A menos de 24 horas de que el primer ministro Manuel Marrero Cruz compareciera en televisión nacional para hablar de la emergencia energética, una avería en la central termoeléctrica Antonio Guiteras apagó todo el país.

El espacio fue anunciado por el presidente Miguel Díaz Canel el jueves 17 para las 8 y 30 en la noche del jueves con el objetivo de «informar al pueblo […] sobre la situación de emergencia energética que atraviesa el país». Sin embargo, Marrero Cruz debió posponer su aparición varias veces a causa de supuestas «fallas técnicas», que provocaron múltiples burlas y cuestionamientos en redes sociales. ¿Cómo pueden organizar un país si no pueden dar en tiempo una videoconferencia?, fue una línea de mensaje recurrente.

El primer ministro y los funcionarios que lo acompañaron describieron la situación a nivel general sin proponer medidas concretas más allá de aspiraciones y líneas generales de trabajo. También afirmaron que, en los próximos días, con la distribución del gas para cocinar y el combustible para los grupos generadores, la situación debería de mejorar; sin embargo, 12 horas más tarde el país se sumió en un apagón total.

No me detendré en otros detalles de la comparecencia de Marrero Cruz, pues fue cubierta por este medio. Tampoco en los pormenores de la crisis energética, que también ha sido abordada desde varias aristas en estas páginas.

Sí repararé en una frase del primer ministro que trasciende el problema eléctrico y se dirige a una de las grandes fallas del sistema político cubano: la comunicación y la transparencia.

«Nuestro objetivo es informar a nuestro pueblo de manera directa, clara y transparente, explicando en detalle cuál es la problemática actual, las causas específicas de la crisis energética, y qué medidas estamos tomando para enfrentarla. Nos comprometemos, no solo a describir las acciones que ya estamos implementando, sino también a presentar los planes futuros que hemos diseñado para resolver esta situación.

»De este modo, buscamos que la población esté plenamente informada y comprenda las complejidades del problema y las soluciones que estamos desarrollando. Esta transparencia es fundamental para asegurar que la ciudadanía tenga confianza en el proceso y sepa que el gobierno trabaja de forma proactiva para encontrar soluciones efectivas y duraderas», afirmó Marrero Cruz.

Durante «la espera» por la demorada comparecencia circuló por redes sociales un grupo de medidas que supuestamente serían tomadas para enfrentar la crisis. A grandes rasgos proponían suspender aquellos servicios y actividades no indispensables tanto en el sector estatal como en el privado. Asimismo, se activaban las «zonas de defensa» y se llamaba a los cuadros a «estar localizables».

Información circulada en las redes sobre supuestas medidas por la crisis energética

El comunicado, que no especificaba origen ni fuente, fue compartido por varios usuarios. Otros lo tomamos con escepticismo, pues no es la primera vez que grupos opositores extremistas intentan generar sobrealarmas con información falsa. Abusaron tanto de este recurso durante la pandemia con la supuesta «bióloga» que hablaba del «crimen colectivo» o los terroristas que disfrazados de médicos distribuían el virus en gotas, que buena parte de la población adquirió inmunidad.

Los medios estatales no desmintieron el comunicado, y aunque ninguna de estas acciones —ni otras en concreto— fueron descritas por el primer ministro, horas después de concluida la conferencia, y antes de que ocurriera el apagón total, medios oficiales y sus periodistas fueron dando «a cuentagotas» varias indicaciones que en gran parte coincidía con los puntos «filtrados». Sin embargo, pasado un tiempo estos post fueron borrados sin decir por qué, aumentando la sensación de improvisación, y la incertidumbre.

El apagón generalizado se produjo sobre las 11 am del viernes 18 y duró como mínimo 24 horas ininterrumpidas en la gran mayoría de los lugares, incluyendo la privilegiada capital. Al terminar este artículo (domingo 20) algunas zonas aún permanecen oscuras sumando más las 72 horas de corte constante, pues el apagón general, se juntó con el programado por falta de generación. 

