con el volumen de recaudación que se preveía para el 2006 y que hoy se encuentran sin afectación por haberse extinguido la obligación de pago con el citado organismo. De esta manera, computando la subdeclaración de recursos tributarios, el abultamiento del gasto y la desafectación de las partidas que tenía por destino el pago al FMI, en el 2006 se tendrá una masa de recursos sin afectación presupuestaria por $22.441,2 millones.

7) Nuestro proyecto: Asignación Universal de $70 por hijo

Consideramos apropiado que los excedentes fiscales financien por lo menos una Asignación Universal de $70 por hijo y, obviamente, generalizar la Ayuda Escolar Anual de $130. El costo neto anual de realizar esta política asciende a $10.877,4 millones.

La medida propuesta tendría un impacto directo en la reducción de la pobreza. La tasa de la pobreza pasaría del 33,8% al 28,5%. Del mismo modo la tasa de indigencia pasaría del 12,5% al 5,5%. Es decir, una caída de la tasa del orden del 55%, por lo que 2.633.690 personas dejarían de ser indigentes. Considerando las personas que dejan la situación de indigencia y las que dejan la situación de pobreza, la medida propuesta permite mejorar las condiciones de vida de 4.742.139 argentinos.

Los recursos disponibles superan en más de $11.500 millones las necesidades de financiamiento de la medida.

8) Las otras medidas necesarias

Hemos demostrado que las cuentas fiscales del 2006 está en condiciones de financiar la Asignación Universal por Hijo de $70.. Consideramos que esta medida es estratégica para el futuro de la sociedad. Sin embargo somos conscientes de que esta medida no alcanza por sí sola para revertir las inequidades del presente. Por tal motivo creemos que la misma debe ir acompañada por otras medidas de carácter universal que transfieran ingresos al conjunto de los sectores populares y que permitan ampliar el mercado interno de demanda masiva para que este opere como plataforma de un verdadero proceso de reindustrialización.

En este sentido consideramos prioritario encarar durante el 2006 las siguientes medidas:

a) Seguro de Empleo y Formación para todos los Jefes de Hogar desocupados de $720.

Esta medida se inscribe como parte esencial de una intervención pública seria sobre el mercado laboral. El principal objetivo que persigue es garantizar un nivel de ingresos a todos los hogares que los ubique por encima de la línea de la pobreza. Por este motivo, debe estar articulada con la asignación por hijo. Siendo que el valor de la canasta de la pobreza para una familia tipo (compuesta por matrimonio y 2 menores) se ubica en $860 y que hemos fijado en $70 el valor de las Asignaciones Familiares, ubicando en $720 el valor del Seguro de Empleo y Formación garantizamos que no exista Ningún Hogar Pobre en Argentina.

b) Universalización del Haber Mínimo de $390 para todos los mayores de 65 años sin cobertura previsional.

Esta medida pretende otorgarle ingresos a aquella franja de la población mayor que no tiene ningún tipo de cobertura previsional. Los mismos son 1.434.057 mayores, que equivalen al 37,1% de la población mayor. Estos mayores no percibieron ninguno de los aumentos del haber mínimo y por consiguiente transitan una vejez de elevada vulnerabilidad, lo que los lleva, a una gran proporción, a seguir participando del mercado laboral.

c) Aumento del Haber Mínimo de $390 a $500

Esta medida pretende aumentar el haber mínimo de manera que la pauta inflacionaria del 9,3% en el IPC que se prevee para el 2006, no signifique un deterioro en el poder adquisitivo de la prestación mínima que perciben el 66,2% de los que están cubiertos por el Sistema Previsional. El aumento de $390 a $500 en el haber mínimo implica una mejora del 28,2% del haber mínimo que lo ubica por arriba del aumento en los precios. Es decir, si la pauta inflacionaria se cumple, esta medida permitiría un aumento real del haber mínimo del orden del 16%.

d) Aumento del 10% en las prestaciones en las jubilaciones y pensiones que superen los $500.

Para la franja de pasivos que no están incluidos en las medidas anteriores, y como forma de atenuar el achatamiento en la pirámide previsional, consideramos que debe garantizarse un crecimiento del nivel de sus prestaciones de acuerdo a la pauta de crecimiento de la inflación. Es decir consideramos que debe otorgarse un crecimiento de las jubilaciones y pensiones de esta franja de un 10%.

e) Aumento del 20% en las remuneraciones los agentes de la Administración Nacional y contrucción de un Fondo Salarial para incrementar en un 10% las remuneraciones de los agentes provinciales

