Es evidente que la crisis capitalista no ha terminado. Cinco años después de que estallase, este texto es un resumen actualizado de trabajos anteriores (1) que adopta tres perspectivas. La primera parte ofrece una visión general de las principales tendencias del capitalismo después del gran giro liberal de los años 1980. La segunda utiliza ese marco interpretativo para definir las coordenadas de la crisis actual. Finalmente, la última parte aborda específicamente las características concretas de la crisis en Europa.

Es el cofundador del Foro Social Mundial y asesor de Wikileaks por pedido de Assange. Analiza la actualidad y afirma que sólo la sociedad civil puede evitar la crisis.

Francisco “Chico” Whitaker Ferreira es un activista social y tenaz combatiente de la desigualdad y la injusticia desde su juventud, cuando se acercó a los postulados que profesa la Teología de la Liberación. Perseguido por la dictadura en su país natal, Brasil, a mediados de la década del ’60 debió exiliarse: vivió en Francia y en Chile durante 15 años. A su regreso, no dejó de luchar contra las inequidades sociales y se convirtió en concejal por el Partido de los Trabajadores en la Cámara Municipal de San Pablo. Actualmente, a los 80 años, es miembro de la comisión brasileña de Justicia y Paz del Consejo Internacional e integra el Consejo Asesor de Wikileaks a pedido de Julian Assange. Reflejo de su obstinada militancia social, en el 2001 cofundó el Foro Social Mundial, “un espacio de encuentro donde se discute todo lo que hay que hacer para que se cambien las cosas, para que otro mundo sea posible porque este en el que estamos, camina al desastre –explicó Whitaker a Veintitrés–.

La gran mayoría de la población occidental sueña desde 2008 con decir “no” a los bancos, pero nadie se ha atrevido a hacerlo. Nadie, salvo los islandeses, que han llevado a cabo una revolución pacífica que ha conseguido no sólo tumbar un gobierno y redactar una nueva constitución, sino encarcelar a los responsables de la debacle económica del país.

La semana pasada fueron detenidas 9 personas en Londres y en Reikiavik (capital de Islandia) por sus responsabilidad en el colapso financiero de Islandia en 2008, una profunda crisis que devino en una reacción ciudadana sin precedentes que cambió el rumbo del país.

Ha sido la revolución sin armas de Islandia, el país que acoge a la democracia más antigua del mundo (desde el año 930), y cuyos ciudadanos han logrado cambiar a base de manifestaciones y caceroladas. ¿Y por qué el resto de los países occidentales ni siquiera se ha enterado?

La presión ciudadana islandesa ha conseguido no sólo tumbar un gobierno, si no redactar una nueva constitución (en proceso) y meter en la cárcel a los banqueros responsables de la crisis del país. Como se suele decir, si se piden las cosas con educación es mucho más fácil conseguirlas.

Este silencioso proceso revolucionario tiene su origen en 2008, cuando el gobierno islandés decidió nacionalizar los tres principales bancos, el Landsbanki el Kaupthing y el Glitnir, cuyos clientes eran principalmente ingleses, estadounidenses y americanos.

Tras la entrada del Estado en el capital la moneda oficial (krona), se desplomaba y la bolsa suspendía su actividad tras un hundimiento del 76%. Islandia entraba en bancarrota y para salvar la situación, el Fondo Monetario Internacional (FMI) inyectaba 2.100 millones de dólares y los países nórdicos ayudaban con otros 2.500 millones.

El 'no' vence en la consulta celebrada ayer para aprobar la indemnización de 4.000 millones de euros que exigen Reino Unido y Holanda por la quiebra de una entidad

¿Qué haría usted si uno de los grandes bancos españoles hubiera quebrado en Reino Unido y el Gobierno británico exigiera a España un pago de 50.000 euros por familia para saldar esa deuda? Islandia, que ya se había negado en una ocasión a pagar esa factura, se enfrentó ayer a un segundo referéndum sobre si aprueba -o no- devolver a Reino Unido y Holanda 4.000 millones de euros por la bancarrota de una de sus entidades financieras. Y han vuelto a decir no: según los resultados aún parciales, con el 70% de las papeletas escrutadas, el 57,7% de los votantes han rechazado hacerlo, frente al 42,3% que lo han aprobado.