Como estrategia para reestablecer el fluido eléctrico, la Unión Eléctrica de Cuba (UNE) creó pequeñas islas que luego fue interconectando con el propósito de lograr levantar todo el sistema. Esto hizo posible que en la tarde-noche, y sobre todo en la madrugada del sábado 19, algunos circuitos puntualmente empezaron a encenderse. 

Mas en las primeras horas de la mañana del fin de semana, medios oficiales como Cubadebate hablaron de una «desconexión total del sistema electroenergético nacional» aunque luego corrigieron que se había tratado de una desconexión solo del «microsistema occidental». Esta falla se volvió a producir en horas de la noche del 19 y varios medios, y el canal en Telegram de la Empresa Eléctrica de La Habana, volvieron a dar la noticia de forma errada.

Por otro lado, cabe destacar que, en la mayoría de los territorios cubanos, luego de producirse el corte eléctrico se apagan los repetidores de señales, por tanto, también se pierde la cobertura móvil y de internet. Asimismo, casi todas las emisoras de radio nacionales dejaron de transmitir.

Radio Reloj se mantuvo al aire, e incluso, se habilitó un número de teléfono para que la población se informara con la emisora por teléfono fijo sino tenían acceso a un radio. Sin embargo, la información dada por el espacio radial en muchos casos era desactualizada, repitiendo el mismo parte durante más de 6 horas cuando la situación era otra, sin utilizar la información que se estaba dando por los medios y perfiles digitales, a los que la gran mayoría de la población no tenía acceso. Incluso, los pobres reportes de la crisis se mezclaban con noticias tan paradójicas como un Festival de la Rumba en Camagüey, con la provincia, como casi todo el país, apagada.

Una ley de comunicación en un país incomunicado 

Semanas antes de la emergencia eléctrica entró en vigor la nueva Ley de Comunicación que pretende actualizar el marco jurídico para regular procesos imprescindibles para el ejercicio ciudadano en el siglo XXI. 

La ley sale en medio de una crisis de reputación que se entrecruza directamente con el sistema de comunicación. Se publica a meses de que el ex ministro de Economía Alejandro Gil fuera procesado por corrupción sin que se haya actualizado de los resultados de la «investigación», y se empieza a aplicar a pocos días de que un viceministro de Trabajo y Seguridad Social pidiera asilo político en Estados Unidos luego de viajar a México con pasaporte oficial, sin que su ministerio, ni ningún medio estatal, siquiera, haya dado la noticia a pesar de su evidente relevancia.

El documento declara dentro de sus objetivos «promover prácticas comunicativas que posibiliten transparencia en la información, la rendición de cuenta de los servidores públicos y otras formas de participación democrática con énfasis en los mecanismos de control popular, de conformidad con la legislación vigente». 

La palabra «transparencia» o sus derivados se menciona unas 13 veces en la ley. Empero, en medio de la crisis eléctrica, y con menos de un mes de empezarse a aplicar la normativa, fueron sustituidos el gobernador y vicegobernador de Las Tunas, con la ya acostumbrada nula explicación sobre los «errores» que cometieron en el ejercicio de sus funciones. Esto demuestra que, por mucho que se repita una palabra en un documento, será letra muerta sino hay real voluntad política de hacerla cumplir.

Por otro lado, la ley dedica todo un capítulo a la Comunicación de Crisis. La define como «la gestión de un conjunto de procesos y acciones comunicacionales orientados a prevenir, enfrentar y mitigar el efecto de situaciones de diversa naturaleza que hacen peligrar el normal funcionamiento de una actividad, organización, sector, territorio o el país, y pueden poner en riesgo sus actuaciones presentes y futuras». 

En adición, el instrumento expresa que «los órganos, organismos y entidades del Estado, las organizaciones de masas y sociales y los medios fundamentales de comunicación social gestionan la comunicación de crisis con veracidad, objetividad y oportunidad, a partir de un plan que se concibe de acuerdo con sus particularidades».

