“Los vamos a matar a todos. Ahora vamos por tus hijos. #Policía”. La amenaza quedó plasmada en una de las paredes internas de la casa de Susana Montoya, que entre el jueves y el viernes pasado fue asesinada en Córdoba de un golpe en la cabeza y una herida de un elemento cortante, y lleva el negacionismo a límites inesperados.

Montoya era compañera de un policía y militante del ERP que en septiembre de 1979 fue secuestrado, cruelmente torturado y asesinado. Su caso fue uno de los que sirvieron para comenzar a juzgar y a condenar a la patota de la fuerza provincial que encabezó el terrorismo de Estado en el territorio, el temible D2. En diciembre pasado, su hijo Fernando Albareda había sido amenazado en la puerta de su casa.

El crimen de Montoya sucede en días en los que se va conociendo que las verdaderas intenciones de las visitas oficiales a Alfredo Astiz y otros genocidas encarcelados en Campo de Mayo y la cárcel de Ezeiza por los crímenes de lesa humanidad que cometieron durante la dictadura tienen que ver con conseguir su libertad.

El crimen en Córdoba

El último día que Fernando vio a su mamá fue el jueves pasado, por la tarde, cuando la llevó al médico. La esperó un rato en la puerta del consultorio y tuvo que irse a cumplir otras obligaciones familiares. Al día siguiente la llamó varias veces por teléfono, pero no hubo respuesta. El viernes por la tarde pasó por la puerta de la casa de Susana y algo le provocó un mal presagio. “Las persianas bajas, imposible que mi mamá no las hubiera levantado”, relató el hombre en diálogo con diversos medios de comunicación. Pidió a una vecina que le dejara subir al techo para observar si encontraba algo más extraño. Entonces sus presentimientos se confirmaron: su mamá yacía en el piso del patio.

“Llamé al 911 y se me vinieron todos los miedos que ella tenía y yo no escuché. Mucha impotencia”, reveló en declaraciones a los medios. Además de confirmar que Susana estaba muerta, fuerzas policiales y autoridades médicas hallaron la amenaza pintada en rojo en una de las paredes que llevan al dormitorio de la mujer. Según contó Fernando, su mamá “sabía que le escuchaban el teléfono, sabía que la perseguían. Yo le decía que no iba a pasar nada, que ya había pasado mucho tiempo”.

Organismos de derechos humanos de Córdoba se declararon “consternados, preocupados y ocupados” por el violento asesinato de Montoya y las amenazas “que cobardemente dejaron dirigidas a toda su familia donde firmaba #policía". A través de un comunicado que firman las regionales locales de H.I.J.O.S., Abuelas de Plaza de Mayo, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, la asociación de expresos políticos de Córdoba y la mesa provincial de trabajo los los derechos humanos. También exigieron “la urgente investigación y el esclarecimiento de este hecho como así también las amenazas sufridas por todos los integrantes de la familia denunciadas con anterioridad”.

La investigación por el crimen de Montoya quedó en manos del fiscal del distrito, Juan Pablo Klinger. Recién el domingo Fernando y su hermano pudieron acceder al informe de la autopsia, que confirmó que su mamá falleció producto de un golpe en la cabeza con un objeto contundente –un ladrillo o piedra– y que presentaba una herida punzante de arma blanca en el cuello. Desde este mediodía la velan en la ciudad de Córdoba.

Lesa humanidad, un caso emblemático

“Me río de los nervios, lloré mucho, me abrazo con todo lo que se me cruza y voy buscando la manera de ponerle palabras al espanto. Esta vez cruzaron un límite que yo no imaginaba”, escribió Fernando Albareda en un mensaje comunitario que envió vía redes a quienes se solidarizaron con él los días inmediatamente posteriores al crimen de su mamá. Aseguró que tiene miedo de lo que pueda llegar a pasarle a su familia, contra quien considera que el episodio criminal fue “una represalia”. En declaraciones a los medios insistió en que “no” va “a parar hasta conseguir justicia”.

Montoya tenía 74 años y era viuda de Ricardo Fermín Albareda, subcomisario de la Policía cordobesa y militante del ERP secuestrado, torturado y asesinado durante la última dictadura cívico militar. En diciembre pasado, dos días antes de la asunción de Javier Milei y Victoria Villarruel al frente del gobierno nacional, Fernando, hijo de ambos, amaneció con tres carteles amarrados a la tranquera de su casa con seis balas calibre 22 largo. “Se te terminaron los amigos en la Policía", “Te vamos a juntar con tu papito”, “Vas a morir”, decían las amenazas.

Entonces, las denunció y las vinculó directamente con su padre desaparecido, el valor que su reclamo de justicia y los resultados obtenidos tuvieron sobre el vínculo de la Policía de Córdoba en los crímenes de lesa humanidad de la última dictadura. También con el trabajo de formación en derechos humanos que había comenzado en la escuela de cadetes de la fuerza. No era nuevo el ataque: venía recibiendo llamados anónimos, encontraba papelitos en el parabrisas de su auto. Todos con el mismo tono.

Ricardo Albareda era ingeniero en Telecomunicaciones. En 1958 ingresó a la Policía de Córdoba para desempeñarse en ésa área. Hizo carrera. “Una buena carrera, su legajo está repleto de felicitaciones”, contó Fernando en diálogo con El Destape. En 1971 conoció a militantes del PRT-ERP y se sumó a la agrupación. “Su trabajo era de contrainteligencia en la Policía. Básicamente avisaba a los compañeros que los iban a secuestrar para que pudieran escaparse”, relató. Para entonces, el temible Departamento de Informaciones de la fuerza provincial ya estaba en funciones: detectar, salir a cazar, torturar y desaparecer “subversivos”.

El 25 de septiembre de 1979 Ricardo cayó en sus garras. En el centro clandestino conocido como “El Embudo”, también conocido como “Casa de Hidráulica”, una de las covachas de la patota del D2 ubicada dentro del perímetro del Dique San Roque, fue torturado y asesinado. Efectivos de la fuerza declararon ante la justicia que Albareda estuvo allí y sufrió las más terribles torturas. Lo que nunca contaron es qué hicieron con sus restos, ya que el papá de Fernando, el esposo de Susana, permanece desaparecido.

En 2009 varios de los responsables del crimen de Albareda recibieron condena a prisión perpetua. “Son decenas los policías del D2 que cumplen condenas por lo que hicieron en la dictadura. Hoy la Policía está llena de sus hijos y sus nietos”, reflexionó Fernando en declaraciones a medios de comunicación locales y nacionales.

La de Albareda es una de las historias emblemáticas que revelaron la participación fundamental de la Policía local en el terrorismo de Estado no solo a nivel judicial, sino también de cara a la sociedad. El año pasado, bajo el paraguas de la ley de reparación histórica para el personal de la administración pública, Fernando reclamó la reparación de legajo de su papá como efectivo de la fuerza –llegó a ser subcomisario–. En marzo, la Policía finalmente reconoció su secuestro, sus torturas y su desaparición en el documento público y, además, inició el camino para hacer lo propio en relación al vínculo laboral y salarial. De hecho, Susana debía cobrar en breve el seguro de vida de Ricardo, adeudado durante 45 años, más una pensión y el retroactivo.

^{Fuente: Letra P - Agosto 2024}