En este punto consideramos que, más allá de que la pérdida de la capacidad adquisitiva para los trabajadores estatales (tanto nacionales como provinciales) es del 30%, la Política de Ingresos que proponemos prioriza los recursos disponibles para atender las situaciones más urgentes. En este sentido consideramos que un primer paso para recuperar el poder adquisitivo de las remuneraciones es otorgar un aumento del 20% para los trabajadores del Estado Nacional. Este aumento, como todas las medidas que proponemos, debería ser anual. Es decir retroactivo a enero del 2006. Es bueno aclarar esto porque la propuesta del 19% que oficializara el Gobierno supone un aumento del 10% a partir de junio y de un 9% a partir de agosto. Por otro lado, se hace necesario la constitución de un Fondo Salarial que cubra las necesidades de recomposición salarial de los agentes de los Estados Provinciales. Consideramos que este Fondo debe cubrir un aumento del 10% (es decir que cubra el aumento de los precios) para los trabajadores estatales provinciales. Si bien el aumento a los estatales provinciales que proponemos es menor, consideramos que los propios Gobiernos Provinciales pueden completar el aumento dispuesto a partir de los mayores recursos de que disponen por vía de la mayor coparticipación a que da lugar la mayor recaudación ó que deberían disponer a partir de una revisión de sus respectivas estructuras tributarias.

El costo total de las medidas y su financiamiento

El conjunto de estas medidas tiene un costo neto anual de $19.975,8 millones. (Ver cuadro N º 2).

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Cuadro N º 2: Costo Neto de las políticas sociales propuestas. En millones de pesos.

Las fuentes de financiamiento que permiten poner en marcha esta propuesta son.

a) Los recursos que quedaron disponibles de la Asignación Universal por Hijo. Ascendían a $11.563,8 millones.

b) Restitución de contribuciones patronales: A los niveles del año 1993 excepto para las PyMES de hasta 40 empleados que facturen anualmente con IVA incluido por un monto inferior a $5.000.000. Permitiría captar fondos por $7.726,9 millones.

c) El autofinanciamiento de la propuesta: que por la vía del sistema tributario actual permitiría captar recursos por $11.330 millones.

Estas 3 medidas permiten obtener recursos por más de $30.000 millones de pesos. Es decir permitirían financiar perfectamente las medidas que proponemos. Ver cuadro N º 3.

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Cuadro N º 3: Fuentes de financiamiento posibles. En millones de pesos

Esta claro que los recursos con los que se cuenta exceden ampliamente lo que requieren la Política de Ingresos que proponemos. En este sentido creemos que debe potenciarse líneas de crédito para financiar capital de trabajo de las pequeñas y medianas empresas de hasta 40 empleados, cuya facturación anual con IVA incluido no supere los $5.500.000, en emprendimientos que maximicen el impacto ocupacional, de divisas y de desarrollo tecnológico. Creemos que están dadas las condiciones financieras para gestar un Nuevo Proyecto Productivo que promueva el desarrollo de los agentes económicos en el marco de la ampliación del mercado interno y resolviendo la desigualdad distributiva vigente.

Conclusiones

Lo sintetizado por el presente material permite arribar a dos grandes conclusiones generales:

a) La primera conclusión remite a la diferencia entre el "patrón de acumulación" y el "régimen económico".

El patrón de acumulación es la modalidad concreta, histórica, que adopta un régimen económico de corte capitalista y que se expresa en un determinado esquema de negocios. Es decir, el patrón de acumulación define un conjunto de actividades que, en función de su mayor tasa de beneficios, adquiere un papel predominante en su funcionamiento.

Por su parte el régimen económico está definido por el conjunto de relaciones sociales e intervenciones institucionales que determinan las condiciones de reproducción de un sistema, el tipo de relaciones entre los sectores dominantes y el resto de la sociedad, así como el tipo de relación entre la economía local y la mundial. Está definido por: a) la distribución de los medios de producción (grado de concentración y centralización de los capitales); b) la distribución de los ingresos; c) el tipo de intervención que adopta el Estado (regulación, recaudación, gasto, subsidios, presencia directa en la producción, etc) y d) la relación con el mundo (lo cual se refiere al tipo de apertura que presenta la economía).

Esta diferencia conceptual es importante para comprender que efectivamente, por vía de la megadevaluación vivida, se ha operado un cambio en el patrón de acumulación. Pero este cambio en el patrón de acumulación se da en el marco del mantenimiento y profundización del régimen de alta concentración y profunda desigualdad que se pusiera en marcha en 1976 y se profundizara durante los noventa. Para ponerlo en forma esquemática: Tenemos un cambio en el esquema de negocios en el marco del mismo régimen económico.

La segunda conclusión remite a un inquietante interrogante: Si en un contexto en donde, la economía crece al 9% anual, se cuenta con un holgado superávit fiscal y con un elevado volumen de reservas, no se encara una Política de Distribución del Ingreso, ¿Porqué razón habría de encararse en un futuro cuando algunas de estas condiciones dejen de ser favorables?

Fuente: CTA - 03/05/2006