En este sentido cabría preguntarse si, en medio de un apagón total de horas ¿tenía sentido que la emisora principal de radio informara sobre un festival de rumba? ¿se considera oportuno repetir notas de hace seis horas en medio de una situación excepcional y cambiante? Para no hablar de las imprecisiones que, en algunos casos fueron corregidas a tiempo en varios espacios, pero otros se mantuvieron repitiendo el error original.

Cabe destacar que en los partes que dieron a la televisión cubana los funcionarios de la UNE explicaron con bastante claridad la situación con sus avances y retrocesos. Aún así llama la atención que un directivo tan importante como el ministro de Energía y Minas, se mantuviera prácticamente ausente del panorama mediático. Asimismo, dichos partes pudieron ser escuchados solo los que tenían corriente en ese momento, pues en el canal habilitado para los desconectados —la inmensa mayoría del país— estos reportes estuvieron ausentes.

Más allá de la ley y el apagón: la crisis

Tanto la ley como el apagón llegan en un momento de profunda crisis de profesionales de la comunicación y el periodismo, tanto en los medios estatales como en las instituciones. Estas han sido afectadas por el éxodo masivo hacia otros lugares del planeta, y también hacia el sector privado que tiene mejores remuneraciones. 

Actualmente el salario, de un periodista o de un comunicador que trabaje para el Estado ronda entre los cuatro mil y seis mil pesos, cuando la canasta básica alimentaria excede los diez mil, eso sin contar los otros gastos de la actividad como internet, celular, transporte, que no siempre son cubiertos por los organismos en los que se labora. 

Esta realidad, si bien no es exclusiva de los medios y los departamentos de comunicación, golpea a un sector que además está atravesado por un fuerte tamiz ideológico y político, al entenderse por la propia ley su función como «mediadores políticos, ideológicos y socioculturales» que deben «informar, educar y entretener, conforme a los fines de la sociedad socialista». 

Cualquiera que haya trabajado o estado cerca de un medio «público» conoce de la política de control del Partido Comunista de Cuba hacia estos espacios socializadores, que llega incluso a hacer reuniones periódicas para orientar de forma totalmente vertical las líneas de mensajes. Esta relación no se menciona en el instrumento jurídico, pero por esto no ha dejado de existir. Por tanto, los problemas de los medios, también son los problemas del Partido. 

El proceso para la creación de la ley fue largo y polémico, al traer el nuevo instrumento legal reformas encaminadas a la publicidad o los modelos de gestión de los medios que rompían con dogmas prolongados en la política cubana como el de «los anuncios son solo para los periódicos capitalistas». Mas ninguno de estos cambios ha repercutido hasta ahora en una mejor comunicación pública, ni en su cercanía a los intereses y necesidades de la ciudadanía. 

Le ley de comunicación también tiene un enfoque restrictivo hacia los medios no estatales al afirmar que la radio, la televisión y medios de comunicación social, impresos y digitales, «son de propiedad socialista de todo el pueblo o de las organizaciones políticas, de masas y sociales, y no pueden ser objeto de otro tipo de propiedad, de acuerdo con lo preceptuado en la Constitución».Sin embargo, los múltiples esfuerzos que se han hecho desde los aparatos partidistas y de seguridad para extinguir los medios no estatales, lo único que han logrado ha sido que sus periodistas o consejos editoriales emigren, y por tanto, radicalizarlos más y contribuir a la polarización. 

En un mundo interconectado, primeramente, los medios cada vez adquieren más un carácter trasnacional, y no siempre necesitan corresponsales en el terreno para informar u opinar sobre la realidad de un territorio que además es informada por sus ciudadanos en las redes; en segundo lugar, resulta prácticamente imposible bloquear a la ciudadanía una información de su interés, sobre todo, si en los espacios «permitidos» se encuentra ausente, llega tarde o es incompleta. 

Si bien es cierto que en el ecosistema de medios no estatales hay desde espacios con altos estándares informativos hasta otros con prácticas abiertamente desinformativas, que mienten o exageran los acontecimientos y reproducen abiertamente el discurso de odio, una ley de comunicación, más que intentar imponer por decreto la preponderancia de un modelo de gestión sobre otro, debe apostar por regular el ecosistema con la convivencia entre las distintas formas de gestión mediática, y pautar claros límites éticos que deberían ser acatados por todos.

Las preguntas y las ausentes respuestas

En la mayoría de las intervenciones de los dirigentes, si bien es cierto que las dosis de triunfalismo han disminuido ante una aplastante realidad que no se puede ocultar ni maquillar, sigue sin aparecer una autocrítica sobre las decisiones erradas o mal comprometidas que han llevado a la situación actual.

En casi todos los casos se culpa al bloqueo de lo ocurrido. Y no es menos cierto que las medidas unilaterales coercitivas de Estados Unidos configuradas desde un enfoque de guerra económica han tenido y siguen teniendo un impacto directo en la situación actual. Una administración medianamente humanitaria en la Casa Blanca debería, al menos, emitir licencias generales que permitan la compra de los insumos necesarios para reparar las termoeléctricas cubanas y obtener el combustible para sobrellevar la dura situación, que más que a los gobernantes, nos afecta a todos los cubanos.  

Resulta asimismo absurda la narrativa que algunos «influencers» han intentado imponer de que a quienes dirigen el país «no les importa» lo que está pasando la gente. Esto va contra cualquier lógica política. Incluso asumiendo que los dirigentes son «insensibles», tienen claro que los apagones molestan a la ciudadanía, acaban con sus reputaciones y ponen en riesgo la estabilidad del sistema político. Por tanto, aun si fuera solo con el objetivo de mantener el poder, estarían interesados en solucionar la situación. 

Otros prometen que mágicamente todo se arreglaría si de pronto cayera el sistema político, no aclaran cómo harían para «en días» añadir 1000 MW a la red eléctrica, algo que otras naciones como Puerto Rico tampoco han logrado, a pesar de estar ligada forma «libre asociada» a los Estados Unidos.  

No obstante, si bien nunca está de más recordar el daño que hacen las sanciones norteamericanas, utilizarlas para evitar hacer las preguntas y cuestionamientos necesarios y que la ciudadanía reclama en las calles y en las redes es ahora mismo una de las peores estrategias de comunicación política. 

La hegemonía económica de Estados Unidos en el mundo no se revertirá de forma significativa en próximos años. La política más o menos restrictiva hacia Cuba puede cambiar en dependencia del partido que controle la Casa Blanca y tenga mayoría en el Congreso, pero sus bases tampoco parece que tendrán modificaciones esenciales, al menos a corto plazo. Entonces ¿la alternativa que proponen nuestros gobernantes a la ciudadanía es vivir en el apagón hasta que se repolarice el planeta?

En la comparecencia junto a Marrero el director de la Unión Eléctrica de Cuba recordó que «en la entrevista con Ramonet dijo el presidente nuestro que la electricidad llevaba 300 millones anuales y que no se habían podido poner». 

En contraste, el 2022 las inversiones destinadas a los servicios empresariales, actividades inmobiliarias y de alquiler fueron de 189,444,000,000 de pesos. No sabemos cuántos de esos «pesos» están respaldados en moneda fuerte, ni bajo qué tipo de cambios se calculó, ya que la ONEI no desagrega estas cifras, ni transparenta el proceso de cálculo. Pero estamos hablando de 32.87% de la inversión total del país, versus un 9.83% dedicada al suministro de electricidad, gas y agua. La tendencia en el 2023 y lo que se sabe de 2024 no es muy distante de esta. ¿Para cuando el debate público, amplio y transparente sobre la estrategia inversionista, y cómo ha apostado sobremanera por renglones riesgosos y cambiantes como el turismo —por demás haciéndolo de forma reduccionista— y descuidado otros imprescindibles para mantener la infraestructura básica? 

Aunque el acoso proveniente la economía más grande del mundo afecta la estabilidad de cualquier Estado, Cuba tiene relaciones con economías emergentes que se están consolidando como polos tecnológicos en el siglo XXI, y China y Rusia son los ejemplos más visibles. Dichas relaciones son anunciadas con bombos y platillos por medios cubanos como alternativas para romper el cerco norteamericano, sin embargo, hasta el momento, no han tenido un impacto visible en el bienestar de la ciudadanía. Entonces, para seguir con el llamado a la transparencia que hacía el primer ministro y que ampara la ley de comunicación pregunto ¿Por qué no se han establecido a tiempo alianzas con estos polos económicos y tecnológicos para modernizar el sistema electro-energético nacional y hacerlo más robusto y eficiente?

Durante los años de la llamada Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA) Cuba vivió un respiro en la crisis del combustible y en los molestos apagones. Hoy sabemos que la situación de Venezuela es completamente diferente, la llamada Casa del ALBA sigue en la céntrica calle Línea, pero al parecer los barriles de petróleo no están llegando en la misma cuantía. Tampoco se ha informado claramente sobre cuál es el estado actual de los convenios con Venezuela que en algún momento lograron estabilizar el suministro de crudo. ¿Cuánto está incumpliendo el país bolivariano? ¿Cuánto se ha negociado? ¿Cuánto se ha reclamado?

***

Termino de escribir en apagón, y con cinco días sin suministro de agua. Mi situación puede resultar risible ante la de personas que llevan más de tres días sin «ver la luz». Mientras escribo, miles de trabajadores de la Unión Eléctrica de Cuba laboran largas horas por un salario que a penas cubre sus gastos básicos de alimentación por intentar restablecer mi fluido eléctrico y el de tantas casas en una situación igual o peor que la mía. Nadie podrá convencerme de no estarles agradecidos a pesar de que algunos digan que «son parte del sistema».

Hasta el momento a mi cuadra no ha venido ningún directivo preguntando si necesitamos algo. Quiero pensar que están en «labores más importantes». Amigos me informan por teléfono fijo —los únicos que funcionan ahora mismo— que en algunos lugares de La Habana se escucharon cacerolazos y un grupo de personas entraron a tiendas estatales a llevarse las cosas, no puedo contrastar la información, ni hacer fact-checking, pero vi cómo algunos negocios privados cubrían las vidrieras con listones de madera, ya sabes, si ves las bardas de tu vecino arder… En Radio Reloj tampoco han dado la noticia.

Anoche en la cuadra de al lado hicieron una fiesta para sobrellevar el apagón, terminaron gritando consignas que no reproduciré para no quebrantar más la ley de comunicación antes citada y porque están sustentadas en una ideología que me gusta menos aún que la del PCC. Pero en medio de la oscuridad que nos UNE, solo puedo empatizar con su situación, que debe ser tan o más «compleja» que la mía.

En casa solo quedan unos 700 litros de agua y media balita de gas y 80% en una batería para recargar celulares. Los alimentos en el congelador no durarán más de 12 horas congelados. Aun así, somos privilegiados, tenemos agua, gas y alimentos.

Dentro del desespero intentamos comunicarnos y tomar decisiones colegiadas: no calentar agua para bañarnos, utilizar el gas solo para cocinar y los celulares solo para alumbrar. Pusimos el dinero que nos queda en común y decidimos colegiadamente en qué gastarlo. No fue un proceso fácil, ni libre de controversia, pero dentro de lo poco que se puede hacer con lo que nos queda, creo que adoptamos las mejores soluciones.

La emergencia energética no parece concluir. En ella confluyen problemáticas estructurales del subdesarrollo, los efectos de la violencia económica de potencias extranjeras, y la ineficiencia y corrupción interna. Pero la emergencia comunicacional para mí es tan preocupante como la otra, y sí depende completamente de nosotros. Aunque parezcan dos temas desconectados, uno también afecta al otro.

En tanto queden preguntas pendientes, la transparencia sea solo un «llamado» de un dirigente o un objetivo en una política «apagada», mientras quienes hoy no se sienten parte no tengan mecanismos para participar desde sus diferencias, mientras no se busquen soluciones colegiadas y democráticas para distribuir lo poco que tenemos, pocas alternativas tendremos al apagón que va mucho más allá kilowatts.

^{Fuente: Sin Permiso - Octubre 2024}